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miembros de la oligarquía liberal. Amaya no escatimó en tener a las mejores prostitutas
josefinas; incluso, introdujo a menores de edad en el lenocido, esto con el afán de complacer
los minuciosos gustos de la élite capitalina. Las fuentes consultadas no indican si fueron sus
relevantes contactos y clientes los que impidieron que su negocio fuera cerrado.
Semejante suerte tuvo don Manuel de Santa Cruz quien contaba con varias
mancebías a lo largo y ancho de la capital, a los que siempre calificó de hoteles y
restaurantes. El Hotel Paris a pesar de ser reconocido como lupanar josefino y ser
denunciado en varias ocasiones nunca fue clausurado; ante el éxito alcanzado su concubina
abrió otro negocio, el “Restaurant Paris”. La impotencia e irritación mostrados por el
Director de Policía, don Carlos Jiménez, fueron mínimas comparadas con el enojo de la
comunidad, pues para ellos el “Paris” era un negocio:
“... frecuentado mujeres de mala vida y por menores de edad que allí
permanecen hasta altas horas de la madrugada, sin que la policía, con todo su
rigor, aplique al señor Santa Cruz, las disposiciones de la ley”. ( 592 )
A finales de la década de 1920, se dio un gran cambio de actitud hacia las prostitutas
y su ejercicio. La sociedad y la legislación se hicieron cada vez más intolerantes con las
rameras y las mancebías, por lo que forzó a estas a la clandestinidad. Los lupanares
volvieron a refugiarse bajo el nombre de negocios legales, tales como cafeterías, hosterías,
hoteles, restaurantes y tuvieron que aparentar la honradez. Esta era una vieja estrategia que
se forjó desde tiempo atrás pero que en épocas de represión resultó idónea para evadir la ley.
La estructura de los burdeles volvió a cambiar en la década de 1940 ya que tres años
más tarde se promulgó una ley que prohibía la prostitución. En ese año, burdeleros y
prostitutas debieron ocultarse ante la persecución de las autoridades. De este modo, sólo
entre marzo y noviembre de 1943 se atendieron ocho denuncias, las que fueron rápidamente
castigadas. Además se realizaron múltiples investigaciones que aunque no llegaron a ser
juzgadas fueron una muestra del creciente desvelo por parte de las autoridades policiales y
sanitarias en su intento por controlar los burdeles.
592 ANCR. Gobernación. No. 5692, folio 109. Para otras referencias sobre el caso véase ANCR.
Gobernación. No. 3325, folio 271 y ANCR. Gobernación. No. 5697, folio 72.
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