Sentencia de Primera Instancia de alias El Loro - Fiscalía General ...

Tribunal Superior De Bogotá
Sala de Justicia y Paz
Rad. 11001600253200680526
Rad. Interno 0197
WILSON SALAZAR CARRASCAL
TRIBUNAL SUPERIOR DE BOGOTÁ
SALA DE JUSTICIA Y PAZ
Magistrado Ponente:
EDUARDO CASTELLANOS ROSO
Aprobado Acta No. 08
Bogotá D.C., marzo diecinueve (19) de dos mil
nueve (2009)
I. ASUNTO
1. De conformidad con lo dispuesto por los
artículos 19 y 24 de la Ley 975 de 2005 y 17 del
Decreto 3391 de 2006, procede la Sala de
Conocimiento del Tribunal Superior de Bogotá a emitir
la decisión que en derecho corresponda dentro de las
diligencias adelantadas en contra del desmovilizado
WILSON SALAZAR CARRASCAL.
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II. IDENTIDAD DEL DESMOVILIZADO
2. El señor WILSON SALAZAR CARRASCAL, se
identifica con la cédula de ciudadanía número
77.131.463 de San Martín, Cesar, conocido con los
alias de “El Loro, Lorenzo ó Cepillo”, natural de San
Martín, Cesar, nacido el 23 de julio de 1974, hijo de
Antonio Salazar y María Carrascal, estado civil unión
libre con la señora SUDGEY CERVANTES, con quien
tiene un hijo, grado de estudio primero de primaria y
ocupación agricultor antes ingresar al grupo armado
ilegal.
III. ANTECEDENTES
3. El 15 de agosto de 2006, el Ministro del
Interior y de Justicia remitió a la Fiscalía General de la
Nación el listado de postulados de las Autodefensas
Unidas de Colombia, dentro del cual figura WILSON
SALAZAR CARRASCAL, alias “El Loro”, integrante del
frente "Héctor Julio Peinado Becerra" que operaba en
el sur del Cesar, en el cual militó desde el 15 de enero
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de 1994 hasta la fecha de su desmovilización, 3 de
marzo de 2006.
4. Una vez el postulado ratificó su voluntad de
someterse a la Ley de Justicia y Paz 1 , la Fiscalía
General de la Nación ordenó el emplazamiento a todas
aquellas personas que se consideraran víctimas de las
conductas punibles atribuibles al desmovilizado, el cual
fue publicado el 29 de septiembre de 2006 en un
diario de amplia circulación en el país y difundido en
una emisora de cubrimiento nacional, por término de
20 días 2 .
5. La diligencia de versión libre se surtió ante el
Fiscal Décimo de la Unidad de Justicia y Paz de
Barranquilla, los días 14 y 15 de diciembre de 2006; 9,
10 y 11 de enero y 7 y 8 de febrero de 2007.
1 El 2 de septiembre de 2006.
2 Folios 20 y 21 cuaderno de la Fiscalía No. 1.
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6. En dicha diligencia el postulado SALAZAR
CARRASCAL, aceptó su participación y confesó los
siguientes hechos:
Jiménez:
Homicidio del señor Luís Alberto Piña
7. Según el postulado, el 23 de septiembre de
1998, en la vía que del municipio de Gamarra conduce
a Aguachica, Cesar, se desplazaba el señor Luís
Alberto Piña Jiménez en un vehículo de servicio público
afiliado a la empresa CONTRAGAN, junto con su menor
hijo, cuando fueron interceptados por dos sujetos –uno
de ellos Wilson Salazar Carrascal- que se movilizaban en
una motocicleta de alto cilindraje, le exigieron que
exhibiera su cédula de ciudadanía y una vez
identificado le ordenaron al taxista que continuara su
camino y dejara al menor en su casa, mientras ellos se
quedaron con el señor Piña a quien segundos después
dieron muerte, abandonando su cuerpo sobre la
carretera, en inmediaciones de la finca Buenos Aires.
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8. Por estos hechos, el Juzgado Penal del Circuito
Especializado de Valledupar condenó a SALAZAR
CARRASCAL a la pena principal de 19 años de prisión e
interdicción de derechos y funciones públicas por un
período de 10 años, como coautor de los delitos de
homicidio y porte ilegal de armas de uso privativo de
las fuerzas militares, decisión que fue confirmada en
su integridad por el Tribunal Superior del Distrito
Judicial de Valledupar.
Homicidio de la señora Aida Cecilia Lasso
Gemade y la menor Sindy Paola Rondón Lasso:
9. El 21 de junio de 2000, aproximadamente a las
7:00 de la noche, Wilson Salazar Carrascal en
compañía de otro individuo, a quien sólo conoce con el
nombre de Juán Tito, ingresaron a una casa en el
barrio Villa del Prado, municipio de San Alberto, Cesar,
y dieron muerte con arma de fuego a la señora Aída
Cecilia Lasso Gemade, candidata a la Alcaldía de ese
municipio, y a su menor hija Sindy Paola Rondón
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Lasso, quien intentó interponerse a uno de los sicarios
para evitar que le dispararan a su progenitora.
10. Por estos hechos fue condenado Juán
Francisco Prada Márquez, cabecilla del frente "Héctor
Julio Peinado Becerra" de las AUC, diligencias que se
encuentran en el Juzgado Penal Especializado de
Valledupar, radicadas bajo el número 121-2004.
Extorsión.
11. Ocurrido en el año 1998, pocos días después
de haber dado muerte al señor Luís Alberto Piña
Jiménez, en compañía de alias “Yesid”, cumpliendo
órdenes del comandante "Paso", se acercaron a la
finca de un ganadero de Aguachica, Cesar, -de quien no
recuerda su nombre-, y le exigieron la suma de tres
millones de pesos, dinero que era requerido para
financiar el grupo ilegal.
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Porte ilegal de armas y municiones de uso
privativo de las fuerzas armadas:
12. Narró el postulado durante la diligencia de
versión libre, que el mismo día en que se dirigía con
alias “Yesid” a extorsionar a un ganadero de la región,
fueron sorprendidos y detenidos por agentes de la
Policía Nacional, portando una “…pistola uzzi como las
del INPEC, pero mas (sic) corta y con proveedor”;
razón por la cual personal de Criminalística de la
Fiscalía General de la Nación, adelantó labores
investigativas para establecer la veracidad de lo
narrado por SALAZAR CARRASCAL quienes rindieron
informe No. 007 UNFJP-UEPJ, de 6 de febrero de 2007,
en que señalaron lo siguiente:
“Como primera medida se obtuvo la información obrante
en el proceso génesis de los hechos narrados por el
versionado, la cual corresponde al proceso 042-00 del
Juzgado Único Especializado de Valledupar, en donde se
dictó la atinente sentencia condenatoria, como pieza
procesal de interés, se exalta el informe de captura que
corresponde al No. 1444 ESAGU-COMAN de la Policía
Nacional, el cual enseña que WILSON SALAZAR
CARRASCAL y otro sujeto son aprendidos en flagrancia en
el momento de portar consigo, una pistola UZZI 9
milímetros, tres proveedores y siento siete cartuchos de 9
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m.m., una granada de fragmentación, una pistola Smith
Wesson con dos proveedores 9 m.m. y veintisiete
cartuchos 9 m.m., un celular marca Nokia, la suma de un
millón cuatrocientos mil pesos (1.400.000) en efectivo, y
una motocicleta Yamaha DT-125 color morado, sin placas,
así mismo en la parte final el importante informe de
puesta a disposición enseña responsabilidad del señor
SALAZAR CARRASCAL en la muerte de LUIS ALBERTO
PIÑA JIMÉNEZ, no obstante no se reseña actuación alguna
que tenga que ver con extorsión alguna...” 3
13. Por este delito WILSON SALAZAR
CARRASCAL, fue condenado por el Juzgado Penal del
Circuito Especializado de Valledupar, mediante
sentencia del 25 de marzo de 2003 4 .
Fuga de Presos:
14. Dijo el versionado WILSON SALAZAR
CARRASCAL que el 11 de noviembre de 1998 se dio a
la fuga de la Cárcel Municipal de Aguachica, Cesar, en
la cual se encontraba privado de la libertad, junto con
otros militantes de las AUC y que fue investigado por
la Fiscalía 21 Seccional de Aguachica, según radicado
3 Folio 27 cuaderno anexo “hecho confesado 6”
4 Sentencia en la que también fue condenado por el homicidio del señor Luís Alberto Piña
Jiménez.
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número 1940, siendo favorecido con preclusión de la
investigación el 4 de febrero de 1999.
15. El 18 de octubre de 2007, WILSON SALAZAR
CARRASCAL fue convocado a audiencia de formulación
de imputación ante el Magistrado con Función de
Control de Garantías del Tribunal de Barranquilla, en la
cual el Fiscal 10 de la Unidad de Justicia y Paz le
imputó los delitos de doble homicidio agravado;
falsedad material de particular en documento público
(artículo 220 del Código Penal de 1980); falsedad
material en documento público a título de coautor
(artículo 287 Código Penal, Ley 599 de 2000); y
extorsión (artículo 355 del Código Penal de 1980),
respecto de los cuales consideró que había obtenido
medios de prueba para hacer inferencia razonable de
autoría o participación del postulado.
16. El Fiscal se abstuvo de imputar a SALAZAR
CARRASCAL los delitos de fuga de presos, por haber
sido favorecido con preclusión de la instrucción y el
homicidio del señor Luís Alberto Piña Jiménez, en
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acatamiento a lo señalado por la Sala de Casación
Penal de la Corte Suprema de Justicia en providencia
del 8 de junio de 2007 5 .
17. Rituada la diligencia de formulación de
imputación, el Magistrado de Control de Garantías, a
instancia de la Fiscalía, profirió medida de
aseguramiento 6 contra WILSON SALAZAR CARRASCAL
por las ejecuciones de Aída Cecilia Lasso Gemade y
Sindy Paola Rondón Lasso, en tanto que no se
demandaron ni adoptaron medidas cautelares sobre
bienes del desmovilizado.
18. El 28 de enero de 2008, ante el Magistrado
de Control de Garantías de la ciudad de Barranquilla,
la Fiscalía General de la Nación formuló a SALAZAR
CARRASCAL los siguientes cargos 7 :
5 “Que es menester acreditar, sin dudas, si el señor Wilson Salazar Carrascal está condenado
por el homicidio del ciudadano Luís Alberto Piña, ocurrido el 23 de octubre de 1998. En este
evento, y si prospera el decurso procesal, no podrá imputarse este hecho, que pude ser
atendido dentro de la institución procesal de la acumulación jurídica de penas, de conformidad
con el artículo 20 de la Ley de Justicia y Paz”.
6 Folio 102 cuaderno original No. 1 Tribunal de Barranquilla.
7 El Magistrado con función de control de garantía, estimó que no podía formularse cargo por el
delito de falsedad material de particular en documento público, consagrado en el artículo 220
del Código Penal de 1980, por estimar que se encontraba prescrito. – Este delito se refiere a la
falsedad en los documentos de la motocicleta que le fue incautada a WILSON SALAZAR
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19. “Homicidio agravado homogéneo y sucesivo,
a título de coautor, consagrado en el artículo 103 del
Código Penal, Ley 599 de 2000 8 , título I capítulo II,
agravado por los numerales 6, 7 y 10” del artículo
104 de la misma obra, por hechos ocurridos el 21 de
junio de 2000, en el barrio Villa del Prado del
municipio de San Alberto Cesar, donde resultaron
muertas la candidata a la Alcaldía de ese municipio,
doctora Aída Cecilia Lasso Gemade y su menor hija.
20. Por falsedad material en documento público,
sancionada en el artículo 287 de la Ley 599 de 2000, a
título de autor, según hecho ocurrido el 24 de enero
de 2003, en el cual WILSON SALAZAR CARRASCAL,
portador de documento de identidad debidamente
expedido por la Registraduría Nacional del Estado Civil,
tramitó y obtuvo en el municipio de Gamarra, la
cédula de ciudadanía No. 5’031.759 a nombre de
CARRASCAL y a alías “Yesid” en el año 1998 cuando se dirigían a la finca de un ganadero para
exigirle la suma de tres millones de pesos.
8 Norma que le es más favorable al desmovilización frente al Código Penal del 1980.
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Jorge Castro Ropero, con el fin de evadir una orden de
captura que pesaba en su contra.
21. Coautor del delito de extorsión, tipificado en
el artículo 355 del Código Penal, Decreto 100 de 1980,
ocurrido, según escrito de formulación de cargos de la
Fiscalía General de la Nación, “…el 30 de octubre de
1998, WILSON SALAZAR CARRASCAL alias “EL LORO”
en compañía de OMAR ANTONIO RIVERA, alias ‘YESID
O NIÑO’, se desplazaban en zona rural del
corregimiento la Estación jurisdicción del municipio de
Gamarra Cesar, cuando se dirigieron a una finca
agrícola y ganadera, preguntaron por el dueño,
inmediatamente OMAR ANTONIO RIVERO, le exigió la
suma de $3.000.000 de pesos, constriñéndolo para
obtener la prebenda, los cuales le fueron entregados
por el ganadero. La solicitud de dicho dinero tuvo un
lapso de 30 minutos en los cuales SALAZAR
CARRASCAL se ubicó en una cerca. Confesó el
versionado que él entró a la finca y que su compañero
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se apartó y habló a solas con el comerciante, y él se
quedó custodiando mientras extorsionaba.” 9
22. El 1° de abril de 2008 en audiencia pública la
Sala de Conocimiento de Justicia y Paz del Tribunal
Superior de Barranquilla, impartió legalidad a los
cargos aceptados por SALAZAR CARRASCAL; decisión
que apelada por el Ministerio Público y la defensa, no
fue objeto de modificación por la Sala de Casación
Penal de la Corte Suprema de Justicia.
23. Asignado el conocimiento del proceso a esta
Sala, fue convocada audiencia pública en la cual los
representantes de las víctimas expresaron su intención
de dar inicio al incidente de reparación, el que fue
evacuado bajo los parámetros del artículo 23 de la ley
975 de 2005 en sesiones de 13 y 19 de agosto y 6 y 7
de noviembre de 2008.
24. Finalizado el trámite incidental, se abrió un
espacio procesal para que la Fiscalía ilustrara a los
9 Folio 361 cuaderno Original 2 Tribunal Superior de Barranquilla.
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demás intervinientes y a la Sala sobre la estructura y
organigrama del grupo armado ilegal al que pertenecía
el señor WILSON SALAZAR CARRASCAL, función del
postulado dentro del frente, bienes entregados con
vocación de reparación, posibles vínculos de miembros
de la fuerza pública y autoridades con el frente
“Peinado Becerra”, información sobre desaparecidos,
crímenes de género y armas entregadas por el bloque
o frente, entre otros.
25. Finalmente, citó el Tribunal a los
intervinientes para presentar alegaciones conclusivas
respecto del trámite procesal, las que se cumplieron
en audiencias realizadas los días 2 de diciembre de
2008 y 19 y 26 de enero de 2009, cuyas síntesis son
las siguientes:
26. El Fiscal Delegado estimó cumplidas las
exigencias del artículo 10 de la Ley 975 de 2005,
pues, aseguró que WILSON SALAZAR CARRASCAL fue
debidamente postulado por el Gobierno Nacional,
según consta en listado enviado a la Fiscalía General
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de la Nación; el frente al que perteneció entregó los
bienes producto de la actividad ilegal; no se tuvo
conocimiento que el grupo "Héctor Julio Peinado
Becerra" hubiera sido organizado para el tráfico de
estupefacientes o el enriquecimiento ilícito; tampoco
conoció que el postulado hubiera desarrollado
actividades de narcotráfico antes de ingresar al
movimiento al margen de la ley; y, finalmente, que la
facción no tenía en su poder personas secuestradas ni
menores de edad reclutados en sus filas.
27. En relación con la entrega de bienes de
SALAZAR CARRASCAL para indemnización de sus
víctimas, dijo el Fiscal Delegado, que las
investigaciones adelantadas mostraron que estaba en
imposibilidad de aportarlos, pues, derivaba su
sustento de los pagos que le hacía la organización,
inicialmente en cuantía de $250.000 pesos mensuales.
Sin embargo, indicó que la Fiscalía descubrió un bien
ubicado en la calle 18 No. 4-09 barrio 20 de Julio de
San Martín Cesar, matrícula inmobiliaria No. 196-
20420, a nombre de Sudgeis Edith Cervantes Cortina,
compañera permanente de SALAZAR CARRASCAL,
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avaluado en $15.180.400, el cual se encuentra en
proceso de extinción de dominio 10 .
28. De igual forma, resaltó el Fiscal, que si bien
WILSON SALAZAR CARRASCAL manifestó no tener
bienes o dinero para indemnizar a las víctimas, realizó
actos de reparación consistentes en pedir perdón
público, reconocer el daño causado, arrepentimiento
de los delitos cometidos y haber hecho promesa
pública de no repetir tales conductas, tal como consta
en las diferentes sesiones de versión libre que se
llevaron a cabo.
29. Finalizó el representante del ente acusador
diciendo que SALAZAR CARRASCAL, colaboró
eficazmente con el proceso de Justicia y Paz,
suministrando datos de personas que habían sido
secuestradas y desaparecidas, y confesó 25 hechos
nuevos, entre los que se cuentan homicidios y
desplazamientos forzados, de los cuales la Fiscalía no
tenía noticia.
10 Fiscalía 21 Delegada para Extinción de Dominio, radicado 5233.
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30. Los Representantes de las víctimas
coincidieron en manifestar a la Sala que el sólo perdón
que ofreció el señor WILSON SALAZAR CARRASCAL no
satisface las aspiraciones compensatorias de los
perjudicados, enfatizando que es necesaria una
reparación, requisito indispensable para que el
postulado pueda acceder a la pena alternativa.
31. Consideraron además que la reparación
integral de las víctimas no se puede limitar única y
exclusivamente al perdón y a una promesa de no
repetición, pues, del trámite incidental y de los
informes presentados por el Fiscal Delegado, se
observa que SALAZAR CARRASCAL no ha mostrado
actitudes positivas que demuestren su voluntad de
indemnizar a sus víctimas, lo cual es evidente porque
trasladó el único bien que poseía a su compañera
permanente.
32. Para el representante de víctimas, doctor
Jairo Alberto Moya Moya, existen serias dudas de que
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el postulado SALAZAR CARRASCAL y el frente "Héctor
Julio Peinado Becerra", hayan contribuido de manera
plena y total a la reparación integral de las víctimas.
Recordó que, de lo expuesto durante la audiencia
pública por el Fiscal Delegado, el frente se financiaba
de extorsiones que se hacían a los ganaderos y
propietarios de la región, las cuales oscilaban entre 80
y 90 millones de pesos mensuales, por lo cual no
entiende cómo sólo fueron entregados 80 millones de
pesos para fines de reparación, cifra con la cual es
imposible indemnizar a más de 3.500 víctimas de los
hechos delictivos de este grupo armado al margen de
la ley.
33. El Procurador Delegado, explicó que para
garantizar la reincorporación de los miembros de
grupos armados debe desarrollarse un proceso de
carácter judicial, con una etapa de investigación y una
de juzgamiento, dentro de las cuales se establezca
que esa reincorporación va a contribuir a la paz y a la
reconciliación nacional, y tengan lugar los
presupuestos de verdad, justicia y reparación.
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34. Desde su perspectiva, son los postulados, ex
miembros de esos grupos al margen de la ley, quienes
solicitaron al Gobierno Nacional su incorporación a
este proceso, los obligados a cumplir con estas
expectativas. El proceso, dijo, no puede terminar de
una manera simple, como pretende la Fiscalía,
beneficiando al postulado con una pena alternativa sin
que se verifique por parte de la Sala de Conocimiento
el cumplimiento de los requisitos de elegibilidad
consagrados en la ley.
35. Planteó que de los cargos que se formularon
a WILSON SALAZAR CARRASCAL, el ingrediente de
verdad fue poco, pues, en lo que tiene que ver con el
homicidio de Luís Alberto Piña Jiménez, ya había una
sentencia condenatoria en su contra, y respecto de los
homicidios de Aída Cecilia Lasso Gemade y su menor
hija, no se supo qué contribuciones a la verdad hizo el
postulado, de modo que se pudiera cotejar la realidad
con lo que fue objeto de pronunciamiento por la
judicatura dentro de la sentencia proferida contra Juán
Francisco Prada Márquez y otros.
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36. Para el agente de Ministerio Público los delitos
de extorsión y falsedad en documentos, confesados
por SALAZAR CARRASCAL, de los cuales se
desconocen sus circunstancias, no tienen relación y
contextualización con el actuar de las Autodefensas
Campesinas del Sur del Cesar, sobre los cuales se
debe verificar los requisitos de elegibilidad, no sólo los
consagrados en los artículos 10 y 11 de la Ley 975 de
2005, sino frente al principio rector de este proceso
“Verdad, Justicia y Reparación”.
37. Concluyó el Procurador diciendo que WILSON
SALAZAR CARRASCAL no cumple con los requisitos de
elegibilidad exigidos por la ley para acceder a una
pena alternativa, ya que ni siquiera hizo confesión
completa y veraz, y no podría la Sala pronunciarse al
respecto mientras no tenga conocimiento de los 25
hechos nuevos aceptados por el postulado.
38. El defensor de WILSON SALAZAR
CARRASCAL, contrario a lo expuesto por el Procurador
Delegado, consideró que su defendido cumplió a
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cabalidad con los requisitos de elegibilidad
consagrados en la ley, pues, colaboró de manera
eficaz en el esclarecimiento de hechos que la Fiscalía
ni siquiera conocía, aceptó su participación en los
homicidios de Luís Alberto Piña Jiménez, Aída Cecilia
Lasso Gemade y su menor hija, relatando en detalle
las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se
desarrollaron y, por otro lado, pidió perdón a sus
víctimas e hizo la promesa de no repetición de esas
conductas.
39. Llamó la atención de la Sala sobre el objeto
del proceso y de la ley de Justicia y Paz que, según el
artículo 1º, es “facilitar los procesos de paz y la
reincorporación individual o colectiva a la vida civil de
miembros de grupos armados al margen de la ley…”,
de lo cual deriva que no se puede ser tan rigurosos al
momento de examinar los requisitos de elegibilidad de
los postulados, pues, de lo contrario, ninguno
encuadraría perfectamente en ellos.
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40. Dijo que no puede exigírsele a un patrullero,
como fue WILSON SALAZAR CARRASCAL, que por el
hecho de haber pertenecido durante 12 años al grupo
armado, tenga que saber qué bienes poseía su
comandante, qué vínculos tenía con las clase política o
con las autoridades de la región, cómo se financiaban,
etc., porque simplemente era uno más de los 253
integrantes del frente "Héctor Julio Peinado Becerra",
desconociendo que fue el primero que mostró su
credibilidad en este proceso y voluntariamente se
acogió a él.
41. Destacó que la indemnización económica no
es el único requisito para cumplir con la reparación
integral a las víctimas, puesto que existen muchos
otros mecanismos y actos simbólicos que se pueden
establecer para reconfortar el dolor de las personas
lesionadas con los diferentes delitos que cometieron
los integrantes de estos grupos ilegales.
42. Finalmente, solicitó que al momento de emitir
la sentencia condenatoria, la pena alternativa oscile
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entre 5 y 6 años; se de aplicación al artículo 31 de la
ley 975 de 2005, que tuvo vigencia entre el 25 de julio
de 2005 y el 18 de mayo de 2006, fecha en que la
Corte Constitucional declaró su inexequibilidad, y, en
consecuencia, se computen a la pena alternativa los
meses que WILSON SALAZAR CARRASCAL estuvo
detenido en los establecimientos de Justicia y Paz, que
para tal fin fijó el Gobierno Nacional, según
certificados del Alto comisionado para la paz y del
Director del INPEC.
IV. CONSIDERACIONES DE LA SALA
De la competencia:
43. Al tenor de lo dispuesto por el inciso 5º del
artículo 16 de la Ley 975 de 2005 y el Acuerdo
PSAA08-4641 del 12 de marzo de 2008, proferido por
la Sala Administrativa del Consejo Superior de la
Judicatura, la Sala de Justicia y Paz del Tribunal
Superior de Bogotá, es competente para conocer del
juzgamiento de hechos delictivos cometidos por los
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postulados durante y con ocasión de la pertenencia al
grupo armado organizado al margen de la ley.
De la conformación del grupo “Héctor Julio
Peinado Becerra”.
Estructura y organización.
44. Durante la vista pública, explicó el
Representante de la Unidad de Justicia y Paz de la
Fiscalía General de la Nación, que recopiló
información 11 de la cual ha podido establecer que en la
zona sur del departamento del Cesar, concretamente
en los municipios de Aguachica, Gamarra, González,
Pailitas, Pelaya, San Martín, Curumaní, Chiriguaná,
Tamalameque, La Gloria, San Martín y San Alberto,
durante las décadas de los setenta, ochenta y
noventa, hicieron presencia grupos como el Ejército de
Liberación Nacional "ELN", el Ejército Popular de
Liberación "EPL" y el Movimiento 19 de Abril "M-19",
11 Que ha sido acopiada y confrontada con las versiones libres que han rendido los diferentes
comandantes de bloque, con las investigaciones que ha adelantado la Fiscalía General de la
Nación y demás autoridades de policía judicial.
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motivados por la explotación agrícola, la ganadería, el
paso de un oleoducto por la zona, la comercialización
ilegal de combustibles y la compra de tierra por parte
de narcotraficantes, los cuales encontraban su
principal fuente de financiación a través de la
extorsión y el secuestro.
45. Con el tiempo las facciones insurgentes se
fueron fortaleciendo hasta que a finales de los años
ochenta iniciaron su aparición grupos de justicia
privada, uno de ellos denominado “Los Masetos”, con
origen en Puerto Boyacá, patrocinado por ganaderos y
palmicultores de la región, entre los que se
encontraban, la familia “Rivera Stapper”, dueños de la
hacienda “Riverandia”, ubicada en el municipio de San
Alberto Cesar, quienes habían sido víctimas de varios
secuestros y ataques por parte de la subversión.
46. Cuenta el Fiscal, que este grupo de justicia
privada inició una resistencia a los subversivos,
buscando la protección de la propiedad privada de los
ganaderos y agricultores de la región, con una
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arremetida frontal en contra de quienes eran
catalogados como colaboradores de la guerrilla o
simpatizantes de sus tendencias ideológicas, lo que
llevó a la intensificación de los homicidios, secuestros
y desapariciones de sindicalistas y miembros de
grupos políticos.
47. Posteriormente, el grupo “Los Masetos” fue
logrando autonomía en la región y, en el año 1992, se
crearon nuevas vertientes al mando de Roberto Prada
Gamarra, Luís Urrego Ovalle y el grupo del Tesoro,
hasta que en 1995 nació el grupo comandando por
Juán Francisco Prada Márquez, alias “Juáncho Prada
y/o Francisco Tabares”.
48. Las organizaciones inicialmente estaban
conformadas por no más de 25 hombres, con dos
comandantes, de los cuales uno era el principal, y un
pequeño grupo de patrulleros, con injerencia en los
municipios de Aguachica, San Martín, San Alberto y
Gamarra en el departamento del Cesar y en Ocaña, El
Carmen y Abrego en Norte de Santander.
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49. Tras la muerte de Roberto Prada Gamarra y
Luís Urrego Ovalle, Juán Francisco Prada Márquez, se
convirtió en el máximo jefe de las autodefensas del
sur del Cesar e inició una expansión geográfica al
municipio de Ocaña, donde operaba el grupo
comandado por “Roberto junior”, hijo de Roberto
Prada Gamarra.
50. Para el año 1999, el área de influencia de las
autodefensas del sur del Cesar cubría los municipios
de San Martín, Aguachica, Río de Oro en el Cesar y
Ocaña, la Playa, Hacari y Abrego en Norte de
Santander, creando un corredor de movilidad entre los
departamentos de Norte de Santander y el Sur del
Cesar.
51. Por otro lado, apuntó el Delegado, que luego
de una conferencia nacional, convocada por las
ACCU 12 , se hizo una integración de las autodefensas
de Santander y el Sur del Cesar y apareció la
estructura conocida como “Autodefensas Unidas de
12 La cual se llevó a cabo el 18 de abril de 1997 y ratificada el 16 de mayo de 1998
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Santander y el Sur del Cesar – AUSAC-“, que más
tarde se escindió por diferencias militares, dando lugar
a la formación de dos grupos independientes, las
Autodefensas Unidas de Santander y las Autodefensas
Campesinas del Sur del Cesar –ACSUC-, actual frente
“Héctor Julio Peinado Becerra”, nombre con el que se
conoce a partir de su desmovilización dentro del
proceso de Justicia y Paz.
52. Desde el año 1995, la estructura de las
Autodefensas Campesinas del Sur del Cesar –ACSUC-,
ahora frente “Héctor Julio Peinado Becerra”, tuvo
como cabecilla a Juán Francisco Prada Márquez, alias
“Juáncho Prada”, quien dirigía un grupo conformado
por dos comandantes financieros 13 ; dos comandantes
militares 14 ; dos comandantes políticos 15 ; un escolta 16 ;
un conductor 17 ; cuatro patrulleros, 18 entre quienes
13 Luís Antonio Carrillo Ortega alías “Franco” y Miguel Ángel López alías Harold.
14
Jhon Vega Alvernia alías Norris y Nocilay Solano Herrera alías Jorge.
15
Alberto Duran Blanco alías Barranquilla y Paúl Prada Lamus alias Antonio.
16
Misael Rodríguez alías Garcés.
17
Norman Herrera Franco alías El Tío.
18
Alexander Vergel alías Canal A, Gerardo Mora Colmenares alías García, Wilson Salazar
Carrascal alías El Loro y Ariel Zabala Vergel alías Gordo.
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figuraba WILSON SALAZAR CARRASCAL, alías el Loro;
dos radios chispas 19 , un miliciano 20 y un supervisor 21 .
53. Esta estructura fue creciendo, gracias a la
adhesión de otros frentes y grupos de autodefensas y
para el año 2006, las ACCU estaban al mando de
Salvatore Mancuso Gómez, alías “Mancuso”; el Bloque
Norte a cargo de Rodrigo Tovar Pupo, alías “Jorge 40”,
y las ACSUC comandadas por Juán Francisco Prada
Márquez alías “Juáncho Prada”.
54. El pie de fuerza del escuadrón “Héctor Julio
Peinado Becerra” era de 253 hombres, distribuidos en
tres grupos de contraguerrilla de 40 hombres cada
uno; 12 escuadras rurales y 4 urbanas, 5 conductores,
3 estafetas, 1 chalupero, 11 escoltas y 7 financieros,
que operaban en los municipios de Río de Oro, San
Martín y San Alberto en el departamento del Cesar y
Ocaña, La Playa y Abrego en Norte de Santander.
19 Luís José Sanabria alías Mincho y Ramón Torres Mendoza alías el Paisa.
20 Ramón David Torrado Navarro alías Salomón.
21 Roberto Prada Delgado alías Celio.
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Estatutos de constitución.
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55. Manifestó el Fiscal, que durante la segunda
Conferencia Nacional de las Autodefensas Unidas de
Colombia, que se cumplió los días 16, 17 y 18 de
mayo de 1998, se aprobó el “estatuto reglamentario
del régimen de constitución y disciplinario interno de
las Autodefensas Campesinas del Sur del Cesar”, en
que se señaló que las autodefensas campesinas del
Sur del Cesar, constituyen, en el campo militar, “una
organización regional antisubversiva en armas” y en el
campo político, “un movimiento de resistencia civil que
representa y define derechos e intereses nacionales
desatendidos por el Estado y gravemente vulnerados y
amenazados por la violencia guerrillera ”22 .
56. Según el capitulario, la plataforma ideológica
que sustenta el marco político de las Autodefensas, se
apoya en varios principios fundamentales, entre ellos,
la legítima defensa personal o colectiva; la defensa del
régimen democrático, de la libertad física como bien
22 Capítulo Uno: Definición y naturaleza de la Organización.
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jurídico superior, de la propiedad privada; el mandato
constitucional de defensa, protección y seguridad
ciudadana, no garantizado ni tutelado por el Estado; la
defensa de la unidad nacional; la paz como derecho
universal, “cuyo carácter supraestatal compromete a
toda la sociedad en su conquista y defensa”.
57. El movimiento de Autodefensas Campesinas
del sur del Cesar tenía misiones estratégicas en el
campo militar, político y social, y como objetivos
políticos desarrollar “acciones, tareas y operaciones
político –militares”, para lograr:
“1.- Oposición política y militar al aparato armado
subversivo en las mismas condiciones de provocación y
agresión planteadas por las organizaciones guerrilleras.
2.- Oposición política y estratégica al Estado rescatando el
monopolio de las armas delegado por el pueblo y
supliendo para la sociedad, los vacíos e inconsistencias
del Estado en el cumplimiento de la preceptiva
constitucional que le ordena garantizar la vida, el orden
social, la paz ciudadana, el patrimonio; la justicia social y
la seguridad pública entre otros.
3.- Representar y defender como actores políticos los
intereses de amplios sectores y de la sociedad; cuyos
derechos han sido desconocidos, amenazados o violados
por el Estado y las guerrillas.
4.- Participar como instancia prepositiva y decisoria en los
procesos de transformación de las estructuras políticas
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económicas y sociales del Estado dentro de un contexto
de concertación encaminado al logro de la paz.
5.- Promover y consolidar la organización política de
masas sobre cuya base descansa la representación social
y política de la organización en armas.
6.- Construcción de un proyecto político, de alcance y
dimensiones nacionales como canal de expresión de las
estructuras políticas de base y del estamento militar en la
etapa del conflicto armado y, como movimiento político
legal y democrático en la etapa del posconflicto.
7.- Propender por el mejoramiento de las condiciones de
vida de la población civil asentada en territorios de
influencia geopolítica de la organización, desarrollando
programas y proyectos en las áreas de educación, salud,
vivienda social, servicios básicos, economía agraria y vías
de comunicación entre otros. La reactivación económica y
social de las regiones devastadas por la guerra,
constituyen una prioridad política inaplazable para la
organización.
8.- Avanzar en la promulgación y difusión de los valores
de la democracia y del respeto a los derechos humanos
dentro de un marco de tolerancia, solidaridad, pluralidad,
convivencia pacifica y libertad de opinión.
9.- Difundir a nivel del estamento militar el análisis,
conocimiento y aplicación del Derecho Internacional
Humanitario, como instrumento ético de conducta en el
desarrollo de la guerra y, promover entre los actores
contendientes el establecimiento de un código local (para
el país) de humanización del conflicto.
10.- Proponer y facilitar una salida negociada al actual
conflicto armado de tal manera que la solución política
prime sobre la solución militar como última opción.” 23
23 Capítulo Tres. De los objetivos políticos, Estatuto de Constitución y Régimen Disciplinario.
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Modus operandi.
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58. Según la información suministrada por el
Fiscal Delegado, el Frente “Héctor Julio Peinado
Becerra”, seleccionaba a sus víctimas, entre quienes
estaban todas aquellas personas que fueran allegadas
o tuvieran alguna relación con la insurgencia;
ganaderos y agricultores de la región que incumplían
con el aporte mensual; servidores públicos con malos
manejos administrativos; informantes de organismos
de seguridad del estado; informantes o colaboradores
de la subversión; integrantes de organizaciones
políticas contrarias a los intereses políticos de las
autodefensas; delincuencia común y organizada;
consumidores de drogas alucinógenas; prostitutas;
indigentes e incluso quienes con su comportamiento
chocaban con prohibiciones impuestas por los mismos
grupos armados responsables de los ataques e
integrantes de la misma organización, quienes eran
obligados a salir desplazados de sus sitios de
residencia, otros eran torturados e incluso asesinados.
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Adquisición de armas y material de
intendencia.
59. Señaló el Delegado de ente acusador, que,
según la información suministrada en las versiones
libres por el comandante general y militar del frente
“Héctor Julio Peinado Becerra”, Juán Francisco Prada
Márquez, el material de intendencia era adquirido en el
mercado negro de Bogotá y Bucaramanga a través de
militares que eran contactados por Edgar Gemade 24 ;
las armas y uniformes utilizados por los integrantes
del grupo eran examinadas por alías “Mauricio”, quien
a su vez se encargaba de negociar el precio.
Financiación del frente “Héctor Julio Peinado
Becerra”.
60. De acuerdo con la información suministrada
por la Fiscalía, entre los financiadores y auxiliadores
de las Autodefensas del Sur de Cesar, se encontraban
24 Quien en la actualidad se encuentra en el programa de protección a víctimas de la Fiscalía
General de la Nación
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ganaderos, agricultores y propietarios de grandes
extensiones de tierra, quienes aportaban una cuota
mensual, con el fin que se les garantizara su seguridad
y las de sus tierras.
61. Así mismo, la organización exigía a los
vendedores de carne, conocidos en la región como los
“peseros” y a los parceleros de las veredas El
Remanso, La Consulta, La Culebra, Holanda, Candelia,
Puerto Oculto, un aporte mensual que variaba según
las ganancias que obtenían.
62. Otra fuente de financiación del frente era el
“gramaje”, que según lo manifestado por su
Comandante Militar, Alfredo García Tarazona, alías
“Mauricio o Arley” 25 , consistía en una cuota que los
cultivadores y comerciantes de coca y amapola de los
municipios de Ocaña, Abrego y la Esperanza (N. de
S.), pagaban mes a mes; con tarifas para los
cultivadores entre 1 y 2 millones de pesos, los
compradores de base de coca 15 millones de pesos,
25 Diligencia de versión libre llevada a cabo en el mes de diciembre de 2008.
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por kilo de coca se pagaba entre $400.000 y $600.000
y por cada botella de látex de amapola $400.000
pesos.
Ingreso y funciones desarrolladas por
WILSON SALAZAR CARRASCAL dentro del frente
“Héctor Julio Peinado Becerra”.
63. Wilson Salazar Carrascal ingresó a las
Autodefensas Campesinas del Sur del Cesar a
comienzos del año 1994 26 , bajo el mando del
comandante alías “Paso”. Su vinculación al grupo,
dice, fue por necesidad, pues no tenía trabajo y él y su
familia estaban atravesando una situación económica
tal que no le quedó otra alternativa que aceptar el
ofrecimiento que le hizo alías “Paso” de ingresar como
patrullero con un salario de $350.000 mensuales.
64. Durante todo el tiempo de militancia WILSON
SALAZAR se dedicó a “patrullar” los cerros de las
26 Manifestaciones hechas en la diligencia de versión libre llevada a cabo el 14 de diciembre de
2006. CD No. 1.
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veredas La banca, San Martín, Puerto Cuto, Terraplén,
La Salina, Los Pueblitos, San José, la Rampla, Los
Bagres, para informar los movimientos de los grupos
insurgentes.
De los requisitos de elegibilidad:
65. Surtido el trámite procesal, según dispone el
inciso final del artículo 24 de la ley 975 de 2005,
corresponde a la Sala evaluar los requisitos de
elegibilidad, en orden a concluir si el desmovilizado
colectivo WILSON SALAZAR CARRASCAL, puede
acceder a la pena alternativa.
66. El artículo 10 de la Ley 975 de 2005,
establece que podrán acceder a los beneficios
consagrados en esta ley, los miembros de un grupo
armado organizado al margen de la ley que hayan sido
o puedan ser imputados, acusados o condenados como
autores o partícipes de hechos delictivos cometidos
durante y con ocasión de la pertenencia a esos grupos,
siempre que no puedan ser beneficiarios de algunos de
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los mecanismos consagrados en la Ley 782 de 2002, y
que se encuentren en el listado que el Gobierno
Nacional remita a la Fiscalía General de la Nación, y se
reúnan además las siguientes situaciones:
a) Que el grupo armado organizado de que
se trata se haya desmovilizado y
desmantelado en cumplimiento de
acuerdo con el Gobierno Nacional.
b) Que se entreguen los bienes producto de
la actividad ilegal.
c) Que el grupo ponga a disposición del
Instituto Colombiano de Bienestar familiar
la totalidad de menores de edad
reclutados.
d) Que el grupo cese toda interferencia al
libre ejercicio de los derechos políticos y
libertades públicas y cualquiera otra
actividad ilícita.
e) Que el grupo no se haya organizado para
el tráfico de estupefacientes o el
enriquecimiento ilícito.
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f) Que se liberen las personas secuestradas,
que se hallen en su poder.
67. La Sala ha podido comprobar que el Frente
"Héctor Julio Peinado Becerra", comandado por Juán
Francisco Prada Márquez, en cumplimiento de diálogos
con el gobierno nacional, concretamente del “Acuerdo
de Santa Fe de Ralito” 27 suscrito con las AUC en
procura de alcanzar la paz nacional, se desmovilizó en
la Vereda Torcoroma, Municipio de San Martín,
Departamento del Cesar, el 3 de marzo de 2006, con
253 integrantes, dentro de los cuales se encontraba
WILSON SALAZAR CARRASCAL, alias “El Loro”, según
certificación que para tal efecto expidió el Alto
Comisionado para la Paz.
68. En el acto de sometimiento el grupo “Héctor
Julio Peinado Becerra” hizo entrega de 179 armas, 357
27 Ver folios 129 y ss c.o.1 de verificación requisitos de elegibilidad y folios
10 y 11 de cuaderno de anexos.
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granadas, 3 cohetes PG7 y 35.054 cartuchos de
distintos calibres 28 .
69. Por otra parte, según información
suministrada por el Instituto Colombiano de Bienestar
Familiar, Grupo de Atención a Víctimas de la Violencia,
se pudo establecer que de los niños, niñas y
adolescentes desvinculados de los grupos armados
organizados al margen de la ley, que han ingresado al
proceso de atención especializado, desde julio de 2001
al 1 de diciembre de 2006, ninguno manifestó
pertenecer al frente "Héctor Julio Peinado Becerra" 29 .
De igual manera, la Fiscalía General de la Nación logró
determinar que este grupo ilegal no tuvo en sus filas
menores reclutados y que sólo dos ingresaron siendo
menores de edad, pero, se desmovilizaron siendo
adultos.
70. De acuerdo a las investigaciones adelantadas
por la Fiscalía General de la Nación en la región donde
28 Véase Informe del alto comisionado para la paz y acta 421 del 5 de marzo de 2006, a partir
del folio 2 y ss. cuaderno de anexos.
29 Folio 153 c.o. 1 de verificación requisitos de elegibilidad.
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delinquió el Frente "Héctor Julio Peinado Becerra", no
se han encontrado elementos materiales probatorios
referentes a violaciones contra el libre ejercicio de los
derechos políticos y libertades públicas, después de la
desmovilización del grupo.
71. No encontró la Fiscalía elementos materiales
probatorios que lleven a concluir que el Frente se haya
organizado para cometer el delito de narcotráfico o
enriquecimiento ilícito, pues según el “Estatuto de
Constitución y Régimen Disciplinario” de las
Autodefensas Unidas de Colombia, se creó como una
“organización regional antisubversiva en armas y en el
campo político un movimiento de resistencia civil que
representa y defiende derechos e intereses nacionales
desatendidos por el Estado y gravemente vulnerados y
amenazados por la violencia guerrillera”.
72. Para efectos de la reparación a las víctimas,
el bloque “Héctor Julio Peinado Becerra” hizo entrega
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de 5 motocicletas, 2 camionetas 30 y ochenta millones
de pesos.
73. Finalmente, la Fiscalía no tuvo conocimiento
de la existencia de personas secuestradas en manos
del frente paramilitar desmovilizado.
74. En este orden, debe indicar la Sala, merced a
las acreditaciones formales presentadas por la Fiscalía
General de la Nación, que los requisitos de elegibilidad
para la desmovilización colectiva, a que se refiere el
artículo 10 de la ley 975 de 2005, se encuentran
satisfechos.
75. No obstante, aún cuando el proceso justicia y
paz apenas comienza, se advierte que en este caso los
bienes entregados voluntariamente para reparación
por parte del frente “Héctor Julio Peinado Becerra”,
son exiguos en comparación al número de
desmovilizados, a la entidad de las violaciones a los
derechos humanos cometidas por el grupo y en
30 Véase folio 23 cuaderno de anexos.
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proporción a la cantidad de personas afectadas en
años de operación, tal como apuntó uno de los
representantes de las víctimas en audiencia de
alegatos de conclusión.
76. Por otra parte, tampoco puede pasar
desapercibido el Tribunal que existen informes de
organismos internacionales que ponen en duda la real
desarticulación de las estructuras paramilitares en el
país porque muchos de los desmovilizados han vuelto
a rearmarse o a fomentar la creación de bandas que
atentan contra los derechos humanos. 31 Al respecto el
Decimosegundo Informe Trimestral del Secretario
General al Consejo Permanente Sobre la Misión de
Apoyo al Proceso de Paz en Colombia, (MAPP/OEA),
indica:
“Una dinámica similar ocurre con las víctimas en el
sur del Cesar, donde al temor generado por la
presencia de facciones armadas ilegales, se le suma el
control que tienen sobre instancias la familia Prada y
el grado de control social. Especialmente en San
Martín, las víctimas relatan que en el momento de
31 Informe de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos sobre la
situación de los derechos humanos en Colombia en 2006, 2007 y 2008.
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diligenciar los formatos de hechos atribuibles, los
funcionarios municipales se rehúsan a escribir los
nombres de posibles perpetradores – miembros de la
familia Prada -.”
77. Las anteriores situaciones, en cuanto pueden
afectar los requisitos de elegibilidad, demandan una
mayor actividad de la Fiscalía para efectos de su real
comprobación, dado que si bien el decreto 423 de
2007 reglamentó los artículos de la ley de justicia y
paz referentes a los requisitos de elegibilidad, ello no
la releva de la obligación de hacer una investigación y
verificación efectiva sobre ellos.
78. Ahora bien, el cumplimiento formal de los
requisitos de elegibilidad, a los cuales se ha hecho
referencia anteriormente, no concede aún al postulado
el derecho a gozar de una pena alternativa, pues, es
necesario el examen de otros componentes
sustanciales del procedimiento de justicia y paz,
referidos a la indemnización de las víctimas, su
colaboración individual con la justicia, y su
resocialización 32 .
32 Artículo 8 decreto 4760 de 2005
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79. El artículo 42 de la ley 975 de 2005 establece
a los miembros de los grupos armados que resulten
beneficiarios de sus disposiciones, el deber de reparar
integralmente a las víctimas de aquellas conductas
punibles por las que fueren condenados mediante
sentencia judicial y, por su parte, el decreto 3391 de
2006 indica que el carácter integral de la reparación
no se establecerá en función exclusiva de las acciones
de naturaleza económica.
80. A través de las diversas instancias procesales
ha salido a relucir que el sometido no tiene intención
de reparar a sus víctimas, primero, porque siempre ha
indicado que carece de bienes para hacerlo y,
segundo, porque el único inmueble que poseía lo
traspasó a su compañera permanente, hecho que se
cumplió, según el certificado de libertad 33 que obra en
el expediente, el 4 de octubre de 2006, y no días
antes de su desmovilización como se dijo en la vista
pública.
33 Folio 337 cuaderno del Tribunal de Barranquilla No. 2
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81. La Corte Constitucional al referirse al punto
de la entrega de bienes para reparación, precisó:
“En estas circunstancias no parece necesario que en
esta etapa la persona entregue parte de su patrimonio
lícito, pues al menos técnicamente, no existe aún un
título para dicho traslado. Ciertamente, los bienes de
procedencia ilícita no le pertenecen y, por lo tanto, la
entrega no supone un traslado de propiedad sino una
devolución a su verdadero propietario -mediante la
restitución del bien- o al Estado. Sin embargo, su
patrimonio lícito le pertenecerá hasta tanto no exista
una condena judicial que le ordene la entrega. En
cambio, los bienes producto de la actividad ilegal,
todos ellos sin excepción, deben ser entregados como
condición previa para acceder a los beneficios que
establece la Ley 975/05. 34 ”
82. Así pues, el que WILSON SALAZAR
CARRASCAL hubiera traspasado el único inmueble
poseído a su compañera permanente antes o después
de su sometimiento a Justicia y Paz, no puede ser
entendido por el Tribunal como causal para
sancionarlo con la inelegibilidad, puesto que no se
demostró en el proceso que el bien tuviera un origen
ilícito, únicos respecto de los cuales impera la
obligación de entrega.
34 Sentencia C-370/06, Corte Constitucional.
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83. Una lectura integral de los componentes
jurídicos de justicia y paz permite manifestar, sobre
casos concretos, que una imposibilidad para
indemnizar a las víctimas no sería motivo por sí sola
para declarar inelegible un postulado, sino que la
falencia podría verse compensada con un alto
contenido de verdad y colaboración con la justicia o
con otros actos alternativos de reparación, como
declaraciones públicas de perdón y arrepentimiento,
promesa de no repetición de tales conductas, etc.
84. De acuerdo con los planteos anteriores,
WILSON SALAZAR CARRASCAL no puede ser declarado
inelegible porque, según aseguró la Fiscalía,
contribuyó a la develación de las estructuras del frente
paramilitar “Héctor Julio Peinado Becerra”, mostró
arrepentimiento y pidió perdón a las víctimas por las
conductas cometidas; además, que su único inmueble
fue puesto a disposición de extinción de dominio con
miras a que integre el patrimonio del Fondo de
Reparación.
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Rad. 11001600253200680526
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85. Entiende la Sala que WILSON SALAZAR
CARRASCAL inicialmente contribuyó con la paz
nacional al desmovilizarse colectivamente con el grupo
“Héctor Julio Peinado Becerra” de las AUC, en cuanto
ello implicó una reducción del número de actores en
conflicto, pero, además de lo anterior, debe verificarse
si su versión libre satisface las exigencias necesarias
para predicar que ayudó a la justicia en el
esclarecimiento de hechos constitutivos de graves
crímenes contra los derechos humanos.
86. La contribución con la justicia, tal como ha
dicho la jurisprudencia Constitucional y de la Corte
Suprema de Justicia, debe verse reflejada en la
confesión de todos los hechos en los cuales el
desmovilizado haya tenido participación o conocido
con motivo de su militancia en el grupo armado ilegal.
A su vez, la confesión de participación debe ser
detallada, circunstanciada y profunda, de manera que
permita su constatación y admisibilidad a través de la
investigación que en su momento ha de efectuar la
Fiscalía General de la Nación.
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87. En cuanto a la intervención del acogido a la
ley por testificación, igualmente, lo expuesto debe ser
claro, preciso, circunstanciado, motivado y, en
general, rico en detalles para que hacia futuro le sirva
a la Fiscalía como un medio de prueba para precisar la
ocurrencia del hecho o sus circunstancias o para
atribuir la intervención o responsabilidad criminal.
88. Sólo de esta manera se evitarán en el
proceso de Justicia y Paz las confesiones de los
postulados sobre hechos hipotéticos o irreales, o la
asunción de responsabilidad por hechos de terceros o
simplemente las supuestas contribuciones a través de
testificaciones generales y vagas, con poco aporte a la
elucidación de graves violaciones a los derechos
humanos.
89. Como graves hechos de violación a los
derechos humanos WILSON SALAZAR CARRASCAL
confesó en versión libre su participación en los
homicidios de la señora Aída Cecilia Lasso Gemade, la
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menor Sindy Paola Rondón Lasso y Luis Alberto Piña
Jiménez.
90. En relación con el homicidio de Aída Cecilia
Lasso Gemade y Sindy Paola Rondón Lasso, el
postulado SALAZAR CARRASCAL narró los hechos de la
siguiente manera:
“nos encontrábamos en la vereda el cobre, de ahí el
señor Cura le hizo una llamada a Tito, Tito me escogió
a mí para salir a San Alberto, dijo vámonos para San
Alberto que el Cura me llamó, yo le dije bueno
vamos; pero no sabía para qué el cura lo había
llamado, si era para cometer el hecho o no se sabe
para qué pasaría, yo me monté en la moto y me fui
con él. El Cura nos estaba esperando en el parque de
San Alberto, el cura fue y nos señaló la casa de la
señora Cecilia Lasso, como a las 6:30 de la tarde, fue
y nos señaló la casa y nos dijo aquí es donde vive la
señora Cecilia Lasso, una casa con unos arbolitos y
unos palitos muy bonitos.
…Como a las 7:00 de la noche se fue el señor Tito
conmigo y entró a la casa y mas atrás entré yo,
entonces cuando nosotros íbamos entrando, la niña
de la señora llegó y gritó: ¡mamá la vienen a matar!,
en esos hechos se le colgó la niña al señor Tito en el
pescuezo, y cuando yo ví la señora, entonces yo le
disparé en dos ocasiones a la señora, y viendo que la
niña estaba en el cuello él le hizo así (con el brazo
muestra como tito apartó a la niña) y la mandó al mueble y
cuando estaba en el mueble Tito sacó la pistola y llegó
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y le disparó en la barriga y le quitó la vida, y a la
señora le disparé yo.
De ahí cogimos y nos montamos en la moto y nos
fuimos, ya el hecho estaba cometido y arrancamos, la
moto la habíamos dejado como a una cuadra
escondida…” 35
91. El Representante del Ministerio Público en sus
alegaciones finales, expresó sus dudas frente a las
circunstancias en las que sucedieron los anteriores
hechos, pues, en su criterio, WILSON SALAZAR
CARRASCAL narró una situación fáctica muy distinta a
la consignada en la sentencia proferida por estos
graves crímenes contra Juán Francisco Prada Márquez.
92. Dadas las reclamaciones de la Procuraduría,
para efectos de verificar al menos mínimamente el
contenido de verdad de la versión libre de WILSON
SALAZAR CARRASCAL, pidió la Sala oficiosamente al
Juzgado Especializado de Valledupar piezas procesales
dentro de la actuación seguida a Juán Francisco Prada
Márquez y otros, tales como sentencia de primero y
segundo grado, actas de levantamiento, protocolos de
35 Diligencia de Versión Libre CD No.5, record 4:58
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necropsia y las declaraciones de Daniel Toloza
Contreras y Nelson Humberto Rondón, que
examinadas en conjunto permiten concluir que si bien
hay diferencias, no deslegitiman a tal grado la versión
libre del postulado como para motivar su exclusión del
proceso de justicia y paz.
93. El señor Humberto Rondón Rivera, esposo y
padre de las víctimas rindió tres declaraciones sobre
los hechos. En la primera, afirmó que:
“… se presentaron cuatro individuos aduciendo que
eran de las autodefensas, preguntaron por mi esposa,
y dijeron que saliera que tenían que hablar con ella,
mas (sic) ella no quiso salir de la casa, y entonces ella
les dijo que entraran y dialogaran dentro de la casa, en
ese momento dí la espalda cogiéndome uno de ellos
con un arma apuntándome en la cara, era una pistola,
y me dijo que no me metiera que no interviniera, me
sacó fuera de la casa tirándome al piso boca abajo,
haciéndome golpear fuertemente contra el piso, en
donde quedé semi-inconsciente, y de ahí en adelante
no supe yo mas (sic) nada.”
94. Posteriormente, en la tercera ocasión que
tuvo para declarar, refiriéndose al número de personas
que actuaron dijo que “A la vivienda si ingresaron dos
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personas, más por fuera según también testimonios de
los vecinos habían quedado dos personas más a los
alrededores de la casa.” Lo que significa que Rondón
Rivera, seguramente por la conmoción del ataque
recibido, no pudo apreciar directamente el número de
implicados que intervinieron al momento de la
materialización de los crímenes.
95. Y con relación a las lesiones infligidas a la
señora Lasso Gemade, Humberto Rondón Rivera,
aseguró:
“Mi esposa fue torturada, golpeada salvajemente con el
garrote que llevaban los homicidas, a ella le
aparecieron a más de los hematomas, costillas
fracturadas, las manos y brazos golpeados, la cabeza
con golpe violento, viéndose la parte osea (sic) de la
sien derecha,…”
96. Sin embargo, al analizar el acta de
levantamiento de cadáver y el protocolo de necrópsia
no se encuentran manifestaciones de una agresión
brutal con “garrote”, como dice el testigo, sino algunas
lesiones en cabeza y miembro superior izquierdo,
aparentemente de menor entidad.
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97. El anterior panorama no se clarifica tampoco
con la versión jurada del ex paramilitar Daniel Toloza
Contreras, quien aunque asegura que se planeó el
homicidio de la señora Lasso Gemade, “… a garrotes
para que no dijeran que eran las autodefensas, fue las
primeras palabras del sr. Javier sarate (sic)…”, y que
en el hecho participaron “Los sicarios uno le decían
angelito, el loro que siempre he mentado, el otro nico,
y el otro es tocayo el sobrino de don Juáncho que
murió”, con ello no queda desmentida la versión del
desmovilizado SALAZAR CARRASCAL porque, tal como
se ha visto, estas afirmaciones constituyen hipótesis
sujetas a confirmación.
98. Así pues, debe darse crédito en este
momento a la versión del postulado puesto que el
Tribunal no cuenta con elementos probatorios que
permitan afirmar lo contrario, además, que los
representantes de las víctimas se declararon
satisfechos con los contenidos de verdad divulgados
por SALAZAR CARRASCAL.
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99. La situación presentada, a raíz de la
intervención del Ministerio Público, debe obligar a la
Fiscalía a profundizar en la investigación de los
hechos, sin conformarse exclusivamente con el dicho
del postulado, en una labor seria y exhaustiva, con
actitud proactiva y crítica, para que se garantice a la
sociedad y a las víctimas en toda su extensión el
derecho a la verdad respecto de los episodios de
violación a los derechos humanos, que es el objetivo
que imponen la ley de Justicia y Paz 36 , la Carta Política
y los instrumentos internacionales 37 . Huelga recordar
lo que sobre el tema ha dicho la Corte Suprema de
Justicia:
“En el terreno de las violaciones de los derechos
humanos y al derecho internacional humanitario, el
derecho a saber la verdad que tiene la sociedad, pero
primordialmente las víctimas, es autónomo, inalienable
e imprescriptible, y apunta a un correlativo deber del
Estado de adoptar medidas adecuadas para preservar
la memoria y divulgación de ese saber, que surge a su
vez de las obligaciones de garantizar un recurso
efectivo, acceso a la justicia, investigar las violaciones
a los Derechos Humanos y al Derecho Internacional
Humanitario y cooperar para la prevención y sanción
36 Ver artículos 4, 7 y 15 de la ley 975 de 2005, sobre obligación de investigación.
37 Véase a este efecto el pacto internacional de derechos civiles y políticos, así como la
convención americana de derechos, entre otros documentos, en lo relacionado con la obligación
de investigación de los estados de las graves violaciones de derechos humanos.
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de los delitos internacionales y las graves violaciones
de Derechos Humanos que tienen los Estados.
El derecho a saber la verdad trasciende la elemental
información de los hechos y abarca el conocimiento de
los autores, causas, modos y motivos por los que
ocurrieron aquellos y que significaron violación a los
derechos humanos y al derecho internacional
humanitario.
Ese derecho a la verdad trasladado al ámbito de la Ley
de Justicia y Paz parte del supuesto de plenitud y
veracidad en la versión que rinden los miembros del
grupo armado organizado al margen de la ley, pues al
someterse el desmovilizado a esta forma especial de
justicia adquiere el compromiso de confesar de manera
completa y veraz todos los hechos en los que ha
participado o de los que tenga conocimiento, durante y
con ocasión de su pertenencia al grupo armado
ilegal…” 38
100. Quiere decir lo anterior, que si bien dentro
del proceso de Justicia y Paz la Honorable Corte
Suprema de Justicia aceptó la imputación parcial de
conductas punibles cometidas por los desmovilizados,
con ello no abrió una compuerta para que pudieran
faltar a su obligación inquebrantable de confesar
integralmente en la versión libre todos los crímenes en
que hubieren tomado parte y aquellos que hubieren
38 Corte Suprema de Justicia, Segunda 30120 del 23 de julio de 2008. M.P. Dr. Alfredo Gómez
Quintero.
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conocido con motivo de su pertenencia al grupo
armado ilegal.
101. Las imputaciones parciales constituyen un
instrumento práctico para destrabar el proceso de
justicia y paz, pero no indican que el postulado queda
en absoluta libertad para dividir su confesión en
estancos o para recomponerla a su amaño cuantas
veces quiera. Cuando el sometido agota en la versión
libre el relato sobre un hecho, debe hacerlo integral y
ampliamente, pues, en las sesiones posteriores no
podrá volver sobre el caso para modificar su dicho.
102. El desmovilizado WILSON SALAZAR
CARRASCAL ya tuvo la oportunidad procesal para
referirse al crimen de la señora Lasso Gemade y su
hija, de modo que él asumirá las consecuencias que
eventualmente se puedan derivar del quebrantamiento
a su obligación de decir la verdad en la versión libre,
tal como corresponde a la seriedad y el rigor con que
los postulados deben afrontar el proceso de Justicia y
Paz, que no está diseñado para cambiar penas
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ordinarias por una alternativa y concretamente para
que se entienda que las versiones libres no son un
solaz donde lo que se afirma hoy puede ser mutado
fácilmente con posterioridad.
103. Con relación a la confesión de WILSON
SALAZAR CARRASCAL sobre el caso Piña Jiménez,
respecto del cual también la Procuraduría expresó sus
inconformidades, en el entendido que por este crimen
ya le fue impuesta una pena de 19 años de prisión, sin
que se conozca aporte adicional a la verdad, estima el
Tribunal que no es posible hacer en esta sentencia un
pronunciamiento ya que por este hecho no se le
podían formular nuevos cargos al postulado, y,
además, porque se trata de un tema en el cual hubo
decisión con fuerza de cosa juzgada, por lo que
cualquier análisis quedará postergado para el
momento de considerar una eventual acumulación de
penas.
104. La resocialización, está definida como la
promoción o el fomento de condiciones sociales que
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independientemente de las relaciones con el Estado,
favorezcan en los seres humanos el desarrollo integral
de su persona. 39
105. Para los efectos de la ley 975 de 2005 la
resocialización encarna un proceso y, por lo tanto, un
seguimiento dentro de algún lapso de tiempo concreto,
previo el establecimiento de unos cometidos
relacionados con diversos aspectos del
comportamiento del postulado, que en este momento
la Sala no ha fijado ni medido, pero que como en
términos del artículo 29 de la ley son un compromiso
hacia el futuro serán sin duda objeto de una adecuada
vigilancia.
106. Dimana de los artículos 2 y 72 de la ley 975
de 2005 que debe examinar el Tribunal si los delitos
por los cuales se le formularon cargos a WILSON
SALAZAR CARRASCAL, fueron cometidos durante y con
ocasión de su pertenencia al grupo “Héctor Julio
Peinado Becerra” de las AUC.
39 Diccionario de la Real Academia Española de la Lengua, 22ª. Edición.
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107. El estudio sobre este aspecto tiene que
partir de reconocer que Colombia, desde hace varios
lustros, se encuentra sumida en una grave situación
de conflicto armado interno, que ha ocasionado
reiteradas y permanentes violaciones a los derechos
humanos, realidad en medio de la cual se firma el
“Acuerdo de Santa Fe de Ralito para Contribuir a la
Paz de Colombia” con las AUC, que busca la
desactivación de las confrontaciones, el
restablecimiento del monopolio de la fuerza en manos
del Estado y la reinserción de estos desmovilizados a
la vida civil 40 .
108. Luego de signado el anterior pacto para el
cese de hostilidades, se produce el trámite, discusión y
aprobación de la ley de justicia y paz que, de una
parte, ampara los delitos cometidos por los
desmovilizados a partir del momento en el cual
iniciaron su vinculación o pertenencia a la organización
al margen de la ley y hasta el 24 de julio de 2005,
inclusive, y, de otra, circunscribe la posibilidad de
merecimiento de los beneficios de alternatividad a que
40 Cuaderno 1 de Verificación Requisitos de Elegibilidad, folios 134 y 135.
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los delitos perpetrados en el anterior ámbito temporal
tengan relación concreta con las actividades del grupo
ilegal o con las tareas encomendadas al postulado en
cada caso en particular.
109. WILSON SALAZAR CARRASCAL ingresó a las
AUC el 15 de enero de 1994 y perteneció a ellas hasta
su desmovilización, el 3 de marzo de 2006, de modo
que los delitos por los cuales se le formularon cargos,
es decir, extorsión, homicidio en concurso homogéneo
y sucesivo y falsedad material en documento público,
que fueron realizados en el lapso comprendido entre
1998 y el 2003, formalmente reúnen el requisito de
haber sido ejecutados durante la militancia en la
estructura ilegal.
110. Si WILSON SALAZAR CARRASCAL se dedicó
durante toda su militancia en el frente “Héctor Julio
Peinado Becerra” al patrullaje, tal como ha afirmado la
Fiscalía, resulta consecuente admitir que los delitos
materia de acusación, esto es, extorsión y, homicidio
en concurso homogéneo y sucesivo, fueron cometidos
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con ocasión de su pertenencia a las AUC, puesto que
los asesinatos de la candidata a la alcaldía de San
Alberto y su hija acontecieron en cumplimiento de
órdenes impartidas por sus comandantes, que no
podían ser desacatadas o discutidas, igual que la
extorsión, que, como se sabe, constituía una de las
formas normales de financiamiento de la asociación al
margen de la ley.
111. Para el Tribunal resulta evidente que el
postulado SALAZAR CARRASCAL, por su escaso grado
de formación escolar, por su desempeño como
patrullero raso y por la conformación jerarquizada del
mando paramilitar para el que actuaba, no le era
exigible un comportamiento distinto al de someterse y
cumplir con la órdenes impartidas, so pena de la
aplicación de severas medidas de carácter disciplinario
112. En cuanto al delito de falsedad material en
documento público, pudiera pensarse de entrada, tal
como hizo el Delegado de la Procuraduría, que no
puede estar cobijada por la ley de justicia y paz, toda
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vez que no constituye agresión a los derechos
humanos, menos al derecho internacional humanitario
y tampoco parece tener relación con la actividad ilegal
desarrollada por el sometido SALAZAR CARRASCAL;
sin embargo, observa el Tribunal, que el acto de
procurarse una nueva identidad obedeció a la
pretensión de eludir la acción de la justicia,
concretamente para resguardarse y burlar una orden
de captura en su contra, razón por la cual si se halla
conexa con el giro normal de su papel como
componente de las AUC.
113. Analizados los anteriores aspectos, se
concluye que por los delitos materia de formulación de
cargos WILSON SALAZAR CARRASCAL, hasta el
presente momento, debe ser tenido como elegible y
candidato al otorgamiento condicionado de una pena
alternativa, que se establecerá una vez se fije la pena
ordinaria.
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De la sentencia ordinaria.
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114. Los parámetros básicos para dictar
sentencia condenatoria se encuentran en los artículos
13 y 24 de la ley 975 de 2005 y 232 del Código de
Procedimiento Penal, ley 600 de 2000, que imponen,
de una parte, el deber de motivación de la decisión, y,
de otra, que no se podrá dictar sentencia condenatoria
sin que obre en el proceso prueba que conduzca a la
certeza de la conducta punible y de la responsabilidad
del procesado.
115. Las anteriores exigencias tendrán que ser
ajustadas en los casos concretos, apreciando que la
Ley de Justicia y Paz está inmersa dentro de un
paquete de medidas tomadas por el Estado en procura
de alcanzar la paz nacional y la realidad indica que
muchos de los hechos y circunstancias denunciadas
por las víctimas o reconocidos por los desmovilizados
de los grupos al margen de la ley, que constituyen
graves violaciones a los derechos humanos o al
derecho internacional humanitario, son de difícil
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prueba, dado que, el paso del tiempo, el temor de los
testigos para declarar, la carencia de rastros o huellas
del delito o la destrucción de evidencia, afectan o
imposibilitan la obtención de pruebas que puedan
brindar certeza de la ocurrencia de los hechos o de la
responsabilidad de los procesados.
116. El legislador, consciente de las dificultades
para investigar tan graves hechos, plasmó en la ley el
estímulo de relajación en la respuesta punitiva a
cambio de colaboración con la justicia, consistente
básicamente en la confesión y en el aporte de
evidencia de carácter probatorio, de forma que se
haga posible el castigo de los agravios a los derechos
humanos y la reparación de las víctimas.
117. El escenario procesal de Justicia y Paz, a
diferencia de lo que ocurre en el proceso ordinario, no
debe iniciar con una contención entre Fiscalía,
postulado y víctimas, sino con una actitud de sensata
colaboración de cada uno de los actores, que permita
hacia futuro el descubrimiento o la reconstrucción de
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la verdad histórica de los crímenes contra los derechos
humanos y el derecho internacional humanitario, y el
castigo de sus autores y partícipes.
118. Ahora bien, es necesario invocar el principio
de buena fe para que tanto el contenido de las
declaraciones de las víctimas como de las versiones de
los sometidos, se acepten hasta cuando se demuestre
lo contrario, sin que ello obvie el deber de la Fiscalía
de adelantar investigaciones serias y exhaustivas
sobre los hechos y sus circunstancias, o impida a las
víctimas y al Ministerio Público el ejercicio de actos de
control natural sobre todos los aspectos del proceso de
Justicia y Paz.
De la materialidad y responsabilidad en los
hechos punibles por los cuales se formularon
cargos.
Caso Lasso Gemade y Rondón Lasso.
119. La Fiscalía allegó al proceso suficientes
elementos de juicio para establecer fehacientemente
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los decesos de Aída Cecilia Lasso Gemade y su hija
Sindy Paola Rondón Lasso, como consecuencia de
heridas ocasionadas con arma de fuego; tales como
copia del protocolo de necropsia y actas de inspección
de los cadáveres practicadas por la inspección del
Municipio de San Alberto, Cesar el 21 de junio de
2000 41 .
120. El Fiscal Delegado ante la Unidad de Justicia
y Paz, señaló que la adecuación típica de estos hechos
corresponde a los artículos 103 y 104 del Código
Penal, ley 599 de 2000, aplicable al desmovilizado por
favorabilidad 42 , bajo la denominación de “doble
homicidio agravado realizado en forma homogénea y
sucesiva”.
121. Imputó la Fiscalía a SALAZAR CARRASCAL
como circunstancias de agravación específicas de los
crímenes, las contenidas en los numerales 6, 7 y 10
del artículo 104 del estatuto penal, que prescriben:
41
Solicitada de manera oficiosa por parte del Tribunal al Juzgado penal del Circuito
Especializado de Valledupar.
42
El artículo 324 del Código Penal de 1980, establece una pena de prisión de 40 a 60 años.
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“Ley 599 de 2000. Artículo 104. Circunstancias de
agravación: la pena será de veinticinco (25) a cuarenta
(40) años de prisión, si la conducta descrita en el artículo
anterior se cometiere:
…
6. Con sevicia.
7. Colocando a la víctima en situación de indefensión o
inferioridad o aprovechándose de esta situación.
…
10. Si se comete en persona que sea o haya sido servidor
público, periodista, juez de paz, dirigente, dirigente
sindical, político o religioso en razón de ello…”
122. La tipificación de los hechos en los cuales
perdieron la vida la señora Lasso Gemade y su menor
hija, concierne actualmente a la denominación de
homicidios en personas protegidas por el derecho
internacional humanitario, ya que se trataba de
miembros de la población civil no involucrados en el
conflicto armado interno que vive el país, sólo que,
como la imputación y cargos formulados por la Fiscalía
se hicieron por crímenes corrientes, no pueden
aplicarse al responsable WILSON SALAZAR
CARRASCAL unas consecuencias más gravosas.
123. Además de lo anterior, el crimen fue
debidamente estudiado y planeado en sus
circunstancias por los mandos del hoy frente “Héctor
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Julio Peinado Becerra”, para lo cual, hubo cuando
menos tres reuniones, tal como declaró Daniel Toloza
Contreras, alias El Cura, también partícipe en los
hechos, veamos:
“Las fechas exactas no las tengo pero el intervalo la
primera reunión fue para planear hablar (sic) los
alcaldes JAVIER SARATE (sic) y GERARDO JAIMES
discutieron con RODOLFO PRADILA le comentaron de
que AIDA CECILIA LASSO era una de las que más les
estaba haciendo peso y ahí fueron planeando de
asesinarla pero que mejor se le avisara para que se
fuera de la zona, esa reunión fue hecha en la finca de
don GERARDO, empezó mas (sic) o menos a las diez
de la mañana llevaron unas botellas de wisky (sic),
estaba JAVIER ZARATE, GERARDO JAIMES, RODOLFO
PRADILLA, y el comandante julio (sic) palizada y había
unos tres muchachos de la convivir, yo era uno,…, la
segunda reunión fue como no hubo nada y haya (sic)
fueron unos paramilitares y le dijeron que de parte de
las AUC necesitamos que desocupe a san (sic) Alberto
como ella no hizo caso entonces fue donde plantearon
otra reunión que no se el tiempo mas (sic) o menos
como un mes eso la planteaban entre ellos ahí ellos me
decían y yo les avisaba…En la segunda reunión
asistieron GERARDO JAIMES, RODOLFO PRADILLA,
JAVIER ZARATE, JUANCHO PRADA, LINCON CASTILLA,
y en ese momento se habló mucho sobre políticos y
también se habló sobre el asesinato de AIDA CECILIA
pero no se planeo (sic) no se hizo el planeamiento ahí.
En la tercera reunión fue donde ya estuvo el capitán
que ahí si se necesitaba supongamos 15, 20 días como
un mes así ya si se necesitaba la presencia del capitán
y también se hicieron presentes los mismas (sic) que
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nombre (sic) anteriormente fue donde ya se planeó la
manera como se iba a asesinar…” 43
124. En este orden, los hechos transgredieron no
sólo el ordenamiento penal interno sino también
principios básicos de derecho internacional
humanitario, que justifican por sí solos su reproche;
los asesinatos en referencia resultan aun más
censurables si se tiene en cuenta que allí confluyeron
otras circunstancias especiales que lo hacen más
gravoso, como que quienes perdieron la vida eran
mujeres, una de ellas estudiante y adolescente de
escasos 13 años de edad y, por otro lado, que la
señora Lasso Gemade se encontraba desarrollando
actividades políticas en torno a su aspiración a la
Alcaldía de San Alberto Cesar, razón esta, que parece
ser el motivo de la agresión.
125. WILSON SALAZAR CARRASCAL en versión
libre, con el cumplimiento de todas las garantías
procesales, confesó su participación en el doble crimen
diciendo que tuvo lugar el 21 de junio de 2000, en
horas de la tarde, luego que alías “El Cura” les
43 Aparte de la declaración jurada de Daniel Toloza Contreras, rendida en audiencia pública
surtida el 6 de abril de 2005 ante el Juzgado Especializado de Valledupar.
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señalara el domicilio de la señora Aída Cecilia Lasso, y
en compañía de alías “Tito” ingresaron a la casa donde
“Tito le disparó a la niña en el estómago y yo le
disparé a la señora Aída” 44 .
126. Además, las labores investigativas
cumplidas por la Fiscalía con motivo de los hechos,
permiten aceptar la confesión como veraz, toda vez
que en diligencia de reconocimiento fotográfico 45 ,
Daniel Toloza Contreras identificó a WILSON SALAZAR
CARRASCAL como uno de los autores materiales de los
homicidios de Aída Cecilia Lasso Gemade y su hija
Sindy Paola Rondón Lasso, señalamiento creíble si se
tiene en cuenta que “…fue subalterno mío en el año
1999 en los momentos o en la temporada que se
llevaron a cabo en el (sic) homicidio de AÍDA CECILIA
LASSO aunque de plano trabajaba como escolta de
JUAN PRADA pero él me lo prestó para el homicidio
que se llevó a cabo de AÍDA CECILIA LASSO y su
pequeña hija, él me lo prestaba para casos de
sicariato…” 46
44 Diligencia de versión libre, enero 10 de 2007, Cd No. 5 minuto 4:58.
45 Ver folio 14 cuaderno hecho confesado No. 2
46 Folio 16 cuaderno hecho confesado No. 2, con base en testimonio de Daniel Toloza
Contreras.
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127. Como se ha visto, se impone como
conclusión la declaratoria de responsabilidad de los
execrables crímenes de que fueron víctimas Aída
Cecilia Lasso Gemade y Sindy Paola Rondón Lasso al
frente “Héctor Julio Peinado Becerra de las AUC y
como autor material de los mismos a WILSON
SALAZAR CARRASCAL, por lo cual se procederá a
individualizar la respectiva sanción.
Falsedad Documentaria.
128. Consistió en que WILSON SALAZAR
CARRASCAL dispuso la tramitación y obtención de una
nueva cédula de ciudadanía, a través del registro civil
No. 32539457 47 a nombre de Jorge Castro Ropero,
trámites que se adelantaron el 24 de enero de 2003
ante la oficina de la Registraduría Nacional del Estado
Civil de Gamarra Cesar; fue así como se le asignó un
nuevo cupo numérico No. 5’031.759, no obstante que
ya era portador de su documento de identidad No.
77.131.463, expedida en San Martín Cesar.
47 Folio 12 cuaderno hecho confesado No. 4.
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129. Como móvil de la comisión de esta
conducta, adujo el postulado que era conocedor de la
existencia de una orden de captura en su contra,
razón por la cual optó por este procedimiento con el
fin de eludir la acción de la justicia.
130. Para la demostración de la objetividad del
comportamiento, la Fiscalía aportó copia del registro
civil de nacimiento a nombre de Jorge Castro Ropero,
que constituye documento público, el cual fue
empleado para demandar a la Registraduría la
expedición de una nueva cédula de ciudadanía. Se
concluye por la apocrifidad del documento de estado
civil por cuanto su beneficiario ya estaba debidamente
identificado y cedulado con el nombre de WILSON
SALAZAR CARRASCAL.
131. El registro civil de nacimiento es el
documento que por excelencia prueba dentro del
tráfico jurídico la existencia de una persona en Colombia y,
a su vez, la cédula constituye el instrumento idóneo para
probar la identidad y la ciudadanía, de manera que los
atentados contra la fe pública que afecten cualquiera
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de los referidos documentos, se castiga como falsedad
en documento público.
132. La acusación al desmovilizado por este
hecho quedó corta, porque la obtención de la nueva
identidad, a nombre de Jorge Castro Ropero, no
obedeció a un acto instantáneo sino a un proceso, que
inició necesariamente con la falsificación del acta de
registro civil de nacimiento y continuó con el uso de
documento público falso ante la Registraduría de
Aguachica, y finaliza con la errónea expedición de la
cédula de ciudadanía.
133. De todas formas, es evidente que hubo
actuación dolosa, reprochable e injustificada del
procesado, que afectó la confianza pública como
quiera que la Registraduría Nacional del Estado Civil,
como se dijo, con base en un registro civil
necesariamente falso, expidió a WILSON SALAZAR
CARRASCAL otra cédula de ciudadanía, avalando con
ello una nueva identidad, lo cual es contrario a las
prescripciones civiles que disponen que este atributo
de la personalidad es único.
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134. El postulado SALAZAR CARRASCAL obtuvo y
utilizó su nueva identidad hasta cuando se produjo su
desmovilización el 3 de marzo de 2006, cuando
conocidos los hechos por la Registraduría Nacional del
Estado Civil ordenó cancelación del cupo No.
5’031.759, a nombre de Jorge Castro Ropero, por
doble cedulación, mediante resolución número 5586
de 2006.
135. Los análisis anteriores permiten concluir que
WILSON SALAZAR CARRASCAL debe ser declarado
responsable del delito de falsedad material en
documento público que sanciona el artículo 287 del
Código Penal, Ley 599 de 2000.
Extorsión.
136. En forma muy somera WILSON SALAZAR
CARRASCAL, señaló que en compañía de OMAR
ANTONIO RIVERA, alías “Yesid”, se desplazaron por
zona rural del corregimiento La Estación, jurisdicción
del municipio de Gamarra Cesar, y se dirigieron a una
finca agrícola y ganadera - sin saber quién era el
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propietario-, y exigieron bajo su condición de miembros
de las AUC la suma de tres millones de pesos, siendo
capturados por la Policía Nacional cuando se disponían
a recoger el dinero.
137. La Fiscalía General de la Nación, en un
intento por esclarecer este hecho, tal como lo ordena
el artículo 15 de la Ley 975 de 2005, realizó labores
investigativas y obra en el expediente el informe No.
007 UNFJP-UEPJ del 6 de febrero de 2007, presentado
por cuatro investigadores criminalísticos en el que se
señala lo siguiente:
“…En igual sentido se obtuvo copia de la indagatoria de
WILSON SALAZAR CARRASCAL recepcionada en su
momento por la Fiscalía 20 Seccional de Aguachica –Cesar
por la presunta conducta delictiva de porte ilegal de
armas de fuego, la cual se anexa en seis folios, así mismo
declaración de los policiales que participaron en la captura
que en forma general deponen que por información de
varias personas de fincas de la región aledañas a los
municipios de Aguachica y Gamarra, que dos individuos
que se movilizaban en una motocicleta morada, estaban
exigiendo dinero a ganaderos de la región, sin precisar
nombres de ofendidos o víctimas por tal delito en
concreto…
De otro lado los suscritos nos trasladamos al municipio de
Gamarra- Cesar, ubicando el sitio conocido como la
estación, lugar en el cual se señala en el informe policivo
fue la aprehensión del sujeto WILSON SALAZAR
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CARRASCAL, vía que tiene salida al corregimiento de
Norean el área en su totalidad rural, esta conformada por
un sinnúmero de fincas de gran extensión de pastos y
sembrados de arroz, lugar en el cual se indagó a los
pocos transeúntes que se encontraron durante nuestro
recorrido por la situación de orden público en la región,
recibiendo al unísono la respuesta que la zona goza de
gran tranquilidad e inmejorable orden público,
desconociendo situaciones en moradores de la región
víctimas de extorsiones o boleto por parte de grupo o
persona alguna, cabe anotar que de el mencionado
recorrido se cuenta con registro fílmico, que denota la
escasa presencia en la actualidad de viviendas cerca de
las vías de acceso, lo que impidió un acercamiento con
moradores, cabe anotar que en la actualidad parte de la
vía ya se encuentra pavimentada y que por espacio de
cuarenta y cinco (45) minutos nos adentramos por dicho
carreteable ya destapado sin lograr ubicar vivienda alguna
cercana de donde obtener mayor información, cabe
anotar que dado el lapso transcurrido desde 1998 resulta
difícil la obtención de mejores datos al respecto” 48 .
138. Aunque no allegó la Fiscalía acusadora
elemento probatorio directo que confirme el cargo de
extorsión, reconocido voluntariamente por el
desmovilizado, para los efectos del procedimiento de
Justicia y Paz, merced al informe investigativo citado,
en el cual anunciaron los investigadores la recepción
de las declaraciones de los efectivos que por el año
1998 dieron captura a SALAZAR CARRASCAL y otro
acompañante, cuando por voces ciudadanas se
48 Folio 27 cuaderno Hecho confesado No. 6.
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denunciaban esta clase de atropellos, estima la Sala
que con lo anterior se brinda suficiente ilustración para
dar por cierta la ocurrencia del reato.
139. Como soporte de la anterior conclusión, se
tiene además que está probado que el frente “Héctor
Julio Peinado Becerra” utilizaba la extorsión a
ganaderos y comerciantes del Sur del César como una
de sus principales fuentes de financiación, de donde
resulta muy probable que efectivamente a WILSON
SALAZAR CARRASCAL se le encomendaran este tipo
de misiones, tal como libremente lo señaló en su
versión y consta en el cuerpo de esta sentencia, en el
acápite de “Financiación del frente “Héctor Julio
Peinado Becerra”.
140. No obstante, véase lo que indicó el señor
Fernando Mario Ferrer Pérez, patrullero de la Policía
Nacional, quien participó en la captura de SALAZAR
CARRASCAL y alías “Tito” en el año 1998, al
interrogársele sobre los motivos que originaron este
procedimiento:
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“…Esto ocurrió así: El subintendente RINCON y el Mayor
MEJIA recibieron una información en el sentido que por la
zona de la Estación habían dos manes que estaban
extorsionando a los ganaderos de esa zona, eso fue el
jueves 29 de octubre del año en curso (1998), esa
información la recibieron ellos como a la 1:30 de la tarde
y ordenaron un patrullaje a la zona, nosotros salimos con
destino al sitio conocido como la Estación a eso de la 2:30
de la tarde, en ese patrullaje íbamos 4: el subintendente
RINCON, el Agente BAUTISTA DUARTE, y el patrullero
ROJAS CARDONA OSCAR, y yo: llegamos cerca al sitio
conocido como la Estación y empezamos a patrullar por
los caminos y trochas que están por ahí; a eso de las 4 de
la tarde, venían dos tipos en una moto; iban en una de
las tantas trochas que hay, nosotros al verlos nos
escondimos y cuando ellos estaban pasando como especie
de un arroyito, los detuvimos para practicarle un requisa,
la requisa la realizó el subintendente RINCÓN y el
patrullero ROJAS, y le encontraron una pistola uzi (sic),
otra pistola niquelada, cinco proveedores, una granada y
plata en efectivo, después los esposamos y los
desplazamos hasta el comando de la Policía…” 49
141. Aunque por regla general casi siempre se
considera la extorsión como un delito común, a través
del cual el actor busca obtener de las víctimas un
beneficio material bajo la amenaza de ejercer violencia
contra la persona, sus familiares o sus bienes, parece
razonable que en medio del conflicto armado
Colombiano, deje de tener el calificativo de “común”
para avanzar al de grave afrenta al derecho
49 Folios 23 y 24 cuaderno hecho confesado No. 6
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internacional humanitario, en cuanto dirigido
indiscriminadamente hacia todas las actividades
productivas, lícitas e ilícitas, exacerba el
sojuzgamiento de la población civil en las zonas
dominadas o vigiladas por los actores armados.
142. El bloque de autodefensas “Héctor Julio
Peinado Becerra”, tal como expuso la Fiscalía General
de la Nación, nutría sus fondos casi exclusivamente
con los dineros provenientes de extorsiones a
comerciantes, ganaderos, cultivadores, traficantes,
etc., razón por la cual tal práctica se convirtió como un
arma adicional en el conflicto, pero dirigida contra la
población civil, que afecta no sólo el patrimonio
económico, sino múltiples bienes jurídicos, como la
autonomía personal y colectiva, al establecer una
ilegal forma de servidumbre, que rememora
instituciones vigentes en las más rancias épocas de la
colonización americana, sin que los afectados
encuentren la menor posibilidad de rechazo, dada la
poca protección estatal.
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143. En el contexto anterior, resulta reprochable
el comportamiento del frente paramilitar y el de
SALAZAR CARRASCAL por el cual fue acusado y aceptó
cargos, consecuencia de lo cual el Tribunal procederá a
reglar la sanción de conformidad con el artículo 355
del Código Penal, Decreto 100 de 1980.
Dosificación Punitiva.
144. No obstante el escaso grado de escolaridad
de WILSON SALAZAR CARRASCAL, para los efectos de
este proceso, se considera sujeto imputable, con
suficiente capacidad para conocer y distinguir la
realidad y para comportarse de acuerdo con esas
pautas.
145. El postulado SALAZAR CARRASCAL hacía
parte de un grupo al margen de la ley, con una
estructura jerarquizada y bajo el imperio de estrictas
normas disciplinarias, que incumplidas podrían llevar
hasta a la pena capital; no obstante, los delitos que
cometió carecen de justificación o exculpación en
cuanto que las órdenes impartidas estaban dirigidas
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expresamente a violar los derechos humanos, en cuyo
caso no opera el principio de obediencia debida, y, por
otro lado, el ingreso voluntario a la organización al
margen de la ley implicaba la comisión indiscriminada
de crímenes y por consecuencia la asunción de los
riesgos inherentes a la persecución estatal.
146. La individualización de la pena se hará
teniendo en cuenta lo que indican los artículos 54 a 61
de la ley 600 de 2000, valorando la mayor o menor
gravedad de la conducta, el daño real o potencial
creado, la naturaleza de las causales que agraven o
atenúen la punibilidad, la intensidad del dolo, la
preterintención o la culpa concurrentes, la necesidad
de la pena y la función que ella ha de cumplir en el
caso concreto.
147. Los delitos confesados y aceptados por el ex
integrante de las AUC, WILSON SALAZAR CARRASCAL,
son: homicidio agravado en concurso homogéneo y
sucesivo, extorsión y falsedad material en documento
público, de los cuales el más grave es el primero.
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148. Como la Fiscalía no discriminó las causales
de agravación específicas concurrentes en uno u otro
homicidio, se fijará la pena para uno cualquiera de los
casos, por ejemplo para el asesinato de Aída Cecilia
Lasso Gemade y luego se adicionará lo que
corresponda por el concurso de los demás tipos
penales infringidos.
149. El delito de homicidio agravado, tipificado en
el artículo 104 del Código Penal, ley 599 de 2000,
tiene prevista inicialmente una pena que oscila entre
25 y 40 años de prisión, es decir, de 300 a 480 meses
y los cuartos para efectos de la individualización
quedan así:
150. Cuarto mínimo de 300 meses a 345 meses;
primer cuarto medio de 345 meses 1 día a 390 meses;
segundo cuarto medio de 390 meses 1 día a 435
meses y el cuarto máximo de 435 meses un 1 día a
480 meses.
151. Como la Fiscalía no imputó circunstancias de
mayor punibilidad para ninguno de los dos homicidios,
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de las contenidas en el artículo 58 del Código Penal,
tiene el Tribunal obligación de fijar la pena dentro del
cuarto mínimo, es decir, entre 300 y 345 meses de
prisión.
152. Atendiendo los criterios de ponderación del
artículo 61 del ordenamiento sustantivo, sobre todo a
la manera ponderada como se planeó y ejecutó el
crimen, con una participación múltiple de personas,
aprovechándose de su estado de indefensión y
teniendo en cuenta los móviles políticos del atentado,
como quiera que a la víctima ya la habían intimidado
los paramilitares para abandonar San Alberto Cesar,
dejando el camino libre a otros aspirantes a la Alcaldía
Municipal, el Tribunal dada la inusitada gravedad del
hecho dispone que la sanción para WILSON SALAZAR
CARRASCAL será de 340 meses de prisión.
153. Siguiendo las pautas del artículo 31 del
Código Penal, se incrementará la pena por los otros
delitos concursados, homicidio agravado, extorsión y
falsedad material en documentos públicos, 120 meses
más, cifra que no desborda los límites permitidos de
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sanción, para que el condenado SALAZAR CARRASCAL
purgue una pena ordinaria total de 460 meses de
prisión.
154. Como pena accesoria, se impondrá al
sentenciado de conformidad con el artículo 44 del
Código Penal, inhabilitación para el ejercicio de
derechos y funciones públicas, por un lapso de 20
años.
De la pena alternativa
155. La alternatividad, es un beneficio que
incorpora una rebaja punitiva significativa, a la cual
pueden acceder los miembros de un grupo armado
organizado al margen de la ley que se sometan a un
proceso de reincorporación a la vida civil, y que hayan
sido autores o partícipes de hechos delictivos
cometidos durante y con ocasión de la pertenencia a
esos grupos; su concesión está condicionada al
cumplimiento de unos requisitos, orientados a
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satisfacer a cabalidad los derechos de las víctimas a la
verdad, la justicia, la reparación y la no repetición 50 .
156. La Corte Constitucional dispuso que “la
alternatividad penal es un beneficio consistente en
suspender la ejecución de la pena ordinaria aplicable
en virtud de las reglas generales del Código Penal,
para que en lugar de cumplir esta pena ordinaria, el
condenado cumpla una pena alternativa menor, de un
mínimo de 5 años y de un máximo de 8 años. En la
sentencia condenatoria, primero se fija la pena
ordinaria (la principal y la accesoria) – labor ya
desarrollada por la Sala – y, segundo, se reemplaza dicha
pena, cuya ejecución es suspendida por ministerio de
la ley, por la pena alternativa de 5 a 8 años, entre
otras determinaciones que han de tomarse en la
sentencia. En el concepto de alternatividad penal
adoptado en la ley 975 de 2005 la pena ordinaria no
desaparece, sino que es fijada en la sentencia. Lo que
sucede es que el condenado que reúna los requisitos
establecidos en dicha ley se beneficia con una pena
alternativa inferior que también ha de ser fijada en la
50 Corte Constitucional C-370 del 18 de mayo de 2006.
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sentencia. Es esta pena alternativa la que
efectivamente debe cumplir el condenado” 51
157. El artículo 8 inciso 2 del decreto 4760 de
2005, dice que de conformidad con los artículos 3, 24,
29 y 44 de la ley 975 de 2005, el beneficio jurídico de
suspensión de la ejecución de la pena determinada en
la respectiva sentencia reemplazándola por una pena
alternativa consistente en la privación de la libertad
por un período mínimo de cinco años y no superior a
ocho, tasada de acuerdo con la gravedad de los delitos
y la colaboración efectiva en el esclarecimiento de los
mismos, únicamente podrá concederse en la sentencia
si se encuentra acreditada la contribución del
beneficiario a la consecución de la paz nacional, la
colaboración con la justicia, la reparación a las
víctimas, su adecuada resocialización y el
cumplimiento de los requisitos establecidos en la ley
975 de 2005, incluyendo los previstos en los artículos
10 y 11 de la misma, según sea del caso.
51 Corte Constitucional C-370 de 2006
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158. Las anteriores exigencias, sobre todo
relativas a la elegibilidad, ya fueron objeto de decisión
dentro de la sentencia, aceptándose que WILSON
SALAZAR CARRASCAL contribuyó con su
desmovilización a la paz nacional y, además, colaboró
con la justicia confesando en versión sus crímenes y
posteriormente aceptando los cargos formulados por la
Fiscalía. Además, a pesar de no contar con los bienes
necesarios para indemnizar los perjuicios causados, su
actitud y disposición para participar en el proceso bajo
los parámetros de la ley 975 de 2005, facilitó que las
víctimas pudieran reclamar los perjuicios sufridos, por
lo que se predica el cumplimiento de las condiciones
para conceder la alternatividad.
159. Así las cosas, estableciendo equivalencias
con relación al procedimiento realizado para
determinar la pena de prisión ordinaria de acuerdo con
las Reglas del Código Penal, se suspenderá la
ejecución de la pena ordinaria determinada en esta
sentencia y se reemplazará por una alternativa
consistente en la privación de la libertad por un
periodo de setenta (70) meses.
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160. Para tal efecto, el postulado deberá suscribir
acta en que se comprometa a contribuir con su
resocialización a través del trabajo, estudio o
enseñanza durante todo el tiempo que permanezca
privado de la libertad, y a promover actividades
orientadas a la desmovilización del grupo armado al
margen de la ley, tal como lo dispone el inciso
segundo del artículo 8° del Decreto 4760 de 2005, so
pena de revocar el beneficio concedido.
161. De otra parte, se impondrá también a
WILSON SALAZAR CARRASCAL la obligación de tomar
no menos de 500 horas de estudio y formación en
derechos humanos y el deber de someterse a
valoración y tratamiento psicológico que conduzca a su
plena readaptación y resocialización.
162. Consecuencia del beneficio reconocido a
favor del desmovilizado, la inhabilitación para el
ejercicio de derechos y funciones públicas, será por
periodo equivalente al de la pena alternativa impuesta.
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163. Sin embargo, la Sala suspenderá la
aplicación de esta pena alternativa, hasta tanto el
Fiscal Delegado ante la Unidad de Justicia y Paz de la
Fiscalía General de la Nación, realice la imputación del
delito de concierto para delinquir agravado, tal como
ordenó la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema
de Justicia, en decisión proferida el 28 de mayo de
2008, y de los nuevos punibles que según se ha
informado aceptó el señor WILSON SALAZAR
CARRASCAL 52 .
De la acumulación jurídica de penas
164. El artículo 20 de la Ley 975 de 2005,
permite la acumulación de sentencias, siempre que los
delitos por cuales fueron dictadas se hayan cometido
durante y con ocasión de la pertenencia del
desmovilizado a un grupo armado organizado al
52 Corte Suprema de Justicia, Segunda Instancia 29560, M.P. Dr. Agusto Ibáñez Guzmán: “…se
condicionará la pena alternativa a la prosperidad de la actuación paralela que deberá
promoverse contra WILSON SALAZAR CARRASCAL por el delito de concierto para delinquir
agravado y las otras imputaciones a que haya lugar con ocasión de los daños colectivamente
causados por la organización y respecto de los cuales también deba responder el desmovilizado,
en tanto se ajusten las categorías de atribución subjetivas que corresponden a los miembros de
organizaciones criminales.”
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margen de la ley, evento en el cual se aplicará lo
dispuesto por el Código de Procedimiento Penal 53 .
165. Sobre la acumulación jurídica de penas, la
Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de
Justicia ha dicho que procede cuando se cumplan las
siguientes exigencias:
“a) Que contra una misma persona se hayan proferido
sentencias condenatorias en diferentes procesos y las
mismas estén ejecutoriadas. (negrilla fuera del
texto).
b) Que las penas a acumular sean de igual naturaleza.
c) Que los delitos no se hayan cometido con
posterioridad al proferimiento de sentencia de primera
o única instancia en cualquiera de los procesos.
d) Que las penas no hayan sido impuestas por razón
de delitos cometidos por la persona cuando se
encontraba privada de la libertad. Y,
e) Que las penas no estén ejecutadas y no se
encuentren suspendidas.” 54
166. En el presente asunto, tenemos que
WILSON SALAZAR CARRASCAL fue condenado por el
Juzgado Penal del Circuito Especializado de Valledupar,
53 Artículo 460 del Código de Procedimiento Penal.
54 Auto del 19 de noviembre de 2002 radicado 7026, M.P. Dr. Yesid Ramírez Bastidas.
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el 25 de marzo de 2003, a la pena de 19 años de
prisión por el homicidio del señor Luís Alberto Piña
Jiménez y por el delito de porte ilegal de armas,
decisión que fue confirmada el 1º de agosto de 2006,
por la Sala Penal del Tribunal Superior de Valledupar
encontrándose debidamente ejecutoriada, situación
que no es posible predicar del presente fallo y que trae
como consecuencia que no sea este el momento para
emitir pronunciamiento sobre posible cúmulo jurídico
de penas.
De la Reparación Integral:
167. Dentro de las presentes diligencias, los
abogados de la Defensoría del Pueblo que representan
a víctimas reconocidas, solicitaron a la Sala ordenar la
apertura de incidente de reparación, para lo cual
presentaron las siguientes pretensiones:
Jiménez.
Caso homicidio del señor Luís Alberto Piña
168. A favor de Mari Luz Piña Reyes y Jorge
Andrés Reyes Cárdenas, hijos de crianza debidamente
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reconocidos por el occiso Piña Jiménez, se
demandaron indemnizaciones, así:
169. Por daños materiales $38’789.897 pesos,
discriminados así:
Mari Luz
Piña
Reyes
Jorge
Andrés
Reyes
Cárdenas
Lucro
cesante
debido
Lucro
cesante
futuro
Total lucro
cesante
Daño
emergente
actualizado
93
Total daños
y perjuicios
$15.207.514 0 $15.207.514 0 $15.207.514
$16.163.103 $7.419.279
$23.582.383
170. Por daño inmaterial y al proyecto de vida, la
restitución del derecho a la educación, afectado con la
muerte del señor Piña Jiménez; para lo cual ofreció
como prueba certificado expedido por el Instituto
Educativo “La Unión” de Aguachica Cesar 55 , donde
consta que Mari Luz Piña Reyes y Jorge Andrés Reyes
Cárdenas estudiaron hasta segundo y séptimo grado
de educación básica, respectivamente.
55 Folio 60 cuaderno Tribunal Bogotá No. 1
0 $23.582.383

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171. Por daño moral y sicológico, a criterio de la
Sala, teniendo en cuenta el artículo 97 del Código
Penal y la sentencia C-916 de 2002 de la Corte
Constitucional.
172. Agotada la fase conciliatoria dispuesta por el
artículo 23 de la Ley 975 de 2005 56 , la apoderada de
Mari Luz Piña Reyes y Jorge Andrés Reyes Cárdenas,
ratificó sus pretensiones por perjuicios materiales,
pero, con ánimo conciliatorio, redujo la aspiración por
daño moral a 300 salarios mínimos legales mensuales
vigentes para Mari Luz piña Reyes, incluido el daño
psicológico, y para Jorge Andrés Reyes Cárdenas 200
salarios mínimos legales mensuales vigentes 57 .
173. Fracasada la conciliación, continuó el trámite
incidental escuchando las declaraciones de Edgar
Betancurt Rubiano y Libia Striedinger Lozano, Mari Luz
Piña Reyes, Jorge Andrés Reyes Cárdenas, Zoraida
Elena Portilla Mejía y Daria Luz Piña Jiménez.
56 “Admitida la pretensión, la Sala la pondrá en conocimiento del imputado que ha aceptado los
cargos y a continuación invitará a los intervinientes a conciliar”.
57 Audiencia del 19 de agosto de 2008, Cd. No. 1, minuto 23.
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174. A favor de Aidé Reyes Cárdenas, compañera
permanente de Luís Alberto Piña Jiménez, y de sus
menores Luís Alfonso, Brayan Alexánder y Jhonatan
Alberto Reyes Cárdenas, hijos biológicos de Piña
Jiménez sin reconocer para el momento de su muerte,
las siguientes compensaciones:
175. Por perjuicios materiales $248’205.603
pesos, discriminados así:
Aide
Reyes
Cárdenas
Luís
Alfonso
Reyes
Cárdenas
Brayan
Alexander
Reyes
Cárdenas
Jhonatan
Alberto
Reyes
Cárdenas
Lucro
cesante
debido
Lucro
cesante
futuro
$79.859.930 $80.457.477
Total lucro
cesante
$16.600.235 $10.314.239 $26.914.474
Daño
emergente
actualizado
$160.317.407 $1.346.707
0
Total daños y
perjuicios
$161.664.114
$ 26.914.474
$16.600.235 $14.445.713 $31.045.949 0 $31.045.949
$16.600.235
$11.980.830 $28.581.066
176. Constitución de un fideicomiso a favor de los
menores víctimas, del cual hagan parte los dineros
0 $28.581.066
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cancelados por indemnización, a fin de garantizarles a
futuro el derecho a la educación.
177. Por daño moral a instancia de Sala, de
conformidad con lo dispuesto por el artículo 97 del
Código Penal y la jurisprudencia de la Corte
Constitucional.
178. Por daño inmaterial, registrar en el Estado
Civil a los menores con el apellido del señor Luís
Alberto Piña Jiménez, en su calidad de padre, de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 44 de la
Constitución Política 58 .
179. En la etapa conciliatoria, 59 la representante
de las víctimas corroboró su pretensión respecto a los
daños materiales y reconsideró la tasación de los
morales, valuándolos en 200 salarios mínimos legales
mensuales vigentes para la señora Aide Reyes
Cárdenas y 150 salarios mínimos legales mensuales
58 Esta petición fue atendida inmediatamente por el Tribunal, para lo cual se solicitó el concurso
del Defensor de Familia y del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, quien asumió el
compromiso de adelantar los trámites del caso.
59 Artículo 23 Ley 975 de 2005
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vigentes para los menores Luís Alfonso, Brayan
Alexander y Jhonatan Alberto Reyes Cárdenas 60 .
180. Para probar los ingresos del fallecido
aportaron certificación expedida por el Hospital José
David Padilla Villafañe del Municipio de Aguachica
Cesar 61 , en que consta tiempo de servicios y salario
devengado, y para demostrar gastos con motivo del
sepelio, la factura 2072 del 23 de octubre de 1999 62 ,
autorizada por la funeraria San Roque de Aguachica
(César), en la que se certifica que los gastos
funerarios del señor Luís Alberto piña Jiménez
ascendieron a la suma de $778.000. En audiencia
pública declaró Edgar Betancurt Rubiano, perito de la
Unidad Operativa de investigación Criminal de la
Defensoría del Pueblo, Regional Bogotá.
Caso homicidio de la señora Aída Cecilia
Lasso Gemade.
181. Se hicieron parte como víctimas la señora
Leonor Gemade de Lasso, madre de la occisa, y sus
60 Audiencia del 19 de agosto de 2008, Cd. No. 1 minuto 25.
61 Folio 65 cuaderno Tribunal de Bogotá No. 1
62 Folios 136 cuaderno Tribunal de Bogotá No. 1
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hermanos Sandra Constanza, Jinex y Efraín Lasso
Gemade, quienes reclamaron por perjuicios morales
1000 salarios mínimos legales mensuales vigentes
para cada uno. Adicionalmente, para la señora Leonor
Gemade de Lasso, a título de compensación por el
daño a la vida de relación con la causante, 100
salarios mínimos legales mensuales vigentes.
182. En fase conciliar, los daños sufridos por la
señora Leonor Gemade de Lasso fueron reducidos a la
suma de 100 salarios mínimos legales mensuales
vigentes, mientras que se mantuvo incólume el monto
por el daño a la vida relación 63 .
183. El Representante de los hermanos Sandra
Constanza, Jinex y Efraín Lasso Gemade también
redujo su petición por daños morales a 100 salarios
mínimos legales mensuales vigentes.
63 Audiencia del 19 de agosto de 2008, Cd. No. 1 minuto 25
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De las alegaciones finales dentro del
incidente de reparación:
184. Agotada la práctica de pruebas del incidente
de reparación, como conclusión expusieron los
intervinientes:
185. Los representantes de las víctimas, en
general, ratificaron las pretensiones de sus demandas.
186. El Fiscal Delegado exhortó a la Sala para
que las víctimas se indemnicen por los conceptos que
han solicitado, pues, en su criterio quedó demostrado
el daño psicológico y emocional que han padecido, al
perder de manera atroz a sus seres queridos.
187. Se mostró de acuerdo en que los integrantes
de la familia Lasso Gemade deben recibir una
indemnización por daños morales equivalente a 100
salarios mínimos legales mensuales vigentes para cada
uno de ellos; 200 salarios mínimos legales mensuales
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vigentes para Aidé Reyes Cárdenas y sus tres menores
hijos; respecto a Mari Luz Piña Reyes y Jorge Andrés
Reyes Cárdenas 300 y 200 salarios mínimos legales
mensuales vigentes, respectivamente 64 .
188. Por último, invitó al Tribunal a realizar
seguimiento permanente a las formas de reparación
que se llegaren a determinar, para que la asistencia
médica y sicológica que se brinde a las víctimas se
convierta en verdadera rehabilitación.
189. El Agente del Ministerio Público, discurrió
ampliamente sobre los conceptos de reparación en el
proceso de justicia y paz, y consideró que las
solicitudes elevadas por los representantes de las
víctimas se quedaron cortas y fueron reiterativas en lo
económico, sin tener en cuenta que en un proceso de
justicia transicional no todo se puede resolver con
dinero.
64 Audiencia del 7 e noviembre de 2008, Cd No. 6 minuto 27.
100

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190. Estimó que en el caso de Mari Luz Piña
Reyes, no pudo probarse que su falta de adecuación y
resolución del duelo, esté directamente relacionada
con el hecho criminal de la muerte de Luís Alberto Piña
Jiménez, pues, existieron otros acontecimientos en su
vida que la afectaron emocionalmente. Sobre las
pretensiones, señaló que el perito no logró sustentar
con claridad los datos de los cuales derivó las
conclusiones a las que llegó y que consignó en el
informe que expuso ante esta Sala, no encuentra que
éste tenga una conexión lógica, valedera, cierta y
adecuada, además porque el mismo perito reconoció
que no cumplió con los parámetros necesarios para
verificar que la información de la cual iba a deducir sus
conclusiones fuera fidedigna.
191. De otro parte, planteó la problemática de la
cosa juzgada, que se suscita con la sentencia proferida
por el Juzgado Penal del Circuito Especializado de
Valledupar el 25 de marzo de 2003, que condenó al
pago de 500 salarios mínimos legales mensuales
vigentes, como perjuicios materiales y morales
derivados del homicidio de Luis Alberto Piña Jiménez,
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máxime si se tiene en cuenta que por este hecho no se
presentaron cargos contra el desmovilizado WILSON
SALAZAR CARRASCAL.
192. En cuanto a las solicitudes de reparación por
los perjuicios morales ocasionados con el homicidio de
Aída Cecila Lasso Gemade y Sindy Paola Rondón
Lasso, consideró que pueden ser exagerados si se
tiene en cuenta que la unidad familiar, que se dice fue
afectada con la muerte de Aída Cecilia Lasso, no era
tal, pues, no convivían bajo el mismo techo desde
hacía más de 20 años.
193. Insta a la Sala para que adopte medidas de
compensación moral, que restablezcan la dignidad de
las víctimas, que sirvan para difundir la verdad de lo
sucedido en esos hechos deplorables y de vergüenza
nacional, destacando que la Ley de Justicia y Paz
busca que la sociedad civil no termine
acostumbrándose a esta serie de actos reprochables,
para lo cual propone que el Colegio de San Alberto
Cesar lleve el nombre de “Sindy Paola Rondón Lasso”,
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como quiera que la menor era estudiante de ese
centro educativo y su trágico deceso fue repudiado con
la marcha de los alumnos, situación benéfica para las
víctimas y para el conglomerado social.
194. El defensor de Wilson Salazar Carrascal,
considera exageradas las solicitudes de los
representantes de las víctimas, porque en el caso Luís
Alberto Piña Jiménez las pretensiones se apoyaron en
un dictamen pericial con graves errores de contenido,
derivadas de la información que se empleó para hacer
los cálculos, la cual no fue comprobada.
195. Criticó que las víctimas del señor Piña
Jiménez hubieran hecho uso de unas órdenes de
servicios, en que no se determinaron las horas extras
supuestamente trabajadas por el occiso Piña Jiménez,
así como tampoco se establecieron los recargos
nocturnos, por lo cual duda que fuera cierto que
devengaba un salario de $714.000 mensuales y pide
que la cuantificación se haga con base en el salario
mínimo.
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196. Por otro lado, critica el dictamen rendido
por el experto Edgar Enrique Betancurt Rubiano, en
cuanto se refiere a la indemnización de Mari Luz Piña
Reyes, porque no tuvo en cuenta que poco tiempo
después de la muerte de su padre inició su vida de
pareja, es decir, que si su padre aún viviera no tendría
por qué velar por su manutención, aspecto que cambia
totalmente las proyecciones sobre los daños.
197. Finalmente dice que, después de practicada
la prueba del incidente, no hubo claridad sobre quién
asumió los gastos funerarios, pues, se comentó que
fue Aidé Reyes Cárdenas quien lo hizo y para ello
presentó recibo de la Funeraria “San Roque” por valor
de $778.000, fechado el 23 de octubre de 1999, que
contrasta con la fecha del deceso del señor Piña
Jiménez, que fue el 23 de octubre de 1998; y, por otra
parte, también las declaraciones recibidas
establecieron que el costo del sepelio se sufragó
gracias a donaciones de particulares, sobre todo, de
un hermano que no es reclamante en el incidente.
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Medidas Reparatorias:
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198. Hemos de partir para la individualización de
las reparaciones del artículo 5 de la ley 975 de 2005,
define así a la víctima:
“Para los efectos de la presente ley se entiende por
víctima la persona que individual o colectivamente
haya sufrido daños directos tales como lesiones
transitorias o permanentes que ocasionen algún tipo
de discapacidad física, psíquica y/o sensorial (visual
y/o auditiva), sufrimiento emocional, pérdida
financiera o menoscabo de sus derechos
fundamentales. Los daños deben ser consecuencia de
acciones que hayan transgredido la legislación penal,
realizadas por grupos armados organizados al margen
de la ley.
También se tendrá por víctima al cónyuge, compañero
o compañera permanente, y familiar en primer grado
de consanguinidad, primero civil de la víctima directa,
cuando a ésta se le hubiere dado muerte o estuviere
desaparecida. 65
199. Las víctimas de los delitos cometidos por los
miembros de los grupos armados organizados al
65 La Corte Constitucional en sentencia C-370 de 2006, declaró exequible en forma
condicionada el artículo 5 de la ley 975 de 2005, en el entendido que no se puede restringir el
acceso de otras víctimas que hubieren sufrido daño como consecuencia de cualquier otra
conducta violatoria de la ley pena cometida por miembros de grupos armados al margen de la
ley.
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margen de la ley a quienes se les aplique la ley 975 de
2005, tienen derecho a la reparación del daño sufrido.
200. Dicha reparación plena y efectiva
comprende las acciones que propendan por la
restitución, indemnización, rehabilitación, satisfacción
y las garantías de no repetición, y podrán tener
carácter individual, colectiva o simbólica, las cuales
deben ser proporcionales y apropiadas a la gravedad
de las violaciones y al daño sufrido, según establece el
artículo 8 de la ley 975 de 2005.
201. La Comisión Nacional de Reparación y
Reconciliación ha entendido que el concepto de
resarcimiento “supone reconocer las distintas formas
de reparación contempladas en la legislación nacional
e internacional, especialmente la restitución, que
busca devolver a la víctima a la situación anterior a la
violación; la indemnización, que consiste en
compensar los perjuicios causados por el delito y que
generalmente asume la forma de pago en dinero como
reconocimiento de los daños padecidos y para reparar
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las pérdidas sufridas; la rehabilitación, que se
refiere al cuidado y asistencia profesional que las
víctimas requieren para restablecer su integridad legal,
física y moral después de la violación cometida en su
contra; la satisfacción, consistente en realizar
acciones tendientes a restablecer la dignidad de la
víctima y difundir la verdad de lo sucedido; y las
garantías de no repetición, que hace referencia a
aquellas medidas dirigidas a evitar que las víctimas
vuelvan a ser objeto de vulneración de su dignidad y
la violación de sus derechos humanos.” 66
202. Las reparaciones que el Tribunal fijará
estarán orientadas en lo pertinente por la
jurisprudencia del Honorable Consejo de Estado,
Sección Tercera, por cuanto leen de mejor manera las
necesidades de quienes padecen el abuso de la
violación de sus derechos, en comparación con el
decreto de reparación administrativa, que reduce
injustificadamente los bienes jurídicos resarcibles y
persiste en los desaciertos advertidos por la Corte
Constitucional cuando examinó el artículo 5 de la ley
66 Recomendación de criterios de reparación y de proporcionalidad restaurativa, CNRR.
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975 de 2005, al restringir los beneficiarios del
programa.
203. Tampoco comparte la Sala que en los casos
de concurrencia de varias personas con derecho a la
reparación administrativa, el monto de la
indemnización se eleve a la categoría de solidaria para
compartirlo únicamente entre el cónyuge o compañero
permanente o el familiar en primer grado de
consanguinidad o civil o aquellos que dependían
económicamente de la víctima, desconociendo que el
factor determinante en materia de resarcimiento
siempre es el daño.
204. Al acoger el Tribunal los criterios empleados
en lo contencioso administrativo para efectos de
reparar los daños antijurídicos, tendrá también en
cuenta pautas como la expuesta por la Corte
Constitucional en sentencia C-370 de 2006, en que
dijo:
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“6.2.4.1.13. En efecto, en contextos de transición a la
paz, podría parecer proporcionado que el responsable de
delitos que ha decidido vincularse a un proceso de
negociación, conserve una parte de su patrimonio de
forma tal que pueda vivir dignamente e insertarse
plenamente en la sociedad democrática y en el Estado de
derecho. Lo que sin embargo parece no tener asidero
constitucional alguno es que el Estado exima
completamente de responsabilidad civil a quienes
han producido los daños que es necesario reparar y
traslade la totalidad de los costos de la reparación
al presupuesto. En este caso se estaría produciendo
una especie de amnistía de la responsabilidad civil,
responsabilidad que estarían asumiendo, a través
de los impuestos, los ciudadanos y ciudadanas de
bien que no han causado daño alguno y que, por el
contrario, han sido víctimas del proceso
macrocriminal que se afronta. La Corte no desconoce
que frente al tipo de delitos de que trata la ley
demandada parece necesario que los recursos públicos
concurran a la reparación, pero esto solo de forma
subsidiaria. Esto no obsta, como ya se mencionó, para
que el legislador pueda modular, de manera razonable y
proporcionada a las circunstancias de cada caso, esta
responsabilidad. Lo que no puede hacer es relevar
completamente a los perpetradores de delitos atroces o
de violencia masiva, de la responsabilidad que les
corresponde por tales delitos. De esta manera, resulta
acorde con la Constitución que los perpetradores de este
tipo de delitos respondan con su propio patrimonio por los
perjuicios con ellos causados, con observancia de las
normas procesales ordinarias que trazan un límite a la
responsabilidad patrimonial en la preservación de la
subsistencia digna del sujeto a quien dicha
responsabilidad se imputa, circunstancia que habrá de
determinarse en atención a las circunstancias particulares
de cada caso individual.” (negrillas fuera del texto).
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205. Tampoco pierde de vista la Corporación que
el conflicto Colombiano tiene gran extensión en el
tiempo y que ha abarcado casi la totalidad del
territorio nacional, lo que ha ocasionado violaciones
masivas a los derechos humanos y millonarias
víctimas que claman por la efectividad de sus derechos
a la justicia, la verdad y, sobre todo, a la reparación.
206. Observa además el Tribunal que cuando
sobrevienen violaciones masivas a los derechos
humanos, también los estados deben implementar
programas masivos de reparación, en los cuales se
privilegien medidas de satisfacción colectivas sobre las
meramente individuales, en procura de restablecer la
confianza y la solidaridad social. 67
207. La magnitud de las reparaciones que debe
afrontar el proceso de justicia y paz imponen al
Tribunal una actuación mesurada y razonable, que por
un lado intente compensar a las víctimas de la
violencia por los perjuicios ocasionados y, por otra,
67 Reparaciones para las Víctimas de la Violencia Política, Justicia y Reparaciones, Pablo de
Greiff. Serie de Justicia Transicional, Centro Internacional para la Justicia Transicional, 2008.
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consulte la realidad económica y la posibilidad de que
las sentencias que se impartan tengan posibilidad de
hacerse efectivas en un plazo razonable.
208. Por estos motivos, el Tribunal estima que en
los casos sujetos a estudio, la liquidación de perjuicios
seguirá los criterios adoptados por el Consejo de
Estado, pero el monto a pagar a cada uno de los
beneficiarios se reducirá en un 50% y en cuanto a los
perjuicios morales, se establecerá un límite máximo de
50 salarios mínimos legales mensuales vigentes para
cada grupo familiar.
Indemnización de la familia Piña Reyes:
209. La Procuraduría en los alegatos conclusivos
del incidente mostró sus preocupaciones respecto a las
peticiones de reparación de los deudos del fallecido
Piña Jiménez, en cuanto ya un juzgado penal dictó una
condena en perjuicios contra WILSON SALAZAR
CARRASCAL; por tanto, plantea la Sala a continuación
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los razonamientos que la llevan a concluir por su
admisión:
210. El artículo 332 del Código de Procedimiento
Civil dispone que la sentencia ejecutoriada proferida
en asuntos contenciosos tiene fuerza de cosa juzgada,
siempre que el nuevo proceso verse sobre el mismo
objeto, y se funde en la misma causa que el anterior,
y que entre ambos haya identidad jurídica de partes.
211. El Juzgado Penal del Circuito Especializado
de Valledupar condenó a WILSON SALAZAR
CARRASCAL en perjuicios, oficiosamente, sin que
quienes hoy son reclamantes en el proceso de justicia
y paz hubieran ejercido acción civil, luego,
formalmente, no puede aceptarse la excepción de cosa
juzgada puesto que uno de sus requisitos es la
identidad de partes en conflicto.
212. Por otro lado, el fallador no explicó
detalladamente los fundamentos jurídicos que le
permitieron llegar a la cifra final compensatoria;
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tampoco si para hacerlo previó todas las tipologías o
rubros del perjuicio. Veamos lo que dijo la sentencia:
“En relación con los perjuicios materiales y morales
derivados de la conducta punible del homicidio se
calculan acorde con el artículo 97 del C.P. en
quinientos (500) salarios mínimos legales mensuales
que el condenado WILSON SALAZAR CARRASCAL
debe pagar a favor de quienes resultaron perjudicados
acorde con las normas civiles…”
213. Ahora bien, la sentencia dictada por el
Juzgado de Valledupar en materia de perjuicios carece
de fuerza ejecutiva, pues, para ello, cada interesado
debe someterse a las suertes de un proceso civil,
generalmente ordinario, en el cual se reconozca su
calidad de demando y se individualice su reparación;
de donde es factible concluir que el procedimiento de
justicia y paz puede constituir un instrumento más
efectivo para la reparación de las víctimas.
214. Finalmente, sobre el tema hay que decir
también que mientras en el proceso ordinario civil el
único obligado a reparar es WILSON SALAZAR
CARRASCAL con su patrimonio, en el de Justicia y Paz,
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con base en el principio de solidaridad, también son
obligados los demás miembros del frente, en los
términos del artículo 15 del decreto del 3391 de 2006,
lo cual permite relievar las ventajas del presente
trámite para las víctimas.
215. Efectuadas las anteriores aclaraciones, en el
caso concreto se tiene que las declaraciones de Dora
Mercedes Padilla Olaya, Armando Galán Olaya y Daria
Luz Piña Jiménez demuestran que al momento de los
hechos, el señor Luís Alberto Piña Jiménez era el
encargado de la manutención de su núcleo familiar,
compuesto por Aidé Reyes Cárdenas, Mari Luz Piña
Reyes, Jorge Andrés Reyes Cárdenas, Luís Alfonso
Reyes Cárdenas, Brayan Alexánder Reyes Cárdenas y
Jhonatan Alberto Reyes Cárdenas.
216. Con el fallecimiento del señor Piña Jiménez
todos los miembros de la familia se vieron afectados
material y moralmente. La madre tuvo que emplearse
en un restaurante, los hijos resignaron sus
posibilidades de educación y temporalmente la familia
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tuvo que trasladarse al municipio de Codazzi César por
las amenazas que recibió Jorge Andrés Reyes
Cárdenas.
217. Vista la prueba del incidente, concretamente
los registros civiles de nacimiento y las declaraciones
de Dora Mercedes Padilla Olaya, Armando Galán Olaya
y Daria Luz Piña Jiménez, se deduce sin problemas
que para todos los efectos a Aidé Reyes Cárdenas,
Mari Luz Piña Reyes, Jorge Andrés Reyes Cárdenas,
Luís Alfonso Reyes Cárdenas, Brayan Alexánder Reyes
Cárdenas y Jhonatan Alberto Reyes Cárdenas, tienen
la calidad de víctimas derivadas del homicidio del
señor Luís Alberto Piña Jiménez que fue cometido por
WILSON SALAZAR CARRASCAL, miembro
desmovilizado de las AUC.
Daño Emergente.
218. La señora Aidé Reyes Cárdenas, mediante
apoderado, pidió el reconocimiento de $1’346.707
pesos por concepto de daño emergente actualizado,
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para lo cual aporto la factura No. 2072 del 23 de
octubre de 1999 68 , expedida por la Funeraria San
Roque de Aguachica (César), que certifica gastos por
la inhumación del señor Luís Alberto Piña Jiménez en
cuantía de $778.000; los cuales se abstendrá la Sala
de ordenar, dado que la reclamante no probó haber
pagado dicha suma, y, en contraposición, atestó 69 que
dichos gastos fueron cubiertos por amigos y familiares
del occiso Piña Jiménez. 70
En cuanto al lucro cesante
219. Para probar este tipo de perjuicio, los
representantes de las víctimas emplearon el informe
suscrito por el doctor Edgar Enrique Betancourt
Rubiano, quien a efectos de liquidarlos tuvo en cuenta
la certificación expedida por el Hospital “José David
Padilla Villafañe”, en que se dice que el señor Piña
Jiménez, “Para la última orden de prestación de
servicios devengaba un sueldo básico de $372.801,oo
68 Folio 136 cuaderno del Tribunal de Bogotá No. 01.
69 Declaración del 6 de noviembre de 2008, Cd. No. 2 minuto 1:03.
70 Véanse también declaraciones de Dora Mercedes Padilla Olaya, Armando Galán Olaya y Daria
Luz Piña Jiménez, recibidas durante trámite del incidente de reparación.
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y teniendo en cuenta los recargos nocturnos y festivos
su sueldo promedio era de $714.000,oo”.
220. Revisado dicho documento, se desprende
que las vinculaciones del occiso Piña Jiménez con el
Hospital eran ocasionales mediante orden de
prestación de servicios y que su último período
laborado fue del 26 de mayo al 16 de junio de 1998,
es decir, que para el momento de su deceso no se
encontraba trabajando, tal como reconoció su
compañera Aidé Reyes Cárdenas; los anteriores son
motivos suficientes para desechar el experticio
aportado, otorgando razón a las críticas que en su
momento plantearan sobre este punto la defensa del
postulado y el Ministerio Público, toda vez que no
existe seguridad sobre el ingreso mensual ni tampoco
del salario promedio de Piña Jiménez.
221. Ante la deficiencia probatoria observada,
resulta justo y proporcionado que la liquidación del
lucro cesante se realice con base en el salario mínimo
mensual vigente para el año 1998, siguiendo, como ya
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se dijo, los parámetros establecidos por el Consejo de
Estado.
222. Se tiene entonces que para el 23 de
septiembre de 1998, fecha de la muerte de Luís
Alberto Piña Jiménez, el salario mínimo mensual legal
vigente era de $203.826 71 , al cual para efecto de una
liquidación integral debe sumársele un 25% por
prestaciones sociales es decir $50.956, de donde
tenemos que el salario total corresponde a $ 254.782.
223. Aplicando la fórmula utilizada para actualizar
la renta, se tiene que la renta actualizada (Ra) es igual
a la renta histórica (valor del salario que devengaba la
víctima para el año 1998), multiplicada por el índice
de precios al consumidor del mes anterior a la
sentencia proferida por la Sala, dividido por el índice
de precios al consumidor vigente en el mes en el cual
ocurrieron los hechos.
71 Ver página web del DANE
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Ra= R ($254.782) IPC final – febrero de 2009
Ra= ($254.782) 101,463
Ra= $262.267
IPC inicial- septiembre de 1998
98,567
224. A éste valor se le deducirá un 25%, monto
que se presume la víctima destinaba para sus gastos
personales, lo que arroja un total de $196.701.
225. La indemnización a la que tiene derecho la
compañera permanente de Luís Alberto Piña Jiménez
será liquidada con el 50% del valor anterior, esto es
$98.350, mientras que el otro 50% será dividido entre
los cinco hijos del occiso, incluyendo a sus hijastros
Mari Luz Piña Reyes y Jorge Andrés Reyes Cárdenas.
226. El lucro cesante para cada uno de los
perjudicados es como sigue:
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Aidé Reyes Cárdenas (compañera)
Indemnización debida:
Rad. 11001600253200680526
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227. Comprende el período transcurrido desde la
fecha de los hechos, 23 de septiembre de 1998, hasta
la fecha de esta sentencia, para un total de 126,39
meses.
Aplicando la fórmula se tiene:
S= Ra (1+i)n -1
i
S= $98.350 (1+0.004867) 126,39 - 1
0.004867
S= $17’118.954 /2 = $ 8’559.477
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Indemnización futura:
Rad. 11001600253200680526
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228. Comprende el período transcurrido desde el
día siguiente a esta sentencia, 19 de marzo de 2009,
hasta la vida probable del occiso, calculado desde la
fecha de los hechos. De conformidad con las tablas de
supervivencia se estima la vida probable del señor Luís
Alberto Piña Jiménez en 35,23 años para un total de
422,76 meses, teniendo en cuenta que la víctima tenía
43 años 2 meses y 14 días cuando murió. A los 422,76
meses deberá restársele los 126,39 meses, los cuales
ya fueron indemnizados, para un total de 296,37.
S = Ra (1 + i) n - 1
i (1 + i) n
S= $98.350 (1+0,004867) 296,37
0,004867 (1+0,004867) 296,37
S= $20’207.520/ 2= $ 10’103.760
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Rad. 11001600253200680526
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229. Sumados los valores de la indemnización
vencida y futura, por concepto de lucro cesante arroja
un total de $18’663.237.
Mari Luz Piña Reyes
Indemnización debida:
230. Comprende el período transcurrido desde la
fecha de los hechos, 23 de septiembre de 1998, hasta
el año 2001, año en el que Mari luz Piña Jiménez, dio a
luz a su primer hijo Yeison Andrés, que según
manifestó en audiencia pública tenía 7 años de edad,
es decir que para esta fecha se encontraba haciendo
vida marital independiente, para un total de 31.76
meses.
Aplicando la fórmula se tiene lo siguiente:
S = Ra (1 + i) n - 1
i
S= $19.670 (1+0.004867) 31.76 - 1
0.004867
122

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S= $673.821, cuyo 50% es $336.910
Jorge Andrés Reyes Cárdenas
Indemnización debida:
Rad. 11001600253200680526
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231. Comprende el período transcurrido desde la
fecha de los hechos, 23 de septiembre de 1998, hasta
la fecha de esta sentencia, para un total de 126,39
meses.
Aplicando la fórmula se tiene lo siguiente:
S = Ra (1 + i) n - 1
i
S= $19.670 (1+0.004867) 126,39 - 1
0.004867
S= $3’423.790 /2= $1’711.895
Indemnización futura:
232. Comprende el período transcurrido desde el
día siguiente a esta decisión, 19 de marzo de 2009,
123

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Rad. 11001600253200680526
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hasta la fecha en que Jorge Andrés Reyes Cárdenas
alcance los 25 años de edad, esto es el 18 de marzo
de 2014 72 , teniendo en cuenta que nació el 18 de
marzo de 1989, para un total de 53,23 meses.
S = Ra (1 + i) n - 1
i (1 + i) n
S= $ 19.670 (1+0,004867) 59,96 -1
0,004867 (1+0,004867) 59,96
S= $1’020.771/2= $510.385
233. Sumados los valores de la indemnización
vencida y futura, por concepto de lucro cesante, arroja
un total de $2’222.280.
Luís Alfonso Reyes Cárdenas
Indemnización debida:
234. Comprende el período transcurrido desde la
fecha de los hechos, 23 de septiembre de 1998, hasta
72 Ver Registro civil de nacimiento Fl. 46 cuaderno original 1.
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la fecha de esta sentencia, para un total de 126,39
meses.
Aplicando la fórmula se tiene lo siguiente:
S = Ra (1 + i) n - 1
i
S= $19670 (1+0.004867) 126,39 - 1
0.004867
S= 3’423.790/2= $1’711.895
Indemnización futura:
235. Comprende el período transcurrido desde el
día siguiente de esta decisión, 19 de marzo de 2009,
hasta la fecha en que Luís Alfonso Reyes Cárdenas
cumpla los 25 años de edad, esto es el 9 de febrero de
2017 73 , teniendo en cuenta que nació el 9 de febrero
de 1992, para un total de 94,66 meses.
S = Ra (1 + i) n - 1
i (1 + i) n
73 Ver Registro civil de nacimiento Fl. 104 cuaderno original 1.
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S= $ 19.670 (1+0,004867) 94,66 -1
Rad. 11001600253200680526
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0,004867 (1+0,004867) 94,66
S= $ 1’489.129/2= $744.564,5
236. Sumados los valores de la indemnización
vencida y futura, por concepto de lucro cesante, arroja
un total de $2’456.459
Jhonatan Alberto Reyes Cárdenas
Indemnización debida:
237. Comprende el período transcurrido desde la
fecha de los hechos, 23 de septiembre de 1998, hasta
la fecha de esta sentencia, para un total de 126,39
meses.
Aplicando la fórmula se tiene lo siguiente:
S = Ra (1 + i) n - 1
i
S= $19670 (1+0.004867) 126,39 - 1
0.004867
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S= 3’423.790 /2= 1’711895
Indemnización futura:
Rad. 11001600253200680526
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238. Comprende el período transcurrido desde el
día siguiente de esta decisión, 19 de marzo de 2009,
hasta la fecha en que Jhonatan Alberto Reyes
Cárdenas cumpla los 25 años de edad, esto es el 9 de
enero de 2019 74 , teniendo en cuenta que nació el 9 de
enero de 1994, para un total de 117,66 meses.
S = Ra (1 + i) n - 1
i (1 + i) n
S= $ 19.670 (1+0,004867) 117,66 -1
0,004867 (1+0,004867) 117,66
S= $ 1’758.813/ 2= $879.406,5
239. Sumados los valores de la indemnización
vencida y futura, por concepto de lucro cesante, arroja
un total de para un total de $2’591.301.
74 Ver Registro civil de nacimiento Fl. 103 cuaderno original 1.
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Brayan Alexánder Reyes Cárdenas
Indemnización debida:
Rad. 11001600253200680526
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240. Comprende el período transcurrido desde la
fecha de los hechos, 23 de septiembre de 1998, hasta
la fecha de esta sentencia, para un total de 126,39
meses.
Aplicando la fórmula se tiene lo siguiente:
S = Ra (1 + i) n - 1
i
S= $19670 (1+0.004867) 126,39 - 1
0.004867
S= 3’423.790 /2= $1’711.895
Indemnización futura:
241. Comprende el período transcurrido desde el
día siguiente de esta decisión, 19 de marzo de 2009,
hasta la fecha en que Brayan Alexander Reyes
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Cárdenas alcance los 25 años de edad, esto es el 24
de abril de 2022 75 , teniendo en cuenta que nació el 24
de abril de 1997, para un total de 157,16 meses.
S = Ra (1 + i) n - 1
i (1 + i) n
S= $ 19.670 (1+0,004867) 157,16 -1
0,004867 (1+0,004867) 157,16
S= $ 2’157.169/2= $1’078.584,5
242. Sumados los valores de la indemnización
vencida y futura, por concepto de lucro cesante, arroja
un total de $2’790.479
De los perjuicios morales
243. Como ya se dijo, por la muerte del señor
Luís Alberto Piña Jiménez concurrieron como víctimas
Aidé Reyes Cárdenas, compañera permanente, Luís
Alfonso, Brayan Alexánder y Jhonatan Alberto Reyes
75 Ver Registro civil de nacimiento Fl. 105 cuaderno original 1.
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Cárdenas, hijos, y Mari Luz Piña Reyes y Jorge Andrés
Reyes Cárdenas, hijastros de la víctima.
244. Los incidentalistas pidieron, por concepto de
perjuicios morales, entre 100 y 200 salarios mínimos
legales mensuales vigentes al momento de la
indemnización, para cada uno de ellos.
245. De conformidad con las declaraciones que se
escucharon en la vista pública, se encuentra
acreditado que la víctima convivía en unión libre con la
señora Aidé Reyes Cárdenas, de cuya relación son
hijos: Luís Alfonso, Brayan Alexánder y Jhonatan
Alberto Reyes Cárdenas, a quienes no habían
registrado, “por descuido”, tal como lo señaló la
misma Aidé Reyes y Daría Luz Piña Jiménez.
246. Así mismo, está acreditado que Mari Luz
Piña Reyes y Jorge Andrés Reyes Cárdenas son hijos
de Aidé Reyes Cárdenas e hijos de crianza 76 del occiso
76 Sobre los hijos de crianza la Sección Tercera del Consejo de Estado, ha señalado: “… La
realidad social es la que impone ese reconocimiento. Y es en el anterior entendimiento, que
acreditado por cualquiera de los medios probatorios, la circunstancia o relación de especial
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Piña Jiménez, así lo señaló la señora Daría Luz Piña
Jiménez, hermana del occiso:
“siempre nos caracterizamos por brindarles ese amor
tanto a ellos –refiriéndose a Mari Luz Piña y Jorge Andrés
Reyes- como a los hijos propios de él, nunca tuvimos un
desaire con ellos, porque siempre los quisimos por
igual…él siempre los quiso a ellos, pues él los crió, porque
en realidad fue como un padre para ellos hasta que él
murió… y estando con nosotros siempre les brindamos
ese amor a ellos...” 77
Sobre las consecuencias que trajo para la familia
el fallecimiento del señor Piña Jiménez, expresó:
“…hubo tanto daño psicológico y pues a raíz de eso la
muerte de mi mamá y de mi papá, el desplazamiento de
la familia…la familia se desintegró todo por que eso fue un
daño muy grande el que ese señor nos hizo…muy grande
tanto psicológico como material…” 78
247. La señora Zoraida Portilla, vecina de la
familia Piña Reyes durante varios años y madrina de
Luís Alfonso Reyes Cárdenas, fue testigo del trató que
Luís Alberto Piña Jiménez tenía para con sus hijos de
afecto y protección que se adjetiva como ‘hijo de crianza’, lo que permite se infiera de allí el
dolor moral padecido por aquél o por el pater familias”. Sentencia del 26 de marzo de 2008,
Rad. 18846, Consejero Ponente Dr. Enrique Gil Botero.
77 Audiencia del 6 de noviembre de 2008, Cd. No. 3 minuto 46:40
78 Ibídem.
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crianza, a quienes según dijo “los quería como a los
hijos propios”; y del sufrimiento y las dificultades que
tuvo que afrontar la señora Aíde Reyes Cárdenas y sus
cinco hijos después de la muerte de su compañero 79 .
248. Por su parte, Mari Luz Piña Reyes, a pesar
de no ser hija biológica del señor Piña Jiménez
describió así las aflicciones con motivo de la muerte
del señor Piña Jiménez, a quien para todos los efectos
consideraba como su padre:
“…la vida de nosotros fue destrozada, porque nos hacía
falta el calor del padre también y, desde que él falleció,
siempre nos ha hecho falta en el corazón de nosotros,
para mí y para mis hermanos él nos hace mucha falta” 80 .
249. El aspecto anterior también fue confirmado
por la declaración de la Doctora Libia Striedinger
Lozano, Psicóloga del Instituto Nacional de Medicina
Legal y Ciencias Forenses, Regional Norte, quien
señaló que Mari Luz Piña Reyes al examen psiquiátrico
mostró que sigue experimentando sufrimiento
79 Audiencia del 6 de noviembre de 2008. Cd. No. 3 minuto 13:39
80 Audiencia del 6 de noviembre de 2008, Cd No. 1 minuto 22.
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psicológico profundo y que “permanentemente trae a
su memoria la reconstrucción sobre lo acontecido,
luego de más de diez años en que su padre fue muerto
violentamente, en tantos años no ha logrado elaborar
el proceso normal de pérdida, además porque dio un
giro determinante en menoscabo a su calidad de vida
y de la proyección de la misma, en lo cual inciden la
edad temprana edad (sic) en que ocurrió, a sus quince
años, lo altamente significativo para ella, su apoyo
físico, moral y afectivo, las vivencias personales del
acontecimiento de la muerte de su padre le acompaña
mucho dolor”.
Y más adelante anotó:
“No obstante, ser consciente de la muerte de su padre
física, donde además de los estragos mentales, el huir
intimidada desde la misma noche de la velación de su
padre, están los estragos mentales como se aprecia
en la reconstrucción mental que la víctima recrea en
un fantasma como paliativo al dolor del ausente, que
le acompaña y protege permanentemente, que “ve” y
tiene la convicción de que otros también lo han visto,
porque persiste “vivo” en ella, es un escotoma de su
mente, negativa a aceptar la dolorosa cesación de su
vida” 81 .
81 Informe psicológico del 26 de marzo de 2008, folio 85 cuaderno del Tribunal No. 01
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250. La valoración psicológica realizada por la
doctora Striedinger Lozano a los menores Luís Alfonso,
Brayan Alexander y Jhonatan Alberto Reyes Cárdenas,
demuestran el dolor y la frustración que
experimentaron los jóvenes por la muerte violenta de
su padre.
251. Respecto a Luís Alfonso Reyes Cárdenas,
concluyó la Psicóloga que se trata de una persona que
“…presenta gran resentimiento y manifestaciones
agresivas en su comportamiento interpersonal, percibe
en sí mismo el daño y sufrimiento infringido con la
muerte violenta de su padre… La interrelación de la
muerte violenta de su padre y su desarrollo personal
desadaptado, traducen la indefensión y vulnerabilidad
a que se vio expuesto, derivando de allí gran dolor y
resentimiento social por la muerte injusta, experiencia
que integró y revierte en hostilidad…” 82
252. En cuanto a Brayan Alexander Reyes
Cárdenas, la doctora Striedinger Lozano, considera
82 Informe pericial psicológico del 5 de noviembre de 2008, Fl. 230 cuaderno original No. 1
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que “…a partir de la muerte del padre se surtieron
cambios al interior de su grupo familiar y tristeza por
la pérdida violenta, es un niño ansioso lo cual le
acarrea otros problemas secundarios en sus relaciones
vinculares las cuales van en detrimento de su
desarrollo personal y calidad de vida.”
253. Y finalmente, la doctora Libia Striedinger,
manifiesta en su informe psicológico que el menor
Jhonatan Alberto, “…es un joven que se frusta
rápidamente, tiene ideación de pérdida y
desesperanza, con frecuencia oculta avergonzado sus
fascies que traslucen frustación, tristeza, angustia e
inseguridad, irrumpe en llanto silencioso entra estado
(sic) de conmoción emocional cuando a su fragilidad
personal se suma el recuerdo del buen padre al que le
fue cegada violentamente la vida.”
254. Establecido el parentesco y el daño moral y
psicológico de los incidentalistas en su calidad de
compañera permanente e hijos del afectado, la Sala da
por probado el perjuicio moral, teniendo en cuenta
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además lo que al respecto ha señalado el Consejo de
Estado:
“las reglas de la experiencia hacen presumir que los
daños antijurídicos sufridos por un pariente cercano
causan dolor y angustia en quienes conforman su
núcleo familiar, en atención a las relaciones de
cercanía, solidaridad y afecto, además de la
importancia que dentro del desarrollo de la
personalidad del individuo tiene la familia como
núcleo básico de la sociedad” 83 .
255. Por tal razón, de conformidad con los
parámetros anotados, la Sala ordenará el pago por
concepto de daños morales, en cuantía de 50 salarios
mínimos legales mensuales vigentes, que serán
distribuidos de la siguiente manera: un 50% para Aidé
Reyes Cárdenas, y el 50% restante se dividirá entre
los hijos del señor Luís Alberto Piña Jiménez Luís
Alfonso Reyes Cárdenas, Brayan Alexánder Reyes
Cárdenas, Jhonatan Alberto Reyes Cárdenas, Mari Luz
Piña Reyes y Jorge Andrés Reyes Cárdenas.
83 Ver entre otras decisiones Sentencia del Consejo de Estado del 30 de julio de 2008, Rad.
17276, Consejero Ponente Dr. Enrique Gil Botero.
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De la familia Lasso Gemade
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256. Por la muerte de la señora Aida Cecilia Lasso
Gemade y Sindy Paola Rondon Lasso, se constituyeron
como víctimas la señora Leonor Gemade de Lasso,
madre de la occisa y sus hermanos Sandra Constanza,
Jinex y Efraín Lasso Gemade. Para demostrar dicho
parentesco se aportaron a las diligencias los registros
civiles de nacimiento de cada uno de ellos 84 .
257. Además, dentro del incidente de reparación
se escucharon las declaraciones de Leonor Gemade de
Lasso y sus hijas Sandra Constanza y Jinex Lasso
Gemade, testimonios de los cuales la Sala pudo
comprobar el profundo pesar y dolor que han padecido
por la muerte de su hija y hermana.
258. La señora Leonor Gemade de Lasso, expresó
ante la Sala el drama que ha sufrido después de la
muerte de su hija y nieta: “..a raíz de la muerte de mi
hija he sufrido mucho… sufro de diabetes, del corazón,
84 Folios 95 y ss cuaderno original 1.
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yo no he podido volver a trabajar como lo hacía
antes…salía haciendo cosas que no eran … no me he
podido recuperar de esa pérdida”
Al interrogársele sobre la relación que sostenía
con su hija, manifestó:
“…ella fue muy buena hija, ella venía frecuentemente
a visitarnos, en vacaciones, cuando ella no venía yo
iba, la niña también la traían a vacaciones con ella,
todos venían con nosotros…fue muy allegada a la
casa, nos colaboró mucho…” 85
259. Así mismo las señoras Jinex y Sandra
Constanza Lasso Gemade, hermanas de la víctima, le
contaron a la Sala la relación afectiva que unía a sus
familias con la señora Aída Lasso, indicando que a
pesar de que se encontraban en ciudades diferentes,
ella siempre viajaba para estar con sus seres queridos
en vacaciones, navidad y fechas especiales. Además,
expresaron su aflicción por la pérdida de su hermana y
sobrina:
85 Audiencia del 7 de noviembre de 2008, Cd. No. 5, minuto 6.
138

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Así se refirió Jinex Lasso Gemade:
Rad. 11001600253200680526
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“ha sido una pérdida para nosotros muy grande y
nunca la familia podrá ser lo que era sin ella y sin la
niña, han sido unas pérdidas tan grandes, que para
todos ha sido muy duro y nunca hemos podido
recuperarnos de esto, no hemos podido aceptar la
muerte, porque no entendemos porqué seres como
los que hicieron ese daño, pudieron quitárnoslas de
las manos, porqué una niña que estaba empezando a
vivir y ella no le hacía mal a nadie y no entendemos
porqué tuvieron que habérnoslas quitado,
habérnoslas arrebatado…” 86
Y su hermana Sandra Constanza agregó:
“…para nosotros ha sido una situación terrible, para
nosotros ya no hay una navidad, ya no hay un fecha
especial… en todas esas fechas especiales, no ha
habido paz… en la casa éramos muy alegres, muy
recocheros… mi papá nos enseñó a compartir muchas
cosas… y ahora llega una navidad, un cumpleaños,
un día de la madre y para nosotros ya no es lo
mismo, es amargo para nosotros.. no nos hemos
podido recuperar y nunca nos recuperaremos…” 87
260. Demostrado como se encuentra el daño
moral, la Sala reconocerá a favor de la familia Lasso
86 Jinex Lasso Gemade, Audiencia del 7 de noviembre de 2008, Cd. No, 5 minuto 59.
87 Sandra Constanza Lasso Gemande, audiencia del 7 de noviembre de 2008, Cd. No. 5 minuto
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Gemade, el equivalente en pesos a 50 salarios
mínimos legales mensuales vigentes, que serán
distribuidos así: un 50% para la señora Leonor
Gemade de Lasso, madre de la víctima Aída Cecilia
Lasso Gemade, y el 50% restante será repartido entre
sus hermanos Sandra Constanza, Jinex y Efraín Lasso
Gemade, de conformidad con los antecedentes
jurisprudenciales que sobre el daño moral e
indemnización para los hermanos de las víctimas ha
recogido el Honorable Consejo de Estado:
“En punto tocante con perjuicios morales, hasta ahora
se venían aceptando que estos se presumen para los
padres, para los hijos y los cónyuges entre sí,
mientras que para los hermanos era necesario
acreditar la existencia de especiales relaciones de
fraternidad, o sea, de afecto, convivencia,
colaboración y auxilio mutuo, encaminados a llevar al
fallador la convicción de que se les causaron esos
perjuicios resarcibles. Ocurre sin embargo, que la
Constitución Nacional que rige en el país actualmente,
en su artículo 2o., señala que Colombia como Estado
Social de derecho que es, tiene como fines esenciales
el de servir a la comunidad, promover la prosperidad
general y garantizar la efectividad de los principios,
derechos y deberes consagrados en la misma;
también el de facilitar la participación de todos en las
decisiones que los afecte y en la vida económica,
política, administrativa y cultural de la Nación; al igual
que defender la independencia nacional, mantener la
integridad territorial y asegurar la convivencia pacifica
y la vigencia de un orden justo.
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“Por su parte el artículo 42 de la Carta Política,
establece que el Estado y la sociedad tienen como
deber ineludible el de garantizar la protección integral
de la familia, núcleo fundamental de la sociedad, que
"se constituye por vínculos naturales y jurídicos, por la
decisión libre de un hombre y una mujer de contraer
matrimonio o por la voluntad responsable de
conformarla." Y agrega que "Cualquier forma de
violencia en la familia se considera destructiva de su
armonía y unidad, y será sancionada conforme a la
ley. Los hijos habidos en el matrimonio o fuera de él,
adoptados o procreados naturalmente o con asistencia
científica tienen iguales derechos y deberes…”
“…”
“Así las cosas, la Corporación varía su anterior
posición jurisprudencial, pues ninguna razón hay (sic)
para que en un orden justo se continúe discriminando
a los hermanos, víctimas de daños morales, por el
hecho de que no obstante ser parientes en segundo
grado, no demuestran la solidaridad o afecto hasta
hoy requeridos, para indemnizarlos. Hecha la
corrección jurisprudencial, se presume que el daño
antijurídico inferido a una persona, causado por la
acción u omisión de las autoridades públicas genera
dolor y aflicción entre sus parientes hasta el segundo
grado de consanguinidad y primero civil, ya sean
ascendientes, descendientes o colaterales” 88 .
261. Ahora bien, en cuanto a la indemnización
solicitada a favor de la señora Leonor Gemade de
Lasso, por daño en la vida de relación, entendido éste
como un daño al proyecto de vida de la madre de Aída
88 Sentencia del Consejo de Estado del 4 de octubre de 2007, Rad. 16058, Consejero Ponente
Dr. Enrique Gil Botero.
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Cecilia Lasso Gemade, no encuentra la Sala probado la
existencia de este daño, como tampoco la intensidad
del mismo.
262. Según la jurisprudencia del Consejo de
Estado, el daño a la vida de relación consiste en la
“afectación extrapatrimonial de la vida exterior de la
persona”, referido a la “pérdida de la posibilidad de
realizar otras actividades vitales, que aunque no
producen rendimiento patrimonial, hacen agradable la
existencia.”
“No se trata simplemente de la afectación sufrida por la
persona en su relación con los seres que la rodean. Este
perjuicio extrapatrimonial puede afectar muchos otros
actos de su vida, aun los de carácter individual, pero
externos, y su relación, en general, con las cosas del
mundo. En efecto, se trata, en realidad, de un daño
extrapatrimonial a la vida exterior; aquél que afecta
directamente la vida interior sería siempre un daño
moral” 89 .
263. En el derecho italiano el daño a la vida de
relación es una noción amplia que “comprende múltiples
aspectos: la reducción de la capacidad de expansión y de
89 Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 19 e julio de 2001, Rad. 13086. Consejo
Ponente Dr. Alier Eduardo Hernández Enríquez.
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afirmación en las relaciones socioeconómicas, de la posibilidad
de ubicarse, o sea, de reinsertarse en las relaciones sociales y
aún de mantenerlas en un nivel normal a causa de la
disminución sufrida; de adquirir determinada posición social; de
la actividad psicofísica del sujeto en el desarrollo de sus
actividades complementarias, etc.”
“El daño a la vida de relación o a la actividad social se
refiere al ser y hacer del hombre ‘para afuera’, en su
interacción con los otros (su “otredad”), que igualmente estará
influenciada e incidida por factores laborales, de pertenencia
comunitaria social, de integración y participación en entidades
de bien común, por la actividad deportiva, cultural, artística,
etc. de cada uno.” 90
264. En el caso de la señora Leonor Gemade de
Lasso, es indiscutible el daño moral que ha padecido
por la muerte de su hija, pero no encuentra la Sala
que se haya visto truncado su proyecto de vida, pues,
la ayuda económica que eventualmente recibía de su
hija, se entiende en el contexto de la unidad familiar,
de los lazos afectivos y de la ayuda debida de los hijos
para con los padres.
90 “Nuevos daños a las personas. Daño ala vida de relación, daño biológico y daño sexual”
Jorge Mario Galdós.
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Otras medidas de reparación:
Medidas de rehabilitación
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265. A favor de Leonor Gemade de Lasso, Sandra
Constanza Lasso Gemade, Jinex Lasso Gemade y
Efraín Lasso Gemade, se dispondrá que sean valoradas
por experto en sicología o psiquiatría, a fin de que se
les preste la asistencia que requieran para su
readaptación a su nueva condición post duelo.
266. A favor de Aidé Reyes Cárdenas, Mari Luz
Piña Reyes, Jorge Andrés Reyes Cárdenas, Luís
Alfonso Reyes Cárdenas, Brayan Alexander Reyes
Cárdenas y Jhonatan Alberto Reyes Cárdenas, se
ordena valoración psicológica o psiquiátrica a fin de
que se determine en cada caso la necesidad de
asistencia para el manejo del duelo, y en caso
afirmativo que esta sea prestada hasta cuando estén
en condiciones de readaptarse a su nueva condición.
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267. Las anteriores medidas estarán a cargo del
Fondo Nacional para la Reparación o de la entidad que
para tal efecto designe el Estado.
Medidas de satisfacción asistencial
268. Dispóngase que con los dineros que
correspondan individualmente a los menores Luís
Alfonso Reyes Cárdenas, Brayan Alexander Reyes
Cárdenas y Jhonatan Alberto Reyes Cárdenas por
daños materiales y morales, se constituya un
fideicomiso, tal como lo solicitó su apoderada en
audiencia, para lo cual el Instituto Colombiano de
Bienestar Familiar, a través de la defensoría de familia
o de la autoridad correspondiente, dispondrán lo
pertinente.
269. Como medida de reparación adicional a favor
de los menores Luís Alfonso Reyes Cárdenas, Brayan
Alexánder Reyes Cárdenas y Jhonatan Alberto Reyes
Cárdenas, se ordenará con cargo al Fondo Nacional de
Reparación que se les garantice a partir de la
ejecutoria de esta sentencia educación primaria y
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secundaria completa, y si es su deseo adelantar
estudios superiores tendrán preferencia para el
otorgamiento de becas nacionales e internacionales.
270. Durante el lapso que Luís Alfonso Reyes
Cárdenas, Brayan Alexander Reyes Cárdenas y
Jhonatan Alberto Reyes Cárdenas se encuentren
estudiando o hasta cuando cumplan la mayoría de
edad se dispondrá igualmente que con cargo al Fondo
Nacional de Reparación se les garantice su derecho a
la salud en forma gratuita
271. La apodera de Luís Alfonso Reyes Cárdenas,
Brayan Alexander Reyes Cárdenas y Jhonatan Alberto
Reyes Cárdenas solicitó como medida de reparación al
daño inmaterial que en el registro civil de los menores
se registre el nombre del señor Luís Alberto Piña
Jiménez, como su padre, para lo cual la Sala a través
del defensor de familia y del Instituto Colombiano de
Bienestar Familiar dispuso se adelanten las gestiones
necesarias para este fin.
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Medidas de satisfacción y reparación
simbólicas
272. Dada la trascendencia que para la comunidad
de San Alberto César tuvieron los infaustos hechos en
los cuales falleciera la señora Aída Cecilia Lasso
Gemade y su hija Sindy Paola Rondón Lasso,
dispondrá el Tribunal que dentro de un plazo máximo
de tres meses, contados a partir de la ejecutoria de la
sentencia, en ese municipio, con la asistencia de los
familiares de la señora Lasso Gemade y Rondón Lasso,
de las autoridades civiles, religiosas y militares, los
gremios, estudiantes y sociedad civil en general, se
lleve a efecto un acto público en el cual se de lectura a
las partes pertinentes de la presente sentencia,
referidas a los hechos luctuosos ocurridos el 21 de
junio de 2000 en esa ciudad, donde falleciera la
señora Lasso Gemade y donde además se de lectura a
una comunicación que para tal efecto deberá suscribir
el postulado WILSON SALAZAR CARRASCAL, en la cual
haga reconocimiento público de su responsabilidad en
los hechos en que perdió la vida la señora Aída Cecilia
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Lasso Gemade, ofrezca disculpas por su conducta y se
comprometa a nunca más volverlas a repetir.
273. Por otro lado, en ese mismo acto, se
dispondrá que la Alcaldía Municipal de San Alberto, a
criterio de los familiares de la señora Aída Cecilia
Lasso Gemade, designe una de sus calles, avenidas,
plazas públicas, parques, coliseos o edificaciones
públicas, con su nombre, para lo cual darán lectura al
correspondiente acto administrativo que así lo ordene,
a una biografía de la víctima elaborada por sus
familiares y fijarán como testimonio una placa que
igualmente será escogida en su tamaño, calidades y
mensaje por los deudos de la fallecida Lasso Gemade.
274. De igual manera, acatando la sugerencia del
Agente del Ministerio Público, se dispondrá que el
Colegio donde estudiaba la menor Sindy Paola Rondón
Lasso hacia el futuro lleve su nombre, para lo cual el
Alcalde Municipal de San Alberto hará las gestiones a
que haya lugar y expedirá el correspondiente acto
administrativo si es de su competencia o determinará
al competente para hacerlo, la cual será leída junto
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con una nota sobre la vida de la joven inmolada y se
fijará una placa conmemorativa a selección en
tamaño, material y mensaje por parte de la familia de
la homenajeada.
275. La Sala hará seguimiento a cada una de las
medidas tomadas en cumplimiento de su labor de
ejecutor de la sentencia.
Otras determinaciones:
276. El defensor del postulado WILSON SALAZAR
CARRASCAL, solicitó a la Sala que al momento de
emitirse la sentencia condenatoria, se de aplicación al
artículo 31 de la ley 975 de 2005, que tuvo vigencia
entre el 25 de julio de 2005 y el 18 de mayo de 2006,
fecha en que la Corte Constitucional declaró su
inexequibilidad, y en consecuencia se compute a la
pena alternativa los meses que permaneció en los
centros de concentración y en los establecimientos
penitenciarios de Justicia y Paz, que para tal fin
dispuso el Gobierno Nacional.
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277. Como quiera que este tema toca
esencialmente con la ejecución de la pena, que de
conformidad con el artículo 32 de la ley 975 de 2005,
corresponderá a esta Sala vigilar, la solicitud será
estudiada en su oportunidad previo el aporte de los
requisitos para ello.
278. En mérito de lo expuesto, el Tribunal
Superior de Bogotá, Sala de Justicia y Paz,
administrando justicia en nombre de la República de
Colombia y por autoridad de la ley,
V. RESUELVE
1) Declarar que el señor WILSON SALAZAR
CARRASCAL, identificado con la cédula de ciudadanía
número 77.131.463 de San Martín, Cesar, conocido
con los alias de “El Loro, Lorenzo ó Cepillo”, es hasta el
presente momento elegible para acceder a los
beneficios contemplados en la ley de justicia y paz, tal
como se expuso en la parte motiva de esta decisión.
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2) Declarar que el frente “Héctor Julio Peinado
Becerra” de las AUC es responsable de estos hechos y
WILSON SALAZAR CARRASCAL autor material de los
mismos.
3) Condenar a WILSON SALAZAR CARRASCAL
identificado con la cédula de ciudadanía número
77.131.463 de San Martín, Cesar, conocido con los
alias de “El Loro, Lorenzo ó Cepillo”, a la pena principal
de cuatrocientos sesenta (460) meses de prisión, al
hallarlo responsable de cometer los delitos homicidio
agravado en concurso homogéneo y sucesivo,
extorsión y falsedad material en documentos públicos,
delitos por los cuales fue acusado por la Fiscalía
General de la Nación.
4) Imponer al condenado como pena accesoria la
inhabilidad para el ejercicio de derechos y funciones
públicas por lapso de 20 años, de conformidad con lo
dispuesto en el artículo 44 del Código Penal.
5) Conceder al postulado WILSON SALAZAR
CARRASCAL, el beneficio de pena alternativa, por un
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período de setenta (70) meses de privación de la
libertad, bajo las condiciones impuestas en la parte
motiva de esta providencia. Consecuencia del
otorgamiento al señor SALAZAR CARRASCAL del
beneficio de la pena alternativa se suspende el
cumplimiento de la pena ordinaria dispuesta en esta
sentencia, en los términos del artículo 8º del Decreto
4760 de 2005.
6) Imponer a WILSON SALAZAR CARRASCAL la
obligación de tomar no menos de 500 horas de estudio
y formación en derechos humanos, para lo cual el
INPEC y la Defensoría del Pueblo dispondrán lo
pertinente. Adicionalmente el condenado deberá
someterse a valoración y tratamiento psicológico que
conduzca a su plena readaptación y resocialización, tal
como se indicó en la parte motiva.
7) WILSON SALAZAR CARRASCAL, suscribirá un
acta en la que se comprometa a contribuir con su
resocialización a través del trabajo, estudio o
enseñanza durante el tiempo que permanezca privado
de la libertad y a promover la desmovilización de los
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grupos armados al margen de la ley, tal como lo
dispone el inciso segundo del artículo 8° del Decreto
4760 de 2005.
8) Para efectos del cumplimiento de las medidas
de satisfacción y reparación simbólicas en el caso del
homicidio de la señora Lasso Gemade, WILSON
SALAZAR CARRASCAL deberá suscribir una
comunicación, en la cual haga reconocimiento público
de su responsabilidad en los hechos, ofrezca disculpas
por su conducta y se comprometa a no repetirlas.
9) Disponer, en cumplimiento de la sentencia
proferida por la Corte Suprema de Justicia Sala de
Casación Penal, del 28 de mayo de 2008, la
suspensión condicionada de la pena alternativa, hasta
tanto el Fiscal Delegado ante la Unidad de Justicia y
Paz de la Fiscalía General de la Nación, realice la
imputación del delito de concierto para delinquir
agravado y de los nuevos punibles aceptados por
WILSON SALAZAR CARRASCAL, tal como se preciso en
la parte motiva de esta sentencia.
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10) Abstenerse de emitir pronunciamiento en
relación con la acumulación jurídica de penas, de la
condena ejecutoriada impuesta a WILSON SALAZAR
CARRASCAL por el homicidio del señor Luís Alberto
Piña Jiménez, de acuerdo con lo motivos expuesto en
este fallo.
11) Reconocer para todos los efectos a Aidé
Reyes Cárdenas, Mari Luz Piña Reyes, Jorge Andrés
Reyes Cárdenas, Luís Alfonso Reyes Cárdenas, Brayan
Alexánder Reyes Cárdenas y Jhonatan Alberto Reyes
Cárdenas, la calidad de víctimas derivadas del
homicidio del señor Luís Alberto Piña Jiménez.
12) Reconocer para todos los efectos a Leonor
Gemade de Lasso, Sandra Constanza Lasso Gemade,
Jinex Lasso Gemade y Efraín Lasso Gemade, como
víctimas del homicidio de la señora Aída Cecilia Lasso
Gemade.
13) Reconocer a favor de las víctimas y con cargo
al Fondo Nacional de Reparación, las siguientes
indemnizaciones por concepto de perjuicios materiales:
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Para la señora Aíde Reyes Cárdenas, la suma de
dieciocho millones seiscientos sesenta y tres mil
doscientos treinta y siete pesos ($18’663.237).
Para la señora Mari Luz Piña Reyes, la suma de
trescientos treinta y seis mil novecientos diez pesos
($336.910).
Para el joven Jorge Andrés Reyes Cárdenas, la
suma de dos millones doscientos dos mil doscientos
ochenta pesos ($2.222.280).
Para el menor Luís Alfonso Reyes Cárdenas, la suma
de dos millones cuatrocientos cincuenta y seis mil
cuatrocientos cincuenta y nueve pesos ($2.456.459).
Para el menor Jhonatan Alberto Reyes Cárdenas, la
suma de dos millones quinientos noventa y un mil
trescientos un pesos ($2.591.301).
Para el menor Brayan Alexander Reyes Cárdenas, la
suma de dos millones setecientos noventa mil
cuatrocientos setenta y nueve pesos ($2.790.479).
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14) Reconocer a favor de las víctimas y con cargo
al Fondo Nacional de Reparación, las siguientes
indemnizaciones por concepto de daños morales:
Para la familia Piña Reyes el pago en cuantía de
50 salarios mínimos legales mensuales vigentes, que
serán distribuidos de la siguiente manera: un 50%
para Aidé Reyes Cárdenas, y el 50% restante se
dividirá entre los hijos del señor Luís Alberto Piña
Jiménez: Mari Luz Piña Reyes, Luís Alfonso Reyes
Cárdenas, Brayan Alexánder Reyes Cárdenas,
Jhonatan Alberto Reyes Cárdenas y Jorge Andrés
Reyes Cárdenas.
Para la familia Lasso Gemade la Sala reconocerá el
equivalente a 50 salarios mínimos legales mensuales
vigentes, que serán distribuidos así: un 50% para la
señora Leonor Gemade de Lasso, madre de la víctima
Aída Cecilia Lasso Gemade, y el 50% restante será
repartido entre sus hermanos Sandra Constanza, Jinex
y Efraín Lasso Gemade.
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15) Se ordena a favor de la víctimas y con cargo al
Fondo Nacional para la Reparación o de la entidad que
para tal efecto designe el Estado, que Leonor Gemade
de Lasso, Sandra Constanza Lasso Gemade, Jinex
Lasso Gemade, Efraín Lasso Gemade, Aidé Reyes
Cárdenas, Mari Luz Piña Reyes, Jorge Andrés Reyes
Cárdenas, Luís Alfonso Reyes Cárdenas, Brayan
Alexander Reyes Cárdenas y Jhonatan Alberto Reyes
Cárdenas, sean sometidos a valoración psicológica o
psiquiátrica, y se determine en cada caso la necesidad
de la asistencia requerida para readaptarse a su nueva
condición post duelo, tal como se indicó en la parte
motiva de esta providencia.
16) Ordenar constituir un fideicomiso con los
dineros que correspondan individualmente a los
menores Luís Alfonso Reyes Cárdenas, Brayan
Alexander Reyes Cárdenas y Jhonatan Alberto Reyes
Cárdenas por daños materiales y morales, para lo cual
el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, a través
de la defensoría de familia o de la autoridad
correspondiente, dispondrán lo pertinente.
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17) Ordenar con cargo al Fondo Nacional de
Reparación, que se garantice a los menores Luís
Alfonso Reyes Cárdenas, Brayan Alexánder Reyes
Cárdenas y Jhonatan Alberto Reyes Cárdenas, a partir
de la ejecutoria de esta sentencia, la educación
primaria y secundaria completa, así como la
preferencia para el otorgamiento de becas nacionales
e internacionales, si es su deseo adelantar estudios
superiores.
18) Disponer que con al Fondo Nacional de
Reparación, que se garantice a los menores Luís
Alfonso Reyes Cárdenas, Brayan Alexander Reyes
Cárdenas y Jhonatan Alberto Reyes Cárdenas, su
derecho a la salud en forma gratuita, mientras estén
estudiando o hasta cuando cumplan la mayoría de
edad.
19) Ordenar que a través del defensor de familia
y del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, se
adelanten gestiones para que en el registro civil de los
menores Luís Alfonso Reyes Cárdenas, Brayan
Alexander Reyes Cárdenas y Jhonatan Alberto Reyes
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Cárdenas, se incluya el nombre del señor Luís Alberto
Piña Jiménez, como su padre.
20) Ordenar que dentro de un plazo máximo de
tres meses, contados a partir de la ejecutoria de la
sentencia, en desarrollo de un acto público, realizado
en el municipio de San Alberto César, se dé lectura a
la presente sentencia en relación con los hechos
luctuosos ocurridos el 21 de junio de 2000 en esa
ciudad, donde falleciera la señora Lasso Gemade y de
la comunicación que para tal efecto deberá suscribir el
postulado WILSON SALAZAR CARRASCAL, en la cual
reconozca públicamente su responsabilidad en los
hechos en que perdió la vida la señora Aída Cecilia
Lasso Gemade, ofrezca disculpas por su conducta y se
comprometa a no repetirlas.
21) Ordenar que la Alcaldía Municipal de San
Alberto, designe una de sus calles, avenidas, plazas
públicas, parques, coliseos o edificaciones públicas, a
criterio de los familiares de la señora Aída Cecilia
Lasso Gemade, con su nombre, para lo cual darán
lectura al correspondiente acto administrativo que así
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lo ordene, a una biografía de la víctima elaborada por
sus familiares y fijarán como testimonio una placa que
igualmente será escogida en su tamaño, calidades y
mensaje por los deudos de la fallecida Lasso Gemade.
22) Disponer que el Colegio donde estudiaba la menor
Sindy Paola Rondón Lasso hacia el futuro lleve su
nombre, para lo cual el Alcalde Municipal de San
Alberto hará las gestiones a que haya lugar y expedirá
el correspondiente acto administrativo si es de su
competencia o determinará al competente para
hacerlo, la cual será leída junto con una nota sobre la
vida de la joven inmolada y se fijará una placa
conmemorativa a selección en tamaño, material y
mensaje por parte de la familia de la homenajeada.
23) A fin de dar cumplimiento a lo dispuesto en la
parte resolutiva de la presente sentencia, la Sala de
Justicia y Paz del Tribunal Superior de Bogotá realizará un
seguimiento a cada una de las medidas tomadas a fin de
verificar su cumplimiento.
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24) Diferir la decisión de computar como tiempo
de ejecución de la pena alternativa, la permanencia
del postulado en la zona de concentración para el
momento en que se estudie lo concerniente a la
ejecución de la pena, que de conformidad con el
artículo 32 de la ley 975 de 2005, tal como se dispuso
en la parte motiva de este fallo.
25) Contra la presente decisión procede de
manera exclusiva el recurso de apelación, que se
surtirá ante la Sala de Casación Penal de la Corte
Suprema de Justicia.
CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
EDUARDO CASTELLANOS ROSO
LESTER M. GONZÁLEZ ROMERO ULDI TERESA JIMENEZ LÓPEZ
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