“Splendida”… y algo más - Aproin

A p r o i n • 56
MERCANTIL
Luis Güell Cancela
SocIo cuATREcASAS ABogADoS, S.R.l.
Tel. 986 449 300 – luis.guell@cuatrecasas.com
nue v a le g i s l a c i ó n so b r e
modiFicaciones es t r u c t u r a l e s
Tras su tramitación parlamentaria, el pasado 4 de abril se publicó en el
BoE la nueva ley de Modificaciones Estructurales de las Sociedades Mercantiles
(lME) a la que ya hicimos mención en su día en esta misma sección. la importancia
de la reforma y el carácter generalista de la nueva norma merece que
nos detengamos de nuevo en la ley que se acaba de promulgar para comentar,
aunque sea brevemente, el texto definitivo y sus principales novedades.
la nueva lME destaca, fundamentalmente, por dos cuestiones: en primer
lugar, porque a diferencia de lo que ocurría hasta la fecha, supone la unificación
y sistematización, en un único texto, del régimen legal relativo a las modificaciones
estructurales de las sociedades mercantiles, entendidas éstas como
, en palabras de la propia Exposición de
Motivos. No obstante, la nueva norma va más allá, y regula también el traslado
internacional del domicilio social. En segundo lugar, se trata de una norma
general mercantil, y consecuentemente, aplicable a cualquier sociedad de dicha
naturaleza, independientemente de cuál sea su tipo social. Ello ha motivado
que el legislador haya optado por promulgar una ley propia e independiente,
en lugar de modificar la legislación actualmente vigente, incluida fundamentalmente
en la ley de Sociedades Anónimas y en la ley de Sociedades de Responsabilidad
limitada, cuyos preceptos, en lo que a modificaciones estructurales
se refiere, se han visto derogados. por último, el legislador ha ido más allá, y
ha aprovechado para modificar las citadas normas en otras cuestiones también
importantes, como son el régimen de las aportaciones no dinerarias, el de la
autocartera y el de la asistencia financiera.
la nueva legislación entrará en vigor el próximo 4 de julio de 2009, y se
aplicará a las modificaciones estructurales de sociedades mercantiles cuyos proyectos
no hubieran sido aún aprobados por la sociedad o sociedades implicadas
con anterioridad a la citada fecha.
Entre las principales novedades destaca la introducción de la figura de la
cesión global de Activos y pasivos, anteriormente ubicada dentro de las liquidaciones
societarias, como una forma simplificada de liquidación, y a partir de
ahora considerada como un tipo de modificación estructural autónomo, apto
para la transmisión de empresas. De acuerdo con esta figura, se permite que
una sociedad transmita en bloque su patrimonio a otra u otras por sucesión
universal, a cambio de una contraprestación que no podrá consistir en acciones,
participaciones o cuotas del cesionario.
También pasa a regularse como figura específica la Segregación, encuadrada
como un tipo específico de escisión, junto a la Escisión Total y la Escisión
parcial de Sociedades; se aplicarán así las normas reguladoras de la escisión a
aquellas operaciones mediante las cuales una sociedad transmite en bloque una
parte de su patrimonio social a otra sociedad de nueva creación, recibiendo
directamente –la propia sociedad, no sus socios- y a cambio, todas las acciones,
participaciones o cuotas de esa sociedad.
En sede de Fusión de sociedades es donde se han incluido el mayor número
de modificaciones, pues junto a la absorción de sociedad íntegramente participada,
se regula también, como novedad, la fusión de sociedad participada
al noventa por ciento, y se simplifican, en determinados casos, de forma importante,
los requisitos formales para llevar a cabo dichas operaciones estructurales,
con el consiguiente ahorro de costes para las sociedades intervinientes en
la operación de que se trate.
Además, y por primera vez se regulan en nuestro derecho interno las fusiones
transfronterizas intracomunitarias, es decir, las fusiones en las que intervienen
sociedades de capital constituidas conforme a la legislación de un estado
parte del Espacio Económico Europeo, y cuyo domicilio social, administración
central o sede de su actividad principal se encuentre dentro del Espacio Económico
Europeo, cuando, interviniendo al menos dos de ellas sometidas a la
legislación de Estados miembros diferentes, una de las sociedades que participa
en la fusión esté sujeta a la legislación española.
Dada la transcendencia que para las sociedades tienen las modificaciones
que la nueva ley recoge, y a pesar de que el legislador haya concebido la norma
como una solución transitoria a la espera de que se refundan y armonicen todas
las leyes que en la actualidad regulan nuestro derecho societario, es de esperar
que la nueva ley contribuya a facilitar y simplificar los procedimientos estructurales
de nuestras sociedades, sobre todo en periodos como el actual, en el que
cuestiones como la simplificación de costes estructurales y el aprovechamiento
de sinergias entre compañías se revelan como factores de importancia a la
hora de plantearse este tipo de operaciones.
SEGURIDAD y SALUD
Antonio Carballo Couñago
ARQuITEcTo TécNIco • cooRDINADoR DEl gABINETE DE
SEguRIDAD DEl coAATpo
Tel. 986 225 384 – acarballo@coaatpo.es
la Fi g u r a de l
“sa F e t y ma n a g e r”
De un tiempo a esta parte se viene insistiendo desde la Administración
en la obligación que tiene toda empresa contratista o subcontratista
que intervenga en el Sector de la construcción de integrar la
prevención de riesgos laborales en el conjunto de sus actividades y
decisiones. Desconozco el grado de cumplimiento de este requisito el
cual, por otra parte, no es difícil de cumplir a nivel documental o formal,
pero si conozco la ineficacia de tal medida al no ser llevada más
allá del papel porque rara vez alguien les va a exigir, a las empresas,
algo más al respecto.
Desde ApRoIN siempre se ha apostado por una profesionalización
del promotor (ahí están las seis ediciones del Master de Dirección
de Empresas de promoción Inmobiliaria) que, sin duda alguna, los
técnicos seríamos los primeros en celebrar. Es cierto que la l.o.E. no
pone condición alguna para ejercer como promotor, lo cual tratándose
de la figura “cabeza” de todo el proyecto no deja de ser sorprendente,
puesto que de la misma partirán todo tipo de decisiones, que los
técnicos que actúan por delegación de aquel tendrán que “gestionar”
desde una posición ajena a la línea jerárquica, tanto de la empresa
promotora como de la constructora o constructoras que intervengan
en el proceso, con la consiguiente distorsión de que es objeto ese técnico
al que, por otro lado, se le atribuye todo el poder cuando la realidad
productiva se aleja considerablemente de este planteamiento.
como quiera que no creo que la corrección de este escenario se
consiga por vía judicial – o al menos no solamente por dicha vía – es
por lo que en este artículo me voy a referir a una figura emergente, denominada
“Safety Manager”, que viene a ser algo así como el máximo
responsable de la gestión de la seguridad, en un proceso constructivo
promovido por la empresa promotora a la que pertenecería dicha figura.
En el caso de que el tamaño de la empresa o el tipo de promotor
no permitieran la existencia de esta figura dentro de su organigrama,
siempre podría funcionar como un servicio externo. De esta figura
debería salir el correcto diseño del proceso, la dirección y la necesaria
auditoria del mismo, así como las valoraciones de las medidas preventivas
o de seguridad impuestas por el coordinador de Seguridad y
Salud, puesto que, esto es fundamental, toda medida de seguridad ha
de contar con su correspondiente partida presupuestaria.
Tanto esta figura del “Safety Manager” como la de las, también
emergentes, Empresas de prevención aplicada en obra, encargadas de
la instalación y mantenimiento de los sistemas de prevención colectivos,
se hacen cada día más necesarias si pretendemos que la situación
actual mejore sustancialmente. Evidentemente se podrá argumentar
que todo esto pasa por un incremento inicial en los costos de producción
pero, por el contrario, a buen seguro que dicho argumento no
resistirá comparación alguna con el importe de las indemnizaciones
millonarias a las víctimas de un accidente, o a sus familiares, ni con el
drama que supone una muerte o una gran invalidez, así como el de la
privación de libertad para quien resulte declarado culpable de haber
incurrido en delito de riesgo (Artículos 316, 317 y 318 del código
penal).