Documento - Procuraduría General de la Nación

en los contratos estatales, recae en el representante legal o los miembros de la junta
directiva de dichas empresas.
Por lo anterior, no son ciertas las razones de la defensa cuando afirma que «los NULE
debieron ser investigados en este proceso por ser contratantes del Distrito». Esta idea,
traída a colación por la defensa, está rodeada de algunos argumentos que no son
ciertos y de afirmaciones que han sido esbozadas de manera descontextualizada e
imprecisa. Véase.
El primero de ellos es que «los NULE como contratistas son sujetos disciplinarios». Al
respecto, debe decirse que los particulares cuando son contratistas del Estado no
son disciplinables, a menos que lo sean en un contrato en el cual se ejerza la
supervisión o la interventoría en otro contrato estatal.
El segundo aspecto está referido a que los «NULE eran controladores de los
contratistas», dando a entender que las empresas del grupo NULE ejercieron la
interventoría de algunos contratos. Sobre ello, debe decirse que los hechos que
rodearon el presente proceso únicamente estuvieron relacionados con las exigencias
del senador NÉSTOR IVÁN MORENO ROJAS, para la adjudicación de una licitación, que
posteriormente originó la suscripción de los contratos 071 y 072 de 2008, más no de
aquellas posibles irregularidades que se pudieron presentar en los contratos que
tuvieron por objeto la interventoría a los contratos 071 y 072 de 2008. Además, debe
tenerse en cuenta que únicamente es sujeto disciplinable el representante legal o el
miembro de la junta directiva de la persona jurídica contratante que haya suscrito
dicho contrato. En tal sentido, si lo que quiso dar a entender el señor abogado
defensor es que las empresas de los NULE ejercieron la interventoría en los contratos
en que precisamente ellos eran contratantes, se necesitaría demostrar, además, que
MIGUEL, MANUEL o GUIDO NULE fueron representantes legales o miembros de la junta
directiva de las referidas empresas. Con todo, estos aspectos puntuales no hicieron
parte del presente proceso, porque la situación fáctica estuvo restringida a las
presuntas exigencias del senador MORENO a miembros del grupo NULE.
Sin embargo, atendiendo a los parámetros establecidos en la Resolución 108 de
2002, se ordenarán expedir las respectivas copias para que por las dependencias
competentes se evalúe si es procedente o no el inicio de la actuación disciplinaria de
los representantes legales o miembros de la junta directiva de las empresas que
tuvieron a cargo la interventoría de los contratos 071 y 072 de 2008, suscritos entre
el IDU y las Uniones Temporales GTM y Vías de Bogotá 2009, respectivamente.
El tercer aspecto de inconformidad es que los «señores NULE únicamente podían ser
investigados por el Procurador General y que a estos se les aplicó el principio de
oportunidad». Al respecto, debe reiterarse, por una parte, que son varias
circunstancias las que deben darse para que puedan investigarse a los particulares,
entre ellas que ejercieran la supervisión o la interventoría en contratos, y además
tener la condición de representantes legales o miembros de las juntas directivas de
dichas empresas. Del mismo modo y se observa la Resolución 108 de 2002, en
estricto sentido no es el procurador general de la Nación al que le corresponde
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