PORTADILLA - Informe sobre Desarrollo Humano en Bolivia - (PNUD).

268
Reforma sectorial
Tensiones irresuelTas: Bolivia, pasado y presenTe
Las reformas sectoriales llevadas a cabo en los principales sectores económicos,
relacionados con la explotación de recursos naturales, permitieron la incursión
de las empresas transnacionales en condiciones excepcionales para la obtención de
elevadas tasas de ganancia. Consecuentemente, se orientaron a la estructuración
de un modelo de gestión de los recursos naturales favorable a la valorización del capital
de las empresas transnacionales. Este modelo de gestión ha supuesto la exclusión
del Estado de las actividades productivas y el debilitamiento de sus funciones
fiscalizadoras, ocasionando una reducción relativa de la renta estatal y la presencia
de efectos negativos sobre las condiciones de producción y de estándares de vida
de amplios sectores de la población. Contrariamente, asignó el rol protagónico en
el desarrollo de los sectores extractivos a la inversión extranjera, transfiriéndole la
propiedad de las reservas a través de contratos y concesiones, otorgándole garantías
y facilitando mecanismos para la generación de elevados beneficios.
En 1990 fue aprobada una Ley de Inversiones ampliamente favorable a los
capitales externos, pues eliminó todo privilegio a la inversión pública y a la inversión
privada local, declaró la libre repatriación de utilidades y rebasó la soberanía
estatal al transferir toda negociación de disputas a órganos supranacionales. Durante
la primera mitad de la década de 1990 se establecieron nuevas regulaciones
normativas que privilegiaron las inversiones de capitales privados, nacionales y
extranjeros en áreas estratégicas como la actividad forestal, petrolera y minera. La
prioridad estatal pasó entonces a ser la atracción y protección de las inversiones
extranjeras en la explotación y comercialización de los recursos naturales, mediante
la promulgación de la Ley Forestal en 1995, la Ley General de Hidrocarburos en
1996 y el Código de Minería en 1997.
En el caso del sector forestal la aprobación de la Ley Nº 1700 implicó modificaciones
importantes en varios ámbitos a partir de la presión que ejercieron los sectores
empresariales. Se amplió el período de las concesiones de veinte a cuarenta
años y se incorporó la posibilidad de transferir esos derechos a terceros, acelerando
el carácter privado del aprovechamiento de estos recursos. Asimismo, se estableció
una patente de un dólar por hectárea de concesión, en sustitución del pago por el
derecho de monte basado en el volumen de madera y productos secundarios explotados
(Pavez y Bojanic, 1998).
En el sector minero, las reformas neoliberales comenzaron muy temprano, en
1985, y estuvieron orientadas a la modificación de las normas legales –incluida la
Constitución Política del Estado– que impedían el otorgamiento en calidad de propiedad
de yacimientos mineros a empresas privadas. En 1985 mediante el Decreto
Supremo Nº 21298 se levantaron las restricciones sobre el 80% de las reservas
que estaban bajo control de la estatal Corporación Minera de Bolivia (Comibol),
abriéndolas a la participación privada. Posteriormente, mediante la figura de los