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existentes en el país y los escasos conocimientos que acusaron todos los estamentos sociales
de Costa Rica sobre las enfermedades venéreas hicieron que los objetivos de la ley de
Higiene de 1875 fueran apenas un preludio del control venéreo. No obstante, esa ley dejó
entrever una creciente preocupación de la clase dominante por contener las enfermedades
venéreas; imponer nuevos roles sexuales; regular el crecimiento de las rameras reales o
supuestas; facilitar a la juventud y a los intemperantes de mujeres adecuadas para saciar sus
apetitos sexuales sin sucumbir en el mal venéreo; moderar las sociabilidades populares e
indirectamente vigilar a las mujeres solas, las que muy fácilmente eran vistas como
prostitutas potenciales.
Los espacios y fracturas fueron muchos. Cada fisura dejada por las incoherencias y
los silencios del sistema de control profiláctico fue aprovechada por las prostitutas para
sobrevivir a los duros rigores que imponía su oficio y el dominio policial y sanitario. Uno
de esos huecos fue el pago de las boletas sanitarias a los médicos. Todas las legislaciones, a
partir de la Ley de Higiene de 1875 hasta la ley prohibitiva de la prostitución de 1943, no
consideraron nunca el pago de honorarios a los médicos. Ante esa situación, algunos
facultativos rehusaron examinar gratuitamente a las meretrices
Un ejemplo de lo anterior ocurrió en junio de 1887. En ese mes el Agente Principal
de Policía de apellido Quesada le informó al Señor Ministro de Policía en la Secretaria de
Estado, su preocupación incesante ante la negativa de los médicos de examinar gratis a las
rameras. Según Quesada:
“... El médico del Pueblo exige a las interesadas por el examen y constancia
respectiva $ 4.25 [pesos]. El examen ha de ser quincenal según la disposición
citada, y de allí, el que sea materialmente imposible para las mujeres indicadas
llevar ese requisito indispensable. ¿Debe exigirse al Médico del Pueblo el
examen gratis? O bien y a pesar de lo expuesto, debo obligar á las mugeres
dichas, la presentación de la constancia, respectiva á su costa y en este caso,
bajó que pena ó porqué medios.
Mí humilde opinión sobre esté particular, es la de que el certificado de Sanidad
debe presentarlo la muger publica por su propia conveniencia, y en ese
concepto la obligación es personal, por otra parte el contrato celebrado por el
Municipio con los señores Doctores Mariano Padilla y Don Roberto Cortes
para servir alternando la Medicatura del Pueblo de esta ciudad, se ajusta á lo
dispuesto por la ley No. 39 de 18 de diciembre de 1865, por lo cual no están
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