PORTADILLA - Informe sobre Desarrollo Humano en Bolivia - (PNUD).

los efecTos perversos de la gloBalización neoliBeral en Bolivia 265
Así, en el caso del mercado cambiario, se instituyó el principio de un tipo de
cambio administrado por el Banco Central y determinado en atención a la existencia
de divisas; de este modo, se pretendía fomentar la competitividad de los sectores
exportadores, eliminando toda distorsión de los precios internos al alinearlos a
la situación de los mercados internacionales.
En el mismo sentido, se eliminaron las restricciones al comercio exterior
reduciendo drásticamente los aranceles y removiendo los instrumentos para-arancelarios
gravados a las importaciones, bajo el argumento de incentivar la modernización
del acervo de capital y el acceso a insumos productivos. Empero, algunos
sectores ligados a la agroindustria, que poseen gran poder político, obtuvieron tratamientos
especiales que los protegían temporalmente de la importación de productos
similares producidos en condiciones más competitivas. Bajo el supuesto de
que la inversión extranjera traería efectos positivos para la innovación y modernización
tecnológica, la capacidad de gestión y de comercialización, se dispusieron
varias normas de incentivo en los campos tributarios, de la libertad de repatriación
de utilidades y el levantamiento de restricciones fiscales en la explotación de recursos
naturales (Aguirre, 1992).
Paralelamente, el programa de ajuste impuso una orientación ortodoxa al
manejo de las políticas fiscal y monetaria. Con el argumento de que la inflación
provenía esencialmente del descontrol en la emisión monetaria como producto
del incremento del gasto público, el mismo que se explicaba por el estímulo de
los incrementos del salario, se impuso la definición de los parámetros de eficiencia
fiscal en coordinación con el programa monetario, el que era administrado por el
Banco Central que posee plena autonomía. En otro sentido, estas disposiciones
determinaron la eliminación de toda posibilidad de otorgar créditos al fisco, bajo el
razonamiento de que la intervención estatal en el manejo del capital dinerario reduce
el acceso de los inversionistas privados a esos recursos, reduciendo la eficacia
del sistema. Consecuentemente, se estipuló que la política fiscal debía establecer
como prioridad el logro de un equilibrio presupuestario, basado en niveles bajos y
manejables del déficit público. Para ello, se ejecutaron reformas importantes destinadas
a reducir drásticamente el gasto, principalmente liquidando y privatizando
las empresas públicas, y a generar ingresos “genuinos”, a través de la universalización
y elevación de los impuestos.
La pérdida de fuentes de ingresos, debido al cierre y privatización de las empresas
públicas y la asunción de altos costos derivados de ese proceso, llevó al
Estado a una situación de permanente insolvencia, imponiendo la preocupación
perpetua gubernamental por el financiamiento del déficit fiscal. Para enfrentar esta
situación, se aplicó, por un lado, la contención de los gastos corrientes, propendiendo
paulatinamente a la privatización de algunos servicios públicos; por otro
lado, se asumió una severa reforma tributaria, que priorizó los impuestos al consumo.
Así, si antes de la aplicación del ajuste, los ingresos fiscales por renta interna