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ansiada codificación en los sectores populares, aceptaba todos los mecanismos propios de la
comunidad.
Aunque, los juicios orales no permitieron popularizar y generalizar el concepto de
honor dentro de los sectores populares, si lograron extender el uso de los tribunales para
canalizar las disputas en torno a esa noción. De esta forma, estas instancias buscaron
penetrar en las formas de arbitraje presentes en los sectores populares. Vale aclarar que tal
propagación fue redimensionada en las diferentes comunidades, tal y como se observará en
los apartados subsiguientes. Los juicios orales deben ser considerados como un valioso
prisma que permite mirar el desarrollo de los valores populares entre 1821 y 1875. Los
resúmenes de los expedientes muestran como la violación a las propiedades comarcales,
colectivas y familiares podían significar una afrenta a la honorabilidad y podía ser concebida
como el más grosero de todos los agravios. ( 340 )
Los juicios orales permiten inferir que la denominada “conducta respetable” se
asociaba al acatamiento de lo conocido, por ejemplo: aunque las tierras podían ser
comunales se suponía que el resto de la sociedad reconocía quién cultivaba, pastaba o
recolectaba tradicionalmente en un espacio determinado y se daba por un hecho que aunque
una pareja no estaba casada debían respetar las normas de decoro. A finales del periodo
colonial, como ha señalado Eugenia Rodríguez, en los sectores populares el concepto de
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Soman, Alfred. L′ Infra – justice a Paris D′ Apres les Archives Notariales. En: Historie Economie et
Society. No. 3 1982, pp. 369-374.
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Agradezco a José Antonio Fernández haberme facilitado diversos borradores que tratan esta temática.
Los ejemplos, del accionar de estos procesos responden a lo Stephen Frank kllama “justicia popular”
(véase: Frank, Stephen. Crime, Cultural Conflict and Justice in Rural Russia, 1856-1914. Los Angeles –
Londres. Estados Unidos – Inglaterra. University of California Press. 1999).
Un ejemplo, donde el honor estuvo en juego sucedió el 24 de enero de 1827. En ese día compareció el
señor Pedro Chaves demandando a la señora Trinidad Chinchilla por haberle dado a su mujer una
pescozada y haberla llamado puta estando en la vecindad. Aparentemente, ambas mujeres tenían una larga
enemistad y antes de la agresión estuvieron agraviándose mutuamente. El alcalde aceptó la denuncia y de
inmediato pidió a los demandantes y a la acusada trajeran sus hombres buenos. Una vez que tanto el
alcalde como los mediadores comunales escucharon a las partes tomaron el acuerdo de castigar con un
peso a las manos violentas de la Chinchilla; además se le impuso un peso de multa por haber puesto
entredicho el matrimonio de la Chaves al decirle puta. Con respecto a los insultos que se dijeron ambas
mujeres el alcalde dejo injuria por injuria. No obstante, este funcionario les advirtió que impondría cinco
pesos y un mes de prisión en obras públicas a la mujer que de nuevo buscase contienda (ANCR. Jurídicos.
No. 3101, f. 52). El caso, evidencia no sólo un proceso judicial con intermediarios comunales sino formas
de sanción y justicia muy diferentes a las desarrolladas en las décadas posteriores a 1860. Situación que se
repetía en casos de deudas de maíz y productos (en un mundo dominado todavía por el trueque y la
integridad de los tratantes); las pugnas por el daño de cercos comunales por el ganado y los pleitos
cotidianos repetitivos que rebasaban los límites de lo personal, familiar y comunal y que debían ser
dilucidados en las instancias judiciales (ANCR. Jurídicos. No. 3101, f. 7v-8 ss).
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