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considerados por ellos como ineptos y sus pretensiones por supervisar a las mujeres
consideradas como “disolutas” o prostituidas. ( 241 )
Entre 1870 y 1940, la comunidad médica costarricense procuró determinar los tipos
de desviación social y sus diversos grados y se preocupó por adjudicar a las normas,
conductas y tradiciones populares un carácter desviado. De este modo, en 1875, los
médicos comenzaron a determinar quién era mujer buena o deshonesta según los exámenes
ginecólogos sumamente rudimentarios. Así por ejemplo, la Ley de Higiene de ese año
obligó por primera vez a esos facultativos a realizar visitas sanitarias a las casas de las
meretrices o mujeres que ellos consideraron como tales. Las féminas sospechosas quedaron
obligadas a concurrir cada 15 días al denominado “Médico del Pueblo” o al de Higiene.
Igualmente, por esa ley, se le exigió a los galenos entregar boletas de sanidad a todas
las mesalinas saludables para que continuaran trabajando sin contaminar a sus clientes y
denunciar a las enfermas para luego ser confinadas en las cárceles y los hospitales mientras
se curaban del mal venéreo. Finalmente, se inauguró la tolerancia de la putería, con esto el
Estado se convirtió indirectamente en el mayor alcahuete y mediador del lenocinio que tuvo
Consolidation of Therapeutic Monopoly. Medicial Discourses of Spanish Radiotherapist 1895-1936. En:
Social History of Medicine. Vol. 10. No. 2. 1997, pp. 221-241.
241 El Estado aconsejado por diversos médicos pretendió adjudicarse el derecho de reglamentar la
reproducción sexual de sus ciudadanos. Los certificados prenupciales insinuados por el doctor Céspedes, a
principios del siglo XX, fueron asumidos entre 1926 y 1939 por varios facultativos. Entre los más
conspicuos defensores del control eugenésico estaban los higienistas Odio de Granda, Joaquín Zeledón,
Antonio Peña, Ricardo Jiménez Núnez, José Amador y Humberto Zamora, entre otros. Ellos pretendían con
los certificados prematrimoniales descubrir los casos de sífilis en toda la población e iniciar los
tratamientos antes de que principiara la enfermedad (y con ella la ruina nacional), al mismo tiempo que se
creaban hábitos higiénicos y morales en la población que evitarían al final y al cabo el temido desorden
social (Véase Revista Médica. No. 64. Agosto. 1939, pp. 642-648. Otras referencias se pueden hallar
en Revista Médica. No. 49. Mayo. 1938, pp. 187-202 y Revista Médica. No. 51. Julio. 1938, pp. 250-
253.
La castración de esos sujetos se comentaba desde principios del siglo XX y continuó hasta 1949 (cuando
terminamos este estudio). Uno de los defensores de tan enérgica medida fue el Doctor Gonzalo Valenzuela.
Entre los diversos argumentos que expuso destaca uno en el que señalaba que: “...los hijos del criminal
nato ó refractario, su prole en general, como lo prueban las estadísticas, son desde todos los puntos de
vista carentes en absoluto de principios sanos y de tendencias provechosas, son plasmodios criminales
expuestos al contacto más mínimo, á efectuar y á conservar la forma del criminal real ... que
podemos decir de los dementes, epilépticos ó idiotas, ¿qué puede ser el fruto sexual de uno de estos
infelices, por entero desprovistos de inteligencia, iniciativa y fuerzas materiales?...” Cfr. Gaceta
Médica. No.2. Noviembre. 1909, p.27. La castración no fue aplicada, aunque para evitar los males que
degenerarían a la raza se procuró adecuar el certificado prenupcial. Para una descripción detallada de esta
medida véase: Amador, José. Algo más sobre el Certificado Prenupcial. En: Revista Médica. No.51.
Julio. 1938, pp. 250-253.
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