Líneas de base de tolerancia social e institucional a la violencia ...

género, con participación hasta del 93% de los colegios
y las secretarías de educación. Un 80% en promedio
está de acuerdo con los avances en la paridad
en el gobierno, en las universidades, en los cargos de
dirección y en los salarios.
Sobre la igualdad de género, uno de cada diez cree
que “ya está bien de igualdad de género”, y que ésta
ya fue conquistada por la mayoría de las mujeres;
pero sólo una tercera parte piensa que las instituciones
deberían tener 50% de hombres y 50% de mujeres en
su planta de funcionarios/as.
Acerca del conocimiento sobre el tema de violencia
basada en género, el 96% manifestó que era alto o
medio, excepto en las UAO quienes sólo en un tercio lo
afirmaron así. Una tercera parte de los y las funcionarias
afirma que nunca se les capacita para la atención
a las víctimas de violencia basada en género. En
mayor porcentaje lo manifestaron los funcionarios de
la Procuraduría (48%) de la Defensoría (54%), de la
Personería (50%), de la Comisaría de Familia (48%), de
la Policía (55%) y de la Secretaría de Salud (60%).
En cuanto a política pública
En cuanto a las acciones emprendidas por el Estado
para enfrentar la VBG se evidenció que no hay
estudios que permitan caracterizar dicho fenómeno
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institucional y municipal, difícil así la formulación de
políticas públicas que respondan a las necesidades
de las comunidades y reduce la presencia de las
instituciones en las comunidades. Las Secretarías de
Salud y de Educación, las encargadas de dar línea
técnica para que en los colegios y escuelas públicas
se forme en la problemática, son las que presentan
mayores vacíos en este tema, a pesar de que dicen
estar implementando acciones de educación en
materia de embarazo adolescente y violencia contra
las mujeres.
Respecto a las políticas institucionales para la atención
a las víctimas de la VBG, los organismos de control,
con competencia en promoción y seguimiento a la
garantía de los derechos de las víctimas, son las que
adolecen de competencias en materia de atención.
Preocupa especialmente el caso de las Personerías
Municipales por ser las entidades que tienen contacto
directo y permanente con las comunidades, y el de la
Defensoría, la cual debe proveerle acompañamiento
a las víctimas que denuncian los hechos violentos
a los largo de los procesos judiciales. En términos
generales la encuesta muestra que no hay políticas
públicas integrales por parte de las instituciones ni en
los municipios, así como acciones articuladas para la
atención a las víctimas de las violencias basadas en
el género.