PORTADILLA - Informe sobre Desarrollo Humano en Bolivia - (PNUD).

la imporTancia del gas en la economía Boliviana 203
AÑOS
Tabla No. 6 Impuestos (petróleo & gas)
(en millones de dólares)
DIRECTOS
(1)
INDIRECTOS
(2)
TOTAL Promedios/año
1990-1996 1543.4 1303.5 2846.9 406.7
1997-2004 2047 1596.7 3643.7 520.53
2005 (3)p 627.3 236 863.3 ----
2006 (4)e 1081 250 1331 -----
Fuente: Dossier estadístico 1990-2006, Vol. IX, Ministerio de Hacienda, Viceministerio de Tesoro y
Crédito Público, Gobierno de Bolivia.
1) Impuestos directos como: Royalties, Derechos de Superficie, Impuesto a las utilidades, otros.
2) Indirectos: Impuesto al Consumo Específico pagado por el consumidor.
3) Con nueva Ley a partir de mayo 17, 2005 (preliminar)
4) Estimado con el Decreto de Nacionalización a partir de Mayo 1°, preliminar)
mentados hasta llegar a un 50% del valor de la producción. De esta forma, como se
puede ver, los impuestos subieron a $US 977,1 millones por año. Este último dato
cubre los meses de enero a mayo con la legislación anterior, que llega a un 32% de
impuestos por el total de la producción y a partir del mes de mayo a un 50%, como
se indicó anteriormente.
El año 2006, la tributación al sector fue nuevamente incrementada a partir del
1 de mayo con el Decreto de nacionalización que impuso un tributo adicional de 32%
del valor de la producción a los campos, con una producción promedio de 100 millones
de pies cúbicos por día durante el año anterior (campos San Alberto y San Antonio)
por un período inicial de 18 meses, lapso que se estableció para la firma de nuevos
contratos. Los nuevos contratos, llamados contratos de operación, fueron firmados al
cumplimiento del plazo del Decreto nacionalizador, el 28 de octubre de 2006.
La Ley 3058 y el Decreto Supremo 28701 establecieron que los contratos entrarían
en efecto una vez aprobados por el Congreso y registrados en la Notaría de
Gobierno. A la firma de los contratos, se estableció que la contribución extraordinaria
de impuestos a los campos de San Alberto y San Antonio (32%) continuaría
en efecto hasta que todos los contratos firmados entren en funcionamiento.
Los 77 contratos de riesgo compartido acordados por la Ley 1689 fueron
reemplazados por 44 contratos de operación suscritos con las mismas compañías
y por las mismas áreas. El número es menor porque varías áreas de la misma compañía
fueron agrupadas en una sola y, por tanto, en un solo contrato. Todos los
contratos son similares, ya sea con una sola compañía o con un consorcio, en base
a un mismo modelo, pero no iguales porque han sido negociados caso por caso. Los
nuevos contratos no difieren mucho de los anteriores, los plazos son de 30 años, las
obligaciones de exploración son las mismas, también el arbitraje, etc.