PORTADILLA - Informe sobre Desarrollo Humano en Bolivia - (PNUD).

ReLAcIOnes esTADO/sOcIeDAD en BOLIvIA: LA fueRzA De LA DeBILIDAD 135
hecho de que las leyes no sean cumplidas, parece remontarse a hechos históricos de
esferas duales de derecho, ciudadanos de primera y de segunda clase, y privilegios
respecto al imperio de la ley. Tal como lo señalaba Getulio Vargas “a mis amigos
todo; a mis enemigos, la ley”.
Pero, ¿por qué sienten los ciudadanos que las leyes no se cumplen? Dos representaciones
adicionales consideran este asunto. En primer lugar, la mayoría de
los bolivianos considera que “las leyes son injustas” y que “leyes injustas deben ser
incumplidas” (p.78). En segundo lugar, la opinión pública ha identificado como los
peores transgresores a “los ricos” y a “los políticos” (p.79). Si gran parte de la opinión
púbica considera que las leyes injustas deben ser quebrantadas y que los ricos
son los peores transgresores, los lazos de legitimidad de la ley se ven debilitados
para todos los sectores de la población. Estos descubrimientos, son sin lugar a dudas
útiles, pero los estudios de representaciones sociales apuntan a aspectos discursivos
de la legitimidad de la ley. Más allá de los imaginarios, discursos y sabiduría común,
están las prácticas que perpetúan la débil legitimidad de la ley en Bolivia. Este es,
quizá, el asunto que presenta mayores dificultades.
En segundo lugar está la cuestión de prácticas de legitimidad y transgresión.
¿Por qué es que los bolivianos continúan refiriéndose a una imposición universal de
las leyes (p.72), mientras que a su vez, se reservan derechos de transgredir, protestar
y desobedecer leyes, mediante prácticas consuetudinarias y particularistas? La
respuesta yace, no en el mismo sistema legal, sino en la manera en que la ley gana
legitimidad en un esquema de estado débil/sociedad fuerte. Como ya se mencionó
anteriormente, esto se refiere a la construcción estatal como relación legítima, y
no así a la construcción estatal como una extensión del alcance burocrático o meritocrático
del Estado. El imperio de la ley en Bolivia no es débil debido a que no
llega a la población, sino porque no afirma el vínculo de legitimidad aun cuando
llega a la población.
El mismo proceso de redactar un borrador de la Constitución boliviana en la
Asamblea Constitucional del 2007/2008 es un claro ejemplo de aquello. Al proceso
de aprobación no sólo le faltaron los requerimientos de legitimación interna
(dos tercios de aprobación y referéndum), sino también los requerimientos de legitimación
popular (movilizaciones populares, huelgas y conflictos). La aprobación
de las partes normativas más importantes se movió como péndulo entre acuerdos
en la Asamblea, hacia movilizaciones radicales, para volver a acuerdos entre moderados.
En varias ocasiones – incluyendo la aprobación de autonomías, la determinación
de la capitalidad y cuestiones de reelección, el factor legitimador clave
era llegar a un acuerdo interno, luego de realizar demostraciones externas del poder
político regional y popular. En cierto sentido, el péndulo legal-popular es la forma
institucionalizada de avanzar en la reforma legal boliviana.
En tercer lugar, ¿cuáles son las consecuencias del debate de la legitimidad de
la legalidad de la democracia boliviana? Lejos de ser inconsecuente, parece ser que