Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones

a) Pérdida, durante un plazo de hasta cinco años, de la posibilidad de obtener subvenciones,
ayudas públicas y avales de la Administración u otros entes públicos.
b) Prohibición, durante un plazo de hasta cinco años, para celebrar contratos con la Administración
u otros entes públicos.
c) Pérdida, durante un plazo de hasta cinco años, de la posibilidad de actuar como entidad
colaboradora en relación con las subvenciones reguladas en esta ley.
Artículo 64. Desarrollo reglamentario del régimen de infracciones y sanciones.
Las disposiciones reglamentarias de desarrollo podrán introducir especificaciones o graduaciones al
cuadro de las infracciones o sanciones establecidas legalmente que, sin constituir nuevas
infracciones o sanciones, ni alterar la naturaleza o límites de las que la ley contempla, contribuyan a
la más correcta identificación de las conductas o a la más precisa determinación de las sanciones
correspondientes.
Artículo 65. Prescripción de infracciones y sanciones.
1. Las infracciones prescribirán en el plazo de cuatro años a contar desde el día en que la infracción
se hubiera cometido.
2. Las sanciones prescribirán en el plazo de cuatro años a contar desde el día siguiente a aquel en
que hubiera adquirido firmeza la resolución por la que se impuso la sanción.
3. El plazo de prescripción se interrumpirá conforme a lo establecido en el artículo 132 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de la Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común.
4. La prescripción se aplicará de oficio, sin perjuicio de que pueda ser solicitada su declaración por
el interesado.
Artículo 66. Competencia para la imposición de sanciones.
1. Las sanciones en materia de subvenciones serán acordadas e impuestas por los ministros o los
secretarios de Estado de los departamentos ministeriales concedentes. En el caso de subvenciones
concedidas por las demás entidades concedentes, las sanciones serán acordadas e impuestas por
los titulares de los ministerios a los que estuvieran adscritas.
No obstante, cuando la sanción consista en la pérdida de la posibilidad de obtener subvenciones,
ayudas públicas y avales de Estado, en la prohibición para celebrar contratos con el Estado u otros
entes públicos o en la pérdida de la posibilidad de actuar como entidad colaboradora en relación con
las subvenciones reguladas en esta ley, la competencia corresponderá al Ministro de Hacienda.
2. El ministro designará al instructor del procedimiento sancionador cuando dicha función no esté
previamente atribuida a ningún órgano administrativo.
3. La competencia para imponer sanciones en las corporaciones locales corresponde a los órganos
de gobierno que tengan atribuidas tales funciones en la legislación de régimen local.
Artículo 67. Procedimiento sancionador.
1. La imposición de las sanciones en materia de subvenciones se efectuará mediante expediente
administrativo en el que, en todo caso, se dará audiencia al interesado antes de dictarse el acuerdo
correspondiente y que será tramitado conforme a lo dispuesto en el capítulo II del título IX de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común.
2. El procedimiento se iniciará de oficio, como consecuencia, de la actuación de comprobación
desarrollada por el órgano concedente o por la entidad colaboradora, así como de las actuaciones
de control financiero previstas en esta ley.
3. Los acuerdos de imposición de sanciones pondrán fin a la vía administrativa.