PORTADILLA - Informe sobre Desarrollo Humano en Bolivia - (PNUD).

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“civilizatorio”); las nuevas organizaciones sindicales campesinas fomentadas por el
Gobierno y una nutrida y leal “brigada parlamentaria campesina” en el Congreso.
Con la ayuda y, a veces, la iniciativa de estos nuevos “sindicatos” campesinos, la
Reforma Agraria logró desmantelar el tradicional sistema de haciendas en la región
andina. Sin embargo, sentó a la vez las bases para una nueva estructura agraria dual
en la frontera agrícola que se fue expandiendo en las promisorias tierras bajas del
Oriente, con miras a la autosuficiencia, modernización y diversificación agropecuaria
del país, mediante grandes fincas y empresas al lado de las pequeñas propiedades
de los colonizadores. Empezó así a incubar lo que, con los años, sería la cara contrarevolucionaria
del MNR (la nueva oligarquía terrateniente y agroindustrial del
Oriente) y uno de los mayores conflictos estructurales internos del país.
Como consecuencia de la Reforma Agraria, en el occidente andino, los
“campesinos” pasaron a ser los más leales aliados del régimen que hacían frente
militantemente a cualquier intento subversor. Más aun, en la región quechua del
Valle Alto de Cochabamba, donde los campesinos ya habían luchado contra los
patrones y donde se firmó el decreto (y futura ley) de Reforma Agraria (Dandler,
1984), y en algunas otras regiones, como los valles quechuas del Norte de Potosí
y la región aymara de Achacachi, llegaron a funcionar los llamados “superestados
campesinos”, donde los dirigentes asumían de hecho las principales funciones del
Estado, con notables márgenes de autonomía aunque sin cuestionar su lealtad al
Gobierno del MNR. Es célebre el regimiento popular de los ucureños (provenientes
del lugar donde se inició y firmó la Reforma Agraria), presente siempre que
había alguna asonada contra el Gobierno, no sólo en Cochabamba sino también
en lugares más distantes como las minas estatales, cuyos obreros pronto se distanciaron
del Gobierno, su nuevo “patrón”, y Santa Cruz, donde se impusieron a la rebelde
oligarquía terrateniente, en uno los primeros conflictos abiertos entre collas
y cambas (Albó y Barnadas, 1995: 217-226; Albó, 1999: 467-471).
Pero el costo de la incorporación orgánica del sector rural fue que el Estado
desconoció y pretendió borrar las identidades culturales de estos pueblos. Bajo el
legítimo argumento de eliminar la discriminación racial contra los “indios”, se los
empezó a llamar “campesinos” y sus organizaciones comunales se transformaron en
“sindicatos campesinos”, aunque ya no tuvieran patrón ni reivindicaciones claras
como la recuperación de sus tierras. En los primeros años, los propios interesados,
por lo general, aceptaron con ilusión y hasta con orgullo este cambio, incluso en
áreas que nunca tuvieron haciendas ni patrones, pensando que era el camino para
liberarse de la explotación y la discriminación y llegar a ser ciudadanos plenos y
modernizados dentro del Estado.
En medio de estas indudables transformaciones, el nuevo Estado del 52
no siempre tuvo éxito en sus pretensiones, ya sea por los conflictos entre sus
alas internas, o por problemas económicos y de gestión en Comibol y otras
empresas estatales, o por la creciente dependencia de Estados Unidos para cu-