Documento - Procuraduría General de la Nación

particulares que ejerzan funciones públicas de manera permanente o transitoria; y III.
Los particulares que administren recursos públicos u oficiales 186 .
Conforme a lo anterior y en lo que concierne a contratistas del Estado, no es posible
investigar y juzgar disciplinariamente a aquellos particulares que hayan suscrito con
aquel un contrato estatal, salvo que se trate del ejercicio de una función pública o
que este contrato corresponda a uno en el que se ejerza la supervisión o la
interventoría.
Al respecto, la línea jurisprudencial de la Corte Constitucional ha sido clara en que
las relaciones contractuales entre el Estado y las personas privadas no
corresponden al ejercicio de funciones públicas, por lo que estos particulares no
pueden ser sujetos de la ley disciplinaria:
Estímase necesario precisar que el ejercicio de funciones públicas por particulares,
según lo visto, no incluye, para los fines de la Ley Disciplinaria, las relaciones
contractuales entre el Estado y personas privadas, pues éstas son independientes en
cuanto no las liga al ente público lazo alguno de subordinación.
Se reitera, por ello lo afirmado en la Sentencia C-280 del 25 de junio de 1996 (M.P.:
Dr. ALEJANDRO MARTÍNEZ CABALLERO) 187
El anterior criterio fue reiterado en la sentencia C – 037 de 2007 188 , proferida por la
Corte Constitucional:
En dicha sentencia C-286/96 la Corte consideró necesario hacer en todo caso las
siguientes precisiones:
―Estímase necesario precisar que el ejercicio de funciones públicas por particulares,
según lo visto, no incluye, para los fines de la Ley Disciplinaria, las relaciones
contractuales entre el Estado y personas privadas, pues éstas son independientes en
cuanto no las liga al ente público lazo alguno de subordinación‖.
Se reitera, por ello lo afirmado en la Sentencia C-280 del 25 de junio de 1996 (M.P.: Dr.
ALEJANDRO MARTÍNEZ CABALLERO).
Así las cosas, no es correcto afirmar que en virtud de la suscripción de un contrato
estatal, sin consideración adicional, el particular ejerce una función pública. Por ello,
tampoco es dable sostener que algunas de las obligaciones derivadas de este
vínculo contractual, como, por ejemplo, el manejo y la inversión del anticipo sean
considerados como el ejercicio de una función pública.
4.6.2.2 Competencia de la Procuraduría General para investigar a particulares
186
Las mismas hipótesis fueron contempladas en el artículo 53 del CDU antes de ser modificado por la Ley
1474 de 2011.
187
Corte Constitucional, sentencia C-286 de 1996, M. P. JOSÉ GREGÓRIO HERNÁNDEZ GALINDO.
188
Corte Constitucional, sentencia C-037 de 2003, M. P. ÁLVARO TAFUR GALVIS.
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