Samayoa Guevara, Hector Humberto. Ensayos sobre la ...

cutivo: el peligro del orden público lo dió para que el
Poder Ejecutivo ordenase el arresto de Arreola. Pero aún
en estos casos manda la Constitución, Superior a toda
autoridad, que se guarden las garantías de los detenidos
y presos: que se decrete su libertad, si no se provee: que
se le ponga en disposición del Juez respectivo.
Los Magistrados que han existido han respetado siempre
la ley que designa las facultades de los Alcaldes. Mandan
sin embargo, que se ponga en libertad a los que de
su orden esten detenidos sin auto motivado de prisión;
y mandándolo así no desconocen la ley de sus facultades.
Mandar que se observen las garantías, no es desconocer
la orden de facultades extraordinarias, que no podía con·
trariarlas, según el artículo 174 de la Constitución de la
República. El guardar las leyes fundamentales de ésta
y del Estado: es cumplir el juramento prestado a la faz
del pueblo en el Salón de la Asamblea.
30. Pero si acordando la libertad de Arreola no desconocieron
la orden de facultades extraordinarias. No será
el menos cierto que infringieron los decretos emitidos
por el Jefe de Estado en uso de aquellas facultades?
N? ,s: cita uno solo de los decretos que se suponen infrmgldos
o desconocidos: no se prueba la infracción o
desconocimiento, ni era posible probarlo. Yo he visto los
que ha dado a luz el Boletin, destinado por el decreto de
la Asamblea para la publicación de los que se emitan;
y no he encontrado uno solo aplicable al punto preciso
de la cuestión.
El que ha dado mérito a la causa, y forma el objeto del
juicio esta reducido a saber, si debe ponerse en libertad
a un detenido, y cuando ha pasado el término de la ley,
y no se ha proveido el auto motivado de prisión.
Sobre este punto no expidió el Jefe de Estado decreto
alguno, publicado en el Boletín, ni era creible que lo expidiese.
Las Constituciones de la República y del Estado
ordenan la libertad del detenido, o el auto de prisión; y
en los Gobiernos Constitucionales todo debe callar cuando
habla la ley fundamental.
Mandó el Jefe de Estado en decreto de 22 de Noviembre
de 1831, que se imponga pena capital a los que llaman