Documento - Procuraduría General de la Nación

natural o legal; III. Favorabilidad; IV. Presunción de inocencia; V. Derecho a la
defensa; VI. Publicidad; VII. Celeridad y eficacia y VIII. Cosa juzgada.
Sin embargo, a la hora del juzgamiento no solo se deben tener en cuenta estos
derechos fundamentales sino todos, estén o no expresamente señalados en la Ley
734 de 2002, lo anterior por disposición del artículo 21 41 , que integra al Código
Disciplinario Único los tratados de derechos humanos ratificados por Colombia.
Ahora bien, estas normas no son un reconocimiento teórico, son sobre todo normas
prevalentes dentro del sistema disciplinario, tal como lo estipula el artículo 21
anteriormente mencionado. Por tanto, el quebrantamiento de cualquiera de estos
subprincipios constituye una violación al derecho fundamental del debido proceso y
el desconocimiento de uno de los límites del ius puniendi.
Entre los subprincipios que se mencionaron se encuentra el de las formas propias de
cada juicio, que se desprende del aparte del artículo 29 de la Constitución Política
que dice: «Nadie podrá ser juzgado sino […] con observancia de la plenitud de las formas
propias de cada juicio», ello significa que únicamente se puede juzgar con base en
leyes preexistentes, que son las que señalan las formas propias de cada juicio;
refiriéndose a este derecho fundamental, que hace parte del debido proceso, la
Corte Constitucional señaló:
Ahora bien, ¿Qué se entiende por formas propias de cada juicio? Pues son las reglas
—señaladas en la norma legal— que, de conformidad con la naturaleza de cada
juicio, determinan cada una de las etapas propias de un proceso y que, a su vez, se
constituyen en las garantías de defensa y seguridad jurídica para los intervinientes en
el respectivo litigio. Esas reglas, como es lógico, deben ser establecidas única y
exclusivamente por el legislador, quien, consultando la justicia y el bien común,
expide las pautas a seguir —con fundamento en la cláusula general de competencia
y, generalmente, a través de códigos (art. 150-2 C.P.) dentro de cada proceso
judicial. Es así como los procesos laborales, por ejemplo, contienen procedimientos
que difieren de lo dispuesto para los asuntos penales, o los administrativos, o las
controversias relativas al derecho de familia. Pero, además, debe tenerse en
consideración que al Congreso no le compete tan sólo expedir esas reglas: le
corresponde ante todo determinar la naturaleza de cada juicio para, con base en ello,
entonces sí establecer los procedimientos adecuados. Esto significa que no podría
argumentarse que una determinada ley desconociera la naturaleza, por ejemplo, de
un proceso civil o de uno comercial, pues —se reitera— es el mismo legislador quien
de forma autónoma e independiente señala en qué consisten y en qué se basan
dichos proceso, teniendo como única limitante los preceptos constitucionales. 42
[Negrillas por fuera del texto original]
41 El artículo 21 del Código Disciplinario Único señala: «Aplicación de principios e integración normativa.
En la aplicación del régimen disciplinario prevalecerán los principios rectores contenidos en esta ley y en la
Constitución Política. En lo no previsto en esta ley se aplicarán los tratados internacionales sobre derechos
humanos y los convenios internacionales de la OIT ratificados por Colombia, y lo dispuesto en los códigos
Contencioso Administrativo, Penal, de Procedimiento Penal y de Procedimiento Civil en lo que no contravenga
la naturaleza del derecho disciplinario.»
42 Confrontar sentencia C-140 de 1995 de la Corte Constitucional, M.P. Vladimiro Naranjo Mesa.
16