PORTADILLA - Informe sobre Desarrollo Humano en Bolivia - (PNUD).

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TensIOnes IRResueLTAs: BOLIvIA, PAsADO y PResenTe
del debate boliviano actual. Se trata de clarificar de qué concepto de “ley” estamos
hablando cuando hablamos de un “gobierno de leyes”. ¿Se tratará del gobierno de
las leyes específicas que el poder de turno alienta y promulga para su cambio social?
No, pues la ley que subyace al Estado de Derecho limita al mismo legislador específico,
el de la mayoría gobernante; y lo hace en su calidad de norma abstracta-general
en contraposición al concepto político de ley que devela una voluntad específica y
una instrucción como acto soberano 26 .
La generalidad de la ley del Estado de Derecho estaría pensada como impedimento
de privilegios o discriminaciones de aplicación; mientras que su carácter
abstracto clarificaría la atribución de una previsible y repetible consecuencia a un
hecho determinado 27 .
El lugar de lo político y los campos decisionales
refractarios en el Estado
Quedó claro que en el Estado democrático habrán necesariamente decisiones
tomadas con algún grado de articulación con la voluntad popular. Por el otro
lado, sin embargo, el punto es que puede tener sentido dentro de este mismo Estado que
ciertas decisiones se tomen premeditada o claramente refractadas del pueblo sin que por
ello el Estado en cuestión, tomado como un todo, dejara de tener lo democrático como
uno de sus rasgos distintivos. Desde esta perspectiva no es ya traumático aceptar que
varias decisiones de un Ejecutivo se acaben tomando con mínimas consideraciones
frente al electorado o al pueblo. Es probable que se pueda incluso decir, que eso es
para muchos casos de gestión pública, simplemente recomendable.
Llegados aquí se impone aclarar que en este mundo ademocrático y apolítico,
hay una situación peculiar. Resulta que las decisiones estatales pueden seguir siendo
decisiones de política. El ejemplo claro es lo que sucede con un Banco Central
o un Tribunal Constitucional que no es que dejen de lidiar con temas conflictivos
y de intereses muchas veces contrapuestos, pero es el código de sus razonamientos
para tomar decisiones el que difiere de los anteriores casos en la medida en que aquí
se opera bajo criterios jurisdiccionales, técnicos o independientes.
Finalmente queda la posibilidad de decisiones que rehusan además a meterse
a tomar decisiones de política. Se trataría del caso clásico de control independiente
y técnico de un Auditor General del Estado.
En conclusión, a la luz de esta potencialmente rica articulación de campos
refractarios que en su juego no hacen sino limitar el poder desde diversos ángulos,
es imperioso complejizar nuestra comprensión del sistema de limitación del poder
en el Estado. Que los sistemas ademocráticos y apolíticos deban rendir cuentas al
soberano o provenir en su designación del mismo, es indiscutible. Que en ciertas
26 C. Schmitt, (1993), p. 146.
27 Bobbio, N. (2004) p. 174.