Documento - Procuraduría General de la Nación

De manera pues que, de conformidad con lo preceptuado por el artículo 150-2 de la
Constitución Política, le corresponde al Congreso de la República «Expedir los
códigos en todos los ramos de la legislación y reformar sus disposiciones», es decir,
goza el legislador, por mandato constitucional, de amplia libertad para definir el
procedimientos, actuaciones y acciones originadas en el derecho sustancial.
Por tanto, como lo tiene establecido la doctrina constitucional, el órgano legislativo
tiene una importante libertad de configuración legislativa, que le permite desarrollar
plenamente su función constitucional y, en ese orden de ideas, le corresponde
evaluar y definir las etapas, características, términos y demás elementos que
integran cada procedimiento judicial.
Las formas propias de cada juicio le permiten a las partes conocer cómo pueden
intervenir en éstas, para hacer efectivos sus derechos; las formas propias de cada
juicio corresponden a un derecho que sirve de instrumento para hacer operativos
otros, y por ello su desconocimiento constituye una violación a un derecho
fundamental.
No es el juez, ni el defensor, ni un acuerdo entre las partes y el juez, quienes pueden
decidir a su arbitrio que procedimiento se aplica, o crear unas formas que a su
parecer sean más eficaces y eficientes, pues por esta vía estaría usurpando
funciones propias del poder legislativo y violando el derecho fundamental de las
formas propias de cada juicio.
Cuando hablamos de formas propias de cada juicio no se discute si un proceso es o
no más garantista, el tema que está en discusión es el de la estricta reserva legal en
la creación de las formas, derecho con el que se hace efectivo el principio
democrático; solo el legislador, en un Estado Social de Derecho, puede crear las
formas, y a los jueces les está prohibido hacerlo, so pena de violar, además de las
formas propias de cada juicio, el principio democrático y el principio de legalidad, los
cuales hacen parte de la esencia del Estado Social Democrático de Derecho.
Sin embargo, ese poder del legislador no es absoluto, está limitado por los derechos
fundamentales reconocidos, más no creados, por el artículo 29 de la Constitución
Política a los que ya nos hemos referido en líneas anteriores. En este orden de
ideas, el legislador ha querido que el proceso disciplinario sea de naturaleza
administrativa, lo que es reconocido por el defensor, cuando manifiesta: «en
tratándose de estos actos que usted dicta, que son actos administrativos […] queda abierta
la vía ante la jurisdicción contenciosa» 43 . Esto justifica la razón de que esta actuación
sea inquisitiva, pues la revisión de su legalidad está fijada a otra autoridad.
No es cierto por tanto lo afirmado por la defensa, quien arguye que este tipo de
procesos no se da dentro de los parámetros del Estado de Derecho, por el contrario,
conforme a lo explicado, las formas procesales se expiden por la rama legislativa, la
investigación y la imposición de una sanción de tipo administrativo corresponde a la
43 Confrontar audiencia del 31 de mayo de 2011, DVD 4, cuaderno 7, folio 1531 inverso, pista 1, minuto 55:11
a 55:27.
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