PORTADILLA - Informe sobre Desarrollo Humano en Bolivia - (PNUD).

los efecTos perversos de la gloBalización neoliBeral en Bolivia 269
contratos de riesgo compartido se flexibilizó aún más las prohibiciones constitucionales,
como la referida a la imposibilidad de que personas extranjeras posean,
bajo ninguna circunstancia, propiedades dentro de los cincuenta kilómetros desde
las fronteras. Se eliminaron las restricciones a la comercialización de minerales
que imponía la entrega obligatoria de la producción a las fundiciones estatales. Las
posteriores medidas, acabaron transfiriendo todo el patrimonio estatal a manos de
inversionistas privados y convirtiendo a la Comibol en una oficina suscriptora de
contratos, excluyéndola de toda actividad productiva.
En el ámbito de la tributación minera, las disposiciones legales suponen cambios
favorables para las empresas privadas, pues establecieron como único impuesto
el Impuesto Complementario Minero con una alícuota variable de entre 1% y 7%
según el tipo de mineral, acreditable contra el Impuesto a las Utilidades de las Empresas
(IUE); adicionalmente, se estableció la exención del Impuesto a las Transacciones
(IT) a los productos de exportación. De este modo, se eliminó la figura de la
regalía como pago de la renta por la propiedad estatal y se promovió la monetización
acelerada de las reservas con el incentivo de la devolución de impuestos a los
exportadores. El principal resultado de esta política es que los aportes de la minería
al Estado son insignificantes –cercanos al 4% del valor de las ventas–- al igual que
las contribuciones a los departamentos productores 13 .
El caso paradigmático de las reformas neoliberales respecto a los recursos
naturales es, sin duda, el del sector hidrocarburífero. Los cambios esenciales ocurridos
con la modificación el año 1996 de la Ley de Hidrocarburos y de otras normas
legales, apuntaron a la concesión a las empresas transnacionales del poder para
definir el uso de estos recursos y determinar el curso de la política de hidrocarburos,
despojando al Estado de toda soberanía. En efecto, la Ley Nº 1689 transfirió
a las empresas petroleras el derecho de disponer libremente de los hidrocarburos
y les otorgó la facultad de transportar, comercializar, refinar e industrializar los
hidrocarburos, bajo sus propias condiciones y no bajo principios o imperativos que
atiendan al interés del Estado o las necesidades de la población. Toda la institucionalidad
estatal fue reducida a un mero apéndice de las empresas, convirtiendo
a Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) en una oficina encargada de
suscribir contratos y realizar tareas gratuitas como “agregador” de gas natural en
los contratos de exportación. Se estableció un sistema de regulación sectorial, por
medio de la Superintendencia de Hidrocarburos, que no tenía autoridad sobre las
empresas petroleras y se limitaba a fijar precios y tarifas en el marco de un modelo
de libre mercado.
13 La atracción de capitales ocasionó, además, graves problemas sociales reflejados en la desestructuración de la
producción tradicional de comunidades campesinas sometidas a nuevas relaciones mercantiles y/u obligadas a
migrar para permitir la explotación minera. Tampoco estuvieron ausentes los conflictos derivados de los efectos
sobre el medio ambiente producidos por la minería de explotación masiva.