Panamá y el derecho de consulta de los pueblos indígenas ... - Unitas

La Ley Forestal, llamada también Legislación Forestal, fue creada mediante la Ley No. 1 de 3 de
enero de 1994. En esta Ley se incluye la participación de los pueblos indígenas en la concesión de
aprovechamiento forestal; el artículo 32 de la Ley Forestal se estableció que la concesión forestal
debe tener autorización del Congreso Indígena respectivo si se otorga dentro de una Comarca
Indígena.
El artículo 44 de la Ley Forestal es claro al determinar que los permisos y concesiones de
aprovechamiento forestal, en áreas de Comarcas o Reservas Indígenas y Comunidades Indígenas,
serán autorizados por e INRENARE (actual ANAM), conjuntamente con los Congresos respectivos,
previo estudio de un plan de manejo científico. Es decir, ANAM no puede otorgar permiso de
explotación forestal dentro de las Comarcas o dentro de las comunidades indígenas que no tienen sus
tierras legalizadas, sin el consentimiento y participación de los Congreso Indígenas.
2. Legislación de Vida Silvestre
En la Ley de Vida Silvestre, Ley No. 24 de 7 de junio de 1995, se crea la Comisión Nacional de Vida
Silvestre, en el que uno de los miembros es un representante de los gobiernos indígenas o Congresos
Indígenas.
Además, de la participación de los pueblos indígenas en la Comisión Nacional de Vida Silvestre, la
Ley No. 24 de 1995 en su artículo establece que los permisos para la recolección, caza y pesca de la
vida silvestre, así como su utilización, investigación o estudio en áreas de comarcas, reservas y
comunidades indígenas, serán autorizados por el INRENARE, que sería en la actualidad Autoridad
Nacional del Ambiente, conjuntamente con las autoridades indígenas.
Es decir, independientemente si la comunidad indígena tiene su tierra legalizada o no, comarca o no,
cualquiera actividad que ha de realizarse en las tierras indígenas en materia forestal o de vida
silvestre, debe tener consentimiento, no solo de la Autoridad Nacional del Ambiente, sino también de
los Congresos o Autoridades Indígenas.
3. Ley General de Ambiente
En la Constitución Política de Panamá se contempló en el artículo 118 que todos los habitantes del
territorio nacional tienen el deber de propiciar un desarrollo social y económico que prevenga la
contaminación del ambiente, mantenga el equilibrio ecológico y evite la destrucción de los
ecosistemas. Es decir, que no solo a los ciudadanos panameños, tienen el deber y derecho a participar
en la protección de los recursos naturales, sino también todos los extranjeros que viven en Panamá.
Eso significa que las presentes generaciones tienen el deber conjuntamente con el Estado de utilizar
en forma razonable los recursos naturales y el ambiente que lo rodea. Por lo tanto, en la formulación
de políticas de uso razonable de los recursos naturales deben participar los gobiernos y la ciudadanía
en general.
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