145/11 Criterio 80.1 (medida cautelar). - Colegio de Abogados de ...

Dictamen sobre impugnación de honorarios condena costas:
DOÑA INMACULADA VÁZQUEZ FLAQUER, SECRETARIA DE LA
COMISIÓN DE HONORARIOS DEL ILUSTRE COLEGIO DE ABOGADOS DE
MÁLAGA.
C E R T I F I C O :
La Comisión de Honorarios del Ilustre Colegio de Abogados de Málaga,
(por facultades delegadas de la Junta de Gobierno de esta Corporación de
fecha 2 de abril de 2008) en sesión celebrada el día emitió el siguiente
dictamen
Tribunal:
Procedimiento:
Demandantes:
Letrada:
Demandados:
Letrados:
Letrada impugnada:
Letrado impugnante:
Minuta Impugnada: 19.324´62 € más IVA.
Minuta Resultante: 19.324´62 € más IVA.
Nº. Registro Icamalaga: 145/11
Criterios aplicados: Criterio 80.1 (medida cautelar). Baremo de 2006.
ANTECEDENTES
PRIMERO.- La representación procesal de D. FFF y 3 más interpone
demanda de Juicio Ordinario (255/2007 del Juzgado de Primera Instancia e
Instrucción núm. 2 de Coín) contra las entidades VVV y PPP en ejercicio de
acción de cumplimiento forzoso de obligación de hacer e indemnización de
daños y perjuicios. La demanda se basa, en síntesis, en que los actores, parte
compradora, suscribieron respectivos contratos de compraventa de cosa futura
con VVV sobre viviendas a construir por ésta en una parcela de su propiedad y,
a pesar de haber cumplido los compradores con sus obligaciones de pago, la
demandada no había hecho entrega de las viviendas sin ni siquiera haber
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iniciado las obras de construcción sino que había vendido los terrenos a la
codemandada PPP sin haberse puesto en conocimiento de los actores ni
haberse subrogado ésta en la posición de aquélla, con los perjuicios inherentes
causados a los actores. Se pide en la demanda que se condene solidariamente
a las demandadas al cumplimiento de la obligación de construir las viviendas
en virtud de los contratos suscritos; a la declaración de la demandada en mora
por incumplimiento fijado para la entrega de las viviendas; a resarcir a los
actores por daños y perjuicios en el importe de 14.242´56 € en total, a repartir
para cada uno según se desglosa en la demanda; la exigencia a la demandada
a entrega de aval bancario en el transcurso de la entrega de la vivienda para
garantizar la cantidad de 191.907´69 € (sumas a cuentas entregadas por los
actores).
Como cuantía de la demanda (Fundamento de Derecho VII) se expresa
que es la de 549.873 €, valor de los inmuebles objeto de litis.
Mediante Otrosí se piden las medidas cautelares de anotación
preventiva de embargo en el Registro de la Propiedad sobre la finca que
constituían los terrenos a construir para cubrir la cantidad de 251.907´69 € o,
alternativamente, otorgamiento de aval así como la anotación preventiva de la
demanda sobre la finca objeto de litis para garantizar el cumplimiento de la
obligación de hacer de las viviendas objeto de compraventa.
Se tramita la pieza separada de Medida Cautelar, dándose traslado a las
demandadas y señalándose Vista, que se celebra con asistencia de las partes,
ratificándose la actora en su petición y oponiéndose las demandadas, que
actuaron bajo diferente dirección Letrada.
Se dicta Auto por el Juzgado en fecha 17/12/2007 por la que se acuerda
la adopción de la medida de anotación preventiva de la demanda previa
prestación de caución por importe de 10.000 €, denegándose la adopción de
las otras dos medidas al ser suficiente la adoptada para garantizar la protección
del derecho invocado por los actores en la demanda principal. Se imponen las
costas del incidente a la parte demandada.
Se recurre en apelación este Auto por las demandadas oponiéndose la
parte actora a cada recurso y, tras los trámites pertinentes en la segunda
instancia (Rollo 815/2008 de la Sección Quinta de la Audiencia Provincial de
Málaga), se dicta Auto por la Sala desestimando los recursos con condena a
cada apelante en las costas ocasionadas por cada uno de sus recursos.
SEGUNDO.- Presenta ante el Juzgado la Letrada de la parte actora
minuta para tasación de costas de la primera instancia de la pieza de medidas,
ascendiendo sus honorarios a la cantidad de 19.324´62 € y conteniendo dos
partidas:
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a) Intervención en las medidas cautelares (Criterio 80) con
cuantía de 549.873 € ........................................... 16.121´35 €.
b) Pluralidad partes contrarias (Criterio General Sexto 1 en
relación con el Quinto 2.c), incremento 20% ....... 3.224´27 €.
TERCERO- Se tasan las costas por el Juzgado incluyéndose la anterior
minuta, formulándose impugnación por parte de PPP al considerar indebidos
(en cuanto al incremento por pluralidad de partes) y excesivos los honorarios
de la Letrada con base esta última en los siguientes argumentos:
Son excesivos los honorarios al incurrir en error en la determinación de
la cuantía que ha de ser tenida como base para la fijación de los
mismos. Se toma como cuantía la cantidad de 549.973 €, misma tenida
en cuenta en la tasación. Pero en la solicitud de las medidas cautelares
se omitió la fijación de la cuantía, incumpliendo con ello el mandato que
por imperativo legal establece el artículo 253 de la LEC de fijar ésta con
claridad y precisión. Apreciada su falta, la parte contraria trata de suplir
su ausencia mediante la extensión a este proceso de la cuantía del
procedimiento, lo cual no es conforme porque el proceso de medidas
cautelares es un proceso autónomo y se sigue en pieza separada (como
Verbal) frente al procedimiento principal (Ordinario). Si se ha omitido la
fijación de la cuantía no puede, al momento de interesar la tasación de
costas, extrapolar la de otro proceso sino que la misma lo ha de ser
indeterminada a todos los efectos y también a los de tasación de costas.
Por otro lado, en el proceso de medidas cautelares lo que se acuerda,
exclusivamente, es la adopción de una medida de carácter temporal
como es la anotación preventiva de la demanda que, al carecer de
valoración propia, la convierte por sí en indeterminada, a diferencia del
proceso principal cuyo objeto lo constituye la entrega de unos bienes
inmuebles perfectamente cuantificable por su precio. Por ello, debe
tenerse la cuantía como indeterminada, como se pronuncia la Audiencia
Provincial de Málaga en jurisprudencia que se cita en supuesto idénticos
al actual. En este caso se declara que la cuantía que ha de tenerse en
cuenta es la fijada en medidas cautelares, no la del proceso principal, y
si ésta no ha sido fijada la cuantía será indeterminada. Por ello, las
costas procesales, por un principio de seguridad jurídica, están en
función de la cuantía del proceso, su determinación es función
meramente jurisdiccional, y el momento procesal para su fijación lo es,
en los Juicios Ordinarios, la Audiencia Previa; en los Juicios Verbales el
acto de la vista y en el Recurso de Casación al momento de su
preparación (Ait480 de la LEC). Ni en la demanda ni en la Vista se hace
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a la cuantía, por lo que es aceptada por las partes como indeterminada,
con base de cálculo de 18.000 € resultando unos honorarios de 1.025 €,
IVA incluido, para la primera instancia (40% escala, 80.1.2), en el
supuesto de ser aplicables las Normas de Honorarios de Colegio de
Abogados de Málaga.
Se aplican las Normas de Honorarios del Colegio de Abogados de
Málaga y se hace sobre la cuantía del procedimiento principal y de una
forma genérica, incurriendo con ello en un manifiesto error. Respecto de
la cuantía del procedimiento principal (549.873 €), de dicha cantidad no
se hace cita alguna en el escrito de solicitud de medidas (ni tan siquiera
se hace referencia a que se den por reproducidos los hechos y
fundamentos de Derecho del escrito de demanda del procedimiento
principal), por lo que siendo un procedimiento autónomo habrá de
estarse a la cuantía en él fijada, y no fijada ésta lo será indeterminada
por las razones que han quedado ya expuestas. Las únicas cantidades a
las que se hace referencia en la solicitud de medidas son las de
251.907´69 € y la de 1.000 €, a otros efectos distintos y no a los de
cuantificar el proceso. La cifra de 251.907´69 € se refiere a la cuantía
por la que se interesaba el embargo (no acordado) y se interesaba para
cubrir las cantidades dadas a cuenta, intereses, y las que se generen
hasta la entrega de la vivienda así como las costas procesales según se
desglosaba en la demanda principal. Pero a PPP no se le entregó
cantidad alguna y a efectos dialécticos únicamente lo sería por
191.907´69 € pero no 549.873 € en que se fija la cuantía del
procedimiento principal al responder, como en ella se indica, a un
concepto distinto (valor de los inmuebles), frente al objeto por el que
literalmente se interesa la medida (cubrir las cantidades dadas a
cuenta). Además, esta medida de embargo no fue acordada. A mayor
abundamiento, se interesaba, como segunda medida y alternativamente,
otorgamiento de aval por el mismo importe y para el mismo fin de
garantizar las cantidades entregadas a cuenta, sus intereses y costas.
Citada medida tampoco fue acordada en el Auto dictado. Rechazada la
medida de embargo solicitada, queda la medida acordada de anotación
preventiva de la demanda extramuros del objeto del proceso principal,
con lo que el interés económico del proceso de medidas cautelares va a
estar representado por la cuantía fijada como caución y, en otro caso, no
ha de quebrar la condición de indeterminada. La cifra de 1.000 €
aparece en el escrito de solicitud de medidas presentado por la parte
demandada y se ofrece como caución por la adopción de la medida,
cantidad que entiende suficiente. Sin embargo ni tan siquiera se
menciona para tasación de costas. Cifra que fue elevada en el Auto
dictado a la cantidad de 10.000 €. Esta cantidad fijada como caución es
la que representa la única cuantificación introducida durante la
tramitación del procedimiento y la que ha quedado petrificada para el
resto de las actuaciones, por lo que no ha de resultar descabellado que,
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en ausencia de cuantificación precisa, clara y aceptada, fuera ésta la
que ha de considerarse como la que representa el interés económico del
proceso incidental, criterio mantenido por distintas Audiencias
Provinciales. Es por ello que, ante los diferentes criterios de minutación
que existen en los distintos Colegios de Abogados, sus normas no
resultan vinculantes para los órganos jurisdiccionales que hayan de
resolver sobre la determinación cuantitativa de los honorarios a percibir,
y que han de valorar, no atendiendo a un módulo predeterminado y fijo
sino a las circunstancias concurrentes en el proceso, para evitar con ello
la desigualdad de trato que en otro caso se daría en razón a la diferencia
de coste que al justiciable le supondría, en función del Colegio de
Abogados en que se desenvolviera el proceso y si fuera en otro Colegio,
los honorarios a percibir por el Letrado aplicando igualmente las normas
de honorarios colegiales, ascenderían a 369 € más IVA en razón a que
la cuantía estaría representada por la cantidad fijada como caución.
Respecto de la generalidad de la minuta de honorarios, conforme es
criterio jurisprudencial pacifico mantenido por el Tribunal Constitucional,
el Tribunal Supremo y las Audiencias Provinciales, las normas
establecidas por los Colegios de Abogados respecto de los honorarios
de sus colegiados tienen un mero carácter de régimen interior
orientadoras para estos (hoy ni tan siquiera tras la Ley Ómnibus) pero en
modo alguno vinculantes para los órganos jurisdiccionales, debiendo
dichos órganos determinar los honorarios no por aplicación de un
predeterminado módulo cuantitativo (como lo son las normas
orientadoras) sino atendiendo a las circunstancias concurrentes en el
proceso en que se hayan devengado tales como el trabajo profesional
realizado, su mayor o menor complejidad, el interés y la cuantía
económica del asunto, los escritos e informes efectuados, la
trascendencia de sus argumentos, etc..., de ahí la exigencia
jurisprudencial de que la minuta sea detallada y contenga los conceptos
por los que se minuta y su importe, al objeto de que el Tribunal pueda
valorar los mismos, rechazando aquéllas que se emiten de forma
genérica, lo que el propio Colegio de Abogados traslada a sus normas
(Criterio General Segundo). La cuantía nunca sería el único factor a
evaluar, y en su Criterio General Quinto 8 dispone que en la minuta se
especifiquen los honorarios correspondientes a las diferentes
actuaciones. En el supuesto que nos ocupa, la minuta de Letrada se
limita a consignar genéricamente el proceso (medidas cautelares con
oposición); a la cita de las normas orientadoras y a recoger en la misma
la cuantía de 549.873 €, sin embargo no coincide con la realidad ya que
en ningún momento (demanda o vista) se fija la cuantía del
procedimiento incidental y en ningún momento ni se hace cita ni se
recoge en citada solicitud dicha cantidad de 549.873 €, siendo la primera
vez que se invoca dicha cuantía al tasar las costas, lo que debería llevar
al rechazo de su pretensión. Al objeto de valorar el trabajo y el esfuerzo
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en las medidas cautelares vemos que se interesan mediante un simple
Otrosí, en 50 líneas a doble espacio sin que se formule demanda con
desarrollo de hechos y fundamentos de derecho, conforme se denunció
por esta parte en el acto del Juicio, sin que tan siquiera se contenga en
el mismo petición de prueba. No ah existido práctica de prueba y si bien
es cierto que la actora propuso en el acto del Juicio un oficio al Registro
de la Propiedad, lo que no es menos cierto es que le fue rechazada por
la Juzgadora al no ser momento procesal oportuno. Dado que el derecho
a la retribución ha de guardar equilibrio con el trabajo efectuado al
representar la compensación de éste, en el supuesto que nos ocupa
pretender el cobro de minutas millonarias conlleva de forma manifiesta la
quiebra de citado equilibrio, de ahí la facultad de regulación que el
legislador otorga al Tribunal en la búsqueda de esa moderación. En el
supuesto que nos ocupa, entendemos que se da dicha situación, ya que
la solicitud se limitó a un escrito de 50 líneas, de las cuáles sólo nueve
se destinan a la medida acordada; el proceso lo es un juicio verbal con
lo que la siguiente actuación procesal la constituye el acto de la vista;
ésta tuvo una duración exacta de 39´08´´ y la intervención de la Letrada
minutante en la misma se concreta al momento de afirmarse y ratificarse
en la demanda (7'32") y contestar a las excepciones planteadas por esta
parte, las que se limita a rechazar remitiéndose a la ley (1'39"), al
momento de proposición de prueba (1´58") siéndole denegada por
extemporánea y, por último , conclusiones para resumen de prueba (15")
con lo que el tiempo de su intervención fue de 12'22". Con ello no se da
el requisito ni de trabajo ni de tiempo, que justifique la pretensión de
cobro de 22.440´92 €.
Por ello se impugnan los honorarios de Letrada por excesivos
interesando su reducción por el Juzgado entendiendo como ponderada
en atención a las circunstancias expuestas la de 1.025 €, IVA incluido,
de ser su cuantía indeterminada, ó 599´04 € de tomarse como cuantía la
de la caución fijada, o aquella otra que el Tribunal entienda adecuada.
CUARTO.- No obra en las actuaciones remitidas contestación de la
Letrada minutante a esta impugnación, lo cual no obsta a la emisión del
presente.
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CONSIDERACIONES
PRIMERA.- El Baremo aplicable es el aprobado en fecha 18 de
septiembre de 2006, cuyos Criterios Generales Primero y Sexto señalan lo
siguiente:
“Primero. Función de este Baremo.
El devengo de honorarios por los trabajos realizados por el Letrado es
consecuencia de un contrato que generalmente reviste el carácter de arrendamiento
de servicios entre el Letrado y su cliente, en el que ambos pactan libremente su
cuantía. Este pacto o convenio de honorarios será preferentemente escrito y sin
sujeción a formalidades especiales.
Por ello, el presente Baremo tiene un carácter meramente orientador que no
implica automatismo en su aplicación y pretende facilitar al Letrado el cometido de fijar
sus honorarios dentro del marco de la libre y leal competencia.
Por otro lado, y conforme a lo establecido en el artículo 242.5 de la Ley 1/2000
de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil, este Baremo tiene por objeto señalar los
importes a minutar en los supuestos de condena en costas al litigante contrario.
Este Baremo es de aplicación a las actuaciones que se desarrollen en el
ámbito de este Colegio. Además contiene orientación sobre actuaciones que pueden
desarrollarse fuera de su ámbito que serán de aplicación sólo a las relaciones del
Letrado con su cliente. Por ello los honorarios devengados por actuaciones
profesionales realizadas ante Tribunales radicados fuera del ámbito del Colegio
deberán minutarse para las tasaciones de costas con arreglo al Baremo del Colegio
donde radique la sede del Tribunal.”
“Sexto.- Criterios de minutación de los honorarios cuando sean repercutibles a
la parte contraria por existir condena en costas a favor del cliente.-
1.- Cuando judicialmente se impongan las costas al litigante adverso, el Letrado
minutante aplicará el presente Baremo tomando como cuantía base las específicas
que se establezcan y, en defecto de éstas, las siguientes:
a.- En primer lugar se atenderá a la cuantía señalada por el actor en el escrito
de demanda o a la señalada por el demandado al contestarla o en su primera
intervención procesal, siempre y cuando la cuantía alegada no sea impugnada o
contradicha por la parte adversa.
b.- En caso de impugnación de la cuantía, se atenderá a la resolución judicial
que la fije o permita su determinación.
c.- En caso de no señalarse por actor o demandado una cuantía concreta, se
aplicará la que resulte de la sentencia, cuando el fallo contenga cantidad determinada
o de posible determinación por simples operaciones aritméticas, o en su defecto la que
se determine en ejecución de sentencia.
d.- En cualquier otro caso, se tomará la cuantía que resulte de la aplicación de
las reglas de determinación de cuantía de la LEC o de otra legislación aplicable,
basándose en los documentos o pericias no impugnados que obren en autos con
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anterioridad a la solicitud de tasación de costas. En su defecto la cuantía se
considerará inestimable con arreglo al criterio general Quinto, apartado 6, párrafo
segundo.
2.- Si la condena en costas fuese parcial, el Letrado calculará su minuta total y
girará al condenado en costas la parte proporcional que le corresponda al valor de la
acción o acciones objeto de la condena.
3.- Pluralidad de partes:
a.- Si fuesen varios los que hubiesen sido condenados en costas, el Letrado
minutante girará a cada uno de los condenados los honorarios que correspondieran
como si de procesos independientes se tratase, en función de la cuantía que
corresponda a cada uno y siempre que la sentencia les condenase de forma
mancomunada. Cuando se les condene solidariamente, se estará a lo dispuesto en el
Criterio General Quinto 2.c.
b.- Si fuesen varios los litigantes que obtengan a su favor la condena en costas,
el Letrado de cada uno de ellos girará la minuta que correspondiera como si de
procesos independientes se tratase, y ello tanto si la reclamación fuese mancomunada
como si fuese solidaria. Si el Letrado defendiera a más de un litigante solo podrá
incrementar sus honorarios hasta un 40% en razón al mayor trabajo cuando la
reclamación sea solidaria. Cuando la reclamación sea mancomunada, podrá minutar
sobre la suma de las reclamaciones que haya defendido.
4.- En todo caso el Letrado tendrá derecho a cobrar a su cliente la diferencia de
los honorarios devengados, en su caso, con arreglo al criterio general anterior.”
SEGUNDA.- Hemos de hacer las siguientes manifestaciones a la vista
de los motivos de impugnación alegados por la parte impugnante:
A) Esta Corporación únicamente puede pronunciarse, porque así lo dice
la Ley, sobre los motivos de impugnación por excesivos, no por los que se
califiquen como indebidos. No puede pronunciarse sobre el incremento por
pluralidad de partes alegado como indebido si bien, si se hubiera alegado como
excesivos, sí se aprecia que está justificado el incremento. Por otro lado, se
alega entre los motivos calificados como excesivos que la minuta no es
detallada. Ello debería haberse planteado como indebidos, si bien, como
establece la jurisprudencia, entre ellas de la Audiencia Provincial de Málaga,
basta con reseñar las actuaciones realizadas y las normas aplicadas para
entender que una minuta es suficientemente detallada, y así se hace por la
minutante.
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B) Se hace referencia también a la existencia de normas de honorarios en
cada Colegio y su dudosa vigencia tras la ley Ómnibus. El Baremo Orientador
de Honorarios Profesionales, tanto el aprobado en fecha 4 de abril de 2001
como el posterior de 18 de septiembre de 2006 así como las Normas
Orientadoras de Honorarios Mínimos Profesionales aprobadas el 9 de
noviembre de 1990, han sido los instrumentos reguladores que han servido
para determinar si la minutación efectuada por el Letrado cuyo cliente ha sido
favorecido por la condena en costas era excesiva o no, y así se ha venido
haciendo desde la vigencia de las primeras Normas, con base en sus
postulados y en los criterios interpretativos que esta Corporación ha venido
manteniendo.
Razones impuestas por directivas europeas, con reflejo en nuestro
ordenamiento como la llamada Ley Ómnibus, ha supuesto una modificación en
el planteamiento si bien se deja la competencia a los Colegios Profesionales,
como este I. Colegio de Abogados de Málaga, para fijar criterios orientadores a
los solos efectos de tasaciones de costas y jura de cuentas. Es decir, es una
modificación sobre todo nominal pero no funcional, pues sigue teniendo
competencia este Colegio para indicar si los honorarios de un Letrado
(presentados en tasación de costas o a su cliente en jura de cuentas) se
ajustan o no a sus criterios interpretativos, cumpliéndose así lo dispuesto en la
Ley de Enjuiciamiento Civil al respecto pues los artículos relativos a la tasación
de costas, por ejemplo, (entre ellos, el 242 en su integridad ó el 246.1) no han
sido modificados ni derogados a este respecto.
Pues bien, en cumplimiento de dicha función encomendada a esta
Corporación, no afectada, como hemos dicho, tras la entrada en vigor de la Ley
Ómnibus salvo ese cambio nominal, se han ido evacuando los Dictámenes e
Informes a requerimiento de los Juzgados y Tribunales y se han seguido
aplicando los Baremos y Normas a que se ha hecho referencia con
anterioridad, pues no son más que una recopilación de criterios asentados y
objetivos para determinar si unos honorarios se pueden considerar excesivos o
no. Ello, unido a la experiencia e interpretaciones efectuadas en Dictámenes
anteriores y a nuevas interpretaciones que van surgiendo con la casuística, es
lo que permite a esta Corporación cumplir con su función, encomendada por la
Ley, y todos esos Dictámenes han sido admitidos y valorados en forma positiva
por la totalidad de Juzgados y Tribunales de la provincia de Málaga.
Ello sin olvidar dos principios básicos que son: a) que la condena en
costas es un resarcimiento, para el favorecido por tal pronunciamiento, de los
gastos que le ha conllevado un proceso, pero no una relevación de esa carga,
que corresponde siempre al cliente respecto a su Letrado; de forma que habrá
conceptos o factores que se puedan tener en cuenta por el Letrado al minutar
que no podrán ser repercutidos al contrario, pero sí a su cliente; b) que
finalmente y en cualquier caso, corresponde en exclusiva al órgano
jurisdiccional que conozca del proceso la determinación última de la cantidad
llamada a incluirse en la tasación de costas o reclamada al cliente.
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En definitiva, respecto a esta cuestión planteada por la parte impugnante
queda declarar que los Baremos o Normas, junto a los criterios orientativos e
interpretativos, se pueden seguir aplicando para tener una referencia objetiva a
la hora de determinar si unos honorarios son excesivos o no, de forma que si lo
minutado se ajusta a lo que dice el Baremo, habrá que concluir que los
honorarios no son excesivos, algo que analizaremos con posterioridad.
C) En ilación con lo anterior, se alude por al parte impugnante a factores
como trabajo realizado, duración de la intervención de la Letrada en la Vista o
amplitud de la solicitud de medidas previas mediante Otrosí en la demanda, así
como se invocan factores conforme al Criterio General Segundo del Baremo.
Como es costumbre en esta Corporación, no debe atenderse a la duración de
las intervenciones o de las peticiones, pues no está ligada la efectividad de lo
pedido con la cantidad de palabras que se empleen, sino que debe examinarse
si lo minutado se ajusta a los criterios del Baremo o a los interpretativos de esta
Corporación. Además, como reiteradamente se viene estableciendo, los
factores contenidos en el Criterio General Segundo se pueden valorar en el
cobro al cliente pero no en caso de condena en costas, donde debe minutarse
con prudencia y moderación.
TERCERA.- Sentadas las bases anteriores, el objeto de discordia es
cuál debe ser la base minutable para calcular los honorarios de la pieza de
medidas cautelares, señalando la parte impugnante que es bien la cuantía
indeterminada por ser un incidente independiente del pleito principal y no
haberse señalado cuantía alguna bien la cuantía de 10.000 €, importe de la
caución fijada judicialmente al adoptarse la anotación preventiva de demanda.
Por la impugnada se atiende a la cuantía del pleito principal señalada en la
demanda.
La respuesta a esta discordia la vamos a encontrar en el Criterio 80.1.2,
que para el incidente o pieza de medidas cautelares como el que nos ocupa
habla del 40% de la escala tipo tomando como base la que corresponda al
proceso principal o parte del proceso principal afectado por la medida, con un
valor orientador de 10 puntos.
Liga este Criterio la base minutable de la medida a la base minutable del
procedimiento principal, por lo que habría que identificar ésta. Es decir, no se
habla de cuantía indeterminada o de importe de la caución (como defiende la
parte impugnante) sino que lo trascendente es acudir a la cuantía del proceso
principal, en todo o en parte, según lo que resulte afectado o asegurado con la
medida.
Y en este caso, se adoptó la medida de anotación preventiva de la
demanda que pretendía garantizar, como se dijo en la demanda, el
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cumplimiento de la obligación de hacer las viviendas objetos de los contratos
de compraventa. Y se concedió por el Juzgado esta medidas, sin necesidad de
adoptar las otras dos solicitadas porque era suficiente para “... garantizar la
protección del derecho invocado por los actores en la demanda principal...”. Al
margen de que el propio Auto del Juzgado establece la ligazón entre la
demanda principal y la medida, lo que se garantizaba con ésta era la protección
del derecho invocado, es decir, la obligación de hacer las viviendas objeto de
los contratos de compraventa ejercitada en la demanda, cuya cuantía es la que
se señaló en la misma y que constituía el valor de los contratos. Por tanto, no
cabe duda de que la cuantía de la medida es la misma que la de la demanda
principal, debiendo significarse igualmente que la anotación preventiva era
sobre la finca que constituían los terrenos sobre lo que se debía edificar,
abundando así en esa identificación entre las cuantías de la pieza separada y
demanda principal.
CUARTA.- Siendo la base minutable 549.873 €, el 40% de la escala tipo
(Criterio 80.1.2) suponen unos honorarios de 16.121´35 €, coincidente con lo
minutado por la intervención en las medidas cautelares que, con el incremento
del 20% (3.224´27 €) por pluralidad de partes supone un total de 19.345´62 €
más IVA, ligeramente superior a lo minutado en total.
DICTAMEN:
La Comisión de Honorarios de este Ilustre Colegio estima que la minuta
de honorario formulada por la Letrada Dª. LLL, sometida a su consideración, se
ajusta al Baremo Orientador de Honorarios Profesionales aprobado en Junta
General Extraordinaria celebrada el día 18 de septiembre de 2006, según el
criterio de minutación de los honorarios cuando sean repercutibles a la parte
contraria por existir condena en costas a favor del cliente.
Y para que así conste y surta sus efectos en el procedimiento
mencionado en el encabezamiento, firmo el presente con el visto bueno del Sr.
Presidente de la Comisión, en Málaga a
Vº. Bº.
EL PRESIDENTE LA SECRETARIA
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