Panamá y el derecho de consulta de los pueblos indígenas ... - Unitas

ocasionar o creer dicho proyecto en las Comarcas Indígenas. Lo que busca es proteger los derechos
culturales de los pueblos indígenas mediante el artículo antes citado.
El artículo 99 de la Ley 41 General de Ambiente prevé lo siguiente:
Artículo 99. Los estudios de exploración,
explotación y aprovechamiento de los recursos
naturales que se autoricen en tierras ocupadas por
comarcas o pueblos indígenas, no deben causar
detrimento a su integridad cultural, social,
económica y valores espirituales.
La norma transcrita establece que cualquier estudio, explotación y aprovechamiento en las tierras
ocupadas por los pueblos indígenas, independientemente si son comarcas o no, no deben causar la
integridad social, económica, cultural y espiritual de ellos. Eso significa, cualquier actividad de
explotación minera o cualquier proyecto de desarrollo, no debe afectar la cultura de los pueblos
indígenas que están localizados en el área de proyecto. Es decir, si un proyecto que ha de ejecutarse
en un territorio indígena, legalizado o no, va afectar la idiosincrasia de los pueblos indígenas que
habitan en ese territorio, no puede tener permiso
También la Ley 41 de 1998 establece la participación ciudadana en los proyectos que se desarrolla en
sus áreas, independientemente si son comarcas o no. Los artículos 103 y 105 de la Ley General de
Ambiente establecen:
ARTÍCULO 103. En caso de actividades, obras o
proyectos, desarrollados dentro del territorio de
comunidades indígenas, los procedimientos de
consulta se orientarán a establecer acuerdos con
los representantes de las comunidades, relativos
a sus derechos y costumbres, así como a la
obtención de beneficios compensatorios por el
uso de sus recursos, conocimientos o tierras.
Artículo 105. En caso de actividades destinadas
al aprovechamiento de recursos naturales en
tierras de comarcas o pueblos indígenas, éstos
tendrán derecho a una participación de los
beneficios económicos que pudieran derivarse,
cuando dichos beneficios no estén contemplados
en leyes vigentes.
Estos dos artículos anteriormente trascritos establecen claramente que cualquiera actividad o
proyectos de desarrollar que ha de ejecutarse en las tierras o territorios indígenas, legalizados o no,
debe tener la consulta y participación de los pueblos indígenas, a fin de de que ellos tengan derecho a
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