EL CASO DE LA CONTAMINACION POR PLOMO* - CLAES
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<strong>EL</strong> <strong>CASO</strong> <strong>DE</strong> <strong>LA</strong> <strong>CONTAMINACION</strong><br />
<strong>POR</strong> <strong>PLOMO*</strong><br />
Virginia Matos<br />
Durante el primer año del siglo XXI el Uruguay fue sacudido por un problema ambiental inédito: todo un<br />
barrio montevideano estaba contaminado con plomo. En febrero de 2001 la directora del Centro de Toxicología<br />
de la Facultad de Medicina, Dra. Mabel Burguer, reconocía haber recibido el primer caso clínico de contaminación<br />
con plomo en agosto de 2000, declarando que se trataba “de un niño de la zona de La Teja residente en la<br />
calle Gowland”. A ese primer caso se sumaron cientos, miles, y a más de un año de la salida a luz del problema<br />
no es posible conocer las dimensiones que puede tener la presencia del metal a nivel nacional.<br />
Para muchos, la contaminación con plomo en el barrio La Teja destapó una Caja de Pandora puesto que a<br />
partir de ella se plantearon interrogantes -muchas que siguen sin respuesta- respecto a la presencia de plomo en<br />
productos y procesos varios. Pero también se pusieron sobre la mesa otros problemas ambientales que sufre el<br />
país y que han estado ausentes en las agendas de los gobiernos de turno.<br />
En agosto de 2001, a un año de conocido el primer caso, el Ministerio de Salud Pública (MSP) había<br />
realizado 6.200 análisis de plomo en sangre (plombemias) y según información publicada en prensa, son más<br />
de 6000 los casos de niños o adultos contaminados. Preocupa sobre todo la situación de los niños, por ser los<br />
más vulnerables a los efectos del metal en el organismo. Los valores de plomo en sangre de los niños alcanzan<br />
hasta los 60 microgramos por decilitro de sangre cuando lo admitido (hasta hoy) por la OMS son 10 µg/dl.<br />
Además se constató que la contaminación no se limita a La Teja, al comprobarse que también está en varios<br />
barrios del oeste capitalino, Tres Cruces y Pocitos, y en el departamento de Canelones.<br />
La resolución de este conflicto ambiental único, puesto que se trata del primero que movilizó a los tres<br />
poderes del Estado, no se visualiza claramente. Ya en abril de 2001, autoridades y técnicos coincidieron en la<br />
necesidad de aislar a las personas afectadas de su lugar de residencia para detener el contacto con una de las<br />
fuentes contaminantes: los suelos rellenados con escoria de antiguas fundiciones. Todos estuvieron de acuerdo en<br />
que mudar a los afectados era condición indispensable para empezar a atacar el problema con eficacia. Pero la<br />
concreción de un nuevo techo para estas personas apenas se vislumbra al final de un largo camino.<br />
Varias luces amarillas<br />
El estudio ambiental nacional, realizado con participación de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, el<br />
BID y la OEA (1991), señalaba que los “problemas de salud vinculados a focos de contaminantes químicos<br />
seguirán relacionados a la industria. Como no se prevé un incremento industrial sustancial en áreas urbanas, la<br />
evolución de este problema depende de revertir la condición actual. Crecerán, sin embargo, los temas vinculados<br />
a enfermedades pulmonares derivados de la contaminación del aire por el tráfico urbano en los barrios de<br />
mayor densidad. Deberá cuidarse también el crecimiento de la intoxicación por plomo que ya demuestra incidencia<br />
por fuentes puntuales de contaminación provenientes de fábricas y talleres”.<br />
Entre 1992 y 1995 la Cátedra de Toxicología de la Facultad de Química realizó estudios tendientes a<br />
evaluar los niveles de plomo de poblaciones uruguayas. Según la directora del Departamento de Toxicología,<br />
Nelly Mañay, “se constató la incidencia de los barrios más densamente poblados, transitados y por supuesto, la<br />
proximidad a industrias metalúrgicas identificadas en las zonas. Los datos promedio de plomo en sangre en las<br />
poblaciones fueron del orden de los 9,5 µg/dL (niños 9,6; adultos 9,1) lo cual representa en el caso de los niños<br />
valores promedialmente mayores que en estudios europeos contemporáneos y menores que estudios realizados<br />
en ciudad de México”.<br />
(*) pp. 147 a 175. En “Políticas ambientales en Uruguay”, E. Gudynas (compilador), Coscoroba, Montevideo, 2001.<br />
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La contaminación con plomo que hoy sufren los tejanos, determinó que una de las primeras medidas adoptadas<br />
fuera la clausura de tres fundiciones de la zona. Según Mañay, en orden de evitar la contaminación “habría que haber<br />
controlado sistemáticamente las fuentes industriales del momento y las poblaciones perifabriles que muchas veces se<br />
instalan próximas a su fuente de trabajo”. Ante los resultados de los estudios, “se planteó en diferentes mesas redondas<br />
la influencia del tetraetilo de plomo adicionado a las naftas y el gran tránsito vehicular”.<br />
La diputada encuentrista Margarita Percovich recordó que la posibilidad de que el combustible con plomo<br />
sea una de las fuentes contaminantes “la denunciamos en la Junta Departamental en 1991”. Agregó que luego, con<br />
los datos surgidos del estudio de Toxicología “el MSP tendría que haber decretado que este es un problema de<br />
salud nacional. Todas las medidas que se están tomando ahora se tendrían que haber tomado hace 10 años”.<br />
El origen antiguo del problema también fue planteado por E. Gudynas (C<strong>LA</strong>ES), quien sostuvo que “este<br />
caso de la contaminación con plomo no es un accidente agudo sino que son problemas que se vienen arrastrando<br />
desde hace mucho tiempo. La contaminación por plomo revela un proceso crónico de larga data. Si hubieran<br />
existido los controles adecuados, sea por la vía ambiental, sea por la vía sanitaria, en la salud de los vecinos,<br />
estos problemas tendrían que haberse hecho evidentes mucho antes”.<br />
Si bien las señales estaban, hay coincidencia en que el Estado no estaba preparado para enfrentar una<br />
situación como la que se dio en La Teja. Solamente se reparó en las señales cuando ya había sido afectada la<br />
salud de las personas, tal como señalara la diputada nacionalista Beatriz Argimón, quien fuera presidenta de la<br />
Comisión de Medio Ambiente de la Cámara de Diputados: “si esto hubiera pasado por un problema netamente<br />
ambiental no hubiera llamado tanto la atención más que a los que tradicionalmente estamos interesados en el<br />
tema; tuvo que estar afectada la salud-quienes trabajamos en el tema sabíamos que tarde o temprano podía<br />
llegar a suceder-para que esto se instalara en el debate público”.<br />
Lentitud de reacción<br />
Uno de los puntos más cuestionados por vecinos, ambientalistas y legisladores fue la lentitud con la que se<br />
abordó la problemática; un aspecto reconocido por las propias autoridades. Argimón destaca que “estos episodios<br />
se conocían desde el año pasado y los ejecutores responsables de estas políticas se reunieron por primera<br />
vez 72 horas después que los legisladores fuimos al centro comunal. Se debió actuar con mayor anterioridad”.<br />
En la sesión de la Comisión de Medio Ambiente de Diputados del 28 de febrero, la diputada también llamó la<br />
atención acerca de la dificultad para coordinar acciones. “Hemos tenido la posibilidad de dar respuestas rápidas<br />
ante situaciones límite: el cólera, la aftosa. Cuando se detectó la enfermedad aftosa, inmediatamente se planteó<br />
un sistema operativo. (...) Me queda claro que se tomaron medidas ante esta situación. Pero realmente me<br />
cuesta mucho creer que a esta altura, frente a la angustia de varias familias no pudo constituirse un cordón<br />
rápido (...)”.<br />
Promediando abril, el problema del plomo había logrado concitar una fuerte atención pública llegando a<br />
convocar al Sistema Nacional de Emergencia, el cual anunció que volvería a reunirse transcurridos 10 días para<br />
continuar analizando la situación. Pero pocas horas más tarde el país se vio sacudido por un rebrote de aftosa en el<br />
ganado. Tal como estaba anunciado, el Sistema Nacional de Emergencia volvió a reunirse pero a raíz del ganado<br />
aftósico y no de las personas contaminadas.<br />
Vecinos y autoridades: una relación difícil<br />
El conflicto comenzó a gestarse cuando las personas afectadas sintieron que poco o nada se había hecho<br />
desde agosto a febrero para solucionar su problema de contaminación. La noticia de la contaminación corrió<br />
como reguero de pólvora en La Teja y rápidamente los vecinos comenzaron a organizarse. Casi de inmediato<br />
instituyeron reuniones vecinales semanales, a veces logrando la participación de las autoridades. Cuando el<br />
tema vio la luz pública, los vecinos organizados empezaron a demandar respuestas de las autoridades competentes,<br />
fundamentalmente del MSP, que según denunciaron no autorizaba las plombemias porque el examen<br />
costaba U$S 55.<br />
Desde el Estado se entendió que esta situación sin precedentes requería un abordaje multidisciplinario y se<br />
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conformó la Comisión Interinstitucional integrada en principio por la IMM, el MSP, el MVOTMA, OSE y<br />
Facultades de Química y Ciencias.<br />
Los vecinos llegaron al Parlamento y desde un principio fueron recibidos por las Comisiones de Medio<br />
Ambiente y Salud Pública de ambas Cámaras. Si bien también se integraron a la Interinstitucional, los vecinos<br />
siempre manifestaron desconfianza hacia las autoridades. Al mal precedente que sentaba el haberse sentido<br />
ignorados durante muchos meses se sumó una dificultosa comunicación con las autoridades. Hasta el día de hoy<br />
siguen reclamando conocer a ciencia cierta las consecuencias de la presencia del plomo en sus organismos.<br />
También desde el vamos reclaman la eliminación de las fuentes de contaminación, que, según se informó a fines<br />
de marzo, son múltiples: terrenos rellenados con escoria de antiguas fundiciones, la actividad de industrias<br />
contaminantes no controladas por el Estado y el tetraetilo de plomo de la nafta.<br />
Los vecinos demandaron con éxito que no se les cobrara el importe de las plombemias y la habilitación de<br />
policlínicas barriales para la realización de los exámenes cuyo resultado, afirman, no les es entregado sino que se<br />
les comunica verbalmente, aspecto que refuerza su desconfianza y demuestra falta de transparencia en los procedimientos.<br />
También aseguran que no se les proporciona documentación relativa a los análisis de plomo en aire,<br />
agua y suelos y que de los dos primeros sólo se les informa que están dentro de los valores normales.<br />
La habilitación de una policlínica destinada exclusivamente a los contaminados no satisfizo las demandas<br />
sanitarias puesto que sólo se tratan allí a los niños con más de 20 µg/dl, cuando el límite tolerado por la OMS es<br />
de 10 µg/dl del metal en sangre. Según el MSP, su accionar está respaldado por parámetros internacionales<br />
aunque información internacional indica que con 10 µg/ dl de plomo en sangre o incluso menos, la salud infantil<br />
puede ser afectada en forma irreversible.<br />
Durante el transcurso del conflicto se instaló una barrera infranqueable entre vecinos y autoridades. La<br />
distancia establecida entre quienes teóricamente detentan los conocimientos, y las víctimas, supuestamente<br />
“carentes de conocimientos”, y que quedan a merced de lo que resuelvan las primeras. Pero las autoridades<br />
sanitarias, que deberían ser los depositarios del conocimiento para enfrentar el problema, reconocieron que en<br />
realidad no contaban con ese saber. El propio Dr. Touyá admitió que cuando se detectaron los primeros focos de<br />
contaminación el país no sabía como actuar y que la falta de experiencia en estos casos “jugó en contra”en el<br />
momento de tomar decisiones.<br />
Surge la pregunta, a un año de detectados los casos, ¿no ha sido suficiente para que las autoridades acopiaran<br />
los conocimientos necesarios para dar una solución definitiva al problema? Es de suponer que las autoridades<br />
efectuaron consultas internacionales al respecto puesto que se conoce el éxito de, por ejemplo, EE.UU. en el<br />
abordaje de problemáticas similares. Se conoció públicamente el asesoramiento del toxicólogo brasileño de la<br />
OPS, Dr. Carlos Mello Da Silva y sus recomendaciones, ninguna aplicada. Probablemente su aplicación hubiera<br />
mejorado la situación sanitaria de los contaminados que por el contrario, según se denunció, en algunos casos<br />
ha empeorado y podría empeorar aún más debido a condiciones climáticas (vientos primaverales). Esto deja en<br />
evidencia la ineptitud del MSP, que centra su atención en los niños con más de 20 µg/dl de plomo en sangre,<br />
retaceando la atención de los niños con menores valores e ignorando a los adultos contaminados. El MSP sólo<br />
hace el análisis de plomo en sangre, y ese nivel puede varias en cuestión de horas, de donde no necesariamente<br />
permite conocer la situación real de los afectados.<br />
Tampoco fueron felices las actuaciones de las autoridades ambientales. Desde el inicio, el departamento<br />
de Desarrollo Ambiental de la IMM y la DINAMA dijeron trabajar en forma “coordinada”. Ninguna de las<br />
acciones implementadas como la clausura de empresas, la identificación de los terrenos contaminados y su<br />
posterior hormigonado y la colocación de medidores de la calidad del aire, derivaron en soluciones. A esto se<br />
suma el agravante de que el único terreno por ahora dispuesto para el traslado de algunas familias afectadas<br />
también está contaminado.<br />
Con el argumento de que el vocero de la Interinstitucional es el Dr. Touyá, la DINAMA siempre se mantuvo<br />
en un segundo plano, evitando hacer declaraciones públicas. Esta actitud confirma importantes fallas en la<br />
comunicación con los vecinos, asunto de permanente reclamo vecinal. Una molestia recurrente es la vaguedad<br />
de las respuestas oficiales. Según los vecinos, las autoridades no brindan datos confiables y ellos lamentan no<br />
contar con la asesoría de técnicos independientes que les permita hacer su propio análisis de la situación.<br />
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El descontento vecinal recae especialmente en el MSP y en el MVOTMA y en menor medida en la IMM.<br />
Es decir que las autoridades coloradas, blancas y frenteamplistas respectivamente no supieron responder satisfactoriamente<br />
ni mucho menos a las demandas vecinales. La consecuencia fue el alejamiento de los vecinos de<br />
la Interinstitucional.<br />
La Comisión se resquebraja<br />
La necesidad del asesoramiento de un toxicólogo de la OPS evidenció cierta falta de certeza de la Comisión<br />
Interinstitucional en las acciones desarrolladas hasta el mes de mayo. Las mismas consistieron básicamente en dar<br />
tratamiento especial a los niños con más de 20 µg/dl de plomo en sangre, medidas de higiene y refuerzo de la<br />
alimentación para los que poseen valores más bajos. Mello Da Silva recomendó mudar a los menores de dos años<br />
estén o no contaminados, la realización de un estudio epidemiológico nacional para conocer “la verdadera situación<br />
y establecer medidas a largo plazo”, y la remediación de suelos con el mineral apatita. Ninguna de las recomendaciones<br />
se concretó en hechos. La actuación de la Comisión, que ya venía siendo cuestionada fue ganando en críticas que<br />
a la postre determinaron su resquebrajamiento. Por otro lado, los catedráticos en geología Néstor Campal y Alejandro<br />
Schipilov habían propuesto a la Comisión el mismo procedimiento de remediación de suelos, reduciendo la<br />
biodisponibilidad del plomo. Los científicos cuestionaron el proceder de la Comisión por no considerar la propuesta,<br />
y afirmaron que el hormigonado que efectuó la IMM en los suelos contaminados “sólo oculta el problema”.<br />
También en mayo, la Facultad de Ciencias retiró a su delegada en la Comisión, la Dra. en Ciencias Ambientales<br />
Gabriela Eguren. Las razones que motivaron su alejamiento es el funcionamiento del grupo “en forma<br />
caótica, orientada a buscar soluciones en forma de parche”. Esta casa de estudios también había presentado una<br />
propuesta de estudio causal de la contaminación que incluía medidas de prevención y remediación que no<br />
obtuvo respuesta.<br />
Desde el Parlamento, varios legisladores que siguen el tema advirtieron falta de coordinación y contradicciones<br />
a la interna del grupo multidisciplinario. La presidenta de la Comisión de Medio Ambiente de la Cámara<br />
de Diputados, Raquel Barreiro llamó la atención sobre las contradicciones existentes a la interna del grupo de<br />
trabajo. Recordó que una de las carencias en la actuación es la falta de recursos, reconocida tiempo atrás por las<br />
propias autoridades. Ante esa realidad la legisladora se mostró sorprendida cuando el ministro Carlos Cat contestó<br />
negativamente a un pedido de asignación de más recursos que desde el Senado efectuó el vicepresidente<br />
Luis Hierro López al Poder Ejecutivo. La diputada contrastó esta respuesta con lo expresado a la comisión<br />
parlamentaria por el Director Nacional de Vivienda, Bernardino Ayala quien afirmó que “el presupuesto asignado<br />
no alcanza”. La falta de recursos puede ilustrarse con un solo hecho: en el mes de julio, el MSP había<br />
contraído una deuda de 40 mil dólares con la Facultad de Química por concepto de plombemias. Ante el planteo<br />
de los senadores respecto a la necesidad de contar con mayores recursos el ministro de Economía Alberto<br />
Bensión había expresado públicamente que “todo lo que sean recursos adicionales o gastos adicionales requieren<br />
de financiación, así que si el Senado está dispuesto a votar nuevos impuestos con mucho gusto”.<br />
El lugar que ocupa este problema en la cartera de Vivienda quedó de manifiesto cuando en agosto de 2001 el<br />
ministro Cat manifestó que “en determinado momento, los funcionarios del MVOTMA tuvieron que dedicarse 100%<br />
al plomo porque en ese momento lo urgente era el plomo”. Queda claro que para Cat la contaminación con plomo no<br />
forma parte de las prioridades ministeriales.<br />
En agosto los vecinos se retiraron de la Comisión “hasta tanto no se den respuestas concretas y valederas”<br />
a la problemática. Sostienen que se busca enterrar el tema y que no existen propuestas relativas a la salud y a la<br />
vivienda. Expresaron vivir una situación de “inseguridad e inestabilidad” ante la falta de respuestas de las<br />
autoridades. Al retirarse de la Interinstitucional los vecinos denunciaron que las autoridades “manipularon” a<br />
los afectados para “aferrarse a un cargo en desmedro del bien común”. Denunciaron que en varias oportunidades<br />
fueron agredidos por integrantes de la Comisión y que los funcionarios públicos jamás han tenido en cuenta<br />
a los vecinos de La Teja.<br />
Tres meses antes, el ministro Cat había anunciado la construcción de un centenar de viviendas para la<br />
reubicación de las familias afectadas ubicadas en La Teja y en varios asentamientos del oeste montevideano.<br />
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Pero mientras los vecinos se retiraban de la Comisión se producía una intensa polémica en torno al terreno<br />
destinado al realojamiento de los vecinos del asentamiento Rodolfo Rincón-también contaminado. Aún no<br />
existe una respuesta habitacional para los vecinos de los demás asentamientos afectados quienes denuncian<br />
que el MVOTMA no cumplió la promesa del traslado.<br />
A la preocupación existente en los vecinos se agregó el hallazgo de plomo en los suelos de tres de cuatro<br />
escuelas tejanas analizadas, además de altos índices de zinc. Paralelamente continuaron surgiendo casos de<br />
niños contaminados en las proximidades de la fábrica de conductores de corriente Alur ubicada en Canelones;<br />
17 de los 19 niños analizados están contaminados.<br />
Ambiente y justicia: una relación inmadura<br />
El Dr. Marcelo Cousillas, especialista en derecho ambiental explica que ante un conflicto ambiental “el<br />
ciudadano tiene la posibilidad de recurrir a la vía administrativa movilizando a la administración pública. Cuando<br />
la administración que es el primer recurso, no responde a la necesidad inmediata, la ley plantea al ciudadano<br />
dos instancias más: la legislativa o la judicial”. Los vecinos de La Teja recurrieron a estas dos últimas vías;<br />
primero al Parlamento como contralor de la administración y con posibilidad de utilizar mecanismos para llegar<br />
a aquélla, y también acudieron a los estrados judiciales.<br />
Según Cousillas “puede decirse que los conflictos ambientales todavía llegan poco a la justicia, aunque el<br />
número es creciente”. Explica que “el mayor porcentaje de juicios ambientales corresponde a procedimientos<br />
excepcionales-como la acción de amparo-lo que determina un elevado número de rechazos o pérdidas por el<br />
reclamante ambiental”. La ley establece claramente que la acción de amparo es un juicio muy breve y solamente<br />
es pertinente “cuando no exista otra vía normal, no de urgencia”. “Podría decirse entonces que estamos ante un<br />
sistema de reclamos incipiente; pero no es así. Es posible hablar de un sistema de reclamos todavía inmaduro, cuya<br />
característica más señalada es que el demandado o el acusado no es el depredador o el contaminador, sino el<br />
Estado, generalmente por su inacción”. Pero también señaló que “específicamente en el tema ambiental existe la<br />
posibilidad de que el ciudadano se presente a la justicia incluso con mayores posibilidades que en otros temas. La<br />
razón es que en materia ambiental la ley establece que los fiscales, el MVOTMA, las ONGs y aún cualquier<br />
interesado, aunque no sea el directamente afectado en sus derechos, puede recurrir a la justicia para que tome<br />
intervención; esto se llama jurídicamente intereses difusos: el medio ambiente no es interés de una persona sino<br />
que es difundido entre todos”.<br />
Un denominador común a los conflictos ambientales es la dificultad que se le presenta a los ciudadanos<br />
para acceder a la información. Para Gudynas, “si la gente no tiene información adecuada, completa y veraz, se<br />
comienzan a despertar fantasmas y se ven impactos ambientales escondidos a la vuelta de la esquina”. La<br />
problemática de La Teja no fue la excepción en lo que a las carencias informativas de los vecinos se refiere. Una<br />
de las demandas que figuran en el recurso de amparo presentado ante el poder judicial es precisamente el acceso<br />
a mayor información desde los ministerios de Medio Ambiente y de Salud Pública, en particular sobre los<br />
resultados de los estudios realizados por este último. Siendo subsecretario de dicha cartera, el Dr. Luis Fraschini<br />
admitió que “creo que hubo tal vez una falta de comunicación adecuada”.<br />
A fines de abril la jueza del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, Rosina Rossi intimó al MSP, a la<br />
IMM y al MVOTMA a presentar un informe que detalle las “medidas adoptadas respecto a la situación particular<br />
de cada uno de los menores” contaminados con plomo cuyas familias solicitaron amparo judicial; días<br />
después el caso ingresó a la justicia penal. El juez Juan Carlos Contarín inició la investigación de eventuales<br />
responsabilidades personales o estatales, en el marco del capítulo del Código Penal que sanciona los delitos<br />
contra la salud pública. También en abril el Fiscal de Corte Oscar Peri Valdez recibió a vecinos de La Teja a<br />
quienes comunicó que instruiría a un fiscal civil para investigar el caso. Esa fue la primera vez que un Fiscal de<br />
Corte recibió a vecinos de Montevideo por un tema ambiental.<br />
En setiembre tomó cartas en el asunto el fiscal civil Enrique Viana quien pidió al juez José Lobelcho que<br />
condene a Ancap, al MVOTMA y a la IMM como responsables de la contaminación con plomo. Viana también<br />
planteó prohibir la nafta con plomo más allá del 2003. El fiscal afirma que la IMM y el MVOTMA “no han<br />
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procedido a facilitar el traslado y viviendas a las personas afectadas para alejarlas de las fuentes de contaminación,<br />
no hicieron nada para mejorar la condición de los suelos ni anunciaron soluciones alternativas. Han hecho,<br />
para colmo de males, un inadecuado manejo de la información ambiental, lo que a su vez contraría otro de<br />
los principios generales de la política ambiental”. También en setiembre se anunció que la abogada Patricia<br />
Pérez, que asesora a los vecinos en el recurso de amparo presentado, solicitará a la sede de lo contencioso<br />
administrativo que se acelere el proceso que lleva cinco meses sin resolverse.<br />
El mes de setiembre cerró con anuncios judiciales importantes en relación al plomo puesto que Peri Valdez<br />
aseguró a los vecinos de La Teja que en breve comenzarían los juicios orales y públicos contra el MVOTMA, la<br />
IMM y Ancap.<br />
Contaminación politizada<br />
Concluida una de las primeras reuniones efectuadas entre vecinos y autoridades, el diputado Raúl Sendic<br />
señaló que “la información brindada por las autoridades evidenció una serie de carencias existentes en materia<br />
de protección ambiental y salud pública (...) Además, quedó en evidencia la carencia de políticas preventivas<br />
para este tipo de casos”. Evidentemente el Estado no estaba preparado para enfrentar eficazmente el problema.<br />
El Dr. Touyá dijo en el Parlamento que “en el país no estaba planteada ninguna política para trabajar en la<br />
contaminación con plomo”.<br />
Una de las discusiones de fondo no saldadas se refiere a las responsabilidades que les cabrían a los organismos<br />
del Estado en el problema del plomo. Lo cierto es que según lo dicho por la Directora del Departamento<br />
de Toxicología, el primer caso se conoció en agosto de 2000, y la Facultad de Química realizó un análisis a ese<br />
niño. Según relata la madre del niño (asegurando tener documentación que lo acredita), en octubre se informó<br />
al MSP y a la DINAMA. Pero el Director General de la Salud, Dr. Eduardo Touyá admitió haberse enterado de<br />
la situación por medio de la prensa en el mes de febrero. Al respecto el diputado Raúl Sendic en la sesión de la<br />
Comisión de Medio Ambiente de Diputados del 28 de febrero estimó que “faltan mecanismos de alarma que<br />
permitan conocer al propio Ministerio y a sus jerarquías cuando se disparan estas situaciones”. Según dijo Lazo<br />
en la misma sesión, la IMM “toma contacto con el tema en noviembre de 2000 a través de un fax proveniente<br />
del MSP”. Expresó que “respecto a la falta de rapidez o lentitud, deseo manifestar ... esto comenzó con un<br />
problema de salud en los últimos meses del año pasado. Aclaro que hubo un caso; la acumulación de casos llegó<br />
en los meses de enero y febrero”.<br />
Las primeras voces que en el espectro político sugirieron responsabilidad de la IMM surgieron en el seno<br />
de la Junta Departamental de Montevideo. A instancias de la edila Cristina Ferro se conformó una Comisión<br />
Investigadora para determinar las responsabilidades que pudieran caberle a la comuna. Los cuestionamientos<br />
más fuertes se vinculan con el terreno contaminado adquirido por la IMM destinado al realojo de familias<br />
afectadas. Según Lazo, las zonas donde se encontró plomo son puntuales y serán limpiadas. Pero Ferro consideró<br />
que el terreno es inviable y que el plan municipal para volverlo habitable es muy oneroso. La edila sostiene<br />
que el traslado de las familias se verá retrasado por las obras que serán necesarias para poner a punto el terreno<br />
que además es atravesado por una cañada que deberá ser entubada. El precio que la IMM pagará por el terreno<br />
también fue motivo de controversia. Mientras el municipio pagará U$S 390.000 por el terreno, su valor catastral<br />
es de U$S 119.071 según informó el director de Acondicionamiento Urbano municipal, Roberto Villarmarzo.<br />
Ferro consideró excesiva la diferencia de precios que según Villarmarzo “suelen estar bastante apartados”. A<br />
mediados de agosto el Tribunal de Cuentas aprobó la inversión planteada por la IMM. Respecto a los siguientes<br />
pasos a seguir, Lazo se desligó señalando que el realojamiento de los vecinos “no depende de nosotros; está<br />
basado en los informes que el MSP entrega al de Vivienda”. Finalmente, con los votos del Encuentro Progresista<br />
y del Partido Nacional, la Junta Departamental autorizó a la IMM a firmar el convenio con el MVOTMA para<br />
donarle a éste el terreno en cuestión.<br />
Desde la bancada de diputados del EP se planteó la voluntad de convocar a los ministros de Vivienda y<br />
Salud Pública, Cat y Fraschini, en régimen de Comisión General del Parlamento, fundamentada en la falta de<br />
soluciones concretas, convocatoria que hasta el momento se limitó a una expresión de voluntad.<br />
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Las reacciones políticas frente a este problema oscilaron entre la expresa oposición a la gestión municipal<br />
manifestada por los ediles colorados, a la inexistencia de una postura común desde el Partido Nacional, al<br />
posicionamiento político más definido del EP. Este último se asentó en la toma de posición por parte de varios<br />
legisladores encuentristas, la presentación de tres proyectos de ley referidos al tema y en las declaraciones<br />
públicas del Dr. Tabaré Vázquez. El líder de la izquierda, respaldado por la mesa política del FA, exigió al MSP<br />
que asuma las responsabilidades que le corresponden puesto que “no se pueden diluir en varias entidades o en<br />
una Comisión y puesto que se trata de la salud de las personas llamamos a responsabilidad a quien tiene el rol<br />
rector de prevenir y asistir en esta área, el MSP”. La mesa política del FA expresó su preocupación “por la<br />
demora en definir políticas nacionales sanitarias, de control ambiental, industrial y de ordenamiento territorial,<br />
ante la gravedad de la intoxicación por plomo de niños y familias en Montevideo y en otras ciudades del país.<br />
Emergencia ambiental<br />
La gravedad de lo ocurrido en La Teja determinó que varios actores propusieran emitir declaraciones que<br />
fueron desde la “emergencia ambiental” a la “urgencia ambiental”, pasando por la “alarma ambiental” y el<br />
“alerta ambiental”. En marzo, E. Gudynas estimó que “ha llegado el momento de considerar esto como una<br />
verdadera emergencia ambiental que requiere una comisión, no sólo con representantes de ministerios y de la<br />
intendencia sino también de organizaciones ciudadanas con amplios poderes y con vínculo directo con el Ministerio<br />
de Salud Pública y la Intendencia Municipal de Montevideo, para comenzar con soluciones ya”.<br />
Un mes después, y ya reinstalada la catástrofe aftósica, la senadora y médico Mónica Xavier declaró<br />
que la contaminación con plomo “debe ser considerada emergencia nacional y deben sacarse recursos de<br />
dónde sea”. Este aspecto se discutió en el ámbito parlamentario. Argimón planteó que “estaríamos ante una<br />
suerte de alarma ambiental (...) Esta declaración a nivel departamental o nacional significaría una llamada de<br />
atención más fuerte (...) Como actores públicos pensamos que si hubiera existido esa declaratoria que hace<br />
sentir el peso de la temática a nivel público y social, de alguna forma la respuesta hubiera sido distinta y se<br />
hubiera avanzado; me refiero a que la población en general tendría una conciencia distinta de lo que está<br />
sucediendo”. El diputado Artigas Melgarejo sostuvo que “estamos ante un ‘alerta ambiental’, no diría una<br />
alarma ambiental; que tiene que llevarnos a que todos seamos conscientes de que indudablemente Montevideo<br />
está mucho más expuesto que otros departamentos”. A un año de la aparición del primer caso y criticando<br />
el abordaje institucional del problema, la presidenta de la Comisión de Medio Ambiente de Diputados,<br />
Raquel Barreiro reclamó la formación de un Comité de Crisis con recursos propios porque “es hora de que se<br />
reconozca que esto es una emergencia ambiental”.<br />
Consultado acerca de los criterios para efectuar una declaración de “emergencia ambiental”, M. Cousillas<br />
expresó que “no existe un criterio nacional para tal declaración y lo que es más importante, de producirse la<br />
misma estaría vacía de contenido. Los sectores que reclamaron la declaración de ‘emergencia ambiental’, seguramente<br />
lo hicieron con la buena intención de poner de manifiesto la importancia y gravedad del problema, pero<br />
ninguno de ellos supo explicitar qué buscaba con la medida o que consecuencias prácticas reales se producirían<br />
a partir de ella. Seguramente, si la decisión la adoptaba un órgano estatal, administrativo o político, la declaración<br />
sólo hubiera tenido consecuencias políticas. De la misma forma que si lo hubieran hecho sectores ciudadanos<br />
u organizaciones no gubernamentales, la consecuencia hubiera sido social o política en el sentido amplio<br />
del término. Pero, cualquiera de ellas, ¿qué hubiera implicado para los organismos comprometidos?, ¿qué<br />
obligaciones surgirían para la comunidad?, ¿qué ventajas reales le hubiera aportado a los involucrados en La<br />
Teja?”<br />
En otras legislaciones existe la figura de la “emergencia ambiental”, pero a ella “le corresponde un régimen<br />
jurídico determinado. Es decir, a partir de la adopción de esa decisión, con obvias consecuencias, políticas,<br />
sociales, económicas, etc. se desencadenan situaciones y procesos. Por ejemplo, se refuerzan las potestades y<br />
competencias de la autoridad ambiental para tomar medidas o ejecutar acciones que en situaciones normales le<br />
estarían vedadas o se abre la posibilidad de recurrir a fondos públicos que de otra forma tendrían otros destinos;<br />
pero en todo caso eso debe estar previsto y regulado de antemano”. En algunos países, como ocurre en Chile, la<br />
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figura de la “emergencia ambiental” “es utilizada para habilitar la aplicación temporaria de estándares de emisión<br />
más exigentes, impedir la circulación de vehículos no prioritarios, suspender la realización de actividades<br />
industriales y otras contaminantes, etc.<br />
Pocos días antes de anunciarse que la principal fuente de contaminación son los terrenos rellenados con<br />
escoria de antiguas fundiciones, la Red de ONGs Ambientalistas emitió un comunicado de prensa rechazando<br />
las declaraciones de los ministros de Salud Pública, Industria y Energía, Vivienda, Ordenamiento Territorial y<br />
Medio Ambiente, y del intendente municipal de Montevideo, quienes consideraron que no existen méritos para<br />
declarar Estado de Alerta Ambiental en Montevideo. Esa Red sostuvo que “se debe declarar el estado de urgencia<br />
ambiental en Montevideo”, el que “sólo podrá ser levantado una vez que se identifiquen los focos y causas<br />
de contaminación, y el proceso de contaminación haya sido detenido y revertido”.<br />
Para la prof. Mañay, el hecho de que se declare una emergencia ambiental “es como en toda contaminación<br />
un problema de riesgo-beneficio. En este caso, surge el problema del efector de la contaminación cuando por lo<br />
general se conoce la fuente industrial y los medios de dispersión”.<br />
El plomo como alerta<br />
Lo sucedido pone sobre la mesa una serie de cuestionamientos relativos a un buen número de situaciones<br />
ambientales que hasta el momento no recibían demasiada atención y que empiezan a percibirse como realmente<br />
preocupantes. Nadie discute que el plomo de La Teja tiene múltiples fuentes y que, en mayor o menor medida,<br />
esas mismas fuentes existen en otras partes de Montevideo y del país.<br />
El subdirector nacional de medio ambiente, Lic. Víctor Cantón dijo que “el plomo es un elemento que ha<br />
sido utilizado en una variedad de aplicaciones durante varias décadas. El mantenimiento de la producción y<br />
utilización de naftas con tetraetilo de plomo en nuestro país es una de las principales fuentes actuales de emisión<br />
de plomo en el ambiente y en todo el territorio nacional. Esto trae como consecuencia que, en términos<br />
generales, la totalidad de la población uruguaya esté expuesta a este contaminante como resultado del tránsito<br />
vehicular (...)”. Mañay confirmó esta afirmación cuando dijo que hoy la población de Montevideo “tiene niveles<br />
de plomo del orden de entre 9 y 10 µg/dl de sangre”.<br />
Según Touyá, “Uruguay alcanzará la meta de tener 10 µg/decilitro en los niños cuando no haya plomo en<br />
la nafta, en el agua potable-en los valores que hoy aceptamos-, en las bebidas refrescantes, en el agua mineral y<br />
cuando los juguetes no contengan pinturas con plomo. También los fertilizantes aportan plomo y, entonces,<br />
debido a los agroquímicos, las zonas suburbanas o campestres pueden tener determinados niveles de este metal”.<br />
También deben agregarse las emisiones de las industrias que trabajan con el metal, las cuales emiten<br />
contaminantes a la atmósfera (plomo incluido) y a los cursos de agua. Desde hace tiempo las autoridades<br />
conocen la situación del arroyo Pantanoso cuyos lodos tienen un contenido de plomo sesenta veces más alto que<br />
los de la muestra efectuada en Pajas Blancas, además de otros metales pesados. Lazo confirmó que el contenido<br />
de metales pesados proviene fundamentalmente de las curtiembres. Los estudios detectaron la presencia de<br />
ocho metales pesados en suelos tejanos además del plomo.<br />
Las baterías de auto constituyen un potencial peligro y su destino es una interrogante. La presidenta de la<br />
Comisión de Vivienda, Territorio y Medio Ambiente de diputados, R. Barreiro llamó la atención acerca del<br />
hecho de que “nadie sabe adónde van a parar”.<br />
Durante el seguimiento parlamentario del tema, varios legisladores plantearon examinar riesgos ambientales<br />
existentes en el interior del país que se arrastran desde tiempo atrás. Se citaron varios casos como la gestión<br />
de los residuos hospitalarios; la contaminación de cursos de agua entre los cuales se destacó la del arroyo<br />
Conventos en Cerro Largo y la del río Yaguarón generada por los plantíos de arroz; la fábrica de pórtland de<br />
Minas que cambió su funcionamiento a fuel oil por carbón de coque. También se indicó que muchas industrias<br />
contaminantes se radican en el interior debido a que los controles ambientales son menos estrictos que en la<br />
capital.<br />
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Anuncios oficiales<br />
A raíz de la contaminación plúmbica, se han producido anuncios oficiales de acciones necesarias a<br />
implementar para prevenir situaciones como ésta. Uno de los anuncios más importantes fue el que pronunció el<br />
ministro C. Cat quien expresó que se establecerá un plazo para la eliminación de nafta con plomo en el país. En<br />
igual sentido, y ante el pedido del fiscal Viana para que se prohíba la producción de nafta con plomo más allá de<br />
2003, el director de Ancap, Pablo Abdala dijo que “coincide con los objetivos del Directorio”.<br />
Por su parte la IMM anunció que finalmente aplicará la remediación de suelos con apatita propuesta por<br />
los geólogos Campal y Shipilov. La técnica se aplicará en forma piloto en el terreno municipal ubicado en<br />
Emilio Romero y Ameghino que posee altos niveles de plomo.<br />
Asimismo la comuna anunció que planifica realizar un diagnóstico a mediano plazo del nivel de plomo en<br />
toda la ciudad. No existen antecedentes de estudios similares así como tampoco se cuenta con estudios recientes<br />
a nivel nacional que den cuenta de los niveles de plomo en el aire y de los niveles medio de plomo en la<br />
sangre de la población uruguaya. El único estudio existente es el realizado por la Facultad de Química ya<br />
mencionado.<br />
A través del Dr. Touyá el MSP manifestó la voluntad de implementar mayores controles sanitarios: “indudablemente<br />
después de esto en Uruguay se implementará la recomendación de que una vez al año haya un<br />
estudio del plomo en la sangre de los niños”.<br />
Aunque se descartó la eventual presencia del metal en el agua potable, Lazo expresó que “OSE cambió<br />
algunas de las conexiones largas de plomo por caños de polietileno”. En el país existen 350 mil conexiones de<br />
plomo, la mitad de las cuales corresponde a Montevideo. Según el gerente Arturo Castagnino “no existen<br />
razones por las cuales el organismo deba emprender un recambio intensivo de conexiones”. Sin embargo se<br />
difundió el propósito del ente de sustituir gradualmente las cañerías de plomo en centros educativos, guarderías<br />
y comedores.<br />
La directora de Control Ambiental de la DINAMA Ing. Marisol Mallo llamó la atención respecto a “la<br />
importancia de que el país encare medidas preventivas en materia de calidad de aire, en particular sobre los<br />
establecimientos industriales. La idea de la DINAMA actuando en coordinación con las intendencias municipales<br />
es hacer una evaluación y aplicar las medidas preventivas en la totalidad de las fundiciones de nuestro país,<br />
sabiendo que éstas son fuentes reales de emisión de metales pesados a la atmósfera y que no han sido incluidas<br />
dentro de ningún sistema de contralor por parte de la DINAMA porque no hay normas nacionales en ese sentido<br />
que se puedan aplicar (...) Se trata, de atacar el problema antes de que pueda aparecer. Los problemas de salud<br />
no deberían darse, deberíamos actuar en forma preventiva en las distintas fuentes”.<br />
Por su parte Cousillas considera “primordial la adopción de medidas preventivas que eviten los impactos<br />
ambientales negativos y, por sobre todo, que eviten la producción de afectaciones a la salud a partir de éstos.<br />
Son conocidas las ventajas sociales, económicas, jurídicas y aun políticas de las medidas de prevención frente<br />
a las de reparación o recomposición. (...) En principio, las medidas deben tender a evitar los impactos ambientales<br />
negativos en general y, cuando ello no es posible y en base a otras consideraciones esos impactos ambientales<br />
se admiten, entonces claramente las medidas de mitigación o compensación de esos impactos deben -en<br />
primer lugar- anular sus afectaciones la salud humana”.<br />
Todo lo descrito sugiere falta de voluntad por parte de las autoridades para dar una solución definitiva al<br />
problema. La misma queda de manifiesto en el rechazo a la propuesta de Facultad de Ciencias que planteaba<br />
soluciones de fondo y a corto plazo, además de la adopción de medidas preventivas. También se evidencia en el<br />
rechazo inicial a la propuesta de remediación de suelos efectuada por los geólogos. Cinco meses después de<br />
presentada la misma, la IMM anunció que la va a aplicar. ¿Por qué la IMM demoró cinco meses en comprender<br />
las bondades del planteo? ¿Por qué se trajo a un asesor extranjero para que efectuara recomendaciones que no<br />
se iban a aplicar?<br />
Los legisladores, actores políticos que no tienen competencia en la toma de decisiones, no fueron capaces<br />
de obligar a las autoridades competentes de sus propios partidos a adoptar soluciones. La Cámara de Senadores<br />
en pleno no fue capaz de lograr que el ministro de Economía Bensión destinara recursos para la contaminación.<br />
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¿Por qué a ningún legislador se le ocurrió plantear la suspensión de algunos de los cientos de contratos de obra<br />
por los cuales el Estado eroga 28 millones de dólares en asuntos verdaderamente secundarios y que se demostró<br />
se respaldan en amiguismo político? La utilización de algunos de esos miles de dólares en la atención de los<br />
contaminados ayudaría a solucionar el problema y demostraría la humanidad y sensibilidad que hasta ahora no<br />
han exhibido nuestros gobernantes.<br />
Tal vez la angustia que sufren los vecinos al continuar en contacto con las fuentes de contaminación podría<br />
disminuir si logran mudarse. Pero el MVOTMA anunció que con suerte, la reubicación podría concretarse en<br />
los primeros meses de 2002. Siempre se supo que, de concretarse, el traslado no iba a ser inmediato. Es evidente<br />
que se requería un realojamiento provisorio para los afectados pero nadie lo demandó.<br />
La contaminación con plomo muestra a las claras la inexistencia de políticas ambientales nacionales o<br />
municipales y corrobora la incapacidad de actuar en prevención. Las autoridades no tuvieron voluntad o capacidad<br />
para considerar que este problema podía presentarse dadas las innumerables actividades que perjudican<br />
el ambiente que no revisten controles adecuados. Ojalá, como dijo Mello Da Silva, esta epidemia sirva para<br />
eliminar otras fuentes de plomo. Sería muy grave que se cumpliera el temor manifestado por algunos vecinos de<br />
que en poco tiempo puede desaparecer la responsabilidad del Estado en el tema. Como sociedad no deberíamos<br />
permitirlo.<br />
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