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Revista Electrónica de Ciencia Penal y Criminología www.recpc.com
Rafael Alcácer Guirao
libertad de las generaciones presentes. En otros términos: no puede legitimarse
esa protección desde la consideración axiológica de la supervivencia de las
generaciones futuras, las cuales, en cuanto futuras, impiden instaurar ese sinalagma
recíproco entre la libertad intersubjetiva de organizar la propia autonomía
y la responsabilidad por las consecuencias para la libertad ajena. Si ello es así, en
dicha imagen del hecho punible no podrán encuadrarse acciones que no presenten
ese mínimo de potencial afección a esa libertad ajena: un mínimo de peligro
para intereses personales. A sensu contrario, un modelo de Derecho penal basado
en la autonomía personal sólo podrá legitimar la protección del medio ambiente
como un bien jurídico dependiente de intereses personales, siendo susceptible de
merecimiento de pena exclusivamente la conducta que, a través del menoscabo
del medio ambiente, ponga asimismo en peligro, concreto o abstracto, las
condiciones de libertad de las generaciones presentes: bienes jurídicos personales
como la vida o la salud individual 70 .
Tercero. Si permanecemos en dicho modelo de fundamentación del injusto
penal, en el que lo relevante es el riesgo personalmente imputable para la
libertad ajena, la protección autónoma del medio ambiente y los delitos cumulativos
adquieren ese perfil de gestión de riesgos sectoriales propio del Derecho
administrativo, lo que evidentemente excede de las lindes de legitimación que
ese modelo del Derecho penal demarca 71 . La conclusión, entonces, resulta clara:
desde un Derecho penal fundado en la autonomía personal ni la protección de las
generaciones futuras ni, por tanto, el presupuesto del daño cumulativo, serían
legítimos.
Llegados a este punto, considero que quizá fuera posible hallar otra vía
para argumentar de lege lata una fundamentación acerca de la protección directa
de las generaciones futuras por el Derecho penal y, con ello, la tipificación de
daños cumulativos en el medio ambiente, más allá de que esta argumentación
pueda ser asimismo rechazable de lege ferenda. Dado que el principio de la
autonomía individual no es apto para tal fin, la vía argumentativa pasaría por
acoger el otro gran presupuesto de fundamentación de la imputación penal: el de
la solidaridad.
Dicho presupuesto de imputación de responsabilidad está basado, como
70 En este sentido, por ejemplo, KINDHÄUSER, Helmrich-FS, p. 969.
71 Afirma, por ejemplo, FEIJOO SÁNCHEZ, LL1998, p. 1882, que “precisamente el dato
que suele diferenciar en este ámbito el injusto administrativo del injusto penal es la mayor capacidad
lesiva de la conducta con respecto a bienes jurídicos individuales”
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