PORTADILLA - Informe sobre Desarrollo Humano en Bolivia - (PNUD).

la maduración del poder consTiTuyenTe en Bolivia 173
sin exclusiones y con reglas claras para el ejercicio racional del poder público. El
Presidente, el Congreso, la Asamblea, líderes políticos, prefectos, dirigentes cívicos
y sociedad civil están en la obligación de mostrar esta vocación de reconciliación
y fraternidad. En lo práctico, reconducir el ejercicio del Poder Constituyente que
reside en todos los bolivianos, de manera que se recuperen los espacios para volver
a discutir las normas y reformularlas con mayor amplitud e inteligencia, sin que nadie
se sienta vencedor ni derrotado. No son pocas las víctimas que el desencuentro
y la violencia han cobrado en los últimos tiempos, es preciso evitar otras y, sobre
todo, cualquier ánimo que aliente la división del país.
El control jurisdiccional y el poder constituyente
La teoría del poder constituyente tiene como correlato inseparable el control
jurisdiccional sobre la voluntad normativa en cuanto a los procedimientos seguidos
para su producción o transformación y, eventualmente, sobre su contenido y sobre
los efectos en los sujetos destinatarios del orden constitucional y legal. La relación
se concentra fundamentalmente en los alcances de este control o jurisdicción
constitucional que se destaca por su gran heterogeneidad. La primera Constitución
boliviana de 1826 incorporó un Poder Legislativo tricameral con una Cámara de
Censores con atribuciones para velar por el cumplimiento de la Constitución y
el ordenamiento legal y actuar de acusador ante el Senado por su infracción por
el Ejecutivo. A partir de la reforma de 1851, las reformas posteriores consagraron
la atribución del Poder Judicial, a través de la Corte Suprema hasta 1998 y luego
del Tribunal Constitucional, del control judicial de la constitucionalidad. Esta
orientación se funda en la cláusula de supremacía de la Constitución sobre todo
el ordenamiento jurídico nacional y la obligación de todos los tribunales, jueces y
autoridades de aplicarla con preferencia a las leyes y cualesquier otro tipo de resoluciones
(Art. 228).
El control político de la constitucionalidad también se mantuvo vigente hasta
hoy. Desde la reforma de 1839, el Congreso tiene la atribución de emitir leyes
especiales interpretativas de la Constitución que requieren dos tercios de los votos
para su aprobación y que no pueden ser vetadas por el Presidente de la República.
Esta configuración del control de la constitucionalidad, tanto judicial como
política, tuvo, por lo menos hasta la creación del Tribunal Constitucional, un desempeño
casi intrascendente. Es indudable que el proceso democrático, al recuperar
la vigencia plena de los derechos y garantías consagrados en la Constitución, renovar
las garantías básicas de independencia del Poder Judicial y sofisticar la jurisdicción
constitucional con la creación del Tribunal especializado, junto a la independencia
constitucional del Ministerio Público, la creación del Defensor del Pueblo,
la modernización del sistema penal y el mejoramiento de las normas que regulan