PORTADILLA - Informe sobre Desarrollo Humano en Bolivia - (PNUD).

InTRODuccIón 11
que fue forzado a dimitir recordó el tipo de protagonismo popular que había caracterizado
a períodos más tempranos de la historia de Bolivia.
A pesar de que los movimientos sociales que emergieron como actores políticos
en los primeros años del siglo XXI estaban organizativamente fragmentados y
eran ideológicamente embrionarios, se unieron en torno a la oposición a las políticas
económicas de liberalización que habían predominado en Bolivia desde 1985, y
de las cuales Sánchez de Lozada había sido el arquitecto principal. Estos movimientos
se unificaron también por el nuevo impulso de la política indígena (aun cuando
ésta signifique diferentes cosas para diferentes grupos) y por la convicción de que
las materias primas del país debían ser desarrolladas para que beneficien a todos los
bolivianos –especialmente a los sectores indígenas y más pobres–. El control de
la industria del gas se volvió, entonces, un asunto emblemático, situación que el
nuevo Gobierno aprovechó rápidamente forzando a las compañías a renegociar sus
contratos en términos más favorables para los intereses bolivianos.
Sin embargo, a pesar del margen de la victoria de Evo Morales en 2005 y
del cambio de poder que trajo consigo, el conflicto político no ha terminado. La
oposición rápidamente optó por una combinación de presiones constitucionales y
extra parlamentarias para bloquear aspectos del programa del Gobierno. La tortilla
se volteó. El principal motor de la oposición, en las tierras bajas de Santa Cruz,
utilizó su influencia regional para presionar al Gobierno con grandes movilizaciones
populares de apoyo a sus intereses. Otros departamentos siguieron esa dirección,
demandando mayor autonomía del gobierno central. Los métodos de acción
directa incluyeron marchas, bloqueos de caminos y huelgas de hambre, métodos
utilizados con gran efectividad por los movimientos sociales antes de 2005. A través
de una combinación de estas demostraciones de fuerza y un uso inteligente de
otros espacios, la oposición forzó al Gobierno a retractarse en una serie de asuntos
importantes, oponiéndose con eficacia a los esquemas oficialistas en la Asamblea
Constituyente y después. Las dificultades para gobernar el país se hicieron rápidamente
evidentes para el nuevo régimen, a pesar de su legitimidad y popularidad en
grandes sectores de la población.
El nuevo Gobierno tuvo que enfrentar otros conflictos, no sólo con las elites
de las tierras bajas sino también con otros sectores de la sociedad, incluso con los
que lo apoyaban. Los conflictos, muchas veces relacionados al acceso o control de
los recursos naturales, podían desembocar rápidamente en una confrontación violenta.
Así, en octubre de 2006, un conflicto entre trabajadores mineros –trabajadores
sindicalizados por un lado y cooperativistas autoempleados por el otro– dejó
varios muertos. Los grupos se enfrentaron por el control de un de los depósitos minerales
más ricos del país. De forma similar, en abril de 2007, en Tarija, una disputa
sobre límites provinciales terminó en la suspensión temporal de las exportaciones
de gas a la Argentina. Las dos provincias luchaban por establecer su jurisdicción
sobre los pozos de gas más productivos de Bolivia. Estas disputas muestran eviden-