PORTADILLA - Informe sobre Desarrollo Humano en Bolivia - (PNUD).

LARgA memORIA De LO éTnIcO en BOLIvIA, cOn TemPORALes OscILAcIOnes 31
tos rasgos de joint venture y dio una función social a sus presuntos beneficios: el
Bono Solidaridad (Bonosol) para la población mayor de 65 años. El espectacular
aumento de las reservas probadas de gas (en buena parte a partir de previsiones
de la empresa estatal del petróleo) es fruto de esas generosas asociaciones con
multinacionales petroleras 11 .
Otras tres leyes son particularmente relevantes en ese juego dialéctico entre
las dos vertientes. La Ley de Reforma Educativa (1994), por una parte, fue rechazada
por los maestros porque les quitaba privilegios y ponía en riesgo su seguridad laboral
pero, por otra parte, introdujo en todo el sistema el principio de la interculturalidad
y el bilingüismo, favorable ante todo para la población indígena y, de haberse implementado
de acuerdo a la Ley, también para la convivencia en un país pluricultural.
La Ley del Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA) (1996), por una parte,
abrió más el mercado de tierras para beneficio de las grandes empresas pero, por
otra, hizo operativas las TCO para los pueblos indígenas, incluso como forma de
propiedad agraria. Y la Ley de Participación Popular (1994), apropiándose de una
demanda de las organizaciones de base, desarrolló y fortaleció el nivel municipal en
todo el país, transfiriéndole mayores competencias y recursos, tangibles sobre todo en
los municipios rurales que hasta entonces figuraban sólo en el papel. Esta ley otorgó,
además, personería jurídica y roles de vigilancia a las Organizaciones Territoriales de
Base (OTB), incluyendo a las comunidades indígenas y a los sindicatos campesinos,
sin percatarse de que estos últimos son muchas veces “indígenas”.
Desde un principio, muchos se preguntaron si estas concesiones a lo étnico
eran sólo parte de una estrategia de los centros del poder global para debilitar a
los estados e imponer su modelo económico –algo así como el pan y circo de los
antiguos romanos– o si respondían a la presión de los pueblos originarios para ser
reconocidos. Probablemente influyeron ambos elementos. Sin la presión, dentro
y fuera de Bolivia, es posible que los gobiernos y la cooperación internacional no
hubieran visto necesario abrirse a esta temática. En Bolivia, hay evidencia de la
resistencia inicial del Banco Mundial al enfoque intercultural bilingüe en la Reforma
Educativa por consideraciones de eficiencia financiera. (Años antes también la
COB se había opuesto a este mismo enfoque en el plan de alfabetización Senalep,
pero por consideraciones clasistas.) Pero también tiene sentido que los grupos de
poder, una vez aceptada la necesidad de responder a esa presión, hayan hecho todo
lo posible para acomodarla a sus intereses, incluso como una manera de desviar la
atención de lo clasista a lo cultural. En este contexto, podemos decir que la evidencia
del “indio alzado” llevó al Estado, y quizás incluso a las grandes financieras
internacionales, a hacer algunas concesiones al “indio permitido”. 12
11 Ver el ensayo de Carlos Miranda en este volumen.
12 Uso el término “indio permitido” en el sentido que tiene en la literatura mexicana sobre política indígena,
como, por ejemplo, en Hale (2004).