Documento - Procuraduría General de la Nación

públicas. En Colombia, la Procuraduría General de la Nación juzga la conducta
posiblemente infractora de deberes en la órbita de una relación de especial sujeción,
esto es, deberes que poseen vigor vinculante dentro del ejercicio de una función
pública o administrativa; es decir, confronta la conducta de quienes cumplen
funciones públicas sujetas a un especial deber funcional y determina si en el ejercicio
de las mismas, se ha atentado contra los deberes, se ha incurrido en prohibiciones o
se ha violado el régimen de conflicto de intereses. La función de la Procuraduría es
esencial entonces en la lucha contra la corrupción y está supremamente interesada
en la lucha contra las organizaciones criminales conformadas, desafortunadamente,
por servidores del Estado, quienes en vez de servir se han aprovechado de sus
cargos o funciones para sus intereses personales.
La Procuraduría General de la Nación es consciente que este flagelo de la
corrupción debe ser combatido con estrategias fuertes y especializadas, estrategias
que comprendan una legislación interna rigurosa pero a la vez respetuosa de los
derechos humanos, autoridades comprometidas en la investigación y sanción de los
actos de corrupción. Una manifestación de esa lucha contra la corrupción a través de
los medios legales propios del Estado Social y Democrático de Derecho, son las
acciones disciplinarias que ha emprendido la Procuraduría, siendo, entre otras, la
que se ha acometido en la presente actuación.
Ahora bien, por respeto al debido proceso, en el presente expediente no se ha
investigado todo la corrupción del país, eso sería humana y procesalmente
imposible. Recuérdese que por cada conducta disciplinaria, por regla general, se
adelanta un solo proceso, sin desconocer que excepcionalmente existen reglas de
conexidad.
En tal sentido, el hecho que se hayan investigado conductas puntuales de corrupción
dentro de la presente actuación, no puede entenderse como una omisión de la
Procuraduría en la lucha legal contra la corrupción en todos sus órdenes, ni puede
deslegitimar la presente investigación, ni es una razón para proferir un fallo
absolutorio. Sería tanto como decir que no se investiga a alguien en particular
porque no se ha investigado toda la corrupción, si se razonara así, no se
investigarían ni los hechos concretos ni la totalidad de la corrupción.
Pero, a pesar de lo expuesto, el despacho no puede pasar por alto que la defensa
dentro de sus alegaciones ha puesto de presente actos de corrupción de los NULE,
en hechos en donde pueden estar comprometidos servidores públicos. Es más, ha
manifestado que, posiblemente, los NULE en alguna de esas conductas pudieron
haber actuado como interventores, como administradores de recursos públicos o
ejerciendo funciones públicas. La determinación del grado de responsabilidad en
esos hechos de los servidores públicos y de los NULE no es un tema que se pueda
resolver en el presente fallo, pero son hechos que preocupan a la Procuraduría
General de la Nación, que, como se acaba de exponer, está interesada en luchar
legalmente contra ese flagelo.
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