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adulterios, sodomía, trata de blancas y difamación (considerados también como delitos
contra el honor y las buenas costumbres) apenas si existían causas en los ficheros del
Archivo Nacional; ello llevó a seleccionar los juicios que abarcaran la mayor parte del
periodo y que involucraran a diversos grupos sociales. Mientras tanto, en el caso de los
expedientes de policía se privilegiaron las informaciones de conducta, los procesos de
inscripción al registro venéreo y las faltas a la policía. Todo esto produjo que el análisis de
la configuración del sistema de control sobre la moralidad y las costumbres se
circunscribiera básicamente a injuriadores, calumniadores y prostitutas (este último
concepto se manejó en forma amplia en el periodo estudiado y que abarcó en la realidad a
mujeres solas, concubinas, jefas de hogar y meretrices).
Por otra parte, se escogieron los expedientes calumnias, injurias y faltas de policía a
la moral y a las buenas costumbres ya que estos permitieron desarrollar una prosopografía
tanto de los enjuiciados como los testigos que participaron en los juicios. Esto a su vez
permitió recrear la conflictividad local y social tanto en sus móviles, desarrollo y resolución
lo que facilitó observar lo que Sabrina Loriga llamó las “relaciones totales” donde
emergían las disputas personales, familiares y sociales.
Finalmente, estos expedientes facilitaron comparar los datos de condenados por esas
faltas y delitos localizados en los Anuarios Estadísticos y comprender las tendencias de la
sanción de esos delitos.
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Las fuentes que se utilizaron para este estudio fueron muy diversas tanto en su
cuantía como en su calidad. Los expedientes de injurias, calumnias y de policía (informes
de conductas, registros antivenéreos y felonías) ubicados en las secciones de jurídicos,
gobernación y policía del Archivo Nacional de Costa Rica fueron la base de esta
investigación.
La sección de “jurídicos” de los Archivos Nacionales es una de las más importantes
en esa institución, pero a la vez la menos explorada. Ahí se localizan expedientes judiciales
de cualquier delito entre 1821 y 1935. De ella se decidió levantar los ficheros de injurias y
calumnias, esto por cuanto como ya se mencionó permiten investigar quiénes asistían a esos
procesos, los móviles, las diversas simbologías y usos sociales que se dieron en dichos
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