PORTADILLA - Informe sobre Desarrollo Humano en Bolivia - (PNUD).

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Tensiones irresuelTas: Bolivia, pasado y presenTe
Las constituciones del siglo XIX asumen el cambio político –la sustitución del
poder colonial español por un nuevo Estado que responde a los núcleos de poder
económico y social dominantes–, pero no asumen el cambio social interno, es decir,
la independencia no produce un cambio en las estructuras sociales internas. Por ello,
las constituciones no se conciben a sí mismas como parte de un proceso de cambio
social sino, básicamente, como parte de un cambio político: la independencia.
Esto es así hasta la primera mitad del siglo XX, cuando en la Asamblea Constituyente
de 1938 se introducen los primeros elementos de cambio social, en el
sentido de reconocimiento de derechos sociales y, por lo tanto, se concibe una
ampliación del Estado, más allá de su tradicional función liberal de vigilante y
productor de leyes. Pero no se introduce, todavía, ningún elemento que implique
pensar el problema de la herencia colonial del Estado liberal. En esta coyuntura,
los cambios en la Constitución se sintonizan con los cambios sociales que se están
gestando en el país y en el mundo en términos de desarrollo de la ciudadanía.
Estos cambios forman parte de un ciclo mucho más largo de crisis de la estructura
estatal y de configuración de las condiciones que han de llevar a la Revolución de
1952. Es sintomático que los cambios sociales de la Revolución de 1952 no estén
acompañados de un cambio constitucional. En el momento de la Revolución no se
produce una nueva Constitución que refleje la nueva configuración o constitución
del país. Esto ocurre varios años más tarde, en la fase de la contrarrevolución. A
diferencia de estos procesos históricos, se podría decir, de manera general, que la
Asamblea Constituyente actual acompaña a los procesos de cambio político y social,
pero de un modo bastante complejo y contradictorio. Esto es lo que, en parte,
se pretende analizar en este texto.
Para analizar la relación entre la constitución del país y la Constitución Política
tomamos como línea de trabajo la distinción entre poder constituyente y
poder constituido. Una Constitución es la forma política global de un poder constituido,
es su enunciación jurídica y el diseño de un sistema o de un conjunto de
estructuras que definen el tipo de orden político existente, el modo de gobernarlo
y, también, de reformarlo. El poder constituyente se refiere, más bien, a las fuerzas,
a los sujetos y los procesos sociales que constituyen, que producen el orden político
y, también, a las condiciones de elaboración o reforma de una Constitución. La
emergencia de un poder constituyente implica un grado de fluidez en el orden social
y político existente o preexistente, que crea las condiciones de posibilidad para
la reconstitución de lo social a través de un cambio de la forma política. También
puede pensarse que el cambio de la forma política es parte de un cambio global del
conjunto de las estructuras sociales o de una parte significativa de ellas.
Así, el poder constituido suele identificarse con la Constitución y con el
conjunto de instituciones que, efectivamente, operan como Estado en determinado
tiempo y lugar. Todo poder constituido tiene una historia, es una acumulación