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En esos años, el accionar de la policía se hizo más implacable, el 26 de marzo de
1943, el Secretario de Gobernación, Don Carlos María Jiménez le pidió al Director General
de Policía la presencia de un detective en el burdel propiedad de doña Francisca Pérez el
cual estaba ubicado 75 varas al norte de la Escuela Mauro Fernández. A pesar de que uno
de sus vecinos, don Rómulo Artavia, era un importador de reconocida solvencia y juró que
doña Francisca era una mujer honesta, las investigaciones detectivescas dieron por resultado
que el Director de Policía, Alfonso Sáenz, mandará a desocupar en menos de ocho días su
local libertino. ( 593 ) Este caso, fue interesante pues la información recabada por el cuerpo
de detectives podía cuestionar los testimonios de los testigos, antes tomados como verídicos.
La represión de los burdeles fue acompañada de una mayor profesionalización y
especialización de la policía y su nueva sección de detectives. Prohibida la prostitución
estos investigadores gozaron de un mecanismo que les permitía intervenir en la vida
cotidiana de las prostitutas. Esto hizo que gobernadores y munícipes utilizaran
constantemente la sección de detectives para vigilar los lupanares establecidos. El 7 de
junio el Gobernador de San José requirió a esta agencia una pesquisa sigilosa de la Señora
María Campos quien tenía una casa de citas en el Barrio la Constructora. La indagación
policial confirmó las sospechas y doña María resultó rápidamente expulsada de su barriada.
( 594 )
La efectiva acción de los detectives hizo que las alcahuetas recurrieran a diversas
estrategias de supervivencia. Entre las dos más importantes sobresalió la de presentarse
como honestas o apelar a la conmiseración de la autoridad. En el primer caso una alcahueta
o burdelero (chulo) declararon con relación a su estado civil, edad, profesión o cualquier
593 ANCR. Gobernación. No. 9548, legajo 85.
594 ANCR. Gobernación. No. 9548, legago 88, copia 4913. Para tener una idea los
requerimientos del Secretario de Gobernación es conveniente observar uno de ellos
solicitado el 8 de junio de 1943 al Director General de Detectives. En ese día el Director
recibió la orden de:
“... dar instrucciones a uno de sus subalternos con el objeto de que averigue si es cierto que en los
sectores que en seguida le indicio, de esta capital funcionan dos casas de tolerancia y quienes son sus
dueños. Se nos informa que en la Avenida 3a. entre Calles 6a. y 8a. existe una que explota un señor
español a quien llaman don Segundo; y que en Calle 8a. entre Avenidas 3a y 5a. hay otra de una
señora Zoila Guerrero” ANCR. Gobernación. No. 9548, legago 88, copia 4933.
El caso señalado evidenció nuevas formas de supervisión policial, donde los detectives se ocultaban y
comenzaban a recolectar informaciones de conducta. Tal práctica no sólo la sufrieron las prostitutas y
demás grupos marginales, sino también el resto de los sectores populares.
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