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“1ª. En caso de procesos por delitos o faltas, la orden debe necesariamente
provenir de una autoridad judicial o de una autoridad de policía (Gobernador,
Jefe Político o Agente Principal de Policía) y debe expresar: a) si se trata de
prisión preventiva, de auto motivado de prisión o de fallo condenatorio; b) la
causa que la origine; y c) la parte resolutiva si fuere su virtud de auto motivado
de prisión o sentencia.
2ª. En el caso de enfermas de profilaxis, la orden debe necesariamente
provenir del Médico Director y llevar el visto bueno del Agente Principal de
Policía de Profilaxis, quien deberá anotar al pie de la misma la circunstancia de
estar inscrita la mujer, la fecha de inscripción y la procedencia”. ( 535 )
El caso de sor Leontina no fue más que el reflejo de un espacio legal fisurado
tanto por el ingenio de las meretrices como por las contradicciones legales y de las
representaciones sociales que tuvieron las diferentes autoridades. El ejemplo, sirvió para
ilustrar como la declaración del estado civil fue una estrategia más utilizada por las
prostitutas costarricenses para defenderse de las opresivas disposiciones profilácticas y
conquistar para sí mismas algunos espacios autónomos.
Finalmente, habría que señalar que en lo que a sectores populares compete la
declaración del estado civil muy posiblemente no tuvo mucha trascendencia. Aún en el
periodo de 1939 y 1949, el porcentaje de hijos sin padre legal llegó a representar casi una
tercera parte de los nacimientos dados en los distritos capitalinos tales como la “Merced” y
“Hospital”. En tanto, en provincias como Limón, Puntarenas y Guanacastes los nacimientos
ilegítimos o “naturales” llegaron a ser los predominantes. ( 536 ) Por lo observado en los
juicios de injurias y calumnias, dentro de los sectores populares lo trascendental fue el
decoro más que el estado civil. De esta forma, no importaba que existieran los concubinatos
siempre y cuando estos no escandalizaran la comunidad con amasiatos que amenazaran la
estabilidad de otros hogares, o con uniones libertinas que rompieran la paz de la comunidad.
Como se advirtió en el capítulo IV, los juzgados de policía y judiciales resultaron ser
escenarios donde se dirimían algunas de las disputas cotidianas; muchas veces originadas
por los celos o desquites. En efecto, algunos miembros de los sectores populares recurrían
a esas instancias para denunciar a las mujeres como prostitutas o deshonestas por el simple
hecho de ser concubinas o adulteras.
535 ANCR. Gobernación. No. 5813, f.316- 317.
536 Véase Oficial. Anuarios Estadísticos. San José, Costa Rica. Dirección General de Estadística y
Censos. 1938-1949.
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