EL CASO DE LA CONTAMINACION POR PLOMO* - CLAES

EL CASO DE LA CONTAMINACION
POR PLOMO*
Virginia Matos
Durante el primer año del siglo XXI el Uruguay fue sacudido por un problema ambiental inédito: todo un
barrio montevideano estaba contaminado con plomo. En febrero de 2001 la directora del Centro de Toxicología
de la Facultad de Medicina, Dra. Mabel Burguer, reconocía haber recibido el primer caso clínico de contaminación
con plomo en agosto de 2000, declarando que se trataba “de un niño de la zona de La Teja residente en la
calle Gowland”. A ese primer caso se sumaron cientos, miles, y a más de un año de la salida a luz del problema
no es posible conocer las dimensiones que puede tener la presencia del metal a nivel nacional.
Para muchos, la contaminación con plomo en el barrio La Teja destapó una Caja de Pandora puesto que a
partir de ella se plantearon interrogantes -muchas que siguen sin respuesta- respecto a la presencia de plomo en
productos y procesos varios. Pero también se pusieron sobre la mesa otros problemas ambientales que sufre el
país y que han estado ausentes en las agendas de los gobiernos de turno.
En agosto de 2001, a un año de conocido el primer caso, el Ministerio de Salud Pública (MSP) había
realizado 6.200 análisis de plomo en sangre (plombemias) y según información publicada en prensa, son más
de 6000 los casos de niños o adultos contaminados. Preocupa sobre todo la situación de los niños, por ser los
más vulnerables a los efectos del metal en el organismo. Los valores de plomo en sangre de los niños alcanzan
hasta los 60 microgramos por decilitro de sangre cuando lo admitido (hasta hoy) por la OMS son 10 µg/dl.
Además se constató que la contaminación no se limita a La Teja, al comprobarse que también está en varios
barrios del oeste capitalino, Tres Cruces y Pocitos, y en el departamento de Canelones.
La resolución de este conflicto ambiental único, puesto que se trata del primero que movilizó a los tres
poderes del Estado, no se visualiza claramente. Ya en abril de 2001, autoridades y técnicos coincidieron en la
necesidad de aislar a las personas afectadas de su lugar de residencia para detener el contacto con una de las
fuentes contaminantes: los suelos rellenados con escoria de antiguas fundiciones. Todos estuvieron de acuerdo en
que mudar a los afectados era condición indispensable para empezar a atacar el problema con eficacia. Pero la
concreción de un nuevo techo para estas personas apenas se vislumbra al final de un largo camino.
Varias luces amarillas
El estudio ambiental nacional, realizado con participación de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, el
BID y la OEA (1991), señalaba que los “problemas de salud vinculados a focos de contaminantes químicos
seguirán relacionados a la industria. Como no se prevé un incremento industrial sustancial en áreas urbanas, la
evolución de este problema depende de revertir la condición actual. Crecerán, sin embargo, los temas vinculados
a enfermedades pulmonares derivados de la contaminación del aire por el tráfico urbano en los barrios de
mayor densidad. Deberá cuidarse también el crecimiento de la intoxicación por plomo que ya demuestra incidencia
por fuentes puntuales de contaminación provenientes de fábricas y talleres”.
Entre 1992 y 1995 la Cátedra de Toxicología de la Facultad de Química realizó estudios tendientes a
evaluar los niveles de plomo de poblaciones uruguayas. Según la directora del Departamento de Toxicología,
Nelly Mañay, “se constató la incidencia de los barrios más densamente poblados, transitados y por supuesto, la
proximidad a industrias metalúrgicas identificadas en las zonas. Los datos promedio de plomo en sangre en las
poblaciones fueron del orden de los 9,5 µg/dL (niños 9,6; adultos 9,1) lo cual representa en el caso de los niños
valores promedialmente mayores que en estudios europeos contemporáneos y menores que estudios realizados
en ciudad de México”.
(*) pp. 147 a 175. En “Políticas ambientales en Uruguay”, E. Gudynas (compilador), Coscoroba, Montevideo, 2001.
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La contaminación con plomo que hoy sufren los tejanos, determinó que una de las primeras medidas adoptadas
fuera la clausura de tres fundiciones de la zona. Según Mañay, en orden de evitar la contaminación “habría que haber
controlado sistemáticamente las fuentes industriales del momento y las poblaciones perifabriles que muchas veces se
instalan próximas a su fuente de trabajo”. Ante los resultados de los estudios, “se planteó en diferentes mesas redondas
la influencia del tetraetilo de plomo adicionado a las naftas y el gran tránsito vehicular”.
La diputada encuentrista Margarita Percovich recordó que la posibilidad de que el combustible con plomo
sea una de las fuentes contaminantes “la denunciamos en la Junta Departamental en 1991”. Agregó que luego, con
los datos surgidos del estudio de Toxicología “el MSP tendría que haber decretado que este es un problema de
salud nacional. Todas las medidas que se están tomando ahora se tendrían que haber tomado hace 10 años”.
El origen antiguo del problema también fue planteado por E. Gudynas (CLAES), quien sostuvo que “este
caso de la contaminación con plomo no es un accidente agudo sino que son problemas que se vienen arrastrando
desde hace mucho tiempo. La contaminación por plomo revela un proceso crónico de larga data. Si hubieran
existido los controles adecuados, sea por la vía ambiental, sea por la vía sanitaria, en la salud de los vecinos,
estos problemas tendrían que haberse hecho evidentes mucho antes”.
Si bien las señales estaban, hay coincidencia en que el Estado no estaba preparado para enfrentar una
situación como la que se dio en La Teja. Solamente se reparó en las señales cuando ya había sido afectada la
salud de las personas, tal como señalara la diputada nacionalista Beatriz Argimón, quien fuera presidenta de la
Comisión de Medio Ambiente de la Cámara de Diputados: “si esto hubiera pasado por un problema netamente
ambiental no hubiera llamado tanto la atención más que a los que tradicionalmente estamos interesados en el
tema; tuvo que estar afectada la salud-quienes trabajamos en el tema sabíamos que tarde o temprano podía
llegar a suceder-para que esto se instalara en el debate público”.
Lentitud de reacción
Uno de los puntos más cuestionados por vecinos, ambientalistas y legisladores fue la lentitud con la que se
abordó la problemática; un aspecto reconocido por las propias autoridades. Argimón destaca que “estos episodios
se conocían desde el año pasado y los ejecutores responsables de estas políticas se reunieron por primera
vez 72 horas después que los legisladores fuimos al centro comunal. Se debió actuar con mayor anterioridad”.
En la sesión de la Comisión de Medio Ambiente de Diputados del 28 de febrero, la diputada también llamó la
atención acerca de la dificultad para coordinar acciones. “Hemos tenido la posibilidad de dar respuestas rápidas
ante situaciones límite: el cólera, la aftosa. Cuando se detectó la enfermedad aftosa, inmediatamente se planteó
un sistema operativo. (...) Me queda claro que se tomaron medidas ante esta situación. Pero realmente me
cuesta mucho creer que a esta altura, frente a la angustia de varias familias no pudo constituirse un cordón
rápido (...)”.
Promediando abril, el problema del plomo había logrado concitar una fuerte atención pública llegando a
convocar al Sistema Nacional de Emergencia, el cual anunció que volvería a reunirse transcurridos 10 días para
continuar analizando la situación. Pero pocas horas más tarde el país se vio sacudido por un rebrote de aftosa en el
ganado. Tal como estaba anunciado, el Sistema Nacional de Emergencia volvió a reunirse pero a raíz del ganado
aftósico y no de las personas contaminadas.
Vecinos y autoridades: una relación difícil
El conflicto comenzó a gestarse cuando las personas afectadas sintieron que poco o nada se había hecho
desde agosto a febrero para solucionar su problema de contaminación. La noticia de la contaminación corrió
como reguero de pólvora en La Teja y rápidamente los vecinos comenzaron a organizarse. Casi de inmediato
instituyeron reuniones vecinales semanales, a veces logrando la participación de las autoridades. Cuando el
tema vio la luz pública, los vecinos organizados empezaron a demandar respuestas de las autoridades competentes,
fundamentalmente del MSP, que según denunciaron no autorizaba las plombemias porque el examen
costaba U$S 55.
Desde el Estado se entendió que esta situación sin precedentes requería un abordaje multidisciplinario y se
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conformó la Comisión Interinstitucional integrada en principio por la IMM, el MSP, el MVOTMA, OSE y
Facultades de Química y Ciencias.
Los vecinos llegaron al Parlamento y desde un principio fueron recibidos por las Comisiones de Medio
Ambiente y Salud Pública de ambas Cámaras. Si bien también se integraron a la Interinstitucional, los vecinos
siempre manifestaron desconfianza hacia las autoridades. Al mal precedente que sentaba el haberse sentido
ignorados durante muchos meses se sumó una dificultosa comunicación con las autoridades. Hasta el día de hoy
siguen reclamando conocer a ciencia cierta las consecuencias de la presencia del plomo en sus organismos.
También desde el vamos reclaman la eliminación de las fuentes de contaminación, que, según se informó a fines
de marzo, son múltiples: terrenos rellenados con escoria de antiguas fundiciones, la actividad de industrias
contaminantes no controladas por el Estado y el tetraetilo de plomo de la nafta.
Los vecinos demandaron con éxito que no se les cobrara el importe de las plombemias y la habilitación de
policlínicas barriales para la realización de los exámenes cuyo resultado, afirman, no les es entregado sino que se
les comunica verbalmente, aspecto que refuerza su desconfianza y demuestra falta de transparencia en los procedimientos.
También aseguran que no se les proporciona documentación relativa a los análisis de plomo en aire,
agua y suelos y que de los dos primeros sólo se les informa que están dentro de los valores normales.
La habilitación de una policlínica destinada exclusivamente a los contaminados no satisfizo las demandas
sanitarias puesto que sólo se tratan allí a los niños con más de 20 µg/dl, cuando el límite tolerado por la OMS es
de 10 µg/dl del metal en sangre. Según el MSP, su accionar está respaldado por parámetros internacionales
aunque información internacional indica que con 10 µg/ dl de plomo en sangre o incluso menos, la salud infantil
puede ser afectada en forma irreversible.
Durante el transcurso del conflicto se instaló una barrera infranqueable entre vecinos y autoridades. La
distancia establecida entre quienes teóricamente detentan los conocimientos, y las víctimas, supuestamente
“carentes de conocimientos”, y que quedan a merced de lo que resuelvan las primeras. Pero las autoridades
sanitarias, que deberían ser los depositarios del conocimiento para enfrentar el problema, reconocieron que en
realidad no contaban con ese saber. El propio Dr. Touyá admitió que cuando se detectaron los primeros focos de
contaminación el país no sabía como actuar y que la falta de experiencia en estos casos “jugó en contra”en el
momento de tomar decisiones.
Surge la pregunta, a un año de detectados los casos, ¿no ha sido suficiente para que las autoridades acopiaran
los conocimientos necesarios para dar una solución definitiva al problema? Es de suponer que las autoridades
efectuaron consultas internacionales al respecto puesto que se conoce el éxito de, por ejemplo, EE.UU. en el
abordaje de problemáticas similares. Se conoció públicamente el asesoramiento del toxicólogo brasileño de la
OPS, Dr. Carlos Mello Da Silva y sus recomendaciones, ninguna aplicada. Probablemente su aplicación hubiera
mejorado la situación sanitaria de los contaminados que por el contrario, según se denunció, en algunos casos
ha empeorado y podría empeorar aún más debido a condiciones climáticas (vientos primaverales). Esto deja en
evidencia la ineptitud del MSP, que centra su atención en los niños con más de 20 µg/dl de plomo en sangre,
retaceando la atención de los niños con menores valores e ignorando a los adultos contaminados. El MSP sólo
hace el análisis de plomo en sangre, y ese nivel puede varias en cuestión de horas, de donde no necesariamente
permite conocer la situación real de los afectados.
Tampoco fueron felices las actuaciones de las autoridades ambientales. Desde el inicio, el departamento
de Desarrollo Ambiental de la IMM y la DINAMA dijeron trabajar en forma “coordinada”. Ninguna de las
acciones implementadas como la clausura de empresas, la identificación de los terrenos contaminados y su
posterior hormigonado y la colocación de medidores de la calidad del aire, derivaron en soluciones. A esto se
suma el agravante de que el único terreno por ahora dispuesto para el traslado de algunas familias afectadas
también está contaminado.
Con el argumento de que el vocero de la Interinstitucional es el Dr. Touyá, la DINAMA siempre se mantuvo
en un segundo plano, evitando hacer declaraciones públicas. Esta actitud confirma importantes fallas en la
comunicación con los vecinos, asunto de permanente reclamo vecinal. Una molestia recurrente es la vaguedad
de las respuestas oficiales. Según los vecinos, las autoridades no brindan datos confiables y ellos lamentan no
contar con la asesoría de técnicos independientes que les permita hacer su propio análisis de la situación.
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El descontento vecinal recae especialmente en el MSP y en el MVOTMA y en menor medida en la IMM.
Es decir que las autoridades coloradas, blancas y frenteamplistas respectivamente no supieron responder satisfactoriamente
ni mucho menos a las demandas vecinales. La consecuencia fue el alejamiento de los vecinos de
la Interinstitucional.
La Comisión se resquebraja
La necesidad del asesoramiento de un toxicólogo de la OPS evidenció cierta falta de certeza de la Comisión
Interinstitucional en las acciones desarrolladas hasta el mes de mayo. Las mismas consistieron básicamente en dar
tratamiento especial a los niños con más de 20 µg/dl de plomo en sangre, medidas de higiene y refuerzo de la
alimentación para los que poseen valores más bajos. Mello Da Silva recomendó mudar a los menores de dos años
estén o no contaminados, la realización de un estudio epidemiológico nacional para conocer “la verdadera situación
y establecer medidas a largo plazo”, y la remediación de suelos con el mineral apatita. Ninguna de las recomendaciones
se concretó en hechos. La actuación de la Comisión, que ya venía siendo cuestionada fue ganando en críticas que
a la postre determinaron su resquebrajamiento. Por otro lado, los catedráticos en geología Néstor Campal y Alejandro
Schipilov habían propuesto a la Comisión el mismo procedimiento de remediación de suelos, reduciendo la
biodisponibilidad del plomo. Los científicos cuestionaron el proceder de la Comisión por no considerar la propuesta,
y afirmaron que el hormigonado que efectuó la IMM en los suelos contaminados “sólo oculta el problema”.
También en mayo, la Facultad de Ciencias retiró a su delegada en la Comisión, la Dra. en Ciencias Ambientales
Gabriela Eguren. Las razones que motivaron su alejamiento es el funcionamiento del grupo “en forma
caótica, orientada a buscar soluciones en forma de parche”. Esta casa de estudios también había presentado una
propuesta de estudio causal de la contaminación que incluía medidas de prevención y remediación que no
obtuvo respuesta.
Desde el Parlamento, varios legisladores que siguen el tema advirtieron falta de coordinación y contradicciones
a la interna del grupo multidisciplinario. La presidenta de la Comisión de Medio Ambiente de la Cámara
de Diputados, Raquel Barreiro llamó la atención sobre las contradicciones existentes a la interna del grupo de
trabajo. Recordó que una de las carencias en la actuación es la falta de recursos, reconocida tiempo atrás por las
propias autoridades. Ante esa realidad la legisladora se mostró sorprendida cuando el ministro Carlos Cat contestó
negativamente a un pedido de asignación de más recursos que desde el Senado efectuó el vicepresidente
Luis Hierro López al Poder Ejecutivo. La diputada contrastó esta respuesta con lo expresado a la comisión
parlamentaria por el Director Nacional de Vivienda, Bernardino Ayala quien afirmó que “el presupuesto asignado
no alcanza”. La falta de recursos puede ilustrarse con un solo hecho: en el mes de julio, el MSP había
contraído una deuda de 40 mil dólares con la Facultad de Química por concepto de plombemias. Ante el planteo
de los senadores respecto a la necesidad de contar con mayores recursos el ministro de Economía Alberto
Bensión había expresado públicamente que “todo lo que sean recursos adicionales o gastos adicionales requieren
de financiación, así que si el Senado está dispuesto a votar nuevos impuestos con mucho gusto”.
El lugar que ocupa este problema en la cartera de Vivienda quedó de manifiesto cuando en agosto de 2001 el
ministro Cat manifestó que “en determinado momento, los funcionarios del MVOTMA tuvieron que dedicarse 100%
al plomo porque en ese momento lo urgente era el plomo”. Queda claro que para Cat la contaminación con plomo no
forma parte de las prioridades ministeriales.
En agosto los vecinos se retiraron de la Comisión “hasta tanto no se den respuestas concretas y valederas”
a la problemática. Sostienen que se busca enterrar el tema y que no existen propuestas relativas a la salud y a la
vivienda. Expresaron vivir una situación de “inseguridad e inestabilidad” ante la falta de respuestas de las
autoridades. Al retirarse de la Interinstitucional los vecinos denunciaron que las autoridades “manipularon” a
los afectados para “aferrarse a un cargo en desmedro del bien común”. Denunciaron que en varias oportunidades
fueron agredidos por integrantes de la Comisión y que los funcionarios públicos jamás han tenido en cuenta
a los vecinos de La Teja.
Tres meses antes, el ministro Cat había anunciado la construcción de un centenar de viviendas para la
reubicación de las familias afectadas ubicadas en La Teja y en varios asentamientos del oeste montevideano.
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Pero mientras los vecinos se retiraban de la Comisión se producía una intensa polémica en torno al terreno
destinado al realojamiento de los vecinos del asentamiento Rodolfo Rincón-también contaminado. Aún no
existe una respuesta habitacional para los vecinos de los demás asentamientos afectados quienes denuncian
que el MVOTMA no cumplió la promesa del traslado.
A la preocupación existente en los vecinos se agregó el hallazgo de plomo en los suelos de tres de cuatro
escuelas tejanas analizadas, además de altos índices de zinc. Paralelamente continuaron surgiendo casos de
niños contaminados en las proximidades de la fábrica de conductores de corriente Alur ubicada en Canelones;
17 de los 19 niños analizados están contaminados.
Ambiente y justicia: una relación inmadura
El Dr. Marcelo Cousillas, especialista en derecho ambiental explica que ante un conflicto ambiental “el
ciudadano tiene la posibilidad de recurrir a la vía administrativa movilizando a la administración pública. Cuando
la administración que es el primer recurso, no responde a la necesidad inmediata, la ley plantea al ciudadano
dos instancias más: la legislativa o la judicial”. Los vecinos de La Teja recurrieron a estas dos últimas vías;
primero al Parlamento como contralor de la administración y con posibilidad de utilizar mecanismos para llegar
a aquélla, y también acudieron a los estrados judiciales.
Según Cousillas “puede decirse que los conflictos ambientales todavía llegan poco a la justicia, aunque el
número es creciente”. Explica que “el mayor porcentaje de juicios ambientales corresponde a procedimientos
excepcionales-como la acción de amparo-lo que determina un elevado número de rechazos o pérdidas por el
reclamante ambiental”. La ley establece claramente que la acción de amparo es un juicio muy breve y solamente
es pertinente “cuando no exista otra vía normal, no de urgencia”. “Podría decirse entonces que estamos ante un
sistema de reclamos incipiente; pero no es así. Es posible hablar de un sistema de reclamos todavía inmaduro, cuya
característica más señalada es que el demandado o el acusado no es el depredador o el contaminador, sino el
Estado, generalmente por su inacción”. Pero también señaló que “específicamente en el tema ambiental existe la
posibilidad de que el ciudadano se presente a la justicia incluso con mayores posibilidades que en otros temas. La
razón es que en materia ambiental la ley establece que los fiscales, el MVOTMA, las ONGs y aún cualquier
interesado, aunque no sea el directamente afectado en sus derechos, puede recurrir a la justicia para que tome
intervención; esto se llama jurídicamente intereses difusos: el medio ambiente no es interés de una persona sino
que es difundido entre todos”.
Un denominador común a los conflictos ambientales es la dificultad que se le presenta a los ciudadanos
para acceder a la información. Para Gudynas, “si la gente no tiene información adecuada, completa y veraz, se
comienzan a despertar fantasmas y se ven impactos ambientales escondidos a la vuelta de la esquina”. La
problemática de La Teja no fue la excepción en lo que a las carencias informativas de los vecinos se refiere. Una
de las demandas que figuran en el recurso de amparo presentado ante el poder judicial es precisamente el acceso
a mayor información desde los ministerios de Medio Ambiente y de Salud Pública, en particular sobre los
resultados de los estudios realizados por este último. Siendo subsecretario de dicha cartera, el Dr. Luis Fraschini
admitió que “creo que hubo tal vez una falta de comunicación adecuada”.
A fines de abril la jueza del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, Rosina Rossi intimó al MSP, a la
IMM y al MVOTMA a presentar un informe que detalle las “medidas adoptadas respecto a la situación particular
de cada uno de los menores” contaminados con plomo cuyas familias solicitaron amparo judicial; días
después el caso ingresó a la justicia penal. El juez Juan Carlos Contarín inició la investigación de eventuales
responsabilidades personales o estatales, en el marco del capítulo del Código Penal que sanciona los delitos
contra la salud pública. También en abril el Fiscal de Corte Oscar Peri Valdez recibió a vecinos de La Teja a
quienes comunicó que instruiría a un fiscal civil para investigar el caso. Esa fue la primera vez que un Fiscal de
Corte recibió a vecinos de Montevideo por un tema ambiental.
En setiembre tomó cartas en el asunto el fiscal civil Enrique Viana quien pidió al juez José Lobelcho que
condene a Ancap, al MVOTMA y a la IMM como responsables de la contaminación con plomo. Viana también
planteó prohibir la nafta con plomo más allá del 2003. El fiscal afirma que la IMM y el MVOTMA “no han
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procedido a facilitar el traslado y viviendas a las personas afectadas para alejarlas de las fuentes de contaminación,
no hicieron nada para mejorar la condición de los suelos ni anunciaron soluciones alternativas. Han hecho,
para colmo de males, un inadecuado manejo de la información ambiental, lo que a su vez contraría otro de
los principios generales de la política ambiental”. También en setiembre se anunció que la abogada Patricia
Pérez, que asesora a los vecinos en el recurso de amparo presentado, solicitará a la sede de lo contencioso
administrativo que se acelere el proceso que lleva cinco meses sin resolverse.
El mes de setiembre cerró con anuncios judiciales importantes en relación al plomo puesto que Peri Valdez
aseguró a los vecinos de La Teja que en breve comenzarían los juicios orales y públicos contra el MVOTMA, la
IMM y Ancap.
Contaminación politizada
Concluida una de las primeras reuniones efectuadas entre vecinos y autoridades, el diputado Raúl Sendic
señaló que “la información brindada por las autoridades evidenció una serie de carencias existentes en materia
de protección ambiental y salud pública (...) Además, quedó en evidencia la carencia de políticas preventivas
para este tipo de casos”. Evidentemente el Estado no estaba preparado para enfrentar eficazmente el problema.
El Dr. Touyá dijo en el Parlamento que “en el país no estaba planteada ninguna política para trabajar en la
contaminación con plomo”.
Una de las discusiones de fondo no saldadas se refiere a las responsabilidades que les cabrían a los organismos
del Estado en el problema del plomo. Lo cierto es que según lo dicho por la Directora del Departamento
de Toxicología, el primer caso se conoció en agosto de 2000, y la Facultad de Química realizó un análisis a ese
niño. Según relata la madre del niño (asegurando tener documentación que lo acredita), en octubre se informó
al MSP y a la DINAMA. Pero el Director General de la Salud, Dr. Eduardo Touyá admitió haberse enterado de
la situación por medio de la prensa en el mes de febrero. Al respecto el diputado Raúl Sendic en la sesión de la
Comisión de Medio Ambiente de Diputados del 28 de febrero estimó que “faltan mecanismos de alarma que
permitan conocer al propio Ministerio y a sus jerarquías cuando se disparan estas situaciones”. Según dijo Lazo
en la misma sesión, la IMM “toma contacto con el tema en noviembre de 2000 a través de un fax proveniente
del MSP”. Expresó que “respecto a la falta de rapidez o lentitud, deseo manifestar ... esto comenzó con un
problema de salud en los últimos meses del año pasado. Aclaro que hubo un caso; la acumulación de casos llegó
en los meses de enero y febrero”.
Las primeras voces que en el espectro político sugirieron responsabilidad de la IMM surgieron en el seno
de la Junta Departamental de Montevideo. A instancias de la edila Cristina Ferro se conformó una Comisión
Investigadora para determinar las responsabilidades que pudieran caberle a la comuna. Los cuestionamientos
más fuertes se vinculan con el terreno contaminado adquirido por la IMM destinado al realojo de familias
afectadas. Según Lazo, las zonas donde se encontró plomo son puntuales y serán limpiadas. Pero Ferro consideró
que el terreno es inviable y que el plan municipal para volverlo habitable es muy oneroso. La edila sostiene
que el traslado de las familias se verá retrasado por las obras que serán necesarias para poner a punto el terreno
que además es atravesado por una cañada que deberá ser entubada. El precio que la IMM pagará por el terreno
también fue motivo de controversia. Mientras el municipio pagará U$S 390.000 por el terreno, su valor catastral
es de U$S 119.071 según informó el director de Acondicionamiento Urbano municipal, Roberto Villarmarzo.
Ferro consideró excesiva la diferencia de precios que según Villarmarzo “suelen estar bastante apartados”. A
mediados de agosto el Tribunal de Cuentas aprobó la inversión planteada por la IMM. Respecto a los siguientes
pasos a seguir, Lazo se desligó señalando que el realojamiento de los vecinos “no depende de nosotros; está
basado en los informes que el MSP entrega al de Vivienda”. Finalmente, con los votos del Encuentro Progresista
y del Partido Nacional, la Junta Departamental autorizó a la IMM a firmar el convenio con el MVOTMA para
donarle a éste el terreno en cuestión.
Desde la bancada de diputados del EP se planteó la voluntad de convocar a los ministros de Vivienda y
Salud Pública, Cat y Fraschini, en régimen de Comisión General del Parlamento, fundamentada en la falta de
soluciones concretas, convocatoria que hasta el momento se limitó a una expresión de voluntad.
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Las reacciones políticas frente a este problema oscilaron entre la expresa oposición a la gestión municipal
manifestada por los ediles colorados, a la inexistencia de una postura común desde el Partido Nacional, al
posicionamiento político más definido del EP. Este último se asentó en la toma de posición por parte de varios
legisladores encuentristas, la presentación de tres proyectos de ley referidos al tema y en las declaraciones
públicas del Dr. Tabaré Vázquez. El líder de la izquierda, respaldado por la mesa política del FA, exigió al MSP
que asuma las responsabilidades que le corresponden puesto que “no se pueden diluir en varias entidades o en
una Comisión y puesto que se trata de la salud de las personas llamamos a responsabilidad a quien tiene el rol
rector de prevenir y asistir en esta área, el MSP”. La mesa política del FA expresó su preocupación “por la
demora en definir políticas nacionales sanitarias, de control ambiental, industrial y de ordenamiento territorial,
ante la gravedad de la intoxicación por plomo de niños y familias en Montevideo y en otras ciudades del país.
Emergencia ambiental
La gravedad de lo ocurrido en La Teja determinó que varios actores propusieran emitir declaraciones que
fueron desde la “emergencia ambiental” a la “urgencia ambiental”, pasando por la “alarma ambiental” y el
“alerta ambiental”. En marzo, E. Gudynas estimó que “ha llegado el momento de considerar esto como una
verdadera emergencia ambiental que requiere una comisión, no sólo con representantes de ministerios y de la
intendencia sino también de organizaciones ciudadanas con amplios poderes y con vínculo directo con el Ministerio
de Salud Pública y la Intendencia Municipal de Montevideo, para comenzar con soluciones ya”.
Un mes después, y ya reinstalada la catástrofe aftósica, la senadora y médico Mónica Xavier declaró
que la contaminación con plomo “debe ser considerada emergencia nacional y deben sacarse recursos de
dónde sea”. Este aspecto se discutió en el ámbito parlamentario. Argimón planteó que “estaríamos ante una
suerte de alarma ambiental (...) Esta declaración a nivel departamental o nacional significaría una llamada de
atención más fuerte (...) Como actores públicos pensamos que si hubiera existido esa declaratoria que hace
sentir el peso de la temática a nivel público y social, de alguna forma la respuesta hubiera sido distinta y se
hubiera avanzado; me refiero a que la población en general tendría una conciencia distinta de lo que está
sucediendo”. El diputado Artigas Melgarejo sostuvo que “estamos ante un ‘alerta ambiental’, no diría una
alarma ambiental; que tiene que llevarnos a que todos seamos conscientes de que indudablemente Montevideo
está mucho más expuesto que otros departamentos”. A un año de la aparición del primer caso y criticando
el abordaje institucional del problema, la presidenta de la Comisión de Medio Ambiente de Diputados,
Raquel Barreiro reclamó la formación de un Comité de Crisis con recursos propios porque “es hora de que se
reconozca que esto es una emergencia ambiental”.
Consultado acerca de los criterios para efectuar una declaración de “emergencia ambiental”, M. Cousillas
expresó que “no existe un criterio nacional para tal declaración y lo que es más importante, de producirse la
misma estaría vacía de contenido. Los sectores que reclamaron la declaración de ‘emergencia ambiental’, seguramente
lo hicieron con la buena intención de poner de manifiesto la importancia y gravedad del problema, pero
ninguno de ellos supo explicitar qué buscaba con la medida o que consecuencias prácticas reales se producirían
a partir de ella. Seguramente, si la decisión la adoptaba un órgano estatal, administrativo o político, la declaración
sólo hubiera tenido consecuencias políticas. De la misma forma que si lo hubieran hecho sectores ciudadanos
u organizaciones no gubernamentales, la consecuencia hubiera sido social o política en el sentido amplio
del término. Pero, cualquiera de ellas, ¿qué hubiera implicado para los organismos comprometidos?, ¿qué
obligaciones surgirían para la comunidad?, ¿qué ventajas reales le hubiera aportado a los involucrados en La
Teja?”
En otras legislaciones existe la figura de la “emergencia ambiental”, pero a ella “le corresponde un régimen
jurídico determinado. Es decir, a partir de la adopción de esa decisión, con obvias consecuencias, políticas,
sociales, económicas, etc. se desencadenan situaciones y procesos. Por ejemplo, se refuerzan las potestades y
competencias de la autoridad ambiental para tomar medidas o ejecutar acciones que en situaciones normales le
estarían vedadas o se abre la posibilidad de recurrir a fondos públicos que de otra forma tendrían otros destinos;
pero en todo caso eso debe estar previsto y regulado de antemano”. En algunos países, como ocurre en Chile, la
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figura de la “emergencia ambiental” “es utilizada para habilitar la aplicación temporaria de estándares de emisión
más exigentes, impedir la circulación de vehículos no prioritarios, suspender la realización de actividades
industriales y otras contaminantes, etc.
Pocos días antes de anunciarse que la principal fuente de contaminación son los terrenos rellenados con
escoria de antiguas fundiciones, la Red de ONGs Ambientalistas emitió un comunicado de prensa rechazando
las declaraciones de los ministros de Salud Pública, Industria y Energía, Vivienda, Ordenamiento Territorial y
Medio Ambiente, y del intendente municipal de Montevideo, quienes consideraron que no existen méritos para
declarar Estado de Alerta Ambiental en Montevideo. Esa Red sostuvo que “se debe declarar el estado de urgencia
ambiental en Montevideo”, el que “sólo podrá ser levantado una vez que se identifiquen los focos y causas
de contaminación, y el proceso de contaminación haya sido detenido y revertido”.
Para la prof. Mañay, el hecho de que se declare una emergencia ambiental “es como en toda contaminación
un problema de riesgo-beneficio. En este caso, surge el problema del efector de la contaminación cuando por lo
general se conoce la fuente industrial y los medios de dispersión”.
El plomo como alerta
Lo sucedido pone sobre la mesa una serie de cuestionamientos relativos a un buen número de situaciones
ambientales que hasta el momento no recibían demasiada atención y que empiezan a percibirse como realmente
preocupantes. Nadie discute que el plomo de La Teja tiene múltiples fuentes y que, en mayor o menor medida,
esas mismas fuentes existen en otras partes de Montevideo y del país.
El subdirector nacional de medio ambiente, Lic. Víctor Cantón dijo que “el plomo es un elemento que ha
sido utilizado en una variedad de aplicaciones durante varias décadas. El mantenimiento de la producción y
utilización de naftas con tetraetilo de plomo en nuestro país es una de las principales fuentes actuales de emisión
de plomo en el ambiente y en todo el territorio nacional. Esto trae como consecuencia que, en términos
generales, la totalidad de la población uruguaya esté expuesta a este contaminante como resultado del tránsito
vehicular (...)”. Mañay confirmó esta afirmación cuando dijo que hoy la población de Montevideo “tiene niveles
de plomo del orden de entre 9 y 10 µg/dl de sangre”.
Según Touyá, “Uruguay alcanzará la meta de tener 10 µg/decilitro en los niños cuando no haya plomo en
la nafta, en el agua potable-en los valores que hoy aceptamos-, en las bebidas refrescantes, en el agua mineral y
cuando los juguetes no contengan pinturas con plomo. También los fertilizantes aportan plomo y, entonces,
debido a los agroquímicos, las zonas suburbanas o campestres pueden tener determinados niveles de este metal”.
También deben agregarse las emisiones de las industrias que trabajan con el metal, las cuales emiten
contaminantes a la atmósfera (plomo incluido) y a los cursos de agua. Desde hace tiempo las autoridades
conocen la situación del arroyo Pantanoso cuyos lodos tienen un contenido de plomo sesenta veces más alto que
los de la muestra efectuada en Pajas Blancas, además de otros metales pesados. Lazo confirmó que el contenido
de metales pesados proviene fundamentalmente de las curtiembres. Los estudios detectaron la presencia de
ocho metales pesados en suelos tejanos además del plomo.
Las baterías de auto constituyen un potencial peligro y su destino es una interrogante. La presidenta de la
Comisión de Vivienda, Territorio y Medio Ambiente de diputados, R. Barreiro llamó la atención acerca del
hecho de que “nadie sabe adónde van a parar”.
Durante el seguimiento parlamentario del tema, varios legisladores plantearon examinar riesgos ambientales
existentes en el interior del país que se arrastran desde tiempo atrás. Se citaron varios casos como la gestión
de los residuos hospitalarios; la contaminación de cursos de agua entre los cuales se destacó la del arroyo
Conventos en Cerro Largo y la del río Yaguarón generada por los plantíos de arroz; la fábrica de pórtland de
Minas que cambió su funcionamiento a fuel oil por carbón de coque. También se indicó que muchas industrias
contaminantes se radican en el interior debido a que los controles ambientales son menos estrictos que en la
capital.
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Anuncios oficiales
A raíz de la contaminación plúmbica, se han producido anuncios oficiales de acciones necesarias a
implementar para prevenir situaciones como ésta. Uno de los anuncios más importantes fue el que pronunció el
ministro C. Cat quien expresó que se establecerá un plazo para la eliminación de nafta con plomo en el país. En
igual sentido, y ante el pedido del fiscal Viana para que se prohíba la producción de nafta con plomo más allá de
2003, el director de Ancap, Pablo Abdala dijo que “coincide con los objetivos del Directorio”.
Por su parte la IMM anunció que finalmente aplicará la remediación de suelos con apatita propuesta por
los geólogos Campal y Shipilov. La técnica se aplicará en forma piloto en el terreno municipal ubicado en
Emilio Romero y Ameghino que posee altos niveles de plomo.
Asimismo la comuna anunció que planifica realizar un diagnóstico a mediano plazo del nivel de plomo en
toda la ciudad. No existen antecedentes de estudios similares así como tampoco se cuenta con estudios recientes
a nivel nacional que den cuenta de los niveles de plomo en el aire y de los niveles medio de plomo en la
sangre de la población uruguaya. El único estudio existente es el realizado por la Facultad de Química ya
mencionado.
A través del Dr. Touyá el MSP manifestó la voluntad de implementar mayores controles sanitarios: “indudablemente
después de esto en Uruguay se implementará la recomendación de que una vez al año haya un
estudio del plomo en la sangre de los niños”.
Aunque se descartó la eventual presencia del metal en el agua potable, Lazo expresó que “OSE cambió
algunas de las conexiones largas de plomo por caños de polietileno”. En el país existen 350 mil conexiones de
plomo, la mitad de las cuales corresponde a Montevideo. Según el gerente Arturo Castagnino “no existen
razones por las cuales el organismo deba emprender un recambio intensivo de conexiones”. Sin embargo se
difundió el propósito del ente de sustituir gradualmente las cañerías de plomo en centros educativos, guarderías
y comedores.
La directora de Control Ambiental de la DINAMA Ing. Marisol Mallo llamó la atención respecto a “la
importancia de que el país encare medidas preventivas en materia de calidad de aire, en particular sobre los
establecimientos industriales. La idea de la DINAMA actuando en coordinación con las intendencias municipales
es hacer una evaluación y aplicar las medidas preventivas en la totalidad de las fundiciones de nuestro país,
sabiendo que éstas son fuentes reales de emisión de metales pesados a la atmósfera y que no han sido incluidas
dentro de ningún sistema de contralor por parte de la DINAMA porque no hay normas nacionales en ese sentido
que se puedan aplicar (...) Se trata, de atacar el problema antes de que pueda aparecer. Los problemas de salud
no deberían darse, deberíamos actuar en forma preventiva en las distintas fuentes”.
Por su parte Cousillas considera “primordial la adopción de medidas preventivas que eviten los impactos
ambientales negativos y, por sobre todo, que eviten la producción de afectaciones a la salud a partir de éstos.
Son conocidas las ventajas sociales, económicas, jurídicas y aun políticas de las medidas de prevención frente
a las de reparación o recomposición. (...) En principio, las medidas deben tender a evitar los impactos ambientales
negativos en general y, cuando ello no es posible y en base a otras consideraciones esos impactos ambientales
se admiten, entonces claramente las medidas de mitigación o compensación de esos impactos deben -en
primer lugar- anular sus afectaciones la salud humana”.
Todo lo descrito sugiere falta de voluntad por parte de las autoridades para dar una solución definitiva al
problema. La misma queda de manifiesto en el rechazo a la propuesta de Facultad de Ciencias que planteaba
soluciones de fondo y a corto plazo, además de la adopción de medidas preventivas. También se evidencia en el
rechazo inicial a la propuesta de remediación de suelos efectuada por los geólogos. Cinco meses después de
presentada la misma, la IMM anunció que la va a aplicar. ¿Por qué la IMM demoró cinco meses en comprender
las bondades del planteo? ¿Por qué se trajo a un asesor extranjero para que efectuara recomendaciones que no
se iban a aplicar?
Los legisladores, actores políticos que no tienen competencia en la toma de decisiones, no fueron capaces
de obligar a las autoridades competentes de sus propios partidos a adoptar soluciones. La Cámara de Senadores
en pleno no fue capaz de lograr que el ministro de Economía Bensión destinara recursos para la contaminación.
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¿Por qué a ningún legislador se le ocurrió plantear la suspensión de algunos de los cientos de contratos de obra
por los cuales el Estado eroga 28 millones de dólares en asuntos verdaderamente secundarios y que se demostró
se respaldan en amiguismo político? La utilización de algunos de esos miles de dólares en la atención de los
contaminados ayudaría a solucionar el problema y demostraría la humanidad y sensibilidad que hasta ahora no
han exhibido nuestros gobernantes.
Tal vez la angustia que sufren los vecinos al continuar en contacto con las fuentes de contaminación podría
disminuir si logran mudarse. Pero el MVOTMA anunció que con suerte, la reubicación podría concretarse en
los primeros meses de 2002. Siempre se supo que, de concretarse, el traslado no iba a ser inmediato. Es evidente
que se requería un realojamiento provisorio para los afectados pero nadie lo demandó.
La contaminación con plomo muestra a las claras la inexistencia de políticas ambientales nacionales o
municipales y corrobora la incapacidad de actuar en prevención. Las autoridades no tuvieron voluntad o capacidad
para considerar que este problema podía presentarse dadas las innumerables actividades que perjudican
el ambiente que no revisten controles adecuados. Ojalá, como dijo Mello Da Silva, esta epidemia sirva para
eliminar otras fuentes de plomo. Sería muy grave que se cumpliera el temor manifestado por algunos vecinos de
que en poco tiempo puede desaparecer la responsabilidad del Estado en el tema. Como sociedad no deberíamos
permitirlo.
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