Revista Aduanas #22, Gracia navideña - DGA

principales de los Administradores
de Aduanas:
1. Planificar, organizar y dirigir
la Administración bajo su
responsabilidad en el ámbito de
su jurisdicción, conforme normas
y reglamentos establecidos.
2. Velar que los usuarios y
empleados bajo su mando cumplan
las formalidades establecidas
para la declaración, aforo y
despacho de las mercancías.
3. Garantizar en el cumplimiento
de sus funciones, la correcta
aplicación de los planes y
política de la institución.
4. Dar respuesta a reclamaciones
formuladas por los usuarios
sobre sus decisiones, en el
plazo previsto, no mayor de diez
(10) días hábiles.
5. Velar para que el personal
bajo su mando, en el ejercicio
de sus funciones, observe los
principios establecidos en el Código
de Ética del Servidor Público.
6. Aplicar las normas y políticas
de Gestión Humana de la
Institución.
7. Coordinar las acciones
necesarias con los operadores de
servicios, que permitan el funcionamiento
óptimo para una
labor eficiente.
8. Promover mejoras constantes
para lograr la eficacia en
los distintos regímenes y destinaciones
aduaneras, conforme
las políticas de servicio de la Dirección
General de Aduanas.
9. Asegurar el pleno cumplimiento
de los estimados de
recaudación de la DGA.
Los Administradores, en su
calidad de oficiales de aduanas,
también tienen responsabilidades
que no pueden delegar a
otra autoridad, cuando se trate
de acciones que vulneren obliga-
10 ADUANAS www.dga.gov.do
“Un Administrador
de Aduanas es el
funcionario que, por
delegación del Director
General, representa
a la Institución en la
jurisdicción donde
ejerza sus funciones,
y en su ámbito es el
oficial de mayor
jerarquía, responsable
del cumplimiento de las
leyes, reglamentos,
acuerdos comerciales
de integración y demás
funciones que norman
el tráfico internacional
de mercancías.”
ciones aduaneras. La delegación
o extensión de facultades a este
funcionario para la investigación
de crímenes y delitos tributarios,
obedeció al espíritu del legislador
para hacer más eficiente la
persecución de los ilícitos aduaneros,
basada en criterios prácticos
de descentralización y especialización
en la materia.
Estas atribuciones están conferidas
en el art. 5 y siguiente de
la Ley 3489, que establece:
“están autorizados para citar e
interrogar testigos, tomar juramentos,
requerir y certificar
declaraciones, requerir la presentación
de documentos, levantar
actas y ejercer atribuciones
policiales en todos los casos en
que sea necesario o conveniente
en el ejercicio de sus funciones,
sin perjuicio de las demás atribuciones
que les confiere la ley”.
A partir de la aplicación del
nuevo Código Procesal Penal,
estas competencias de los Administradores
en función de oficiales
de aduanas, han sido cuestionadas,
sustentando algunos
abogados apoderados por infractores
y otros que esta normativa
jurídica especial aduanera fue
derogada, lo que contradice la
máxima jurídica “Legi speciali per
generalem non derogatur”, que significa
que una ley especial no
puede considerarse tácita o implícitamente
derogada por una
ley general posterior.
Doctrinas y jurisprudencias
avalan este criterio, cito el caso
del Código Civil Anotado de la
Casa Dalloz, en sus notas a los
Arts. 1 y sgtes., Pág. 26, que puntualizan:
“No se presume que las
leyes generales deroguen leyes
especiales a menos que señalen
esa derogación de manera expresa”.
Así lo refiere el Dr. José