PORTADILLA - Informe sobre Desarrollo Humano en Bolivia - (PNUD).

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Tensiones irresuelTas: Bolivia, pasado y presenTe
hizo cargo de los activos y operaciones de la empresa sancionada. Standard Oil de
Nueva Jersey rehusó litigar su caso en la Corte Suprema de Justicia y se retiró del
país aduciendo haber sido “nacionalizada”. El cargo fue rápidamente aceptado por
la comunidad internacional frente a la espectacular nacionalización de la industria
petrolera en México en 1938.
YPFB desarrolló la industria petrolera boliviana con éxito, pero sin grandes
proyecciones. Las metas logradas fueron en términos absolutos pequeñas, pero de
gran importancia para la economía boliviana. YPFB logró el autoabastecimiento
del país en 1953, construyó dos refinerías conectadas por una red de oleoductos
internos. Lo más importante es que en ese período YPFB se convirtió en la empresa
estatal paradigmática, eficiente, honesta y 100% boliviana. Esta imagen todavía
perdura en la memoria popular.
A partir de 1954, se incentivó y permitió legalmente el ingreso del capital
privado a la industria petrolera boliviana. El mayor actor de ese período fue Bolivian
Gulf Oil Corporation (BOGOC), que logró exitosos descubrimientos de
petróleo y gas. La producción petrolera justificó la construcción del oleoducto
hacia el Pacífico. La producción de gas justificó un contrato a largo plazo con la
Argentina y la construcción del primer gasoducto en Bolivia, dando nacimiento
a la “Bolivia gasífera”. Los activos de BOGOC fueron incautados y sus áreas de
concesión revertidas al Estado, en virtud de una nacionalización de términos
ortodoxos (octubre de 1969). La medida política aseguró una indemnización que
fue posteriormente acordada y cumplida en forma excepcionalmente rápida y
escrupulosa, a través de un fideicomiso bancario aplicado a las exportaciones
bolivianas de gas y petróleo.
Después de esta segunda nacionalización, en 1974 se ingresó a una convivencia
pacífica entre la empresa estatal y las empresas petroleras internacionales como
contratistas de operación del ente estatal. Este esquema se mantuvo hasta mayo
de 1996. A partir de esa fecha, el Estado inició su repliegue como operador, otorgando
actividades a la empresa privada a través de contratos de riesgo compartido
entre YPFB y un operador privado para el “upstream”, concesiones de transporte y
permisos de refinación a privados. Esta modalidad, que conjugaba las reformas del
sistema económico hacia una economía de mercado, fue rechazada en 2004 por un
referéndum que culminó con una nueva Ley de Hidrocarburos en mayo del 2005 y
la “nacionalización” en mayo de 2006.
Por efectos de la última “nacionalización”, las empresas continúan siendo
contratistas de YPFB, han perdido el derecho de disponer de la producción,
que será comercializada por YPFB. La industria debe tributar un 50% de sus
ingresos netos de costos de transporte e YPFB participará de las utilidades del
contrato.