PORTADILLA - Informe sobre Desarrollo Humano en Bolivia - (PNUD).

30
TensIOnes IRResueLTAs: BOLIvIA, PAsADO y PResenTe
Sánchez de Lozada) en las elecciones de 1993. Tras sondeos de marketing político,
Goni decidió invitar como su compañero de fórmula al katarista aymara Víctor
Hugo Cárdenas quien, de esta forma, llegó a ser el primer indígena en escalar la
vicepresidencia del país (Albó, 1994). Por oportunismo político o por convencimiento
de la relevancia del componente étnico antes ignorado, el caso es que
desde entonces éste ya no puede ser soslayado ni en Bolivia ni en el mundo.
Vale la pena detenernos algo más en el análisis de cómo este nuevo y
viejo paradigma –que empalma con un largo ciclo histórico que se remonta
por lo menos hasta la Colonia– se adaptó al nuevo escenario estatal boliviano,
desde que en 1985 se dio fin al Estado del 52 para dar paso, por un simple decreto
supremo (nº 21060), a la llamada Nueva Política Económica basada en el
modelo globalizador neoliberal que se generalizó en toda la región (ver Morales
en este mismo volumen).
Limitándonos a sus efectos en los movimientos sociales, el shock con el
que se inició este cambio resultó más tolerable, incluso para muchos sectores
populares, que el clima de incertidumbre creado por la inflación y devaluaciones
galopantes de los tres primeros años de democracia y que el caos social y
“desgobierno” que las acompañaban. La férrea estabilización monetaria generó
tranquilidad en toda la población, aunque tuvo un alto costo social. La “relocalización”
(léase despido) de la mayor parte de los trabajadores de las empresas
mineras estatales fue particularmente dura. Los mineros, la “vanguardia proletaria”,
perdieron, de hecho, la hegemonía del movimiento popular. Algo parecido
ocurrió con los obreros de otros sectores menos eficientes de la economía formal,
que transfirieron mucha mano de obra al sector informal más precario. Por otra
parte, esta condición precaria era habitual en el sector indígena campesino y, por
tanto, éste se sintió menos sacudido y, más bien, alcanzó un mayor protagonismo
en el movimiento popular. Con los años, se les unieron otros sectores urbanos informales
con mucha presencia de inmigrantes rurales y también de ex dirigentes
obreros relocalizados.
Durante el primer Gobierno de Sánchez de Lozada (1993-1997) –cuyo
Vicepresidente, el aymara Cárdenas, era también Presidente del Congreso– se
aprobó una serie de reformas de segunda generación que tuvieron dos vertientes.
Éstas, por una parte, consolidaron la Nueva Política Económica y, por otra, le
dieron una cara social e, incluso, de respeto étnico. Este último aspecto se vio en
la reforma constitucional de 1994 que define el país como “multiétnico y pluricultural”
(art. 1) y en la incorporación de la figura de las Tierras Comunitarias de
Origen (TCO) (art. 171) con los principales atributos reconocidos a los pueblos
indígenas y a sus territorios por el Convenio 169 de la Organización Internacional
del Trabajo (OIT), que Bolivia había ratificado en 1991, después de una
histórica marcha de los pueblos indígenas de tierras bajas hasta La Paz. Por otra
parte, la Ley de Capitalización (1994) privatizó las empresas estatales con cier-