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comunidades. Logrado esto, no importaba si la causa terminaba o no, lo que interesaba era
la retractación y la restitución del honor dañado.
Por ende, las instancias judiciales y policiales, además de cumplir sus funciones morigeradoras y
punitivas, se convirtieron en espacios de arbitraje, donde las decisiones de las autoridades estuvieron
inmersas en un intenso juego de poder que protagonizaron no solo los enemistados, sino también vecinos,
amistades y familiares de los sujetos en pugna.
En los delitos de injurias y calumnias, el análisis de los oficios; los trazos de escritura, la
procedencia geográfica así como la correlación de estos elementos con las actitudes de los testigos de cargo
y descargo evidenciaron que la mayoría de los querellantes pertenecieron a los sectores populares, así
mismo, se detectó la utilización que hicieron estos sectores de sus propios mecanismos de control social.
Los mecanismos de control informal se desarrollaron tanto en las áreas rurales como
en las barriadas populares, su interrelación con las instituciones oficiales permitió la
configuración de diversos “sistemas de control social” o ejercicios del poder, que variaban
según cada comunidad, región, clase social e inclusive según el tipo delito, como se pudo
comprobar para los casos de la prostitución femenina. En efecto, los vecinos de las
prostitutas tuvieron un accionar distinto según su oficio, sexo, edad, lugar de residencia y el
comportamiento que estas tuvieran en su comunidad. Si bien, los vecinos de estas mujeres
tuvieron un canon común de valores, que dependía de las circunstancias, las podían proteger
o denunciar. Esta situación hizo que los códigos gestados en las barriadas capitalinas
estuvieron marcados por una actitud práctica que tendía a preservar los valores comunales.
La influencia de la comunidad y de los preceptos que esta emitía se observaron en
los mecanismos de acusación o de sanción social aplicados por los vecinos a las prostitutas
que rompían con la paz comunal. Si el autocontrol no funcionaba, los juzgados se
convertían en escenarios de arbitraje. De ahí que muchas veces, la supuesta incoherencia
de los agentes y autoridades de profilaxis con respecto a las leyes de policía y de profilaxis
se debieran al uso que los sectores populares dieron a dichos reglamentos y a como
concibieron dicha legislación.
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