AMPARO EN REVISIÓN 493/2008 - Consejo de la Judicatura Federal

AMPARO EN REVISIÓN PENAL
405/2012
RECURRENTE:
**********MAGISTRADO:
RUBÉN DAVID AGUILAR SANTIBÁÑEZ
SECRETARIO:
LUIS FERNANDO ZÚÑIGA PADILLA
Mexicali, Baja California, acuerdo del Cuarto
Tribunal Colegiado del Decimoquinto Circuito,
correspondiente a la sesión ordinaria de veintiuno de
febrero de dos mil trece.
Vistos para resolver el juicio de amparo en revisión
penal número 405/2012, relativo al juicio de garantías
**********, del índice del Juzgado Noveno de Distrito en el
Estado de Baja California, con sede en Tijuana, Baja
California; y,
R E S U L T A N D O:
PRIMERO. Mediante escrito presentado el diez de
abril dos mil doce, ante la Oficina de Correspondencia
Común de los Juzgados de Distrito del Estado, con sede
en Tijuana, Baja California, y remitido el mismo día al
Juzgado Noveno de Distrito, **********solicitó el amparo y
protección de la Justicia de la Unión, por violación al
artículo 14, 16, 18 y 22 de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos, señalando como autoridad
responsable y acto reclamado los siguientes: - - - “III.-
AUTORIDADES RESPONSABLES: COMO ORDENADORA A LAS
SIGUIENTES: 1.- DIRECTOR ESTATAL DE EJECUCIÓN DE PENAS Y
MEDIDAS CAUELARES EN EL ESTADO, CON DOMICILIO BINE

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CONOCIDO EN ESTA CIUDAD. 2.- C. JUEZ CUARTO DE LO PENAL DE
ESTA CIUDAD DE MEXICALI, BAJA CALIFORNA CON DOMICILIO BIEN
CONOCIDO EN ESTA CIUDAD DE MEXICALI BAJA CALIFORNIA.
(PROCESOS PENALES ********** Y **********). 3.- C. JUEZ QUINTO DE
LO PENAL DE ESTA CIUDAD DE MEXICALI BAJA CALIFORNIA CON
DOMICILIO BIEN CONOCIDO EN ESTA CIUDAD DE MEXICALI BAJA
CALIFORNIA. (PROCESO PENAL **********). Y COMO EJECUTORAS A
LOS SIGUIENTES: 4. DIRECTOR GENERAL DE CENTROS
PENITENCIARIOS Y DE REINSERCIÓN SOCIAL EN EL ESTADO, CON
DOMICILIO BIEN CONOCIDO EN ESTA CIUDAD. 5.- SUBSECRETARIO
DEL SISTEMA ESTATAL PENITENCIARIO CON DOMICILIO BIEN
CONOCIDO EN ESTA CIUDAD. 6.- C. DIRECTOR DEL CENTRO DE
READAPTACIÓN SOCIAL DE LA CIUDAD DE TECATE, BAJA
CALIFORNIA (CONOCIDA COMO EL HONGO), CON DOMICILIO BIEN
CONOCIDO EN ESA CIUDAD.- - - IV.- ACTO RECLAMADO: ÚNICO.-
RECLAMO DE LAS RESPONSABLES ORDENADORAS LA ORDEN
CONSISTENTE EN EL HECHO DE QUE INDEBIDAMENTE LAS
RESPONSABLES PARA EL EFECTO DE CUMPLIR O COMPURGAR
CON LAS PENAS IMPUESTAS POR LA AUTORIDAD JURISDICCIONAL
C. JUES CUARTO DE LO PENAL DE ESTA CIUDAD SE HAN LIMITADO
A SUMAR LAS PENAS IMPUESTAS EN LAS CAUSAS PENALES
**********, ********** SIN TOMAR EN CUENTA EN TIEMPO QUE ME
ENCONTRABA EN PRISIÓN PREVENTIVA POR CADA UNA DE LAS
CAUSAS PENALES ES DECIR EL TIEMPO QUE ESTUVE EN PRISIÓN
PREVENTIVA DERIVADA DEL PROCESO PENAL ********** RADICADO
ANTE EL JUZGADO QUINTO DE LO PENAL ASÍ COMO DE LOS
DIVERSOS ********** RADICADOS ANTE EL JUZGADO CUARTO DE LO
PENAL; PUES UNA VEZ QYE EL SOLICITE ALGÚN BENEFICIO
MEDIANTE OFICIO DE FECHA 24 DE FEBRERO DEL AÑO EN CURSO
OFICIO DEL CUAL OBTUVE UNA COPIA EL DÍA 13 DE MARZO DEL
AÑO EN CURSO AL DARLE LECTURAR SE ME INFORMÓ LO
SIGUIENTE: EN CUANTO A LA POSIBILIDAD QUE ESTA DIRECCIÓN
INICIE A EFECTO DE QUE EL JUEZ DE EJECUCIÓN DE LIBERTAD
ANTICIPADA ME PERMITO HACER DE SU CONOCIMIENTO YA QUE
ESTA AUTORIDAD SE ENCUENTRA IMPEDIDA PARA RESOLVER
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FAVORABLEMENTE SU PETICIÓN YA QUE USTED SE ENCUENTRA
ACTUALMENTE COMPURGANDO A PARTIR DEL 14 DE SEPTIEMBRE
DEL 2010 (DÍA SIGUIENTE QUE COMPURGO LA SNETENCIA DE 04
AÑOS DE PRISIÓN IMPUESTA POR EL C. JUEZ CUARTO DE LO
PENAL DE ESTA CIUDAD EN LA CAUSA PENAL **********), UNA PENA
DE 04 AÑOS, 06 MESES DE PRISIÓN Y MULTA DE 30, 418.00 MONEDA
NACIONAL, QUE LE FUE IMPUESTA EN LA CAUSA PENAL **********
POR EL C. JUEZ CUARTO DE LO PENAL DE ESTA CIUDAD, POR LA
COMISIÓN DEL DELITO DE ROBO DE VEHÍCULO DE MOTOR
LLEVANDO RECLUIDO A LA FECHA 01 AÑO, 05 MESES, 10 DÍAS DE
PRISIÓN, FALTÁNDOLE POR COMPURGAR 03 AÑOS, 20. DÍAS DE
PRISIÓN, ES DECIR QUE LAS RESPONSABLES NO TOMARON EN
CUENTA LA PRISIÓN PREVENTIVA A LA QUE ESTUVE SUJETO
HASTA QUE SE DICTÓ LA PRIMERA SENTENCIA, VIOLANDO CON
ELLO LAS GARANTÍAS DE LEGALIDAD Y SEGURIDAD JURÍDICA
PREVISTA EN LOS ARTÍCULOS 14, 16 Y 20 DE LA CONSTITUCIÓN
POLÍTICA MEXICANA. SIN QUE DICHA ORDEN SE ENCUENTRE
DEBIDAMENTE FUNDADA Y MOTIVADA POR AUTORIDAD
COMPETENTE, YA QUE ACTUALMENTE EL SUSCRITO SENTENCIADO
HOY QUEJOSO ME ENCUENTRO DETENIDO DESDE EL DÍA
DIESICIETE DE MARZO EL 2006 POR DISPOSICIÓN DEL JUEZ
QUINTO DE LO PENAL QUIEN ME INSTAURÓ PROCESO PENAL
NÚMERO ********** POSTERIORMENTE Y ENCONTRÁNDOME PRESO A
DISPOCIÓN DE DICHO JUZGADO SE ME EJECUTARON DOS
ORDENES DE APREHENSIÓN FIRADAS EN MI CONTRA POR EL JUEZ
CUARTO DE LO PENAL DERIVADOS DE AS CAUSAS PENALES
********** Y ********** ANTE QUIEN TAMBIÉN ESTUVE EN PRISIÓN
PREVENTIVA; LLEVÁNDOSE ACABO DICHOS PROCESOS EN FORMA
PARALELA, POR LO QUE UNA VEZ QUE CONCLUYERON LOS
MISMOS ME ENCUENTRO A DISPOSICIÓN DEL DIRECTOR ESTATAL
DE EJECUCIÓN DE PENAS Y MEDIDAS CAUTELARES EN EL ESTADO,
CON DOMICILIO BIEN CONOCIDO EN ESTA CIUDAD ASÍ COMODEL
JUEZ CUARTO DE LO PENAL DE ESTA CIUDAD DE MEXICALI BAJA
CALIFORNIA LOS QUE NO HAN TOMADO EN CUENTA LA PRISIÓN
PREVENTIVA DE CADA UNA DE LOS PROCESOS PENALES; ES DECIR
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CUANDO ESTUVE DETENIDO A PRISIÓN PREVENTIVA VIOLANDO
CON ESTO LAS GARANTÍAS DE LEGALIDAD Y SEGURIDAD JURÍDICA
PUES LAS RESPONSABLES SE HAN LIMITADO A SUMAR EL TOTAL
DE DICHAS PENAS EMPERO SIN TOMAR EN CUENTA LA
PRISIÓNPREVENTIVA DE CADA UNO DE LOS PROCESOS.”
SEGUNDO. El veinticuatro de abril de dos mil doce,
el Juez Noveno de Distrito, en el Estado de Baja
California, radicó la demanda de garantías con el número
175/2012; y, seguidos los trámites legales, dictó
sentencia la cual fue engrosada el dieciséis de agosto de
dos mil doce, y concluyó con los siguientes puntos
resolutivos:
“…PRIMERO.- Se sobresee en el presente juicio de garantías
promovido por ********** respecto a los actos atribuidos a las autoridades
responsables precisadas en el considerando tercero de esta sentencia. - - -
SEGUNDO.- La Justicia Federal no ampara ni protege a **********, en
contra de los actos que reclama de la autoridad señalada como
responsable precisada en el considerando cuarto de este fallo, por los
fundamentos establecidos en el considerando quinto de esta resolución. - -
- TERCERO.- En cumplimiento a lo establecido en el considerando sexto
de esta resolución, procédase a la captura de la misma en el módulo
‘Sentencias’ contenido en el Sistema Integral de Seguimiento de
Expedientes, así como a recabar la constancia correspondiente. - - -
Notifíquese personalmente.”
TERCERO. Inconforme con la anterior resolución
**********interpuso recurso de revisión en contra de dicha
sentencia.
CUARTO. Mediante acuerdo de Presidencia de
diecisiete de octubre de dos mil doce, este Cuarto
Tribunal Colegiado del Decimoquinto Circuito, admitió el
presente recurso, lo que originó la formación del amparo
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en revisión 405/2012.
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Se notificó al Agente del Ministerio Público de la
Federación, quien formuló el pedimento número 87/2012;
y, en proveído de treinta y uno de octubre de dos mil
doce, se ordenó turnar los autos al Magistrado **********,
para que formulara proyecto de resolución.
QUINTO. Por oficio número CCJ/ST/6786/2011,
signado por el Secretario Técnico de la Comisión de
Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal,
con apoyo en el artículo 81, fracción XXII, de la Ley
Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación
con el artículo 52, fracción V, del Acuerdo General del
Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que
reglamenta la organización y funcionamiento del propio
consejo, se autorizó al licenciado Miguel Ángel Montalvo
Vázquez, Secretario de este Órgano Jurisdiccional, para
que desempeñe las funciones de Magistrado de Circuito.
C O N S I D E R A N D O:
PRIMERO. Este Tribunal es competente para
conocer del presente recurso de revisión, de conformidad
con lo dispuesto por los artículos 107, fracción VIII, último
párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos; 82, 83, fracción IV, 86, 88, 89 y demás
relativos de la Ley de Amparo; 37, fracción IV, y 144, de
la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; así
como el Acuerdo General 3/2013 emitido por el Pleno
del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en
el Diario Oficial de la Federación el quince de febrero de
dos mil trece, que entró en vigor el veintitrés de enero del
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mismo año, relativo a la determinación del número y
límites territoriales de los Circuitos Judiciales en que se
divide la República Mexicana; y al número, a la
jurisdicción territorial y especialización por materia de los
Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito.
SEGUNDO. El presente recurso es procedente,
conforme a lo establecido en los artículos 82 y 83,
fracción IV, de la Ley de Amparo y fue interpuesto dentro
del plazo de diez días hábiles, que para tal efecto prevé
el artículo 86 del mismo ordenamiento, toda vez que la
sentencia se notificó a la parte recurrente el diecisiete de
agosto de dos mil doce, por lo que surtió efectos al día
hábil siguiente y, en consecuencia, el referido plazo
transcurrió del veintiuno de agosto de dos mil doce al tres
de septiembre del mismo año. Lo anterior, sin contar los
días dieciocho, diecinueve, veinticinco y veintiséis de
agosto, así como uno y dos de septiembre ambos de dos
mil doce, ya que se trata de sábados y domingos. Esto,
conformidad con lo dispuesto en el numeral 23 de la Ley
de Amparo.
Por tanto, si el recurso de revisión fue presentado el
treinta y uno de agosto de dos mil doce, debe tenerse por
interpuesto en tiempo.
TERCERO. La sentencia que se recurre se funda
en las siguientes consideraciones:
“SEGUNDO.- Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 77 y 79
de la Ley de Amparo, en el caso a estudio procede fijar claramente los actos
efectivamente reclamados por la parte quejosa: - - - El quejoso reclama
sustancialmente la resolución emitida por el Director de Ejecución de Penas y
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Medidas Judiciales, con residencia en Mexicali, Baja California, contenida en
el oficio ********** de fecha veinticuatro de febrero de dos mil doce, en la que
le negó algún beneficio para obtener su libertad, argumentando el promovente
del amparo que en dicho acto, la indicada responsable no computó
simultáneamente la prisión preventiva de las causas penales **********
(Juzgado Quinto de lo Penal) y ******************** (Juzgado Cuarto de lo
Penal), sino que simplemente se limitó a sumar las penas impuestas en las
sentencias dictadas en dichos expedientes, trayendo como consecuencia el
permanecer privado de su libertad. - - - TERCERO.- No son ciertos los actos
reclamados al Juez Cuarto de lo Penal, Juez Quinto de lo Penal, Director
General de Centros Penitenciarios y de Reinserción Social en el Estado,
Subsecretario del Sistema Estatal Penitenciario, todos con residencia en
Mexicali, Baja California y Director del Centro de Reinserción Social El Hongo,
en Tecate, Baja California, pues al rendir sus informes con justificación
negaron categóricamente la existencia de dichos actos, además de que se
advierte que es de diversa responsable de la que emana lo reclamado en este
juicio, por lo cual se impone sobreseer al respecto en el presente juicio, con
fundamento en lo dispuesto en la fracción IV del artículo 74 de la Ley de
Amparo y en la tesis de jurisprudencia publicada bajo el número 284, en el
Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, Tomo VI,
Materia Común, página 236, que a la letra dice: - - - ‘INFORME
JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS
AUTORIDADES. Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen, y
los quejosos no desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento, en los
términos de la fracción IV del artículo 74 de la Ley de Amparo.’ - - - CUARTO.-
Son ciertos los actos reclamados a las responsables Director de Ejecución de
Penas y Medidas Judiciales, de Mexicali, Baja California, aun y cuando en su
informe justificado negó tales actos; ya que de las constancias remitidas por el
Director del Centro de Reinserción Social El Hongo, en Tecate, Baja
California, se advierte que el quejoso permanece privado de su libertad
compurgando diversas penas, asimismo, la existencia del oficio
DEPMJ/2973/2012 de fecha veinticuatro de febrero de dos mil doce, en el que
la primera de las nombradas autoridades, negó al quejoso algún beneficio
para obtener su libertad, además que de conformidad con los artículos 4 y 5
de la Ley de Ejecución de Sanciones y Medidas de Seguridad para el Estado
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de Baja California, a él corresponde la ejecución de las penas y medidas de
seguridad impuestas por la autoridad judicial. - - - QUINTO.- Son infundados
los conceptos de violación aducidos por el quejoso ********************, como a
continuación se verá. - - - El quejoso reclama básicamente el contenido del
oficio ********** de fecha veinticuatro de febrero de dos mil doce, en el cual, en
atención a la solicitud del quejoso, la responsable resolvió no conceder
beneficio alguno al promovente, argumentando que a esa fecha se
encontraba compurgando la pena impuesta en la causa penal **********, por el
Juez Cuarto de lo Penal, de Mexicali, Baja California, equivalente a cuatro
años, seis meses de prisión, a partir del catorce de septiembre de dos mil
diez, día siguiente en el que compurgó la pena de cuatro años impuesta en la
causa penal **********, por lo que lleva recluido un año, cinco meses y diez
días, faltándole tres años y veinte de días por compurgar. - - - Además se le
informó que no se encontraba en tiempo para la concesión de algún beneficio
de libertad anticipada, ya que la remisión parcial de la pena la puede solicitar
a partir de septiembre de dos mil trece; en cuanto a la libertad preparatoria
regulada por el artículo 147 de la Ley de Ejecución de Penas y Medidas
Judiciales para el Estado de Baja California, no cumple con los requisitos
previstos para ella, dado que es reincidente por delito doloso, además de que
no ha compurgado las tres quintas partes de la pena; y, respecto al beneficio
de preliberación, contenido en los numerales 155 y 156 de la legislación en
comento, tampoco es procedente su concesión ya que éste es para aquellos
internos que están próximos a su liberación, dentro de los dos años
anteriores. - - - De las constancias de autos, a las que se otorga valor
probatorio pleno, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 202 y 207
del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la
Ley de Amparo, se advierte que el quejoso se encuentra privado de su
libertad en las instalaciones del Centro de Readaptación Social ‘El Hongo’, al
estar compurgando las penas de prisión impuestas por diversos jueces,
mismas que a continuación se describen:
CAUSA
PENAL
FECHA EN QUE INICIA LA PRISIÓN
PREVENTIVA
FECHA EN QUE CAUSÓ EJEC.
SENTENCIA
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PENA
********** 13-SEPTIEMBRE-2006 25-ENERO-2008 4 AÑOS.
********** 17-NOVIEMBRE-2004
A 13-DICIEMBRE -2005
y A PARTIR DEL 16-JUNIO-2006
02-MAYO-2008 2 AÑOS, 9 MESES,
15 DÍAS.
********** 18-MARZO-2006 20-JUNIO-2008 3 AÑOS.
********** 19-OCTUBRE-2006 20-JUNIO-2009 4 AÑOS, 6 MESES.

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Respecto a los anteriores fallos, existe constancia que en la causa penal
**********, resuelta por el Juez Quinto de lo Penal, de Mexicali, Baja California,
al sentenciado, hoy quejoso, se le tuvo acogiéndose al beneficio de
sustitución de la pena, el día catorce de julio de dos mil nueve. - - - Como se
indicó, no asiste la razón al quejoso, dado que, según se expondrá, la
responsable correctamente realizó los cómputos para la compurgación de las
penas impuestas al quejoso, asimismo, tomó en consideración la
compurgación simultánea de la prisión preventiva, es decir, a cada una de las
sanciones corporales impuestas, disminuyó la prisión preventiva que se
realizó de manera simultánea al instruirse de forma paralela los cuatro
procesos penales antes citados. - - - Como lo establece el quejoso, el artículo
130 de la Ley de Ejecución de Penas y Medidas Judiciales para el Estado,
prevé: - - - ‘ARTÍCULO 130.- Toda pena privativa de la libertad que sea
impuesta mediante sentencia ejecutoriada, se computará desde el tiempo en
que inició la detención. Cuando un Sentenciado deba compurgar más de una
pena privativa de libertad, proveniente de sentencias diversas, estas se
compurgarán de manera sucesiva, y deberá de observarse los siguientes
criterios: - - - “I.- Cuando un Sentenciado está compurgando una pena de
prisión impuesta en sentencia ejecutoriada y comete delito diverso, a la pena
impuesta por el nuevo delito debe sumarse el resto de la pena que tenía
pendiente por compurgarse, procediendo a la suma de las penas. - - - II.-
Cuando el Sentenciado reporte diversas penas, se procederá a la
acumulación de ellas, de acuerdo con el orden cronológico en que vayan
causando ejecutoria las sentencias que le imponen otras penas de prisión. - -
- III.- Si el Imputado estuvo sujeto de forma simultánea a dos o más procesos
por la comisión de diversos delitos, fuera de los supuestos de concurso real o
ideal, y en tales casos se haya dictado prisión preventiva y luego sentencia
condenatoria, el tiempo que se cumplió con dicha medida cautelar se
computará para el descuento de cada una de las penas de prisión impuestas.’
- - - De lo anterior se advierte que las prisiones preventivas, cuando se esté
ante la presencia de la ejecución de varias penas, deberán compurgarse en
forma simultánea; es decir, dicha parte del numeral trata exclusivamente de
ese supuesto, no de la pena en general, sino de la prisión compurgada hasta
el momento en que causa ejecutoria la sentencia, tal y como se ilustra en la
jurisprudencia que más adelante se transcribirá. Por lo anterior es correcta la
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apreciación de la autoridad responsable en el sentido de establecer que las
penas impuestas al quejoso deberán ser compurgadas de manera sucesiva. -
- - Aplicable al caso resulta la siguiente jurisprudencia: - - - ‘PENAS
PRIVATIVAS DE LA LIBERTAD. LA COMPURGACIÓN SIMULTÁNEA
PREVISTA EN EL SEGUNDO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 25 DEL CÓDIGO
PENAL FEDERAL SE REFIERE AL TIEMPO DE LA PRISIÓN PREVENTIVA.
Del proceso legislativo que originó la reforma del segundo párrafo del artículo
25 del Código Penal Federal, publicada en el Diario Oficial de la Federación el
26 de mayo de 2004, se advierte que ésta obedeció al problema de
sobrepoblación en los centros de reclusión del país, ante lo cual el legislador
atendió, por una parte, el reemplazo de las penas de prisión por penas
sustitutivas y, por otra, el tiempo que dura la prisión preventiva en los delitos
cometidos por hechos anteriores al ingreso a prisión. Ahora bien, de la
interpretación sistemática de dicho artículo y del numeral 64 del citado código
-también reformado en la fecha indicada-, se colige que en caso de que se
impongan penas privativas de la libertad por diversos delitos en diferentes
causas penales en las cuales los hechos no son conexos, similares o
derivados unos de otros, aquéllas deben compurgarse sucesivamente,
mientras que la prisión preventiva debe tenerse por cumplida
simultáneamente en todas las causas, lo que equivale a descontar el quántum
de la prisión preventiva en todas las penas impuestas al mismo sujeto. En
congruencia con lo anterior, se concluye que el referido artículo 25, al
contener la expresión "las penas se compurgarán en forma simultánea", se
refiere al tiempo de duración de la prisión preventiva, el cual debe tomarse en
cuenta para todas las causas seguidas en contra del inculpado, sobre todo
porque con ello se atiende al objetivo de la pena, como medida aflictiva para
quien realiza una conducta delictuosa, la cual también debe ser preventiva e
inhibir las conductas antisociales, pues estimar lo contrario, es decir, que la
compurgación simultánea de las penas se refiere a las que son impuestas
como sanción, las haría nugatorias en tanto que de manera indebida se
reduciría considerablemente el tiempo de reclusión.’ (Jurisprudencia 8/2007,
de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, resultado de
la contradicción de tesis 38/2006-PS, consultable en la página 452, del Tomo
XXV, Mayo de 2007, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta,
Novena Época). - - - También resultan aplicables a todo lo expuesto los
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siguientes criterios: - - - ‘PENAS PRIVATIVAS DE LIBERTAD. SU
CUMPLIMIENTO CONFORME A LOS ARTÍCULOS 25 Y 64 DEL CÓDIGO
PENAL FEDERAL (INTERPRETACIÓN A LAS REFORMAS PUBLICADAS
EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN DE 26 DE MAYO DE
2004).Para determinar la forma en que deben compurgarse las penas
impuestas por la autoridad judicial se debe interpretar el Código Penal
Federal, como un conjunto de normas reguladoras de los diversos supuestos
de la ley, atendiendo a los motivos que el legislador propone al respecto; por
ello, de una correcta interpretación gramatical, lógica y sistemática de la
reforma a los artículos 25 y 64, del citado código, publicada en el Diario Oficial
de la Federación el veintiséis de mayo de dos mil cuatro, se obtienen los
siguientes supuestos a aplicar al momento de compurgar las penas de
prisión: a) La expresión "en este caso, las penas se compurgarán en forma
simultánea", contenida en el segundo párrafo del mencionado artículo 25, no
se refiere al cumplimiento simultáneo de la totalidad de las sanciones de
prisión impuestas en diversos juicios, sino únicamente al tiempo de privación
de la libertad preventiva, es decir, la parte correspondiente de la pena
impuesta relativa al quántum de la prisión preventiva, la que debe darse por
compurgada de manera simultánea en todas las causas, aunque hayan tenido
por objeto hechos anteriores al ingreso a prisión; b) El diverso artículo 64 del
citado ordenamiento, en su segundo párrafo, establece que en caso de
concurso real, esto es, cuando con pluralidad de conductas se cometen varios
delitos, si las penas se imponen en el mismo proceso o en distintos, pero si
los hechos resultan conexos o similares, o derivado uno del otro, las penas
deberán contarse desde el momento en que se privó de la libertad por el
primer delito, esto es, las penas impuestas se compurgarán simultáneamente;
y c) En el caso de que las penas privativas de libertad hayan sido impuestas
por diversos delitos, en diferentes causas penales y los hechos no sean
conexos o similares, o derivado uno del otro, las sanciones deben computarse
en forma sucesiva, esto es, la segunda a partir de la extinción de la primera,
con excepción de la prisión preventiva, la cual debe darse por compurgada de
manera simultánea en todas las causas, o dicho de otra forma, debe
descontarse de la pena impuesta, como lo establece el segundo párrafo del
artículo 25 del Código Penal Federal.’ (Criterio del Tercer Tribunal Colegiado
del Décimo Circuito, consultable en la página 2439, del Tomo XXII, Octubre
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AMPARO EN REVISIÓN PENAL 405/2012
de 2005, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena
Época). - - - ‘PRISIÓN PREVENTIVA. LAPSO QUE DEBE CONSIDERARSE
COMO TAL. La garantía prevista en el artículo 20, apartado A, fracción X,
tercer párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,
en su texto anterior a la reforma publicada en el Diario Oficial de la
Federación el 18 de junio de 2008, consiste en abonar el tiempo de prisión
preventiva a la punitiva, esto es, en el derecho que tiene el inculpado de que
en toda pena de prisión que se le imponga, se compute el tiempo de
detención que sufrió, es decir, el de prisión preventiva. En ese sentido, el
lapso de prisión preventiva que debe considerarse como tal, en términos del
citado precepto constitucional, es desde la detención hasta que la sentencia
de segunda instancia causa ejecutoria, momento en que concluye
definitivamente el proceso penal, sin que pueda considerarse como prisión
preventiva, el tiempo en que se resuelva el juicio de amparo que en su caso
se promueva contra la resolución en que se haya impuesto la sanción. Lo
anterior, en virtud de que una sentencia ejecutoriada es aquella susceptible
de ejecutarse, contra la que no cabe algún recurso ordinario, no obstante que
pueda revocarse o nulificarse por algún medio de defensa extraordinario; por
lo que una sentencia de segunda instancia no pierde su calidad ejecutoria ni
la fuerza de cosa juzgada, mientras está pendiente de resolverse el juicio de
amparo, pues éste no le resta la calidad de ejecutable. Además, considerando
que la prisión preventiva se da dentro del proceso y la prisión se impone
como sanción en la sentencia, es a partir de que ésta causa ejecutoria
cuando puede ejecutarse, al margen de que en su contra se interponga algún
medio extraordinario de defensa, e incluso se suspenda su ejecución a través
de alguna medida cautelar, pues la etapa procesal de la prisión preventiva
concluye definitivamente desde el momento en que causó ejecutoria la
sentencia de segunda instancia.’ (Criterio de la Primera Sala de la Suprema
Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 1095, del Tomo 2, Libro I,
Octubre de 2011, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta,
Décima Época). - - - Cabe tener en consideración que la ejecución de las
penas corresponde exclusivamente a la autoridad que depende del Ejecutivo
del Estado, en este caso, el Director de Ejecución de Penas y Medidas
Judiciales; por lo que, es ella quien fijará la forma de compurgación de las
penas impuestas por la autoridad jurisdiccional, y, en el caso, dado que hubo
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AMPARO EN REVISIÓN PENAL 405/2012
prisiones preventivas de manera simultánea, deberán restarse todas ellas a
las penas relativas. - - - Lo señalado no implica que tal autoridad esté
alterando la pena impuesta por el Juez correspondiente o se esté
sustituyendo a él en la imposición de la misma, ya que la pena establecida
por el juez no se cambia, sino únicamente está regulando la manera en que
ésta ha de cumplirse, cuestión que se encuentra totalmente dentro de las
atribuciones de la responsable. Tampoco redunda en que se estén invadiendo
esferas de competencia de la autoridad jurisdiccional, ya que, se itera, la
autoridad administrativa responsable no varía la pena impuesta, sino que
regula su ejecución. - - - En el caso concreto, se advierte que al quejoso se le
impusieron cuatro sentencias condenatorias (**********), con las penas
precisadas en el cuadro realizado párrafos atrás; las indicadas resoluciones
causaron ejecutoria en fechas veinticinco de enero, dos de mayo, veinte de
junio de dos mil ocho y veinte de junio de dos mil nueve, en el orden antes
precisado, por lo cual, en la primera fecha indicada (veinticinco de enero de
dos mil ocho) es que concluyó la prisión preventiva de todos los procesos
penales, compurgada simultáneamente, ya que a partir de la misma se inició
la compurgación de la primera de las sanciones, correspondiente al
expediente **********. Es decir, aun y cuando en las restantes causas penales,
no había una sentencia firme al veinticinco de enero de dos mil ocho, lo cierto
es que al causar ejecutoria el primero de los fallos en los procesos, instruidos
en contra del hoy quejoso de manera paralela, se marca el inicio de la
compurgación de la pena de esa primera sentencia, por lo que también
establece el final de las restantes prisiones preventivas. - - - Por lo cual, la
prisión preventiva a restarse de la condena total en la causa penal **********,
corresponde a un año, cuatro meses y doce días (del trece de septiembre de
dos mil seis al veinticinco de enero de dos mil ocho); la relativa a la causa
penal **********, es de un año, siete meses y nueve días (del dieciséis de junio
de dos mil seis al veinticinco de enero de dos mil ocho); en el expediente
**********, la prisión preventiva es de un año, diez meses y siete días (del
dieciocho de marzo de dos mil seis al veinticinco de enero de dos mil ocho) y
en el expediente **********, corresponde a un año, tres meses y seis días (del
diecinueve de octubre de dos mil seis al veinticinco de enero de dos mil
ocho). - - - En virtud de lo anterior, se itera, la sanción impuesta en la causa
penal **********, inició a compurgarse el veintiocho de enero de dos mil ocho,
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AMPARO EN REVISIÓN PENAL 405/2012
restándole un año, cuatro meses y doce días, correspondiente a la prisión
preventiva, por lo que se tiene que esa sanción concluyó el trece de
septiembre de dos mil diez. - - - Por lo tanto, la compurgación de la siguiente
sentencia inició el día posterior, es decir el catorce de septiembre de dos mil
diez, siendo la impuesta en la causa **********, equivalente a dos años, nueve
meses y quince días de prisión, a la que se resta el tiempo de prisión
preventiva (un año, siete meses y nueve días), de lo que resulta que ésta
quedó cumplida el veinte de noviembre de dos mil once. - - - En este punto
debe establecerse que la siguiente sentencia en causar ejecutoria fue la
correspondiente al expediente ********** (tres años de prisión); sin embargo,
como se dijo, obra constancia en el sentido de que se tuvo al hoy quejoso
acogiéndose al beneficio de sustitución de la pena de prisión el día catorce de
julio de dos mil nueve, sin que exista constancia en el sentido de que dicho
beneficio le fue revocado, lo que trae como consecuencia que esa condena
no deba ser compurgada en prisión, ya que en cuanto a la misma, se insiste,
se le tuvo cumpliendo de diversa manera y se ordenó su inmediata libertad. - -
- Por lo anterior, a partir del día veintiuno de noviembre de dos mil once, día
siguiente al en que compurgó la pena impuesta en la causa penal **********,
inició a cumplir con la diversa del expediente **********, equivalente a cuatro
años, seis meses de prisión, por lo que restándole el tiempo de prisión
preventiva consistente en un año, tres meses y seis días, se tiene que la
misma se cumplirá el catorce de febrero de dos mil quince. - - - Aplicable al
caso resultan los siguientes criterios: - - - ‘PENAS IMPUESTAS AL QUEJOSO
EN DIVERSOS JUICIOS. DEBEN COMPUTARSE EN FORMA SUCESIVA Y
NO SIMULTÁNEA. Cuando se trate de penas impuestas al peticionario por
diversos delitos, materia de diferentes juicios, las sanciones privativas de
libertad deben computarse en forma sucesiva, una a continuación de la total
extinción de la otra, pues resultaría contrario a derecho y a la finalidad que
justifica la imposición de sanciones el que dos diversas condenas por la
comisión de dos diversos delitos autónomos y totalmente independientes se
computaran simultáneamente, y se haría nugatoria la imposición de una de
las dos sanciones.’ (Criterio del entonces Tercer Tribunal Colegiado de
Segundo Circuito, consultable en la página 232, del Tomo IX, Febrero de
1992, del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época). - - - ‘PENAS
CORPORALES, COMPURGACIÓN SUCESIVA DE LAS. Si el recurrente se
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AMPARO EN REVISIÓN PENAL 405/2012
encuentra compurgando una pena privativa de libertad impuesta en el fuero
común, y posteriormente un Tribunal Unitario le impone diversa sanción
corporal por otro ilícito; es evidente que las sanciones referidas, resultado de
diversos delitos cometidos en momentos diferentes, deben compurgarse
separadamente, pues es de explorado derecho que las penas corporales
deben compurgarse sucesivamente, ya que en el caso contrario la sanción
impuesta en la primera causa deduciría de la fijada en la ulterior y ese
proceder equivaldría a cumplir una sola sanción por delitos autónomos y
diversos.’ (Criterio del entonces Único Tribunal Colegiado del Décimo Noveno
Circuito, consultable en la página 430, del Tomo 217-228 Sexta Parte, del
Semanario Judicial de la Federación, Séptima Época). - - - ‘PENAS,
COMPURGACIÓN DE LAS. Ningún precepto procesal autoriza a los Jueces a
aceptar en sus resoluciones, que dos sentencias pudieran compurgarse
simultáneamente, tratándose de dos delitos, como ocurre en el caso en que el
procesado estaba compurgando una pena por un delito anterior al que se le
juzga, resultando procedente la continuación sucesiva de las prisiones
impuestas terminada la primera, para comenzar a cumplir la segunda.’
(Criterio de la Entonces Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la
Nación, consultable en la página 2269, del Tomo LXXXV, del Semanario
Judicial de la Federación, Quinta Época). - - - Por todo lo cual, aun y cuando
no se advierte si efectivamente la responsable computó o no de manera
simultánea las prisiones preventivas de los procesos instruidos en contra del
quejoso, ya que no se observa en el acto de reclamo la forma en que realizó
el cálculo de la compurgación de las penas impuestas al promovente, lo cierto
es que fundamentalmente su conclusión es coincidente con la de este
Juzgado, en la que sí se descontó la prisión preventiva cumplida
simultáneamente. - - - Por lo que, al resultar infundados los argumentos del
quejoso y no advertirse deficiencia qué suplir, se niega el amparo solicitado. -
- - SEXTO.- De conformidad con lo dispuesto en el punto segundo del
Acuerdo General 29/2007, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal,
que determina el uso obligatorio del módulo de captura del Sistema Integral
de Seguimiento de Expedientes, relativo a las sentencias dictadas en los
Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, proceda la Secretaria a realizar
la captura del presente fallo y a recabar la constancia correspondiente, para
que se agregue al presente expediente en su oportunidad. - - - Por lo
15

AMPARO EN REVISIÓN PENAL 405/2012
expuesto y con fundamento en los artículos 76, 77, 78, 79 y demás aplicables
de la Ley de Amparo, se resuelve: - - - PRIMERO.- Se sobresee en el
presente juicio de garantías promovido por ********** respecto a los actos
atribuidos a las autoridades responsables precisadas en el considerando
tercero de esta sentencia. - - - SEGUNDO.- La Justicia Federal no ampara ni
protege a **********, en contra de los actos que reclama de la autoridad
señalada como responsable precisada en el considerando cuarto de este
fallo, por los fundamentos establecidos en el considerando quinto de esta
resolución. - - - TERCERO.- En cumplimiento a lo establecido en el
considerando sexto de esta resolución, procédase a la captura de la misma
en el módulo ‘Sentencias’ contenido en el Sistema Integral de Seguimiento de
Expedientes, así como a recabar la constancia correspondiente. - - -
Notifíquese personalmente.”
CUARTO. El recurrente señaló en su capítulo de
agravios, lo siguiente:
“I.- FUENTE DEL AGRAVIO.- LA RESOLUCIÓN RECURRIDA
CAUSA AGRAVIOS A MI REPRESENTADA EN SU CONSIDERANDO
RESPECTIVO, YA QUE LA AUTORIDAD RECURRIDA DETERMINÓ
SOBRESEER Y NEGAR EL AMPARO SOLICITADO POR EL QUEJOSO,
SIENDO EL CASO QUE NO DEBIÓ SER ASÍ, VIOLÁNDOSE EN
PERJUICIO DEL QUEJOSO LOS DISPOSITIVOS 14, 16 Y 20
CONSTITUCIONALES, YA QUE NO SE CUMPLIERON LAS
FORMALIDADES ESENCIALES DEL PROCEDIMIENTO POR LAS
RAZONES QUE A CONTINUACIÓN SE EXPONEN. - -- EN LA
SENTENCIA CONSTITUCIONAL QUE SE RECURRE EL INFERIOR
INCONGRUENTEMENTE ESTABLECIÓ LO SIGUIENTE: - - - QUINTO.-
SON INFUNDADOS LOS CONCEPTOS DE VIOLACIÓN ADUCIDOS POR
EL QUEJOSO **********, COMO A CONTINUACIÓN SE VERÁ.- - - EL
QUEJOSO, RECLAMA BÁSICAMENTE EL CONTENIDO DEL OFICIO
DEPEM/2973/2012 DE FECHA VEINTICUATRO DE FEBRERO DE DOS
MIL DOCE, EN EL CUAL EN ATENCIÓN A LA SOLICITUD DEL
QUEJOSO, LA RESPONSABLE CONCEDIÓ NO CEONCEDER
BENEFICIO ALGUNO AL PROMOVENTE, ARGUMENTANDO QUE A
ESA FECHA SE ENCONTRABA COMPURGANDO LA PENA IMPUESTA
EN LA CAUSA PENAL **********, POR EL JUEZ CUARTO DE LO PENAL,
16

AMPARO EN REVISIÓN PENAL 405/2012
DE MEXICALI, BAJA CALIFORNIA, EQUIVALENTE A CUATRO AÑOS,
SEIS MESES DE PRISIÓN, A APRTIR DE CATORCE DE SEPTIEMBRE
DE DOS MIL DIEZ, DÍA SIGUENTE EN EL QUE COMPURGO LA PENA
DE CUATRO AÑOS IMPUESTA EN LA CAUSA PENAL **********, POR LO
QUE LLEVA RECLUIDO UN AÑO CINCO MESES Y DIEZ DÍAS,
FALTÁNDOLE TRES AÑOS Y VEINTE DÍAS POR COMPURGAR. - - -
ADEMÁS SE LE INFORMÓ QUE NO SE ENCONTRABA EN TIEMPO
PARA LA CONCESIÓN DE ALGÚN BENEFICIO DE LIBERTAD
ANTICIPADA, YA QUE LA REMISIÓN PARCIAL DE LA PENA PUEDE
SOLICITAR A PARTIR DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL TRECE; EN
CUANTO A LIBERTAD PREPARATORIA REGULADA POR EL ARTÍCULO
147 DE LA LEY DE EJECUCIÓN DE PENAS Y MEDIDAS JUDICIALES
PARA EL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, NO CUMPLE CON LOS
REQUISITOS PREVISTOSPARA ELLA, DADO QUE ES REINCIDENTE
POR DELITO DOLOSO, ADEMÁS DE QUE NO HA COMPURGADO LAS
TRES QUINTAS PARTES DE LA PENA; Y RESPECTO AL BENEFICIO
DE PRE LIBERACIÓN, CONTENIDO EN LOS NUMERALES 155 Y 156
DE LA LEGISLACIÓN EN COMENTO, TAMPOCO ES CONCEDENTE SU
CONCESIÓN YA QUE ESTE ES PARA AQUELLOS INTERNOS QUE
ESTÁN PRÓXIMOS A SU LIBERACIÓN, DENTRO DE LOS AÑOS
ANTERIORES. - - - DE LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, A LAS QUE SE
OTORGA VALOR PROBATORIO PLENO, DE CIVILES, DE APLICACIÓN
SUPLETORIA LA LEY DE AMPARO, SE ADVIERTE QUE EL QUEJOSO
SE ENCUENTRA PRIVADO DE SU LIBERTAD EN LAS INSTALACIONES
DEL CENTRO DE READAPTACIÓN SOCIAL ‘EL HONGO’, AL ESTAR
COMPURGANDO LAS PENAS DE PRISIÓN IMPUESTAS POR
DIVERSOS JUECES, MISMAS QUE A CONTINUACIÓN SE DESCRIBE:
CAUSAL
PENAL
FECHA EN QUE INICIA LA PRESIÓN
PREVENTIVA
17
FECHA EN QUE CAUSO EJEC.
SENTENCIA
PENA
********** 13-SEPTIEMBRE-2006 25-ENERO-2008 4 AÑOS
********** 17-NOVIEMBRE-2004 A 13-DICIEMBRE-
2005 Y A PARTIR DEL 16-JUNIO-2006
02-MAYO-2008 2 AÑOS 9 MESES
15 DÍAS
********** 18-MARZO-2008 20-JUNIO-2008 3 AÑOS
********** 19-OCTUBRE-2006 20-JUNIO-2009 4 AÑOS 6 MESES
RESPECTO A LOS ANTERIORES FALLOS, EXOSTE CONSTANCIA QUE
A LA CAUSA PENAL **********, RESUELTA POR EL JUEZ QUINTO DE
LO PENAL, DE MEXICALI, BAJA CALIFORNIA, AL SENTENCIADO, HOY
QUEJOSO, SE LE TUVO ACOGIÉNDOSE AL BENEFICIO DE

AMPARO EN REVISIÓN PENAL 405/2012
SUSTITUCIÓN DE LA PENA EL DÍA CATORCE DE JULIO DE DOS MIL
NUEVE. - - - COMO SE INDICÓ, NO ASISTE LA RAZÓN AL QUEJOSO,
DADO QUE, SEGÚN SE EXPONDRÁ, LA RESPONSABLE
CORRECTAMENTE REALIZÓ LOS CÓMPUTOS PARA LA
COMPURGACIÓN DE LAS PENAS IMPUESTAS AL QUEJOSO, ASÍ
MISMO, TOMO EN CONSIDERACIÓN LA COMPURGACIÓN
SIMULTÁNEA DE LA PRISIÓN PREVENTIVA, ES DECIR, A CADA UNA
DE LAS SANCIONES CORPORALES IMPUESTAS, DISMINUYÓ LA
PRISIÓN PREVENTIVA QUE SE REALIZÓ DE MANERA SIMULTÁNEA
AL INSTRUIRSE DE FORMA PARALELA LOS CUATRO PROCESOS
PENALES ANTES CITADOS. - - - COMO LO ESTABLECE EL QUEJOSO,
EL ARTÍCULO 130 DE LA LEY DE LA LEY DE EJECUCIÓN DE PENAS Y
MEDIDAS JUDICIALES PARA EL ESTADO, PREVÉ: - - - ‘ARTÍCULO 130.
TODA LA PENA PRIVATIVA DE LA LIBERTAD QUE SEA IMPUESTA
MEDIANTE SENTENCIA EJECUTORIADA, SE COMPUTARA DESDE EL
TIEMPO EN QUE INICIÓ LA DETENCIÓN, CUANDO UN SENTENCIADO
DEBA COMPURGAR MAS DE UNA PENA PRIVATIVA DE LA LIBERTAD,
PROVENIENTE DE SENTENCIAS DIVERSAS, ESTAS SE
COMPURGARAN DE MANERA SUCESIVA Y DEBERÁ DE
OBSERVARSE LOS SIGUIENTES CRITERIOS: - - - I.- CUANDO UN
SENTENCIADO ESTA COMPURGANDO UNA PENA DE PRISIÓN
IMPUESTA EN SENTENCIA EJECUTORIADA Y COMETE DELITO DEBE
SUMARSE EL RESTO DE LA PENA QUE TENÍA PENDIENTE POR
COMPURGARSE, PROCEDIENDO A LA SUMA DE LAS PENAS. - - - II.-
CUANDO EL SENTENCIADO REPORTE DIVERSAS PENAS SE
PROCEDERÁ A LA ACUMULACIÓN DE ELLAS DE ACUERDO CON EL
ORDEN CRONÓLOGICO EN QUE VAYAN CAUSANDO EJECUTORIA
LAS SENTENCIAS QUE LE IMPONEN OTRAS PENAS DE PRISIÓN. - - -
III.- SI EL IMPUTADO ESTUVOSUJEO DE FORMA SIMULTANEA A DOS
O MÁS PROCESOS POR LA COMISIÓNDE DIVERSOS DELITOS,
FUERA DE LO SUPUESTOS DE CONCURSO REAL O IDEAL, Y EN
TALES CASOS SE HAYA DICTADO PRISIÓN PREVENTIVA Y LUEGO
SENTENCIA CONDENATORIA EL TIEMPO QUE SE CUMPLIÓ CON
DICHA MEDIDA CAUTELAR SE COMPUTARA PARA EL DESCUENTO
DE CADA UNA DE LAS PENAS DE PRISIÓN IMPUESTAS. - - - DE LO
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AMPARO EN REVISIÓN PENAL 405/2012
ANTERIOR SE ADVIERTE DE LAS PRISIONES PREVENTIVAS,
CUANDO SE ESTE ANTE LA PRESENCIA DE LA EJECUCIÓN DE
VARIAS PENAS, DEBERÁN COMPURGARSE EN FORMA SIMULTÁNEA;
ES DECIR, DICHA PARTE DEL NUMERAL TRATA EXCLUSIVAMENTE
DE ESE SUPUESTO, NO DE LA PENA EN GENERAL, SI NO DE LA
PRISIÓNCOMPURGADA HASTA EL MOMENTO EN QUE CAUSA
EJECUTORIA LA SENTENCIA, TAL Y COMO SE ILUSTRA EN LA
JURISPRUDENCIA QUE MÁS ADELANTE SE TRASNCRIBIRÁ, POR LO
ANTERIOR ES CORRECTALA APRECIACIÓN DE LA AUTORIDAD
RESPONSABLE EN EL SENTIDO DE ESTABLECER QUE LAS
PENASIMPUESTAS AL QUEJOSO DEBERÁN SER COMPURGADAS DE
MANERA SUCESIVA: - - - APLICABLE AL CASO RESULTA LA
SIGUIENTE JURISPRUDENCIA: - - - ´PENAS PRIVATIVAS DE LA
LIBERTAD. LA COMPURGACIÓN SIMULTÁNEA PREVISTA EN EL
SEGUNDO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 25 DEL CÓDIGO PENAL
FEDERAL AL TIEMPO DE LA PRISIÓN PREVENTIVA’. ‘PENAS
PRIVATIVAS DE LA LIBERTAD. SU CUMPLIMIENTO CONFORME A LOS
ARTÍCULOS 25 Y 64 DEL CÓDIGO PENAL FEDERAL
(INTERPRETACIÓN A LAS REFORMAS PUBLICADAS EN EL DIARIO
OFICIAL DE LA FEDERACIÓNDE 26 DE MAYO DE 2004). - - - ‘PRISIÓN
PREVENTIVA. LAPSO QUE DEBE CONSIDERARSE COMO TAL. CABE
TENER EN CONSIDERACIÓN QUE LA EJECUCIÓN DE LAS PENAS
CORRESPONDE EXCLUSIVAMENTE DE LA AUTORIDAD QUE
DEPENDE DEL EJECUTIVO DEL ESTADO, EN ESTE CASO, EL
DIRECTOR DE EJECUCIÓN DE PENAS Y MEDIDAS JUDICIALES; POR
LO QUE, ES ELLA QUIEN FIJARA LA FORMA DE COMPURGACIÓN DE
LAS PENAS IMPUESTAS POR LA AUTORIDAD JURISDICCIONAL, Y EN
EL CASO DADO QUE HUBO PRISIONES PREVENTIVAS DE MANERA
SIMULTÁNEA, DEBERÁN RESTARSE TODAS ELLAS A LAS PENAS
RELATIVAS. - - - LO SEÑALADO NO IMPLICA QUE TAL AUTORIDAD
ESTE ALTERANDO LA PENA IMPUESTA POR EL JUEZ
CORRESPONDIENTE O SE ESTA SUSTITUYENDO A EL EN
IMPOSICIÓN DE LA MISMA, YA QUE LA PENA ESTABLECIDA POR EL
JUEZ NO SE CAMBIA, SINO ÚNICAMENTE ESTA REGULANDO LA
MANERA EN QUE ESTA A DE CUMPLIRSE, CUESTIÓN QUE SE
19

AMPARO EN REVISIÓN PENAL 405/2012
ENCUENTRA TOTALMENTE DENTRO DE LAS ATRIBUCIONES DE LA
RESPONSABLE. TAMPOCO REDUNDA EN QUE SE ESTÉN,
INVADIENDO ESFERAS DE COMPETENCIA DE LA AUTORIDAD
JURISDICCIONAL, YA QUE, SE ITERA LA AUTORIDAD
ADMINISTRATIVA RESPONSABLE NO VARIA LA PENA IMPUESTA, SI
NO QUE REGULA SU EJECUCIÓN. - - - EN EL CASO CONCRETO, SE
ADVIERTE QUE AL QUEJOSO SE LE IMPUSIERON CUATRO
SENTENCIAS CONDENATORIAS (**********), CON LAS PENAS
PREISADAS EN EL CUADRO REALIZADO PÁRRAFOS ATRÁS; LAS
INDICADAS RESOLUCIONES CAUSARON EJECUTORIA EN FECHAS
VEINTICINCO DE ENERO, DOS DE MAYO, VEINTE DE JUNIO DE DOS
MIL OCHO Y VEINTE DE JUNIO DE DOS MIL NUEVE, EN EL ORDEN
ANTES PRECISADO POR LO CUAL EN LA PRIMERA FECHA INDICADA
(VEINTICINCO DE ENERO DE DOS MIL OCHO) ES QUE CONCLUYÓ LA
PRISIÓN PREVENTIVA DE TODOS LOS PROCESOS PENALES,
COMPURGADA SILMUTÁNEAMENTE YA QUE A PARTIR DE LA MISMA
SE INICIÓ LA COMPURGACIÓN DE LA PRIMERA DE LAS SANCIONES,
CORRESPONDIENTE AL EXPEDIENTE **********, ES DECIR, AUN
CUANDO EN LA RESTANTES CAUSAS PENALES, NO HABÍA UNA
SENTENCIA FIRME AL VEINTICINCO DE ENERO DE DOS MIL OCHO,
LO CIERTO ES QUE EJECUTORIA EL PRIMERO DE LOS FALLOS EN
LOS PROCESOS, INSTRUIDOS EN CONTRA DEL QUEJOSO DE
MANERA PARALELA, SE MARCA EL INICIO DE LA COMPURGACIÓN
DE LA PENA DE ESA PRIMERA SENTENCIA, POR LO QUE TAMBIÉN
ESTABLECE EL FINAL DE LAS RESTANTES PRISIONES
PREVENTIVAS. - - - POR LO CUAL LA PRISIÓN PREVENTIVA A
RESTARSE DE LA CONDENA TOTAL EN LA CAUSA PENAL **********,
CORRESPONDE UN AÑO, CUATRO MESES Y DOCE DÍAS (DEL TRECE
DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL SEIS A VEINTICINCO DE ENERO DE
DOS MIL OCHO); LA RELATIVA A LA CAUSA PENAL **********, ES DE
UN AÑO SIETE MESES Y NUEVE DÍAS (DEL DIECISÉIS DE JUNIO DE
DOS MIL SEIS A VEINTICINCO DE ENERO DE DOS MIL OCHO); EN EL
EXPEDIENTE ********** LA PRISIÓN PREVENTIVA ES DE UN AÑO DIEZ
MESES Y SIETE DÍAS (DEL DIECIOCHO DE MARZO DE DOS MIL
OCHO) Y EN EXPEDIENTE **********, CORRESPONDE A UN AÑO, TRES
20

AMPARO EN REVISIÓN PENAL 405/2012
MESES Y SEIS DÍAS (DEL DIECINUEVE DE OCTUBRE DE DOS MILO
SEIS AL VEINTICINCO DE ENERO DE DOS MIL OCHO)-EN VIRTUD DE
LO ANTERIOR, SE INTERA LA SANCIÓN IMPUESTA EN LA CUSA
PENAL **********, INCISO A COMPURGARSE EL VEINTIOCHO DE
ENERO DE DOS MIL OCHO RESTÁNDOLE UN AÑO, CUATRO MESES
Y DOCE DÍAS CORRESPONDIENTE A LA PRISIÓN PREVENTIVA, POR
LO QUE SE TIENE QUE ESA SANCIÓN CONCLUYÓ EL TRECE DE
SEPTIEMBRE DE DOS MIL DIEZ. - - - POR LO TANTO LA
COMPURGACIÓN DE LA SIGUIENTE SENTENCIA INICIO EL DÍA
POSTERIOR, ES DECIR EL CATORCE DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL
DIEZ, SIENDO LA IMPUESTA EN LA CAUSA **********, EQUIVALENTE A
DOS AÑOS, NUEVE MESES Y QUINCE DÍAS DE PRISIÓN, A LA QUE
SE RESTA EL TIEMPO DE PRISIÓN PREVENTIVA (UN AÑO, SIETE
MESES Y NUEVE DÍAS), DE LO QUE RESULTA QUE ESTÁ QUEDÓ
CUMPLIDA EL VEINTE DE NOVIEMBRE DE DOS MIL ONCE. - - - EN
ESTE PUNTO DEBE ESTABLECERSE QUE LA SIGUIENTE SENTENCIA
EN CAUSAR EJECUTORIA FUE LA CORRESPONDIENTE AL
EXPEDIENTE ********** (TRES AÑOS DE PRISIÓN); SIN EMBARGO,
COMO SE DIJO, OBRA CONSTANCIA EN EL SENTIDO DE QUE SE
TUVO AL HOY QUEJOSO ACOGIENDÓSE AL BENEFICIO DE
SUSTITUCIÓN DE LA PENA DE PRISIÓN EL DÍA CATORCE DE JULIO
DE DOS MIL NUEVE, SIN QUE EXISTA CONSTANCIA EN EL SENTIDO
DE QUE DICHO BENEFICIO LE FUE REVOCADO, LO QUE TRAE COMO
CONSECUENCIA DE ESA CONDENA LO DEBA HACER COMPURGAR
EN PRISIÓN, YA QUE EN CUANTO A LA MISMA, SE INSISTE, SE LE
TUVO CUMPLIMIENTO DE DIVERSA MANERA Y SE ORDENÓ SU
INMEDIATA LIBERTAD. - - - POR LO ANTERIOR; A PARTIR DEL DÍA
VEINTIUNO DE NOVIEMBRE DE DOS MIL ONCE, DÍA SIGUIENTE AL
EN QUE SE COMPURGO LA PENA IMPUESTA EN LA CUSA PENAL
**********, INICIÓ A CUMPLIR CON LA DIVERSA DEL EXPEDIENTE
**********, EQUIVALENTE A CUATRO AÑOS SEIS MESES DE PRISIÓN,
POR LO QUE RESTÁNDOLE EL TIEMPO DE PRISIÓN PREVENTIVA
CONSISTENTE EN UN AÑO TRES MESES Y SEIS DÍAS, SE TIENE QUE
LA MISMA SE CUMPLIRÁ EL CATORCE DE FEBRERO DE DOS MIL
QUINCE. - - - APLICABLE AL CASO RESULTAN LOS SIGUIENTES
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AMPARO EN REVISIÓN PENAL 405/2012
CRITERIOS: - - - ‘PENAS IMPUESTAS AL QUEJOSO EN DIVERSOS
JUICIOS. DEBEN CONJUNTARSE EN FORMA SUCESIVA Y NO
SIMULTÁNEA.’ ‘PENAS CORPORALES, COMPURGACIÓN SUCESIVA
DE LAS.’ ´PENAS, COMPURGACIÓN DE LAS.’ - - - POR TODO LO
CUAL, AUN Y CUANDO NO SE ADVIERTE SI EFECTIVAMENTE LA
RESPONSABLE COMPUTÓ O NO DE MANERA SIMULTÁNEA LS
PRISIONES PREVENTIVAS DE LOS PROCESOS INSTRUIDOS EN
CONTRA DEL QUEJOSO YA QUE NO SE OBSERVA EN EL ACTO DE
RECLAMO LA FORMA EN QUE REALIZÓ EL CÁLCULO DE LA
COMPURGACIÓN DE LAS PENAS IMPUESTAS AL PROMOVENTE, LO
CIERTO ES QUE FUNDAMENTALMENTE SU CONCLUSIÓN ES
COINCIDENTE CON LA DE ESTE JUZGADO, EN LA QUE SI SE
DESCONTÓ LA PRISIÓN PREVENTIVA CUMPLIDA
SIMULTANEAMENTE. - - - POR LO QUE AL RESULTAR INFUNDADOS
LOS ARGUMENTOS DEL QUEJOSO Y NO ADVERTIRSE DEFICIENCIA
QUE SUPLIR, SE NIEGA EL AMPARO SOLICITADO. - - - SEXTO.- DE
CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN EL PUNTO SEGUNDO DEL
ACUERDO GENERAL 29/2007, DE PLENO DEL CONSEJO DE LA
JUDICATURA FEDERAL, QUE DETERMINA EL USO OBLIGATORIO DEL
MODULO DE CAPTURA DEL SISTEMA INTEGRAL DE SEGUIMIENTO
DE EXPEDIENTES, RELATIVOS A LAS SENTENCIAS DICTADAS EN
LOS TRIBUNALES DE CIRCUITO Y JUZGADOS DE DISTRITO,
PROCEDA LA SECRETARIA A REALIZAR LA CAPTURA DEL
PRESENTE FALLO Y ARRECABAR LA CONSTANCIA
CORESPONDIENTE, PARA QUE SE AGREGUE AL PRESENTE
EXPEDIENTE EN SU AUTORIDAD POR LO QUE EXPUSO Y CON
FUNDAMENTO EN LOS ARTÍCULOS 76, 77, 78 Y 79 Y DEMÁS
APLICABLES DE LA LEY DE AMPARO SE RESUELVE: - - - PRIMERO.-
SE SOBRESEE EN EL PRESENTE JUICIO RESPECTO A TODOS LOS
ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES RESPONSABLES
PRECISADAS EN EL CONSIDERANDO TERCERO DE ESTA SENENCIA.
- - - SEGUNDO.- LA JUSTICIA FEDERAL, NO AMPARA NI PROTEGE A
**********, EN CONTRA DE LOS ACTOS QUE RECLAMA DE LA
AUTORIDAD SEÑALADA COMO RESPONSABLE PRECISADA EN EL
CONSIDERANDO CUATO DE ESTE FALLO, POR LOS FUNDAMENTOS
22

AMPARO EN REVISIÓN PENAL 405/2012
ESTABLECIDOS EN EL CONSIDERANDO TERCERO DE ESTA
PERSONA. - - - TERCERO.- EN CUMPLIMIENTO A LO ESTABLECIDO
EN EL CONSIDERANDO SEXTO DE LA RESOLUCIÓN PROCÉDASE A
LA CAPTURA DE LA MISMA EN EL MÓDULO ‘SENTENCIAS’
CONTENIDO EN EL SISTEMA INTEGRAL DE SEGUIMIENTO DE
EXPEDIENTES, ASÍ COMO A RECABAR LA CONSTANCIA
CORRESPONDIENTE. - - - ÚNICO.- LA JUSTICIA DE LA UNIÓN
SOBRESEE Y NIEGA EL AMPARO SOLICITADO POR EL QUEJOSO,
CONTRA LOS ACTOS QUE RECLAMO DE LAS AUTORIDADES
SEÑALADAS COMO RESPONSABLES, POR LOS MOTIVOS
PRECISADOS EN EL CONSIDERANDO ÚNICO DE ESTA
RESOLUCIÓN.’ - - -II.- LA SENTENCIA QUE SE RECURRE CAUSA A MI
REPRESENTADO LOS SIGUIENTES AGRAVIOS: - - - PRIMER
AGRAVIO.- LA RESOLUCIÓN RECURRIDA CAUSA AGRAVIOS A MI
DEFENSO EN SU CONSIDERANDO RESPECTIVO, YA QUE LA
RESPONSABLE MANIFIESTA QUE SE CUMPLIERON LAS
FORMALIDADES ESCENCIALES DEL PROCEDIMIENTO, SIENDO EL
CASO QUE SÍ SE VIOLARON EN SU PERJUICIO LOS DISPOSITIVOS
14, 16, 19 Y 20 CONSTITUCIONAL, YA QUE NO SE CUMPLIERON LAS
FORMALIDADES ESCENCIALES DEL PROCEDIMENTO POR LAS
RAZONES QUE A CONTINUACIÓN SE EXPONEN. - - - EN EFECTO EL
INFERIOR NIEGA EL AMPARO SOLICITADO, ARGUMENTANDO EN
FORMA INCONGRUENTE, QUE RESULTAN INFUNDADOS LOS
CONCEPTOS DE VIOLACIÓN ESGRIMIDOS POR EL QUEJOSO
********** Y QUE NO SE TRASNGREDIÓ EN SU CONTRA LA GARANTÍA
CONTENIDA EN EL ARTÍCULO 14 CONSTITUCIONAL, MENCIONANDO
QUE DICHO ARGUMENTO ES INFUNDADO, PORQUE EN EL CASO NO
SE APLICÓ NINGUNA LEY DE QUE TAMPOCO, DICE SE CONCULCO
LA GARANTÍA DE LEGALIDAD DEL PROCESO CONTENIDA EN DICHO
PRECEPTO, PUES SE DESPRENDE QUE SE SIGUIERON LAS
FOMRALIDADES DEL PROCEDIMIENTO CONFORME A LA LEYES
EXPEDIDAS CON ANTERIORIDAD AL HECHO; AFIRMANDOSE LO
ANTERIOR DADO QUE CUANDO EN UN JUICIO CONSTITUCIONAL LO
CONSTITUYE COMO UN ACTO VIOLATORIO CREPETARDO POR LA
RESPONSABLE, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 160 DE LA LEY DE
23

AMPARO EN REVISIÓN PENAL 405/2012
AMPARO EN RELACIÓN CON EL 20 DE LA CONSTITUCIÓN GENERAL;
DE LA REPÚBLICA…EXIGENCIAS QUE EL CASO FUERON
OBSERVADAS COMO SE VERÁ ESEGUIDA …DEDUCIENDO QUE NO
EXISTE VIOLACIÓN AL ARTÍCULO 14 CONSTITUCIONAL EN
PERJUICIO DEL QUEJOSO. - - - EN ESE ORDEN DE IDEAS EL ACTO
RECLAMADO CONSISTIÓ EN: - - - ‘RECLAMO DE LAS RESPONSABLES
ORDENADORAS LA ORDEN CONSISTENTE EN EL HECHO DE QUE
INDEBIDAMENTE LAS RESPONSABLES PARA EL EFECTOS DE
CUMPLIR O COMPURGAR CON LA PENAS IMPUESTAS POR LAS
AUTORIDAD JURISDICCIONAL C. JUEZ CUARTO DE LO PENAL DE
ESTA CIUDAD SE HAN LIMITADO A SUMAR LAS PENAS IMPUESTAS
EN LAS CAUSAS PENALES **********, ********** SIN TOMAR EN CUENTA
EL TIEMPO QUE ME ENCONTRABA EN PRISIÓN PREVENTIVA POR
CADA UNA DE LAS CAUSAS PENALES ES DECIR EL TIEMPO QUE
ESTUVE EN PRISIÓN PREVENTIVA DERIVADA DEL PROCESO PENAL
********** RADICADO ANTE JUZGADO QUINTO DE LO PENAL ASÍ
COMO DE LOS DIVERSOS ********** Y ********** RADICADOS ANTE EL
JUZGADO CUARTO DE LO PENAL; PUES UNA VEZ QUE EL SOLICITE
ALGUN BENEFICIO MEDIANTE OFICIO DE FECHA 24 DE FEBRERO
DEL AÑO EN CURSO OFICIO DEL CUAL OBTUVE UNA COPIA EL DÍA
13 DE MARZO DEL AÑO EN CURSO A AL DARLE LECTURASE ME
INFORMO LO SIGUIENTE: EN CUANTO A LA POSIBILIDAD DE QUE
ESTA DIRECCIÓN INICIE A EFECTO DE QUE EL JUEZ DE EJECUCIÓN
DE LIBERTAD ANTICIPADA ME PERMITO HACER DE SU
CONOCIMIENTO YA QUE ESA AUTORIDAD SE ENCUENTRA
IMPEDIDA PARA RESOLVER FAVORABLEMENTE SU PETICIÓN YA
QUE USTED SE ENCUENTRA ACTUALMENTE COMPURGANDO A
PARTIR DEL DIA 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2010 (DÍA SIGUIENTE QUE
COMPURGO LA SENTENCIA DE 04 AÑOS DE PRISIÓN IMPUESTA POR
EL C. JUEZ CUARTO DE LO PENAL DE ESTA CIUDAD EN LA CAUSA
PENAL **********, UNA PENA DE 04 AÑOS, 06 MESES DE PRISIÓN Y
MULTA DE 30,418.00 MONEDA NACIONAL, QUE LE FUE IMPUESTA EN
LA CAUSA PENAL ********** POR EL C. JUEZ CUARTO DE LO PENAL
DE ESTA CIUDAD, POR LA COMISIÓN DEL DELITO DE ROBO DE
VEHÍCULO DE MOTOR. LLEVANDO RECLUIDO A LA FECHA 01 AÑO,
24

AMPARO EN REVISIÓN PENAL 405/2012
05 MESES, 10 DÍAS DE PRISIÓN, FALTÁNDOLE POR COMPURGAR 03
AÑOS, 20 DÍAS DE PRISIÓN. ES DECIR QUE LAS RESPONSABLES NO
TOMARON EN CUENTA LA PRISIÓN PREVENTIVA A LA QUE ESTUVE
SUJETO HASTA QUE SE DICTÓ LA PRIMERA SENTENCIA VIOLANDO
CON ELLO LAS GARANTÍAS DE LEGALIDAD Y SEGURIDAD JURÍDICA
PREVISTA EN LOS ARTÍCULOS 14, 16 Y 20 DE LA CONSTITUCIÓN
POLÍTICA MEXICANA. SIN QUE DICHA ORDEN SE ENCUENTRE
DEBIDAMENTE FUNDADA Y MOTIVADA POR AUTORIDAD
COMPETENTE, YA QUE ACTUALMENTE EL SUSCRITO SENTENCIADO
HOY QUEJOSO ME ENCUENTRO DETENIDO DESDE EL DÍA
DIECISIETE DE MARZO DEL 2006 POR DISPOSICION DEL JUEZ
QUINTO DE LO PENAL QUIEN ME INSTAURÓ PROCESO PENAL
NÚMERO ********** POSTERIORMENTE Y ENCONTRÁNDOME PRESO A
DISPOSICION DE DICHO JUZGADO SE ME EJECUTARON DOS
ORDENES DE APREHENSIÓN GIRADAS EN MI CONTRA POR EL JUEZ
CUARTO DE LO PENAL DERIVADOS DE LAS CAUSAS PENALES
********** Y ********** ANTE QUIEN TAMBIÉN ESTUVE EN PRSION
PREVENTIVA; LLEVANDOSE ACABO DICHOS PROCESOS EN FORMA
PARALELA, POR LO QUE UNA VEZ QUE CONLUYERON LOS MISMOS
ME ENCUENTRO A DISPOSICIÓN DEL DIRECTOR ESTATAL DE
EJECUCIÓN DE PENAS Y MEDIDAS CAUTELARES EN EL ESTADO,
CON DOMICILIO BIEN CONOCIDO EN ESTA CIUDAD DE MEXICALI
BAJA CALIFORNIA LOS QUE NO HAN TOMADO EN CUENTA LA
PRISIÓN PREVENTIVA DE CADA UNO DE LOS PROCESOS PENALES;
ES DECIR CUANDO ESTUVE DETENIDO A PRISIÓN PREVENTIVA
VIOLANDO CON ESTO LAS GARANTÍAS DE LEGALIDAD Y
SEGURIDAD JURIDICA PUES LAS RESPONSABLES SE HAN LIMITADO
A SUMAR EL TOTAL DE DICHAS PENAS EMPERO SIN TOMAR EN
CEUNTA LA PRSION PREVENTIVA DE CADA UNO DE LOS
PROCESOS.- - - EL AGRAVIO ESTRIBA PRECISAMENTE EN QUE LA
LEY APLICABLE ES MUY CLARA CUANDO ESTABLECE LO
SIGUEINTE.’ - - - EL ARTÍCULO 130 DE LA LEY DE EJECUCIÓN DE
PENAS Y MEDIDAS JUDICIALES PARA EL ESTADO DE BAJA
CALIFORNIA QUE ESTABLECE LO SIGUIENTE: ‘TODA PENAS
PRIVATIVA DE LA LIBERTAD QUE SEA IMPUESTA MEDIANTE
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AMPARO EN REVISIÓN PENAL 405/2012
SENTENCIA EJECUTORIADA, SE COMPUTARÁ DESDE EL TIEMPO EN
QUE INICIÓ LA DETENCIÓN, CUANDO UN SENTENCIADO DEBA
COMPURGAR MÁS DE UNA PENA PRIVATIVA DE LIBERTAD,
PROVENIENTE DE SENTENCIAS DIVERSAS, ESTAS SE
COMPURGARÁN DE MANERA SUCESIVA, Y DEBERÁ DE
OBSERVARSE LOS SIGUIENTES CRITERIOS: - - - I.- CUANDO UN
SENTENCIADO ESTÁ COMPURGANDO UNA PENA DE PRISIÓN
IMPUESTA EN SENTENCIA EJECUTORIADA Y COMETE DELITO
DIVERSO, A LA PENA IMPUESTA POR EL NUEVO DELITO DEBE
SUMARSE EL RESTO DE LA PENA QUE TENÍA PENDIENTE POR
COMPURGARSE, PROCEDIENDO A LA SUMA DE LAS PENAS. - - - II.-
CUANDO EL SENTENCIADO REPORTE DIVERSAS PENAS, SE
PROCEDERÁ A LA ACUMULACIÓN DE ELLAS, DE ACUERDO CON EL
ORDEN CRÓNOLOGICO EN QUE VAYAN CAUSANDO EJECUTORIA
LAS SENTENCIAS QUE LE IMPONEN OTRAS PENAS DE PRISIÓN. - - -
III.- SI EL IMPUTADO ESTUVO SUJETO DE FORMA SIMULTÁNEA A
DOS O MÁS PROCESOS POR LA COMISIÓN DE DIVERSOS DELITOS,
FUERA DE LOS SUPUESTOS DE CONCURSO REAL O IDEAL, Y EN
TALES CASOS SE HAYA DICTADO PRISIÓN PREVENTIVA Y LUEGO
SENTENCIA CONDENATORIA, EL TIEMPO EN QUE SE CUMPLIÓ CON
DICHA MEDIDA CAUTELA SE COMPUTARÁ PARA EL DESCUENTO DE
CADA UNA DE LAS PENAS DE PRISIÓN IMPUESTAS. - - -
TRANSITORIO.- LOS PROCEDIMIENTOS INICIADOS DE OFICIO O A
PETICIÓN DE PARTE, FECHA ANTERIOR A LA ENTRADA EN VIGOR
DE LA PRESENTE LEY, CONTINUARÁN SU TRÁMITE Y SERÁN
RESUELTOS DE CONFORMIDAD CON LAS DISPOSICIONES
PREVISTAS CON ANTERIORIDADA LA ENTRADA EN VIGOR DE LA
PRESENTE LEY, CONTINUARÁN SU TRÁMITE Y SERÁN RESUELTOS
DE CONFORMIDAD CON LAS DISPOSICIONES PREVISTAS CON
ANTERIORIDAD A LA ENTRADA EN VIGOR DE LA PRESENTE LEY,
SALVO QUE EL PRESENTE ORDENAMIENTO OTORGUE MAYORES
BENEFICIOSPARA EL SENTENCIADO. - - - POR SU PARTE, EL
ARTÍCULO 18 CONSTITUCIONAL ESTABLECE QUE ‘SÓLO POR
DELITO QUE MEREZCA PENA CORPORAL, HABRÁ LUGAR A PRISIÓN
PREVENTIVA, AL SITIO DE ÉSTA, SERÁ DISTINTO DEL QUE
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AMPARO EN REVISIÓN PENAL 405/2012
DESTINARE PARA LA EXTINCIÓN DE LAS PENASY ESTARÁN
COMPLETAMENTE SEPARADOS. - - - EN EL PRESENTE CASO QUE
NOS OCUPA TANTO LA RESPONSABLE COMO EL INFERIOR NO
TOMÓ EN CUENTA EL TIEMPO QUE EL QUEJOSO ESTUVO EN
PRISIÓNPREVENTIVA NO OBSTANTE QUE LA LEY APLICABLE EN
VIGOR CLARAMENTE EXPRESA QUE EN LOS NUMERALES ANTES
TRASNCRITOS QUE: - - - ‘III.- SI EL IMPUTADO ESTUVO SUJETO DE
LA FORMA SIMULTÁNEA A DOS O MÁS PROCESOS POR LA
COMISIÓN DE DIVERSOS DELITOS, FUERA DE LOS SUPUESTOS DE
CONCURSO REAL O IDEAL, Y EN TALES CASOS SE HAYA DICTADO
PRISIÓN PREVENTIVA Y LUEGO SENTENCIA CONDENATORIA, EL
TIEMPO QUE SE CUMPLIÓ CON DICHA MEDIDA CAUTELAR SE
COMPUTARÁ PARA EL DESCUENTO DE CADA UNA DE LAS PENAS
DE PRISIÓN IMPUESTAS.’ Y AL NO HACERLO ASÍ VIOLARON LAS
GARANTÍAS DE LEGALIDAD Y SEGURIDAD JURÍDICA A FAVOR DEL
QUEJOSO. - - - SIENDO APLICABLE EN EL CASO QUE NOS OCUPA
LOS SIGUIENTES CRITERIOS: - - - ‘PENA PRIVATIVA DE LIBERTAD.
PARA SU CÓMPUTO DEBE CONSIDERARSE EL TIEMPO QUE EL REO
ESTUVO RECLUIDO EN PRISIÓN PREVENTIVA, AUN CUANDO ÉSTE
YA SE HUBIERE COMPUTADO AL COMPURGAR UNA PENA
ANTERIOR IMPUESTA EN DIVERSO PROCESO. El artículo 20, apartado
A, fracción X, párrafo tercero, de la Constitución Federal establece que en
toda pena de prisión que imponga una sentencia se computará el tiempo
de la detención; por tanto, para el cómputo de la sanción privativa de
libertad, debe considerarse el tiempo que el reo estuvo recluido en prisión
preventiva, aun cuando ésta ya se hubiere computado al compurgar una
pena anterior impuesta en diverso proceso, pues la detención y prisión
preventiva afectan la libertad del procesado, al margen de que se
encontrara compurgando una pena, máxime que el precepto constitucional
en comento no establece esa limitación.- - - SEGUNDO TRIBUNAL
COLEGIADO EN MATERIA PENAL DEL CUARTO CIRCUITO. Amparo en
revisión 195/2005. 12 de septiembre de 2005. Unanimidad de votos.
Ponente: José Heriberto Pérez García. Secretario: Alberto Alejandro
Herrera Lugo.’ - - - ‘Registro: 183451, Novena Época, Instancia: Primera
Sala, Jurisprudencia, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su
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AMPARO EN REVISIÓN PENAL 405/2012
Gaceta Tomo XVIII, Agosto de 2003, Materia(s): Penal, Tesis: 1a./J.
35/2003, Página: 176. PRISIÓN PREVENTIVA. EL TIEMPO DE
RECLUSIÓN DEBE CONSIDERARSE COMO CUMPLIMIENTO PARCIAL
DE LA SANCIÓN PRIVATIVA DE LIBERTAD, PARA EFECTOS DEL
CÓMPUTO DE SU PRESCRIPCIÓN. Para el cómputo de la prescripción
de una sanción privativa de libertad, debe considerarse el tiempo que el
reo estuvo recluido en prisión preventiva, en atención a que con su
ejecución se afecta de manera inmediata y directa el derecho sustantivo de
la libertad, y toda vez que aquélla puede convertirse en parte de la pena,
como lo reconoce el artículo 20, apartado A, fracción X, párrafo tercero, de
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, al establecer
que en toda pena de prisión que imponga una sentencia, se computará el
tiempo de la detención, con lo que la mencionada prisión preventiva pierde
su carácter de provisional, pues se estima como idéntica a la prisión
impuesta como pena o sanción, esto es, como si se hubiera compurgado
parte de la sentencia condenatoria. Contradicción de tesis 64/2002-PS.
Entre las sustentadas por el Segundo Tribunal Colegiado del Noveno
Circuito y el Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Sexto Circuito. 25 de
junio de 2003. Cinco votos. Ponente: José de Jesús Gudiño Pelayo.
Secretaria: Karla Licea Orozco.Tesis de jurisprudencia 35/2003. Aprobada
por la Primera Sala de este Alto Tribunal, en sesión de veinticinco de junio
de dos mil tres.”
QUINTO. No obstante que en la especie el
inconforme no formula agravios en contra del
sobreseimiento decretado por el a quo, en el
considerando tercero del fallo recurrido, este cuerpo
colegiado debe analizarlo de oficio para el efecto de
determinar si afecta o no la esfera jurídica del aquí
recurrente, a favor de quien procede la suplencia de la
queja en términos del artículo 76 bis, fracción II, de la Ley
de Amparo.
Se comparte la siguiente jurisprudencia del Primer
Tribunal Colegiado en Materia Penal del Sexto Circuito:
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AMPARO EN REVISIÓN PENAL 405/2012
“Novena Época
Registro: 187072
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito
Jurisprudencia
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta
Tomo XV, Abril de 2002
Materia(s): Penal
Tesis: VI.1o.P. J/29
Página: 1184
SOBRESEIMIENTO EN EL AMPARO INDIRECTO. DEBE
ESTUDIARSE DE OFICIO CUANDO EL RECURRENTE SEA EL
INCULPADO, AUN CUANDO NO SE FORMULEN AGRAVIOS EN
CONTRA DEL MISMO. Si en la sentencia recurrida por el quejoso se
sobresee y niega el amparo, y el recurrente no formula agravios en el
recurso de revisión contra el sobreseimiento decretado, el estudio de éste
debe hacerse de oficio, pues ese sobreseimiento puede afectar al
inculpado, a favor del cual procede la suplencia de la queja, en términos
del artículo 76 bis, fracción II, de la Ley de Amparo.
PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL DEL
SEXTO CIRCUITO.
Amparo en revisión 163/2000. 5 de enero de 2001. Unanimidad de
votos. Ponente: Carlos Loranca Muñoz. Secretario: Juan Gabriel Calvillo
Carrasco.
Amparo en revisión 276/2001. 6 de septiembre de 2001.
Unanimidad de votos. Ponente: José Manuel Vélez Barajas. Secretario:
Jorge Patlán Origel.
Amparo en revisión 451/2001. 31 de enero de 2002. Unanimidad de
votos. Ponente: Carlos Loranca Muñoz. Secretaria: María Eva Josefina
Lozada Carmona.
Amparo en revisión 442/2001. 8 de febrero de 2002. Unanimidad de
votos. Ponente: Carlos Loranca Muñoz. Secretaria: J. Patricia Cadena
Palacios.
Amparo en revisión 41/2002. 28 de febrero de 2002. Unanimidad de
votos. Ponente: José Manuel Vélez Barajas. Secretario: Juan Carlos
Ramírez Benítez.”
Así las cosas, se estima acertado el sobreseimiento
decretado en el considerando tercero de la sentencia
sujeta a revisión, en relación con los actos atribuidos a
las autoridades ahí precisadas, toda vez que éstas, al
rendir su informe justificado negaron su existencia, sin
que el quejoso ahora recurrente haya aportado prueba en
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AMPARO EN REVISIÓN PENAL 405/2012
contrario para desvirtuar dicha negativa, lo que actualiza
la causa de improcedencia prevista por el artículo 74,
fracción IV, de la Ley de Amparo.
SEXTO. Dado que en el caso se actualiza el
supuesto del artículo 76 bis, fracción II, de la Ley de
Amparo, la legalidad de la sentencia impugnada se
analizará bajo la perspectiva de la suplencia de la queja
deficiente.
Para mejor entendimiento de este asunto, debe
precisarse que ********** promovió juicio de amparo
indirecto en el que señaló como acto reclamado el oficio
de veinticuatro de febrero de dos mil doce, en el que el
Director de Ejecución de Penas y Medidas Judiciales
determinó que no se encontraba en tiempo para la
concesión de algún beneficio de libertad anticipada.
Por razón de turno, correspondió conocer del asunto
al Juez Noveno de Distrito, con sede en Tijuana, Baja
California, quien seguidos los trámites de ley, dictó
sentencia el dieciséis de agosto de dos mil doce, en la
que resolvió sobreseer en el juicio y negar la protección
constitucional.
Sentado lo anterior, tenemos que, al suplir la
deficiencia de la queja, este Tribunal advierte un motivo
suficiente para concederle al quejoso la protección
constitucional, por las razones siguientes:
El artículos 21 de la Constitución Federal, establece
lo siguiente (énfasis añadido):
30

AMPARO EN REVISIÓN PENAL 405/2012
“Artículo 21.- La investigación de los delitos corresponde al
Ministerio Público y a las policías, las cuales actuarán bajo la
conducción y mando de aquél en el ejercicio de esta función.
El ejercicio de la acción penal ante los tribunales corresponde al
Ministerio Público. La ley determinará los casos en que los
particulares podrán ejercer la acción penal ante la autoridad judicial.
La imposición de las penas, su modificación y duración son
propias y exclusivas de la autoridad judicial…”
Por su parte, el artículo quinto transitorio del
Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación
de dieciocho de junio de dos mil ocho, que modificó la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,
dispuso lo siguiente (énfasis añadido):
“Quinto. El nuevo sistema de reinserción previsto en el párrafo
segundo del artículo 18, así como el régimen de modificación y
duración de penas establecido en el párrafo tercero del artículo
21, entrarán en vigor cuando lo establezca la legislación secundaria
correspondiente, sin que pueda exceder el plazo de tres años,
contados a partir del día siguiente de la publicación de este
Decreto.”
Estas normas constitucionales han sido
interpretadas por el Pleno de la Suprema Corte de
Justicia de la Nación, que al resolver el amparo en
revisión 197/2011, sostuvo lo siguiente (énfasis añadido):
“…el diecinueve de junio de dos mil once, entró en vigor lo
dispuesto por el artículo Quinto Transitorio del Decreto por el que se
reforman y adicionan diversas disposiciones de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicado en el Diario
Oficial de la Federación el dieciocho de junio del dos mil ocho; el
cual literalmente dispone:
[Se transcribe quinto transitorio].
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AMPARO EN REVISIÓN PENAL 405/2012
De la lectura del citado precepto transitorio, se advierte que el nuevo
sistema de reinserción previsto en el párrafo segundo del artículo 18
Constitucional, así como el régimen de modificación y duración
de penas establecido en el párrafo tercero del artículo 21 de la
propia Ley Fundamental, entrará en vigor cuando así lo
establezca la legislación secundaria correspondiente, sin que
pueda exceder el plazo de tres años contados a partir del día
siguiente de la publicación del aludido Decreto, lo que se surte
el diecinueve de junio de dos mil once.
Así las cosas, es evidente que la reforma a los artículos 18 y 21 de
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicada
en el Diario Oficial de la Federación de dieciocho de junio de dos mil
ocho, y que entró en vigor el diecinueve de junio de dos mil once,
introdujo el modelo penitenciario de reinserción social y
judicialización del régimen de modificación y duración de
penas. Lo que aunado a la reforma publicada en el citado Medio de
Difusión Oficial el diez de junio de dos mil once, que modificó el
mismo segundo párrafo del mencionado artículo 18 Constitucional,
la cual entró en vigor al día siguiente de su publicación, representó
el reconocimiento constitucional de los derechos humanos previstos
en la misma y en los tratados internacionales en los que el Estado
Mexicano es parte; esquema de protección que se extendió al
modelo del sistema penitenciario al establecerse que se organizará
sobre la base de respeto a los derechos humanos.
En efecto, con la mencionada reforma constitucional, se puso de
manifiesto que no sería posible transformar el sistema penitenciario
del país, si la ejecución de las penas seguía permaneciendo bajo el
control absoluto del Poder Ejecutivo; de ahí que para lograr esa
transformación, se decidió reestructurar el sistema,
circunscribiendo la facultad de administrar las prisiones al
Poder Ejecutivo y confiriendo al Poder Judicial la de ejecutar lo
juzgado, con lo que se crea la figura de “jueces de ejecución de
sentencias”, que dependerán obviamente del correspondiente Poder
Judicial, pues con ello se pretende, por un lado, evitar el
rompimiento de una secuencia derivada de la propia sentencia,
32

AMPARO EN REVISIÓN PENAL 405/2012
pues será definitivamente el Poder Judicial de donde emanó la
sentencia, el que debe vigilar que la pena se cumpla
estrictamente, en la forma como fue pronunciada en la
ejecutoria y por otro, acabar con la discrecionalidad de las
autoridades administrativas en torno a la ejecución de dichas
sanciones.
Con ello, todos los eventos de trascendencia jurídica que
durante la ejecución de la pena puedan surgir a partir de la
reforma constitucional quedan bajo la supervisión de la
autoridad judicial en materia penal, tales como la aplicación de
penas alternativas a la de prisión, los aspectos relacionados con los
problemas que en su trato cotidianamente reciben los sentenciados,
la concesión o cancelación de beneficios, la determinación de los
lugares donde se debe cumplir la pena y situaciones conexas. Por
ello, cualquier controversia que surja por parte de los sentenciados,
su conocimiento y solución debe corresponder a los jueces de
amparo en materia penal, lo que implica un cambio fundamental en
la vía que de ser administrativa, se transforma en penal.
En ese sentido, los artículos 18 y 21, tercer párrafo, ambos de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, actualmente
establecen:
[Se transcriben artículos 18 y 21, tercer párrafo, de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos].
Como se advierte, con la entrada en vigor de las reformas
constitucionales mencionadas se ha generado un cambio sustancial
en el sentido de que actualmente no corresponde a las autoridades
administrativas la supervisión de los medios utilizados para lograr la
reinserción del sentenciado a la sociedad y de los eventos
acontecidos durante el cumplimiento de las sentencias, dentro de lo
cual se debe comprender al traslado de internos, sino a las
autoridades judiciales y en particular a los jueces de ejecución en
materia penal, tanto en el ámbito federal como local, a quienes les
corresponderá asegurar el cumplimiento de las penas y controlar las
diversas situaciones que se puedan producir en el cumplimiento de
aquellas, así como las decisiones que sobre dicha ejecución pueda
33

AMPARO EN REVISIÓN PENAL 405/2012
adoptar la administración penitenciaria, por lo que es evidente que
en adelante se debe considerar que las determinaciones relativas al
traslado de los sentenciados en tanto corresponden a un aspecto
relativo a la modificación de las penas son de la competencia
exclusiva de las autoridades judiciales y, por la materia en la que
inciden, son del conocimiento de los juzgadores especializados en
la materia penal, al considerarse que constituyen una etapa más del
procedimiento penal…”
En acatamiento al mandato constitucional de que se
trata, en el Periódico Oficial de ocho de octubre de dos
mil diez se publicó la Ley de Ejecución de Penas y
Medidas Judiciales para el Estado de Baja California, de
cuya exposición de motivos 1 se advierte lo siguiente
(énfasis añadido):
“…El 18 de junio de 2008, fue publicada en el Diario Oficial de la
Federación, reforma a la constitución política de los Estados Unidos
Mexicanos, en materia de Justicia Penal, Ejecución de Penas y
Medidas de Seguridad, así como en tratándose del sistema de
reinserción social, partiendo del reconocimiento de persona que
tiene todo Sentenciado.
[…]
En ese contexto, es que con esta iniciativa, se distribuyen las
facultades entre autoridades judiciales y administrativas en
materia de penas privativas de libertad, por lo que se decreta la
facultad propia y exclusiva de la autoridad judicial en la
ejecución de las mismas, creando para ello la figura del juez de
Ejecución, quien será la autoridad encargada de vigilar y controlar la
legalidad en la ejecución de las penas, así como de resolver lo
concerniente a su modificación y duración; de ese modo, se traslada
la autoridad judicial la facultad de mención y la obligación
1 Tomada del portar de transparencia del Poder Legislativo del Estado de Baja California:
http://www.congresobc.gob.mx/Parlamentarias/Dictamen/23_REFEDO_24SEP10.pdf
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AMPARO EN REVISIÓN PENAL 405/2012
constitucional de observar, en su caso, los beneficios de libertad
anticipada que para el sentenciado prevea la ley…”
Por su parte, del dictamen número 23 2 de la
Comisión de Reforma del Estado del Poder Legislativo
del Estado de Baja California se desprende lo siguiente
(énfasis añadido):
“…E) DE LA INICIATIVA
Bajo este contexto, como fue señalado en el proemio del presente
Dictamen, la finalidad de expedir una nueva ley de ejecución de
sanciones es bajo la premisa del nuevo marco constitucional
existente en la materia con motivo de las reformas al texto supremo
en Junio de 2008 y de las nuevas bases de actuación derivadas del
nuevo Código de Procedimientos Penales para el Estado de Baja
California, publicado en noviembre de 2007.
En ese sentido, a continuación se hace el análisis de las nuevas
disposiciones que comprenden el proyecto de ley, realizándose la
mención e implicaciones jurídicas que comprende cada uno de los
Títulos de la iniciativa, compaginando las innovaciones propuestas a
la par de las directrices de la Constitución Federal en la materia.
TÍTULO PRIMERO
La primera parte de la iniciativa, comprende un capítulo único en el
cual se definen los objetivos que busca regular el proyecto de ley,
señalando al efecto lo siguiente:
[…]
* Establecer los requisitos y procedimientos para el
otorgamiento de beneficios de libertad anticipada previstos en
la presente Ley;
* Regular los traslados de Internos;
* Establecer a la Autoridad Judicial como única autoridad
competente para modificar las penas, medidas judiciales y de
seguridad que se impongan.
2 Tomada del portar de transparencia del Poder Legislativo del Estado de Baja California:
http://www.congresobc.gob.mx/Parlamentarias/Dictamen/23_REFEDO_24SEP10.pdf
35

[…]
TÍTULO SEXTO
[…]
AMPARO EN REVISIÓN PENAL 405/2012
CAPÍTULO VII.- De los Beneficios de Libertad Anticipada […]
SECCIÓN SEXTA: Del Procedimiento Para La Concesión De
Beneficios De Libertad Anticipada
El procedimiento para el otorgamiento de los beneficios de libertad
anticipada es una figura novedosa en cuanto a su regulación en un
apartado específico dentro de la ley, elemento que facilitará la
lectura e interpretación del ordenamiento en cuanto al proceso a
seguir frente a las autoridades penitenciarias. En este sentido, la
regulación propuesta sistematiza los pasos que los internos
que deseen el otorgamiento del beneficio y se indica los plazos
existentes, el grado de actuación de la Dirección de Ejecución, la
facultad de decisión del Juez de Ejecución y la forma en que debe
ser notificada la resolución relativa al otorgamiento de beneficios;
motivo por el cual esta comisión considera que el apartado en
estudio aporta elementos que garantizan una adecuada
interpretación de la ley, hecho por el cual se considera procedente
su inclusión en la ley…”
Posteriormente, en el Periódico Oficial de uno de
julio de dos mil once, se publicó un Decreto de reforma a,
entre otros, el artículo 162 de la Ley de Ejecución de
Penas y Medidas Judiciales para el Estado de Baja
California, de cuya exposición de motivos 3 se advierte lo
siguiente (énfasis añadido):
“…Es en ese sentido, como la Comisión Interinstitucional desde su
integración ha venido desarrollando diversos trabajos a efecto de
lograr con éxito la transición de los asuntos que ahora serán
competencia de la autoridad judicial, siendo el tema legislativo un
aspecto medular. Así, a efecto de dilucidar una serie de inquietudes
3 Tomada del Portal de Transparencia del Poder Legislativo del Estado de Baja California:
http://www.congresobc.gob.mx/Parlamentarias/Dictamen/4_GOBYJUS_29JUN11.pdf
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AMPARO EN REVISIÓN PENAL 405/2012
en cuanto a la aplicación de la nueva Ley, este órgano realizó un
análisis a algunos de sus artículos, el cual derivó en el proyecto de
reformas que a través de este documento y que con apoyo en las
facultades que nos son conferidas presentamos como iniciativa de
reformas a la Ley de Ejecución de Penas y Medidas Judiciales para
el Estado, al tenor de los razonamientos que se vertirán en esta
exposición.
[…]
En tal virtud, el régimen de modificación y duración de las penas no
es determinante para el desenvolvimiento del nuevo sistema de
justicia penal, sino por el contrario, este modelo pugna por que la
ejecución de las sentencias se desarrolle bajo el principio de
judicialización, es decir, que toda pena se ejecute bajo el estricto
control de un juez sea cual fuere el sistema de justicia penal en
donde se desempeñe, dado que lo que interesa es que este juez
haga efectivas las decisiones que contiene toda sentencia
condenatoria.
En ese orden de ideas, y toda vez que ha quedado claro que las
facultades otorgadas al Poder Judicial en cuanto a la
modificación y duración de las penas, alcanzan a los jueces del
sistema de justicia tradicional, es que proponemos que esa
competencia se esclarezca en la Ley de Ejecución de Penas y
Medidas Judiciales para el Estado.
Ahora bien, no obstante que este ordenamiento se concibió para ser
aplicable en los sistemas de justicia coexistentes en nuestra
entidad, se considera oportuno que las aclaraciones a plantear
se realicen en los transitorios de la Ley citada a fin de no alterar
su articulado principal, sobre todo en el entendido de que el
sistema tradicional se ira agotando en forma gradual.
En ese sentido, resulta oportuno replantear los supuestos previstos
en los artículos transitorios segundo y tercero de la Ley de
Ejecución de Penas y Medidas Judiciales para el Estado, en virtud
de que si viene cierto tienen como propósito resolver cuales son las
disposiciones que deberán aplicarse tratándose de procedimientos
pendientes de resolución al entrar en vigor de la nueva Ley, en
37

AMPARO EN REVISIÓN PENAL 405/2012
ninguno se establece en forma concreta las autoridades
competentes para ello.
Así, y en aras de guardar congruencia con la terminología empleada
en Ley, se reforma el artículo segundo transitorio a fin de prever que
la integración de los procedimientos para otorgar el beneficio de
libertad anticipada que hayan iniciado o se encuentren pendientes
de resolución al momento de entrar en vigor la Ley, se realizará de
acuerdo a lo que establecen las disposiciones que estaban vigentes
cuando estos iniciaron, quedando claro que esta integración le
corresponderá a la Dirección de Ejecución de Penas y Medidas
Judiciales, mientras que la resolución será tarea del Juez de primera
instancia penal o del Juez de Garantía según sea la naturaleza del
proceso penal que dio lugar a la sentencia.
En el caso del artículo tercero transitorio, la reforma tiene como
intención subsanar el vacío que existe en cuanto a que Ley
aplicará y a quienes corresponderá realizar la integración del
procedimiento y la resolución de aquellos beneficios de
libertad anticipada señalados en la Ley, pero que se hayan
iniciado con posterioridad a su entrada en vigor, en el caso de
que sean a favor de personas que fueron o sean sentenciadas
bajo las disposiciones normativas del Código de
Procedimientos Penales para el Estado de Baja California
publicado en el Periódico Oficial del Estado con fecha 20 de
agosto de 1989, resolviendo la norma que estas funciones
indudablemente quedarán bajo competencia de la Dirección de
Ejecución de Penas y Medidas Judiciales y de los jueces penales
de primera instancia.
[…]
No obstante que en los transitorios se reconoce la facultad de los
jueces de primera instancia de lo penal de desempeñarse como
jueces de ejecución, también resulta necesario a efecto de procurar
una congruencia normativa entre los ordenamientos que conforman
nuestro marco jurídico estatal se adecue la Ley Orgánica del
Poder Judicial del Estado a fin de prever expresamente esta
facultad para los Jueces de lo Penal en el artículo 81, haciéndolo
38

AMPARO EN REVISIÓN PENAL 405/2012
propio en el artículo 81 BIS, el cual regula a los Jueces de Garantía.
En ambos casos, deberá exceptuarse su actuación como Juez de
Ejecución, en los asuntos que hayan tenido bajo su conocimiento, y
en el caso de los Jueces de Garantía, en aquellos que hayan
conocido previamente como Juez de Garantía o Tribunal de Juicio
Oral.
[…]
Por otro lado se plantea una modificación al artículo 162 para
que sean atendidas en primera instancia por la Dirección de
Ejecución aquellas solicitudes de beneficios que sean
notoriamente improcedentes o en las cuales los estudios de
personalidad no resulten favorables para el sentenciado, con la
posibilidad de que en caso de actualizarse estos supuestos, el
afectado pueda interponer un recurso de inconformidad el cual
deberá ser resuelto por el Juez de Ejecución en un término de diez
días hábiles…”
Por otro lado, del Dictamen 4 4 de las Comisiones
Unidas de Gobernación, Legislación y Puntos
Constitucionales y de Justicia del Poder Legislativo del
Estado de Baja California, en relación con la reforma
aludida, se advierte lo siguiente:
“…INTENCIÓN DE LA INICIATIVA
Los inicialistas manifiestan que su reforma proviene del análisis
realizado por la Comisión Interinstitucional conformada por
servidores públicos designados por el Poder Judicial y el Poder
Ejecutivo […] Que perciben la imperiosa necesidad de reformar los
artículos 111, 113, 114, 144, 149, 150, 152, 161, 162, Segundo,
Tercero y Quinto transitorios […] y con ello estar acordes con las
nuevas facultades que el artículo 21 de la Constitución Federal le
otorga a la autoridad judicial […] por lo que toda pena se deberá
ejecutar bajo el estricto control de un juez, sea cual fuere el
sistema de justicia de penal en donde se desempeñe, por lo
4 Tomada del Portal de Transparencia del Poder Legislativo del Estado de Baja California:
http://www.congresobc.gob.mx/Parlamentarias/Dictamen/4_GOBYJUS_29JUN11.pdf
39

AMPARO EN REVISIÓN PENAL 405/2012
que tal reforma alcanza a los jueces del sistema tradicional y se
debe esclarecer esta atribución en la Ley de Ejecución de
Penas y Medidas Judiciales para el Estado.
[…] las reformas se plantean con el propósito fundamental de
clarificar que la aplicación del régimen de modificación y
duración de las penas opera para los sistemas de justicia penal
que coexisten en nuestra entidad, esto es; que los jueces del
sistema de justicia penal tradicional y los que participan en el
sistema acusatorio son competentes para vigilar la ejecución de la
pena y resolver sobre su modificación y duración.
[…]
DE LA ADENDA PRESENTADA CON FECHA 14 DE JUNIO DE
2011.
[…]
e) En cuanto al artículo 162 de la Ley de Ejecución de Penas y
Medidas Judiciales para el Estado.
En el caso del artículo 162, su ajuste tiene como fin
pormenorizar algunas reglas de tramitación del recurso de
inconformidad a interponer por el sentenciado en caso de
negativa por notoria improcedencia o por haber resultado
desfavorables los estudios de personalidad, lo que trae como
consecuencia suprimir el artículo sexto transitorio que acompaño a
la iniciativa antes señalada…”
De lo anterior, podemos colegir, por un lado, que la
reforma al artículo tercero transitorio de la Ley de
Ejecución de Penas y Medidas Judiciales para el Estado
de Baja California, tuvo por objeto definir que los
procedimientos para otorgar los beneficios de libertad
anticipada serán aplicables a las personas que los hayan
iniciado con posterioridad a la entrada en vigor de dicha
ley, y que fueron o sean sentenciadas conforme a las
disposiciones normativas del Código de Procedimientos
Penales para el Estado de Baja California publicado en el
Periódico Oficial del Estado con veinte de agosto de mil
40

AMPARO EN REVISIÓN PENAL 405/2012
novecientos ochenta y nueve. Además, que la integración
de los procedimientos estará a cargo de la Dirección de
Ejecución de Penas y Medidas Judiciales,
correspondiendo su resolución a los Jueces Penales de
Primera Instancia a que se refiere el artículo 81 de la Ley
Orgánica del Poder Judicial del Estado.
Dichos numerales, esto es, el artículo tercero
transitorio de la Ley de Ejecución de Penas y Medidas
Judiciales para el Estado de Baja California y el artículo
81 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de
Baja California, a partir de la reforma indicada, son del
tenor siguiente (énfasis añadido):
“TRANSITORIOS:
[…]
(REFORMADO, P.O. 1 DE JULIO DE 2011)
ARTÍCULO TERCERO.- Los procedimientos para otorgar los
beneficios de libertad anticipada señalados en esta Ley serán
aplicables a las personas que los hayan iniciado con posterioridad a
la entrada en vigor de esta última, y que fueron o sean sentenciadas
conforme a las disposiciones normativas del Código de
Procedimientos Penales para el Estado de Baja California publicado
en el Periódico Oficial del Estado con fecha 20 de agosto de 1989.
La integración de los procedimientos estará a cargo de la Dirección
de Ejecución de Penas y Medidas Judiciales, correspondiendo su
resolución a los Jueces Penales de Primera Instancia a que se
refiere el Artículo 81 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del
Estado.
Tratándose de los sentenciados conforme a disposiciones
normativas anteriores al Código de Procedimientos Penales para el
Estado de Baja California publicado en el Periódico Oficial del
Estado con fecha 20 de agosto de 1989, se aplicará lo dispuesto en
el párrafo anterior.
41

AMPARO EN REVISIÓN PENAL 405/2012
Los jueces penales de primera instancia ejercerán las facultades y
observarán las obligaciones que esta Ley le señala al Juez de
Ejecución, en lo que sea compatible con el Código de
Procedimientos Penales para el Estado de Baja California publicado
con fecha 20 de agosto de 1989 en el Periódico Oficial del Estado o
en su caso, conforme a las disposiciones normativas anteriores a
este Código.”
“Artículo 81.- Los jueces de lo Penal tendrán las siguientes
atribuciones:
[…]
(REFORMADA, P.O. 1 DE JULIO DE 2011)
IV.- Desempeñarse con el carácter de Juez de Ejecución en
aquellos asuntos penales que no haya tenido bajo su conocimiento
y de conformidad a las disposiciones legales aplicables.”
El citado Decreto de reformas a la Ley de Ejecución
de Penas y Medidas Judiciales para el Estado de Baja
California también modificó el artículo 162 de la Ley de
Ejecución de Penas y Medidas Judiciales para el Estado
de Baja California, en relación con el texto original del
mismo, como se ilustra en el siguiente cuadro
comparativo (énfasis añadido):
Artículo 162 en su texto original Artículo 162 en su texto reformado
Artículo 162.- Las solicitudes de
beneficios de libertad anticipada, que
conforme a lo dispuesto por esta Ley
sean notoriamente improcedentes, serán
resueltas de inmediato y notificadas al
interesado y a la Dirección de
Ejecución.
42
(REFORMADO, P.O. 1 DE JULIO DE
2011)
ARTÍCULO 162.- Corresponderá a la
Dirección de Ejecución resolver en
forma inmediata las solicitudes de
beneficios de libertad anticipada, que
conforme a lo dispuesto por esta Ley
sean notoriamente improcedentes o
en las cuales los estudios de
personalidad hayan resultado
desfavorables al sentenciado, y a su
vez notificarlas al interesado.
En los casos de negativa por notoria
improcedencia o cuando los estudios de
personalidad sean desfavorables, el
sentenciado podrá presentar recurso
de inconformidad, el cual deberá
resolverse conforme al artículo 113 de la
presente Ley, y substanciarse atendiendo
a las reglas siguientes:
I.- El recurso deberá interponerse dentro

AMPARO EN REVISIÓN PENAL 405/2012
43
de diez días hábiles contados a partir de
la notificación de la negativa.
II.- El recurso se interpondrá ante la
autoridad administrativa que
corresponda, quien deberá remitir el
escrito del recurso a la autoridad
judicial al día hábil siguiente de su
recepción, anexando los estudios de
personalidad practicados en su caso,
señalando el nombre del Juez que dictó
la sentencia que dio origen a la solicitud
del beneficio, los motivos de la
impugnación y el Centro en el que el
sentenciado se encuentre compurgando
la pena.
III.- El Juez de Ejecución deberá resolver
en un plazo no mayor de quince días
hábiles.
Del cuadro comparativo se advierte que conforme al
texto original del artículo 162 en comento, las solicitudes
de beneficios de libertad anticipada notoriamente
improcedentes serían resueltas de inmediato por el Juez
competente, quien debía notificar su determinación al
interesado, así como a la Dirección de Ejecución de
Penas y Medidas Judiciales.
Por el contrario, a partir de la reforma indicada, se
facultó a la Dirección de Ejecución de Penas y Medidas
Judiciales para resolver las solicitudes de beneficios de
libertad anticipada notoriamente improcedentes y cuando
los estudios de personalidad resultaran desfavorables al
sentenciado, y se confirió al sentenciado la posibilidad de
interponer un recurso de inconformidad en contra de
dicha determinación de la autoridad administrativa, del
que corresponderá conocer a la ante la autoridad judicial
competente.
Sentado lo anterior, en el caso concreto tenemos
que el oficio que constituye el acto reclamado es del
tenor siguiente (énfasis añadido):

INTERNO
AMPARO EN REVISIÓN PENAL 405/2012
44
“Se contesta a petición.
Mexicali, Baja California a 24 de febrero de 2012
**********CENTRO DE REINSERCIÓN SOCIAL EL HONGO
TECATE, BAJA CALIFORNIA
En atención a su escrito dirigido al C. Gobernador del Estado, José
Guadalupe Osuna Millán, recibido en esta Dirección el día 08 de
febrero mediante referencia ASSP/DPD/2012/023; así mismo
atendiendo al escrito presentado por la señora ********** ante esta
autoridad el día 13 de enero del presente año, mediante el cual
solicita la concesión de algún beneficio de libertad anticipada;
al respecto me permito manifestar lo siguiente:
Esta autoridad ejecutora, es competente para el conocimiento,
substanciación y resolución del presente, de conformidad a lo
establecido en los artículos 2, fracciones IV y VII, 6 fracción XIII, 117
fracción II, 161 y 162 de la Ley de Ejecución de Penas y Medidas
Judiciales para el Estado de Baja California, artículos 1 y 4,
fracción II, 7 fracción XII; 13 fracción II, y artículo 51, fracciones III y
IV del Reglamento Interno de la Secretaría de Seguridad Pública.
Ahora bien, en cuanto a la posibilidad de que esta Dirección inicie el
trámite para para el efecto que el Juez de Ejecución le conceda
algún beneficio de libertad anticipada, me permito hacer de su
conocimiento que esta autoridad se encuentra impedida para
resolver favorablemente a su petición; ya que usted se encuentra
actualmente compurgando a partir del día 14 de septiembre de 2010
(día siguiente que compurgó la sentencia de 4 años de prisión
impuesta por el C. Juez Cuarto de lo Penal de esta ciudad en la
causa penal **********), una pena de 04 años, 06 meses de prisión y
multa de $30,418.00 moneda nacional, que le fue impuesta en la
causa penal ********** por el C. Juez Cuarto de lo Penal de esta
ciudad, por la comisión del Robo de Vehículo de Motor.

AMPARO EN REVISIÓN PENAL 405/2012
Llevando recluido a la fecha 01 año, 05 meses, 10 días de prisión,
faltándole por compurgar 03 años, 02 días de prisión.
Derivado de lo anterior es procedente exponerle que de
conformidad con los artículos 153 y 154 de la Ley de Ejecución de
Penas y Medidas Judiciales para el Estado de Baja California, no se
encuentra en tiempo para la concesión de algún beneficio de
libertad anticipada, en primer término cabe mencionarle que en
cuanto a la REMISIÓN PARCIAL DE LA PENA, de conformidad con
los dispositivos legales citados, usted tiene derecho al descuento de
un día de prisión por cada dos días efectivos de trabajo, siempre y
cuando el Consejo Técnico Interdisciplinario del Centro
Penitenciario donde se encuentra avale su efectiva reinserción
social y lo recomiende para la obtención de un beneficio de libertad
anticipada, siendo por tanto hasta el mes de septiembre de 2013,
cuando pueda efectuar su petición.
Por otra parte, en cuanto a la LIBERTAD PREPARATORIA que
regula el artículo 147, de la Ley de Ejecución de Penas y Medidas
Judiciales para el Estado de Baja California, se le informa que esta
autoridad se encuentra impedida por el momento de iniciar con los
trámites correspondientes, en virtud de que dicho dispositivo
establece que se concederá la libertad preparatoria al sentenciado
que hubiere cumplido las tres quintas partes de su condena,
considerando la suma que resulte del tiempo compurgado,
incluyendo la prisión preventiva y los días bonificados por las
actividades desarrolladas en prisión, siempre y cuando reúna los
siguientes requisitos:
I.- Que no sea reincidente por delito doloso
II.- Que haya observado buena conducta durante la ejecución de la
sentencia
III.- Que se acredite tener un oficio, arte o profesión que le permita
solventar sus necesidades en el exterior o bienes suficientes para
este efecto
IV.- Que el Consejo Técnico lo recomiende para su reinserción
V.- Que haya pagado o garantizado la reparación del daño causado,
cuando proceda.
45

AMPARO EN REVISIÓN PENAL 405/2012
VI.- Que no haya sido sentenciado por los delitos de Secuestro,
Violación u homicidio Intencional.
VII…
Beneficio en el cual no se encuentre contemplado, por no reunir con
las tres quintas partes de la pena que se requiere para su
concesión, incluyendo además con lo señalado en la fracción I del
mencionado artículo, ya que según consta en el expediente de
ejecución de esta Dirección usted reporta varios antecedentes por la
comisión del mismo delito.
Ahora bien en relación al BENEFICIO DE PRELIBERACIÓN,
estipulado en los numerales 155 y 156 de la Ley de Ejecución de
Penas y Medidas Judiciales para el Estado de Baja California
establece que se concederá a los internos que están próximos a su
liberación dentro de los dos años anteriores; situación en la cual
usted no se encuentra contemplado.
Por lo anterior, es procedente exhortarlo a que observe buena
conducta, participe en las diversas actividades laborales,
educativas, religiosas y otras que se desarrollan dentro del Centro
de Reinserción Social donde se encuentra, ya que es imprescindible
para que en su oportunidad pueda ser candidato a la obtención de
algún beneficio de libertad anticipada.
Sin más por el momento, quedo a sus apreciables órdenes ante
cualquier aclaración o comentario.
ATENTAMENTE
LIC. **********DIRECTOR DE EJECUCIÓN DE PENAS Y MEDIDAS
JUDICIALES”
De lo anterior se desprende que, en aplicación del
artículo 162, primer párrafo, de la Ley de Ejecución de
Penas y Medidas Judiciales para el Estado de Baja
California, el Director de Ejecución de Penas y Medidas
Judiciales negó al aquí quejoso los beneficios de libertad
anticipada, por las razones ahí contenidas.
46

AMPARO EN REVISIÓN PENAL 405/2012
En ese contexto, este Tribunal Colegiado advierte
que el acto reclamado quebrantó el artículo 16 de la
Carta Magna (en cuanto establece que todo acto de
autoridad debe ser emitido por autoridad competente),
dado que la autoridad responsable Director de Ejecución
de Penas y Medidas Judiciales, conforme al artículo 21,
párrafo tercero, de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos, carece de competencia para dictarlo.
En efecto, el citado artículo 21, párrafo tercero, de la
Constitución Federal, dispone (énfasis añadido):
“Artículo 21.- […]
La imposición de las penas, su modificación y duración son
propias y exclusivas de la autoridad judicial…”
Este precepto de rango constitucional establece que
la autoridad judicial tiene la atribución exclusiva para
determinar lo relativo a la modificación y duración de las
penas, y conforme al diccionario de la lengua española
de la Real Academia Española, vigésima segunda
edición, la palabra “exclusiva” es un adjetivo que significa
“Que excluye o tiene fuerza y virtud para excluir” y
“Único, solo, excluyendo a cualquier otro”.
Además, de acuerdo con la interpretación
constitucional que ha realizado el Pleno de la Suprema
Corte de Justicia de la Nación en la ejecutoria citada al
inicio de este considerando la reforma al artículo 21
Constitucional en comento derivó en la judicialización
del régimen de modificación y duración de las penas,
al ponerse de manifiesto que no sería posible transformar
el sistema penitenciario del país si la ejecución de las
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AMPARO EN REVISIÓN PENAL 405/2012
penas seguía bajo el control absoluto del Poder
Ejecutivo; de ahí que para lograr esa transformación se
decidió reestructurar el sistema, circunscribiendo la
facultad de administrar las prisiones al Poder Ejecutivo y
confiriendo exclusivamente al Poder Judicial la de
ejecutar lo juzgado. De ahí que la intención de dicha
reforma a la Carta Magna es, por un lado, evitar el
rompimiento de una secuencia derivada de la propia
sentencia, pues será en definitiva el Poder Judicial, de
donde emanó dicha resolución, el que vigile el estricto
cumplimiento de la pena en la forma en que fue
pronunciada en la ejecutoria y, por otro, acabar con la
discrecionalidad de las autoridades administrativas en
torno a la ejecución de dichas sanciones, de manera que
todos los eventos de trascendencia jurídica que
durante la ejecución de la pena puedan surgir a partir
de la reforma constitucional, quedan bajo la
supervisión de la autoridad judicial en materia penal,
tales como, entre otros casos, la concesión o
cancelación de beneficios.
Dicho mandato constitucional no puede ser anulado
por lo establecido en el artículo 162, primer párrafo, de la
Ley de Ejecución de Penas y Medidas Judiciales para el
Estado de Baja California, que faculta a la responsable
para negar los beneficios de libertad anticipada en
casos de notoria improcedencia y cuando los
estudios de personalidad no resulten favorables al
sentenciado, cuenta habida que el texto constitucional
es claro en cuanto a que ello compete, de manera
exclusiva, a la autoridad judicial, además de que en
todos los casos, para determinar cuándo se está o no en
un caso de notoria improcedencia, la autoridad
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AMPARO EN REVISIÓN PENAL 405/2012
administrativa debe analizar el fondo de los requisitos
legales para la concesión de beneficios y resolver en
consecuencia, que es precisamente lo que, conforme a
la Constitución, no le corresponde.
Sin que lo anterior se subsane por el hecho de que
el propio artículo el artículo 162 de la Ley de Ejecución de
Penas y Medidas Judiciales para el Estado de Baja
California establezca un recurso de inconformidad ante la
autoridad judicial para impugnar las decisiones del
Director de Ejecución de Penas y Medidas Judiciales, en
virtud de que ello no elimina el hecho de que la norma
legal en comento indebidamente otorga competencia a
un órgano de la administración pública para resolver
sobre un tema que constitucionalmente es facultad
exclusiva de la autoridad judicial, como es el
otorgamiento de beneficios.
Por ello, es que se afirma que la autoridad
responsable Director de Ejecución de Penas y Medidas
Judiciales carece de competencia constitucional para
emitir el acto reclamado, en el que negó al quejoso los
beneficios de libertad anticipada, cuenta habida que el
oficio reclamado se dictó en veinticuatro de febrero de
dos mil doce, con motivo de una solicitud presentada en
trece de enero del mismo año, siendo ambas fechas
posteriores al inicio de la vigencia del artículo 21, párrafo
tercero Constitucional, que estableció la judicialización
del régimen de modificación y duración de las penas, ya
que esto aconteció a partir del diecinueve de junio de
dos mil once.
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AMPARO EN REVISIÓN PENAL 405/2012
Sirven de apoyo a lo anterior, los siguientes criterios
jurisprudenciales y tesis aislada del Pleno y Primera Sala
de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (énfasis
añadido):
“Décima Época
Registro: 2001988
Instancia: Pleno
Jurisprudencia
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta
Libro XIII, Octubre de 2012, Tomo 1
Materia(s): Constitucional, Penal
Tesis: P./J. 17/2012 (10a.)
Página: 18
PENAS. SU EJECUCIÓN ES COMPETENCIA EXCLUSIVA DEL
PODER JUDICIAL, A PARTIR DEL 19 DE JUNIO DE 2011. Con la
entrada en vigor el 19 de junio de 2011 de la reforma a los artículos 18 y 21
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicada en
el Diario Oficial de la Federación el 18 de junio de 2008, se introdujo el
modelo penitenciario de reinserción social y judicialización del régimen
de modificación y duración de las penas, al ponerse de manifiesto que
no sería posible transformar el sistema penitenciario del país si la ejecución
de las penas seguía bajo el control absoluto del Poder Ejecutivo; de ahí
que para lograr esa transformación se decidió reestructurar el sistema,
circunscribiendo la facultad de administrar las prisiones al Poder Ejecutivo
y confiriendo exclusivamente al Poder Judicial la de ejecutar lo
juzgado, para lo cual se creó la figura de los "Jueces de ejecución de
sentencias", que dependen del correspondiente Poder Judicial. Lo anterior
pretende, por un lado, evitar el rompimiento de una secuencia derivada de
la propia sentencia, pues será en definitiva el Poder Judicial, de donde
emanó dicha resolución, el que vigile el estricto cumplimiento de la pena en
la forma en que fue pronunciada en la ejecutoria y, por otro, acabar con la
discrecionalidad de las autoridades administrativas en torno a la ejecución
de dichas sanciones, de manera que todos los eventos de
trascendencia jurídica que durante la ejecución de la pena puedan
surgir a partir de la reforma constitucional, quedan bajo la
supervisión de la autoridad judicial en materia penal, tales como la
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AMPARO EN REVISIÓN PENAL 405/2012
aplicación de penas alternativas a la de prisión, los problemas relacionados
con el trato que reciben cotidianamente los sentenciados, la concesión o
cancelación de beneficios, la determinación de los lugares donde debe
cumplirse la pena y situaciones conexas.
Amparo en revisión 151/2011. 12 de enero de 2012. Unanimidad de
once votos. Ponente: Sergio A. Valls Hernández. Secretarios: Adriana
Cecilia Saulés Pérez, Arnoldo Castellanos Morfín y Jaime Núñez Sandoval.
Amparo en revisión 197/2011. 12 de enero de 2012. Unanimidad de
diez votos. Ausente: Margarita Beatriz Luna Ramos. Ponente: José
Fernando Franco González Salas. Secretarios: Adriana Cecilia Saulés
Pérez, Arnoldo Castellanos Morfín y Jaime Núñez Sandoval.
Amparo en revisión 199/2011. 12 de enero de 2012. Unanimidad de
diez votos. Ausente: Margarita Beatriz Luna Ramos. Ponente: Sergio A.
Valls Hernández. Secretarios: Adriana Cecilia Saulés Pérez, Arnoldo
Castellanos Morfín y Jaime Núñez Sandoval.
Amparo en revisión 205/2011. 12 de enero de 2012. Unanimidad de
diez votos. Ausente: Margarita Beatriz Luna Ramos. Ponente: Sergio A.
Valls Hernández. Secretarios: Adriana Cecilia Saulés Pérez, Arnoldo
Castellanos Morfín y Jaime Núñez Sandoval.
Amparo en revisión 198/2011. 12 de enero de 2012. Unanimidad de
diez votos. Ausente y Ponente: Margarita Beatriz Luna Ramos; en su
ausencia hizo suyo el asunto Sergio A. Valls Hernández. Secretarios:
Adriana Cecilia Saulés Pérez, Arnoldo Castellanos Morfín y Jaime Núñez
Sandoval.
El Tribunal Pleno en su sesión privada de primero de octubre en
curso, aprobó, con el número 17/2012 (10a.), la tesis jurisprudencial que
antecede. México, Distrito Federal, a primero de octubre de dos mil doce.”
“Décima Época
Registro: 2001369
Instancia: Primera Sala
Jurisprudencia
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta
Libro XI, Agosto de 2012, Tomo 1
Materia(s): Constitucional, Penal
Tesis: 1a./J. 56/2012 (10a.)
Página: 424
LIBERTAD PREPARATORIA. LA AUTORIDAD JUDICIAL PENAL
ES COMPETENTE PARA RESOLVER SOBRE LA SOLICITUD DE SU
OTORGAMIENTO A PARTIR DE LA ENTRADA EN VIGOR DE LA
REFORMA AL ARTÍCULO 87 DEL CÓDIGO PENAL FEDERAL,
PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 23 DE
ENERO DE 2009, CON INDEPENDENCIA DE QUE EL INCIDENTE
RELATIVO SE HUBIERA PROMOVIDO PREVIAMENTE A LA FECHA
LÍMITE DE LA VACATIO LEGIS ESTABLECIDA EN EL ARTÍCULO
51

AMPARO EN REVISIÓN PENAL 405/2012
QUINTO TRANSITORIO DEL DECRETO DE REFORMAS
CONSTITUCIONALES DE 18 DE JUNIO DE 2008. El artículo 21, párrafo
tercero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,
reformado mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación
el 18 de junio de 2008, refleja la voluntad del Constituyente Permanente de
establecer en nuestro país un nuevo régimen "judicializado" de
modificación y duración de penas, ahora perteneciente al ámbito del
derecho penal. Por otra parte, el artículo quinto transitorio del mismo
decreto dispone que el nuevo régimen entrará en vigor cuando lo
establezca la legislación secundaria correspondiente, sin que pueda
exceder el plazo de 3 años, contados a partir del día siguiente al de la
publicación del propio decreto. Por tanto, tratándose del beneficio de la
libertad preparatoria, a partir de la reforma al artículo 87 del Código Penal
Federal, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 23 de enero de
2009, la autoridad judicial en materia penal es competente para resolver
sobre la solicitud de su otorgamiento; así, a partir de esa fecha, todos los
sentenciados podrán exigir, en respeto al derecho fundamental a la tutela
judicial efectiva, que sea una autoridad judicial penal quien conozca y
resuelva en definitiva lo relativo a la concesión del referido beneficio para
salvaguardar los principios de seguridad y certeza jurídicas. En ese tenor,
los órganos de control constitucional están obligados a velar, en el
ámbito de sus respectivas competencias, por el eficaz cumplimiento
de ese nuevo régimen penal, en acatamiento al principio de
supremacía constitucional, con independencia de que los incidentes de
libertad preparatoria señalados ante ellos como actos reclamados hubieran
sido interpuestos previamente a la fecha límite de la vacatio legis
establecida para que entrara en vigor la reforma al citado artículo 21
constitucional (19 de junio de 2011), ya que a partir del 24 de enero de
2009, derivado de la reforma al indicado artículo 87, cobró vigencia el
nuevo esquema penitenciario, a fin de que sea la autoridad judicial quien
conozca sobre el otorgamiento del beneficio de la libertad preparatoria.
Contradicción de tesis 507/2011. Entre las sustentadas por el
Tribunal Colegiado del Vigésimo Tercer Circuito y el Primer Tribunal
Colegiado del Trigésimo Circuito. 18 de abril de 2012. La votación se
dividió en dos partes: mayoría de cuatro votos por lo que se refiere a la
competencia. Disidente: José Ramón Cossío Díaz. Unanimidad de cinco
52

AMPARO EN REVISIÓN PENAL 405/2012
votos en cuanto al fondo. Ponente: Jorge Mario Pardo Rebolledo.
Secretario: José Díaz de León Cruz.
Tesis de jurisprudencia 56/2012 (10a.). Aprobada por la Primera
Sala de este Alto Tribunal, en sesión de fecha veinticinco de abril de dos
mil doce.”
“Décima Época
Registro: 2000243
Instancia: Primera Sala
Tesis Aislada
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta
Libro V, Febrero de 2012, Tomo 1
Materia(s): Constitucional, Penal
Tesis: 1a. XXVII/2012 (10a.)
Página: 658
LIBERTAD PREPARATORIA. LA AUTORIDAD JUDICIAL ES
COMPETENTE PARA RESOLVER SOBRE SU SOLICITUD A PARTIR
DE LA REFORMA AL ARTÍCULO 87 DEL CÓDIGO PENAL FEDERAL
PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 23 DE
ENERO DE 2009. El artículo 21, párrafo tercero, de la Constitución Política
de los Estados Unidos Mexicanos, reformado mediante decreto publicado
en el Diario Oficial de la Federación el 18 de junio de 2008, refleja la
voluntad del poder reformador de establecer un nuevo régimen de
modificación y duración de penas cuyo conocimiento corresponde en
exclusiva a la autoridad judicial. Por otra parte, el artículo quinto
transitorio del mencionado decreto dispone que el régimen de modificación
y duración de penas contenido en el mencionado párrafo tercero del
artículo 21, entrará en vigor cuando lo establezca la legislación secundaria
correspondiente, sin que pueda exceder el plazo de tres años, contados a
partir del día siguiente al de la publicación del propio decreto. Ahora bien,
la reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación el 23 de enero de
2009 al artículo 87 del Código Penal Federal, en la que el Congreso de la
Unión otorgó a la autoridad judicial competencia para resolver lo relativo a
la solicitud del beneficio de la libertad preparatoria de los sentenciados -en
aras de salvaguardar el principio de certeza jurídica-, forma parte de un
conjunto de normas tendientes a establecer el nuevo orden de modificación
y duración de penas a que se ha hecho alusión y que rige en el país
desde el 19 de junio de 2011, toda vez que el legislador federal -por lo
que respecta al beneficio de la libertad preparatoria- decidió transformar al
anterior régimen en el que el Poder Ejecutivo estaba a cargo de la
53

AMPARO EN REVISIÓN PENAL 405/2012
modificación de las penas en la etapa de ejecución de sentencia, y a partir
de un cambio de paradigma, decidió abrir las puertas a todos los
sentenciados en materia penal federal para acceder a la prerrogativa
constitucional actual de exigir el respeto a su derecho fundamental de
que sea un juez quien resuelva la solicitud del citado beneficio
conforme al indicado artículo quinto transitorio. En ese tenor, a partir
de la reforma al indicado artículo 87, es aplicable la prerrogativa contenida
en el párrafo tercero del artículo 21 constitucional a favor de los
sentenciados, por lo que atañe al beneficio de la libertad preparatoria, de
que sea la autoridad judicial quien deba conocer sobre su otorgamiento.
Amparo en revisión 648/2011. 25 de enero de 2012. Cinco votos.
Ponente: Guillermo I. Ortiz Mayagoitia. Secretario: Horacio Nicolás Ruiz
Palma.”
En las relatadas condiciones, al haber advertido en
suplencia de la queja deficiente un motivo suficiente para
conceder el amparo, lo procedente es MODIFICAR el
fallo impugnado, y otorgar la protección constitucional
para los efectos que se precisarán en el siguiente
considerando.
SÉPTIMO. Previo a definir los efectos de la
concesión del amparo, es importante precisar que este
Tribunal advierte que en el caso no se reclamó el artículo
162, primer párrafo, de la Ley de Ejecución de Penas y
Medidas Judiciales para el Estado de Baja California, es
decir, éste no constituye un acto reclamado; sin embargo,
en materia de derechos humanos, la contradicción entre
una norma general interna y lo establecido en la Carta
Magna, es posible analizarla a través del juicio de
amparo indirecto, en casos como el que nos ocupa, ya
que con motivo del contenido del artículo 1°
constitucional reformado mediante Decreto de diez de
junio de dos mil once, así como en la resolución del
Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en el
54

AMPARO EN REVISIÓN PENAL 405/2012
expediente varios 912/2010, todos los jueces están
obligados a velar no sólo por los derechos humanos
contenidos en la Constitución Federal, sino también por
aquellos contenidos en los instrumentos internacionales
celebrados por el Estado Mexicano, de modo que los
órganos jurisdiccionales están obligados a preferir los
derechos humanos contenidos en la Constitución y
en los tratados internacionales, aun a pesar de las
disposiciones en contrario que se encuentren en
cualquier norma inferior.
En ese sentido, se reitera, en el caso particular, el
artículo 162, primer párrafo, de la Ley de Ejecución de
Penas y Medidas Judiciales para el Estado de Baja
California, no constituye un acto reclamado y por ello no
es factible llevar a cabo una declaratoria de
inconstitucionalidad que se refleje en los resolutivos del
presente fallo. Por esta razón, resulta innecesario llamar
a juicio a las autoridades emisoras de la norma, toda vez
que, se reitera, en la especie no procede realizar
propiamente una declaratoria de inconstitucionalidad del
precepto, sino sólo una inaplicación de éste en el acto
reclamado.
En efecto, este Tribunal, con fundamento en los
artículos 1° y última parte del 133 de la Carta Magna,
advirtió que el artículo 162, primer párrafo, de la Ley
de Ejecución de Penas y Medidas Judiciales para el
Estado de Baja California, que sustenta el acto
reclamado consistente en el oficio de la autoridad
administrativa en el cual negó al quejoso los beneficios
de libertad anticipada, contraviene el artículo 21,
55

AMPARO EN REVISIÓN PENAL 405/2012
párrafo tercero, de la Constitución Federal, por las
razones expresadas en el considerando anterior.
Por tanto, este órgano colegiado se encuentra
obligado a otorgar la protección constitucional respecto
de dicho oficio en el que se concretó lo dispuesto en el
precepto legal aludido, inaplicando este último y dando
preferencia a lo establecido por la Constitución.
Sirve de apoyo a lo anterior la siguiente tesis:
“Décima Época
Registro: 160589
Instancia: Pleno
Tesis Aislada
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta
Libro III, Diciembre de 2011, Tomo 1
Materia(s): Constitucional
Tesis: P. LXVII/2011(9a.)
Página: 535
CONTROL DE CONVENCIONALIDAD EX OFFICIO EN UN
MODELO DE CONTROL DIFUSO DE CONSTITUCIONALIDAD. De
conformidad con lo previsto en el artículo 1o. de la Constitución Política de
los Estados Unidos Mexicanos, todas las autoridades del país, dentro
del ámbito de sus competencias, se encuentran obligadas a velar no
sólo por los derechos humanos contenidos en la Constitución
Federal, sino también por aquellos contenidos en los instrumentos
internacionales celebrados por el Estado Mexicano, adoptando la
interpretación más favorable al derecho humano de que se trate, lo
que se conoce en la doctrina como principio pro persona. Estos
mandatos contenidos en el artículo 1o. constitucional, reformado mediante
Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación de 10 de junio de
2011, deben interpretarse junto con lo establecido por el diverso 133 para
determinar el marco dentro del que debe realizarse el control de
convencionalidad ex officio en materia de derechos humanos a cargo del
Poder Judicial, el que deberá adecuarse al modelo de control de
constitucionalidad existente en nuestro país. Es en la función jurisdiccional,
como está indicado en la última parte del artículo 133 en relación con el
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AMPARO EN REVISIÓN PENAL 405/2012
artículo 1o. constitucionales, en donde los jueces están obligados a
preferir los derechos humanos contenidos en la Constitución y en los
tratados internacionales, aun a pesar de las disposiciones en
contrario que se encuentren en cualquier norma inferior. Si bien los
jueces no pueden hacer una declaración general sobre la invalidez o
expulsar del orden jurídico las normas que consideren contrarias a los
derechos humanos contenidos en la Constitución y en los tratados (como
sí sucede en las vías de control directas establecidas expresamente en los
artículos 103, 105 y 107 de la Constitución), sí están obligados a dejar de
aplicar las normas inferiores dando preferencia a las contenidas en la
Constitución y en los tratados en la materia.
Varios 912/2010. 14 de julio de 2011. Mayoría de siete votos;
votaron en contra: Sergio Salvador Aguirre Anguiano, Jorge Mario Pardo
Rebolledo con salvedades y Luis María Aguilar Morales con salvedades.
Ausente y Ponente: Margarita Beatriz Luna Ramos. Encargado del
engrose: José Ramón Cossío Díaz. Secretarios: Raúl Manuel Mejía Garza
y Laura Patricia Rojas Zamudio.
El Tribunal Pleno, el veintiocho de noviembre en curso, aprobó, con
el número LXVII/2011(9a.), la tesis aislada que antecede. México, Distrito
Federal, a veintiocho de noviembre de dos mil once.
Nota:
En la resolución emitida el 25 de octubre de 2011 por el Pleno de la
Suprema Corte de Justicia de la Nación en la solicitud de modificación de
jurisprudencia 22/2011, en el punto único se determinó: "Único. Han
quedado sin efectos las tesis jurisprudenciales números P./J. 73/99 y P./J.
74/99, cuyos rubros son los siguientes: ‘CONTROL JUDICIAL DE LA
CONSTITUCIÓN. ES ATRIBUCIÓN EXCLUSIVA DEL PODER JUDICIAL
DE LA FEDERACIÓN.’ y ‘CONTROL DIFUSO DE LA
CONSTITUCIONALIDAD DE NORMAS GENERALES. NO LO AUTORIZA
EL ARTÍCULO 133 DE LA CONSTITUCIÓN.’", conclusión a la que se
arribó en virtud del marco constitucional generado con motivo de la entrada
en vigor del Decreto por el que se modifica la denominación del Capítulo I
del Título Primero y reforma diversos artículos de la Constitución Política
de los Estados Unidos Mexicanos, publicado en el Diario Oficial de la
Federación de 10 de junio de 2011.
La tesis P./J. 73/99 y P./J. 74/99 anteriormente citadas aparecen
publicadas en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena
Época, Tomo X, agosto de 1999, páginas 18 y 5, respectivamente.
Por ejecutoria del 19 de septiembre de 2012, la Segunda Sala
declaró improcedente la contradicción de tesis 283/2012 derivada de la
denuncia de la que fue objeto el criterio contenido en esta tesis.”
Es decir, en casos como el que nos ocupa, una vez
que el juzgador realice el control de constitucionalidad,
estableciendo que la norma interna es contraria a
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determinado derecho humano, analizará el acto
reclamado, prescindiendo o inaplicando el precepto
legal y aplicando la norma de jerarquía superior.
Debe resaltarse que el Pleno de la Suprema Corte
de Justicia de la Nación, al resolver el varios 912/2010,
relativo al caso Radilla Pacheco, estableció el parámetro
de análisis que deben ejercer los juzgadores, el cual se
contiene en la siguiente tesis (énfasis añadido):
“Décima Época
Registro: 160526
Instancia: Pleno
Tesis Aislada
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta
Libro III, Diciembre de 2011, Tomo 1
Materia(s): Constitucional
Tesis: P. LXVIII/2011 (9a.)
Página: 551
PARÁMETRO PARA EL CONTROL DE CONVENCIONALIDAD EX
OFFICIO EN MATERIA DE DERECHOS HUMANOS. El mecanismo para
el control de convencionalidad ex officio en materia de derechos humanos
a cargo del Poder Judicial debe ser acorde con el modelo general de
control establecido constitucionalmente. El parámetro de análisis de este
tipo de control que deberán ejercer todos los jueces del país, se
integra de la manera siguiente: a) todos los derechos humanos
contenidos en la Constitución Federal (con fundamento en los
artículos 1o. y 133), así como la jurisprudencia emitida por el Poder
Judicial de la Federación; b) todos los derechos humanos contenidos en
tratados internacionales en los que el Estado Mexicano sea parte; c) los
criterios vinculantes de la Corte Interamericana de Derechos Humanos
derivados de las sentencias en las que el Estado Mexicano haya sido
parte, y d) los criterios orientadores de la jurisprudencia y precedentes de
la citada Corte, cuando el Estado Mexicano no haya sido parte.
Varios 912/2010. 14 de julio de 2011. Mayoría de siete votos;
votaron en contra: Sergio Salvador Aguirre Anguiano, Jorge Mario Pardo
Rebolledo con salvedades y Luis María Aguilar Morales con salvedades.
Ausente y Ponente: Margarita Beatriz Luna Ramos. Encargado del
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engrose: José Ramón Cossío Díaz. Secretarios: Raúl Manuel Mejía Garza
y Laura Patricia Rojas Zamudio.
El Tribunal Pleno, el veintiocho de noviembre en curso, aprobó, con
el número LXVIII/2011(9a.), la tesis aislada que antecede. México, Distrito
Federal, a veintiocho de noviembre de dos mil once.
Nota:
En la resolución emitida el 25 de octubre de 2011 por el Pleno de la
Suprema Corte de Justicia de la Nación en la solicitud de modificación de
jurisprudencia 22/2011, en el punto único se determinó: "Único. Han
quedado sin efectos las tesis jurisprudenciales números P./J. 73/99 y P./J.
74/99, cuyos rubros son los siguientes: ‘CONTROL JUDICIAL DE LA
CONSTITUCIÓN. ES ATRIBUCIÓN EXCLUSIVA DEL PODER JUDICIAL
DE LA FEDERACIÓN.’ y ‘CONTROL DIFUSO DE LA
CONSTITUCIONALIDAD DE NORMAS GENERALES. NO LO AUTORIZA
EL ARTÍCULO 133 DE LA CONSTITUCIÓN.’", conclusión a la que se
arribó en virtud del marco constitucional generado con motivo de la entrada
en vigor del Decreto por el que se modifica la denominación del Capítulo I
del Título Primero y reforma diversos artículos de la Constitución Política
de los Estados Unidos Mexicanos, publicado en el Diario Oficial de la
Federación de 10 de junio de 2011.
La tesis P./J. 73/99 y P./J. 74/99 anteriormente citadas aparecen
publicadas en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena
Época, Tomo X, agosto de 1999, páginas 18 y 5, respectivamente.
Por ejecutoria del 19 de septiembre de 2012, la Segunda Sala
declaró improcedente la contradicción de tesis 283/2012 derivada de la
denuncia de la que fue objeto el criterio contenido en esta tesis.
Por ejecutoria del 19 de septiembre de 2012, la Segunda Sala
declaró improcedente la contradicción de tesis 286/2012 derivada de la
denuncia de la que fue objeto el criterio contenido en esta tesis.”
En las relatadas condiciones, como se dijo
previamente, lo que procede es MODIFICAR la sentencia
impugnada, y conceder al quejoso la protección
constitucional, para el efecto de que la responsable
DIRECTOR DE EJECUCIÓN DE PENAS Y MEDIDAS
JUDICIALES deje insubsistente el oficio
DEPMJ/2973/2012 de veinticuatro de febrero de dos mil
doce, y en su lugar emita otro en el que se pronuncie
respecto de lo solicitado sin aplicar en perjuicio de
********** lo dispuesto en el artículo 162, primer párrafo,
de la Ley de Ejecución de Penas y Medidas Judiciales
para el Estado de Baja California.
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OCTAVO. En virtud de que las partes no hicieron
manifestación alguna, en cuanto al derecho que les
asiste para oponerse en relación con terceros, a la
publicación de sus datos personales; requerimiento que
se les hizo mediante notificación de dieciocho de octubre
dos mil doce, ante la falta de oposición, con fundamento
en el artículo 8º de la Ley Federal de Transparencia y
Acceso a la Información Pública Gubernamental, en
relación con el artículo 8º del Reglamento de la Suprema
Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la
Judicatura Federal, para la aplicación de la citada ley, así
como el Acuerdo General 84/2008 del Pleno del Consejo
de la Judicatura Federal, de la versión pública de la
resolución respectiva se suprimirán los datos sensibles
que pueda contener, procurando que la supresión no
impida conocer el criterio sostenido por este órgano
jurisdiccional.
Por lo expuesto, fundado y con apoyo además en los
artículos 83, 85 y 91, de la Ley de Amparo, y 37, fracción
IV, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la
Federación, es de resolverse y se
R E S U E L V E:
PRIMERO. Se MODIFICA la sentencia recurrida.
SEGUNDO. Se SOBRESEE en el juicio de amparo
promovido por **********respecto de los actos y
autoridades precisados en el resolutivo primero, en
relación con el considerando tercero de la sentencia
impugnada.
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TERCERO. Para los efectos precisados en esta
ejecutoria, la justicia de la Unión AMPARA y PROTEGE a
**********respecto del acto y autoridad precisados en el
resolutivo segundo, en relación con el considerando
cuarto de la sentencia recurrida.
CUARTO. Es pública la información contenida en el
presente juicio de amparo, con supresión de los datos
confidenciales de las partes en los términos, razones y
fundamentos referidos en el último considerando de la
presente sentencia.
Notifíquese; publíquese y anótese en el libro de
registro correspondiente, con testimonio de esta
resolución, vuelvan los autos al lugar de su procedencia
y, en su oportunidad, archívese el expediente como
asunto concluido.
Así lo resolvió el Pleno del Cuarto Tribunal Colegiado
del Decimoquinto Circuito, por unanimidad de votos de
los Magistrados, Faustino Cervantes León, Rubén David
Aguilar Santibáñez, y el Secretario en Funciones de
Magistrado Miguel Ángel Montalvo Vázquez, autorizado
mediante sesión de la Comisión de Carrera Judicial de
fecha veintinueve de noviembre de dos mil once, quienes
firman en unión de la Secretaria de Acuerdos que
autoriza y da fe.
'En términos de lo previsto en los artículos 13, 14 y
18 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la
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Información Pública Gubernamental, en esta versión
pública se suprime la información considerada
legalmente como reservada o confidencial que encuadra
en esos supuestos normativos'.
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