2. Juicio de amparo indirecto 386/2012, del índice del Juzgado ...

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Vistos para resolver los autos del juicio de amparo
indirecto 386/2012-IV, promovido por ********** contra
actos del Subdirector de Enlace Operativo de la DGETI
en el Estado de Veracruz, residente en la ciudad de
Veracruz, y,
R E S U L T A N D O:
Primero. Mediante escrito presentado en la Oficina
de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito
en la ciudad de Córdoba, Veracruz, el doce de abril de
dos mil doce, ********** y en representación de alumnos
en la especialidad de Diseño Gráfico de las
generaciones ********** de esa institución, solicitó la
protección constitucional contra actos del Subdirector de
Enlace Operativo de la DGETI en el Estado de Veracruz,
residente en la ciudad de Veracruz, que consisten en:
****************************************
Por estimarlos violatorios en su perjuicio de los
derechos consagrados por los artículos 3, 14 y 16 de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Segundo. Por auto de dieciséis de abril de dos mil
doce, el Juzgado Décimo Segundo de Distrito en el
Estado de Veracruz, residente en la ciudad de Córdoba,
al que tocó conocer por razón de turno, ordenó registrar
el expediente con el número 316/2012 y se declaró
legalmente incompetente para conocer del asunto,
ordenando remitirlos a los juzgados de Distrito en esta
ciudad.
Tercero. Por oficio 1495-V recibido en la Oficina de
Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito en la
ciudad, el dieciocho de abril de dos mil doce, se recibió
el juicio de amparo citado donde se planteó la
incompetencia; por auto de diecinueve de abril de dos
mil doce, este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado
de Veracruz, al que tocó conocer por razón de turno,
aceptó la competencia por considerar que el acto tiene
efectos declarativos y admitió la demanda; ordenó

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registrar el expediente con el número 386/2012; ordenó
pedir informe justificado a la autoridad responsable; dio
la intervención que legalmente le corresponde a la
agente del Ministerio Público de la Federación adscrita a
este juzgado; y señaló fecha y hora para la celebración
de la audiencia constitucional que se celebró al tenor del
acta que antecede.
Cuarto. En sentencia autorizada el once de junio
de dos mil doce, este Juzgado Tercero de Distrito en el
Estado de Veracruz, declaró carecer de competencia
legal para seguir conociendo y resolver el fondo del
asunto, ordenando remitirlo al Juzgado de Distrito en
turno, residente en Córdoba, Veracruz, tocando conocer
al Juzgado Decimosexto de Distrito, el cual, por
resolución de veintidós de junio de este año, no aceptó la
competencia al estimar que dicha controversia debió
plantearse al Juzgado Decimosegundo residente en esa
ciudad, pues conoció de la demanda a prevención, es
decir, la recibió en primer lugar; registró el expediente
con el número 497/2012; y ordenó devolver el presente
juicio.
Quinto. Por acuerdo de veintisiete de junio de dos
mil doce, este Juzgado Tercero de Distrito no insistió en
plantear la competencia a los juzgados homólogos en la
ciudad Córdoba y ordenó turnar los autos para resolver.
C O N S I D E R A N D O:
Primero. Este Juzgado Tercero de Distrito en el
Estado de Veracruz es legalmente competente para
resolver el presente juicio constitucional, de conformidad
con los artículos 103, fracción I, y 107, fracción VII, de la
Carta Magna; 36 y 114, fracción II, de la Ley de Amparo;
48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la
Federación; y, acuerdo 17/2012 del Pleno del Consejo
de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del

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número y límites territoriales de los circuitos en que se
divide el territorio de la República Mexicana, y al número,
jurisdicción territorial y especialización por materia de los
Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los
Juzgados de Distrito, porque se reclaman actos de
autoridad en materia administrativa, con residencia
dentro de la circunscripción territorial de este Juzgado de
Distrito, que carece de jurisdicción especial.
Segundo. Son ciertos los actos reclamados del
Subdirector de Enlace Operativo de la DGETI en el
Estado de Veracruz, residente en la ciudad de Veracruz,
según lo acreditó con su informe justificado (fojas 83 a
90) y anexos (fojas 91 a 93), instrumental de actuaciones
con plena eficacia probatoria en términos de los artículos
129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles,
de aplicación supletoria a la Ley de Amparo.
Tercero. Previamente al fondo del asunto debe
abordarse la causal de improcedencia invocada por la
autoridad responsable, que debe analizarse de manera
previa, conforme lo dispuesto por el artículo 73 de la ley
de la materia.
La hipótesis que indica es la prevista en la fracción
V del citado numeral, que prevé la improcedencia del
amparo contra actos que no afecten los intereses
jurídicos del quejoso.
No asiste razón a la autoridad porque el quejoso,
en su carácter de director del plantel educativo donde
cursan sus estudios los alumnos que representa, tiene
interés legítimo para acudir a esta instancia en tutela del
derecho fundamental a la educación a favor de aquéllos,
en términos de la fracción I del artículo 107 de la Carta
Magna.
El acto reclamado consiste en el oficio **********,
mediante el cual la autoridad responsable, Subdirectora
de Enlace Operativo de Educación Tecnológica Industrial
en Veracruz, residente en la ciudad de Veracruz,

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dependiente de la Secretaría de Educación Pública,
negó al peticionario otorgar los números de control
escolar de los alumnos adscritos al **********, al
argumentar que se presentaron extemporáneos por no
solicitarse en los tiempos que indica el artículo 74 del
Acuerdo 450 de la Secretaría de Educación Pública.
Determinación que el solicitante de amparo aduce
es violatoria de los derechos a la educación, legalidad y
seguridad jurídica previstos en los artículos 3, 14 y 16 de
la Constitución.
Circunstancias que evidencia para quien esto
suscribe afectación de los derechos de los alumnos del
plantel educativo a cargo de la dirección del promovente,
por lo que no procede sobreseer con apoyo en la causa
de improcedencia relativa a la falta de interés jurídico
que recoge el principio de “agravio personal y directo”,
basado en la existencia de una afectación directa y
actual en la esfera jurídica del gobernado.
Tal principio, junto con el de interés legítimo
individual o colectivo, están contemplado en el artículo
107, fracción I, de la Constitución General de la
República, vigente a partir del cuatro de octubre de dos
mil once, al disponer que el amparo se seguirá siempre a
instancia de parte agraviada, teniendo tal carácter quien
aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo
individual o colectivo, siempre que alegue que el acto
reclamado viola los derechos reconocidos por esta
Constitución y con ello se afecte su esfera jurídica, ya
sea de manera directa o en virtud de su especial
situación frente al orden jurídico.
El interés legítimo contemplado recientemente en
la Constitución permite tener como quejoso a aquella
persona que no resulta afectada directamente por el acto
de autoridad pero sí la situación jurídica derivada del
propio orden jurídico, siendo necesario que la autoridad
afecte los derechos del quejoso, protegidos por la norma.

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Cabe señalar que la parte que insta un juicio de
amparo indirecto puede acudir en uso de su interés
como derecho subjetivo, de su interés legítimo o de
grupo, o bien, por un interés simple.
El primero necesita un interés exclusivo, actual y
directo. Su presupuesto es el reconocimiento y tutela de
ese interés por la ley, y que la protección legal se
resuelva en la aptitud de su titular para exigir del
obligado su satisfacción mediante la prestación debida.
El interés legítimo o de grupo no se caracteriza por
el interés jurídicamente protegido, sino que es
generalmente grupal, propio de las personas que por
gozar de una posición calificada, diferenciable, se ven
indirectamente beneficiadas o perjudicadas con el
incumplimiento de ciertas reglas de derecho objetivo,
bien porque no se les permita alcanzar ciertas posiciones
provechosas o porque se les prive de las ventajas ya
logradas.
La tercera categoría: interés simple, se refiere a los
interesados simples o de hecho que, como cualquier
miembro de la sociedad, desean que las leyes se
cumplan y para quienes el ordenamiento sólo previene la
denuncia o acción popular.
En ese orden, el interés legítimo permite solicitar el
amparo a fin de proteger situaciones o hechos que si
bien no están totalmente reconocidas por el Derecho, sí
pudieran afectar derechos fundamentales, originando
mayor acceso a la justicia y más posibilidades de
impugnación, sin que ello implique reconocer derechos a
favor de personas que no son titulares de éstos ni de
aquellos que no resienten afectación en su esfera
jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su
especial situación frente al orden jurídico.
El interés legítimo se caracteriza por ser
generalmente grupal; tiende a satisfacer las necesidades
colectivas por tratarse de un interés superior o

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supraindividual y conlleva la combinación de intereses
individuales de determinado grupo que faculta a
cualquiera de sus miembros para promover amparo
indirecto, al tener un interés común y la decisión que la
autoridad dicte beneficiará o, en su caso, perjudicará a
todos.
Con base en esas premisas, el promovente tiene
interés legítimo en velar por los intereses de los alumnos
porque la negativa a expedirles sus números de control
escolar afecta la imagen y prestigio de la institución que
representa, pero sobre todo, el derecho de aquéllos a la
educación media superior obligatoria por disposición del
artículo 3º constitucional, por las posibles afectaciones
en sus estudios posteriores.
Se estima que el peticionario, en su carácter de
director del plantel educativo, está legitimado para exigir
respeto a derechos de sus alumnos, esto es, tiene
interés legítimo para acudir en defensa de ese grupo de
educandos con una posición calificada, al ser quien
representa al instituto docente y gestiona los trámites a
favor del alumnado ante la autoridad responsable, como
son: certificados escolares, constancias, inscripciones,
reinscripciones, etcétera; máxime que la negativa en
mérito trasciende a la imagen y prestigio de la institución
que representa.
Su interés deviene de su dirección y
representatividad del instituto bachillerato donde los
alumnos en mérito están inscritos; es la persona
encargada no sólo de los trámites sino de representar los
derechos e intereses de aquéllos ante la autoridad
responsable, según se corrobora con las copias
certificadas de documentos que exhibió y que obran en
la institución que representa.
Documentos consistentes en actas de nacimiento,
certificados de educación secundaria, registros CURP,
constancias de estudios profesionales y de inscripción de

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todos los alumnos a cuyo favor intenta pedir amparo (con
excepción de **********) pruebas que tienen valor
probatorio de conformidad con los artículos 129 y 202 de
la legislación procesal civil federal, aplicada
supletoriamente.
Por las consideraciones anteriores no se actualiza
la fracción V del artículo 73 de la Ley de Amparo
referente a la improcedencia del juicio cuando el acto no
afecte los intereses jurídicos del quejoso, pues cuenta
con interés legítimo para acudir a esta instancia en tutela
del derecho fundamental a la educación a favor de los
educandos, en términos de la fracción I del artículo 107
de la Constitución.
Al no existir otras causas de improcedencia que
analizar, se procede al análisis de fondo de la cuestión
planteada.
Cuarto. Son fundados los conceptos de violación,
suplidos en su deficiencia, de conformidad con la
fracción VI del artículo 76 bis de la Ley de Amparo.
Según se adelantó, el acto reclamado se trata del
oficio **********, mediante el cual la Subdirectora de
Enlace Operativo de Educación Tecnológica Industrial en
Veracruz, residente en la ciudad de Veracruz,
dependiente de la Secretaría de Educación Pública,
negó al peticionario otorgar los números de control
escolar de los alumnos adscritos al **********.
Cabe precisar que en el particular opera la
suplencia de la queja deficiente en términos de la
fracción VI del artículo 76 bis de la ley que rige esta vía,
porque el acto reclamado carece de fundamentación y
motivación para negar los números de control escolar a
favor de los alumnos representados en esta vía, así
como el procedimiento para impugnar la negativa, no
obstante en la demanda no se argumentó tal violación.
Tiene aplicación al caso la jurisprudencia I.3o.A.
J/49 publicada en la página: 15, Tomo 86, Febrero de

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1995, Octava Época de la Gaceta del Semanario Judicial
de la Federación, de contenido:
“SUPLENCIA DE LA DEFICIENCIA DE LA QUEJA
CONFORME AL ARTICULO 76 BIS, FRACCION VI, DE
LA LEY DE AMPARO. INTERPRETACION DE LA
EXIGENCIA CONSISTENTE EN QUE LA VIOLACION
MANIFIESTA HAYA DEJADO SIN DEFENSA AL
QUEJOSO O PARTICULAR RECURRENTE. El artículo 76
bis, fracción VI, de la Ley de Amparo señala lo
siguiente: "Artículo 76 bis. Las autoridades que
conozcan del juicio de amparo deberán suplir la
deficiencia de los conceptos de violación de la
demanda, así como la de los agravios formulados en
los recursos que esta ley establece, conforme a lo
siguiente: VI. En otras materias, cuando se advierte que
ha habido en contra del quejoso o del particular
recurrente una violación manifiesta de la ley que lo
haya dejado sin defensa". De este precepto se
desprende que la exigencia en él consignada en el
sentido que para suplir la deficiencia de la queja
cuando se advierta que ha habido una violación
manifiesta de la ley, precisa que tal violación haya
dejado sin defensa a la parte quejosa o al particular
recurrente; no es el caso de interpretar esta última
hipótesis en forma rigorista, como lo sería el que no
haya podido defenderse el solicitante del amparo antes
de acudir al juicio de garantías, sino que una
interpretación correcta de esa expresión, atento al
principio teleológico que rige la suplencia, debe ser en
el sentido que, ante la violación cometida en su
perjuicio, ya no puede defenderse de ella. Por
consiguiente, si el juzgador al dictar la sentencia
respecto de un asunto sometido a su consideración
descubre una violación manifiesta de la ley en perjuicio
de la parte quejosa o del particular recurrente de la cual
ya no pueda defenderse, debe otorgarle el amparo por
esa violación en concreto, no obstante que en su
demanda de garantías o en su recurso, según el caso,
nada haya argumentado. Una interpretación rigorista
del precepto contravendría los postulados esenciales
del juicio constitucional como institución protectora de
las garantías individuales, ya que, sería contrario a su
esencia que el juzgador aun advirtiendo que se ha
cometido una violación manifiesta de la ley en perjuicio
del quejoso o del particular recurrente, que sólo por
ignorancia no se ha combatido, se encuentra impedido
para formular un análisis de la constitucionalidad del
acto reclamado y otorgar el amparo.”
En este tenor, se plantea que el acto transgrede los
derechos a la educación, legalidad y seguridad jurídica
previstos en los artículos 3, 14 y 16 de la Constitución a
favor de los estudiantes involucrados, dado que la
negativa de la autoridad a otorgarles los números de
control escolar les impide validar su inscripción al
bachillerato tecnológico en la especialidad de Diseño

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Gráfico y sus estudios cursados, asimismo, les impide
seguir sus estudios posteriores, dado que los ya
realizados en el plantel carecerían de validez y se les
impondría cursarlos nuevamente, circunstancia que les
causaría perjuicios irreparables que están prohibidos en
el tercer párrafo del artículo 79 de la Ley General de
Educación, el cual no contempla sanciones a los
alumnos como consecuencia de una obligación ajena a
ellos, sino que salvaguarda sus derechos, al prever que
la autoridad que dicte la resolución adoptará las medidas
que sean necesarias para evitar perjuicios a los
educandos; se agrega que ni dicha ley ni el acuerdo 450
de la Secretaría de Educación Pública establecen los
motivos para negar los números de control escolar, o
dispone tal negativa para sancionar la falta de entrega
del listado de alumnos inscritos y reinscritos ante la
autoridad en el término de treinta días.
De las constancias remitidas por el impetrante y la
subdirectora responsable, con valor probatorio pleno
conferido, se aprecia que en oficio
******************************, relativo a la solicitud de los
números escolares a favor de los alumnos: **********, la
responsable, Subdirectora de Enlace Operativo de
Educación Tecnológica Industrial en Veracruz, residente
en la ciudad de Veracruz, dependiente de la Secretaría
de Educación Pública, negó al promovente otorgar
dichos números de control a los educandos, adscritos al
**********, argumentando que la petición no se presentó
en los tiempos estipulados en el artículo 74 del Acuerdo
450 de la Secretaría de Educación Pública.
Lo anterior demuestra lo fundado de los conceptos
de violación propuestos, suplidos en su deficiencia, al no
cumplir el acto con la fundamentación y motivación
debida, que trasciende a los derechos a la educación,
legalidad y seguridad jurídica previstos en los artículos 3,
14 y 16 de la Constitución a favor de los educandos, en

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razón que el precepto legal invocado en el oficio no
prevé sanción alguna a los alumnos cuando la solicitud
de números de control a su favor se presenta fuera del
plazo de treinta días.
El artículo 14, segundo párrafo, prevé que nadie
podrá ser privado de la libertad o de sus propiedades,
posesiones o derechos, sino mediante juicio seguido
ante los tribunales previamente establecidos, en el que
se cumplan las formalidades esenciales del
procedimiento y conforme a las Leyes expedidas con
anterioridad al hecho. El artículo 16, primer párrafo,
consagra la garantía de legalidad genérica que todo acto
de autoridad debe acatar al disponer que nadie puede
ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles
o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de
la autoridad competente, que funde y motive la causa
legal del procedimiento.
Ambos preceptos fundamentales estipulan las
garantías de legalidad y de seguridad jurídica que
imponen la obligación a las autoridades para cumplir una
serie de formalidades esenciales, necesarias para oír en
defensa a los afectados, conforme con las leyes que
rigen el acto y mediante elementos fundamentales
(autoridad competente, fundamentación y motivación),
en estricta observancia del marco jurídico que lo rige,
debiendo existir adecuación entre los motivos aducidos y
las normas aplicables al caso.
En ese sentido, se observa que la autoridad
ordenadora negó otorgar los números de control porque
la solicitud se presentó fuera de los plazos previstos por
el artículo 74 del acuerdo 450 por el que se establecen
los lineamientos que regulan los servicios que los
particulares brindan en las distintas opciones educativas
en el tipo Medio Superior, a saber:
“Artículo 74.- Los particulares que impartan estudios
con reconocimiento deberán enviar a la Autoridad
Educativa Federal:

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I. Los formatos que empleará para expedir certificados
y en su caso títulos, a presentarse dentro de los treinta
días posteriores al otorgamiento del reconocimiento.
II. Listado de alumnos inscritos y reinscritos, dentro de
los treinta días siguientes al inicio de cada ciclo
escolar, así como el comprobante de pago de derechos
correspondientes.
III. Listado de alumnos que hayan presentado
asignaturas optativas, exámenes extraordinarios, y en
su caso exámenes a título de suficiencia, dentro de los
treinta días siguientes a la conclusión de cada ciclo
escolar.
IV. Listado actualizado que incluya los nombres y total
de alumnos inscritos en un plan de estudios en curso
de regularización o de verano en su caso.
V. Los certificados parciales, totales y en su caso
títulos otorgados para autenticación, los cuales serán
devueltos con los sellos y firmas correspondientes a
más tardar diez días hábiles después de haber recibido
la respuesta de la autoridad o dependencia que deba
autenticar los documentos.
VI. El calendario escolar que implementará para cumplir
con el o los planes y programas de estudio que se
impartan en el plantel, por lo menos un mes antes del
inicio de cada ciclo escolar.
VII. El nombre cargo y firma de los responsables
designados para suscribir los documentos a que se
refiere este Capítulo; así como la impresión del sello
determinado por el particular, lo cual deberá
proporcionarse dentro de los treinta días siguientes al
otorgamiento del reconocimiento, o siguientes a la
fecha en que ocurra la sustitución de responsables o la
modificación al sello.”
Sin embargo, ese numeral no dispone sanción
alguna cuando la petición de los números de control
escolar se presenta fuera de los treinta días que ahí se
estipulan, evidenciando la falta de fundamentación y
motivación debida que trasciende a los derechos a la
educación, legalidad y seguridad jurídica previstos en los
artículos 3, 14 y 16 de la Carta Magna.
En efecto, la actuación se apoya en un precepto
legal que carece de sanción tanto al plantel educativo
particular, como a los alumnos afectados, lo cual se
traduce en falta de fundamentación y motivación al no
citarse con precisión el precepto legal aplicable ni las
circunstancias especiales, razones particulares o causas
inmediatas consideradas para emitir el acto; el oficio en
análisis carece de adecuación entre los motivos
aducidos y las normas aplicables.

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Luego, la negativa de la autoridad no tiene sustento
jurídico porque el precepto legal en que apoyó su
actuación no contempla la sanción que impuso
directamente a los alumnos, quienes son ajenos a la
omisión administrativa del promovente, careciendo
entonces, de la adecuación entre los motivos aducidos y
el numeral indicado.
Sirve de apoyo la jurisprudencia consultable en la
página 143, Tomo 97-102 Tercera Parte, Séptima Época
del Semanario Judicial de la Federación, que señala:
“FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN. De acuerdo con
el artículo 16 de la Constitución Federal, todo acto de
autoridad debe estar adecuada y suficientemente
fundado y motivado, entendiéndose por lo primero que
ha de expresarse con precisión el precepto legal
aplicable al caso y, por lo segundo, que también deben
señalarse, con precisión, las circunstancias especiales,
razones particulares o causas inmediatas que se hayan
tenido en consideración para la emisión del acto;
siendo necesario, además, que exista adecuación entre
los motivos aducidos y las normas aplicables, es decir,
que en el caso concreto se configuren las hipótesis
normativas.”
Así como la jurisprudencia I.4o.A. J/43, publicada
en la página 1531, Tomo XXIII, Mayo de 2006, Novena
Época del Semanario Judicial de la Federación y su
Gaceta, de contenido:
“FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN. EL ASPECTO
FORMAL DE LA GARANTÍA Y SU FINALIDAD SE
TRADUCEN EN EXPLICAR, JUSTIFICAR, POSIBILITAR
LA DEFENSA Y COMUNICAR LA DECISIÓN. El
contenido formal de la garantía de legalidad prevista en
el artículo 16 constitucional relativa a la
fundamentación y motivación tiene como propósito
primordial y ratio que el justiciable conozca el "para
qué" de la conducta de la autoridad, lo que se traduce
en darle a conocer en detalle y de manera completa la
esencia de todas las circunstancias y condiciones que
determinaron el acto de voluntad, de manera que sea
evidente y muy claro para el afectado poder cuestionar
y controvertir el mérito de la decisión, permitiéndole
una real y auténtica defensa. Por tanto, no basta que el
acto de autoridad apenas observe una motivación pro
forma pero de una manera incongruente, insuficiente o
imprecisa, que impida la finalidad del conocimiento,
comprobación y defensa pertinente, ni es válido exigirle
una amplitud o abundancia superflua, pues es
suficiente la expresión de lo estrictamente necesario
para explicar, justificar y posibilitar la defensa, así
como para comunicar la decisión a efecto de que se
considere debidamente fundado y motivado,

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exponiendo los hechos relevantes para decidir, citando
la norma habilitante y un argumento mínimo pero
suficiente para acreditar el razonamiento del que se
deduzca la relación de pertenencia lógica de los hechos
al derecho invocado, que es la subsunción.”
Aunado a lo anterior, como bien lo sostiene el
impetrante, la negativa transgrede el tercer párrafo del
artículo 79 de la Ley General de Educación, en relación
con el derecho a la educación de los alumnos previsto en
el artículo 3º de la Constitución, al impedírseles validar
su inscripción al bachillerato tecnológico en la
especialidad de Diseño Gráfico y sus estudios cursados,
obligándolos a cursarlos nuevamente.
Ese precepto fundamental consagra que todo
individuo tiene derecho a recibir educación. El Estado
Federación, Estados, Distrito Federal y Municipios,
impartirá educación preescolar, primaria, secundaria y
media superior. La educación preescolar, primaria y
secundaria conforman la educación básica; ésta y la
media superior serán obligatorias. En su fracción IV,
primera parte, dispone que los particulares podrán
impartir educación en todos sus tipos y modalidades. En
los términos que establezca la ley, el Estado otorgará y
retirará el reconocimiento de validez oficial a los estudios
que se realicen en planteles particulares.
Por su parte, el numeral 79 no contempla
sanciones a los alumnos como consecuencia de una
obligación ajena a ellos, sino que obliga a la autoridad a
adoptar medidas necesarias para evitar perjuicios a los
educandos.
Por lo que el impedimento para que los alumnos
obtengan sus números de control niega su derecho a
validar sus estudios a nivel media superior que, de
acuerdo con lo previsto en el artículo constitucional, es
de carácter obligatoria.
Ante tales trasgresiones de manera directa a los
derechos que a favor de los interesados consagra la Ley

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Fundamental, la suscrita juzgadora estima que el acto es
inconstitucional, pues la esencia garantista de este juicio
de control constitucional impone analizar ese tipo de
violaciones que le producen indefensión de manera
manifiesta, sin que deba obligarse a quien pide amparo
mayores planteamientos en su demanda o correrle la
carga de averiguar en el cúmulo de normas legales que
rigen a la autoridad si existe algún otro fundamento legal
para emitir el acto reclamado.
En consecuencia, al evidenciarse que la negativa
emitida en el oficio **********, transgrede los derechos de
educación, legalidad y seguridad jurídica consagrados en
los artículos 3º, 14 y 16 de la Constitución, procede
conceder la protección de la justicia federal a
*****************************************************************
*****************************************************************
*****************************************************************
*********************************************, para el efecto
que la autoridad deje insubsistente el acto reclamado y
con plenitud de jurisdicción emita otro que, de insistir en
su negativa, lo deberá realizar de manera fundamentada
y motivada, en términos de las consideraciones de esta
sentencia.
Quinto. Por otra parte, en cumplimiento a lo
dispuesto por el artículo 8°, de la Ley Federal de
Transparencia y Acceso a la Información Pública
Gubernamental y en atención a que las partes no
expresaron su inconformidad respecto a la publicación
de su nombre y demás datos personales en la sentencia
que ahora se dicta, en tales condiciones, publíquense los
mismos, en la inteligencia que dicho fallo quedará a
disposición del público para su consulta.
Por lo expuesto, fundado y con apoyo, además, en
los artículos 76, 77, 78 y 80 de la Ley de Amparo, se
resuelve:

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Primero. La Justicia de la Unión ampara y
protege a ****************************** contra el acto
reclamado de la Subdirectora de Enlace Operativo de
Educación Tecnológica Industrial en Veracruz, residente
en la ciudad de Veracruz, dependiente de la Secretaría
de Educación Pública, precisado en el resultando
primero, por los motivos expuestos en el considerando
cuarto de esta sentencia.
Segundo. Publíquese la sentencia que ahora se
dicta, en términos del considerando quinto.
Notifíquese y háganse las anotaciones
correspondientes.
Así lo resolvió y firma la licenciada Candida
Hernández Ojeda, Jueza Tercero de Distrito en el Estado
de Veracruz, asistida del licenciado Rogerio Rodríguez
García, secretario con quien actúa y da fe, hasta hoy
veintiuno de agosto de dos mil doce, en que lo
permitieron las labores de este órgano jurisdiccional. Doy
fe.

El licenciado(a) Rogerio Rodríguez Garcia, hago constar y certifico que en
términos de lo previsto en los artículos 8, 13, 14, 18 y demás conducentes en lo
relativo de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública
Gubernamental, en esta versión pública se suprime la información considerada
legalmente como reservada o confidencial que encuadra en el ordenamiento
mencionado. Conste.