Documento - Procuraduría General de la Nación

Este derecho, según el concepto de la Corte Constitucional y de varios instrumentos
internacionales, tiene la categoría de fundamental. Por esta vía los particulares
solicitan a los jueces la protección tanto de sus garantías constitucionales como
legales y se fundamenta sobre la concepción de un Estado Social que, por
definición, no agota su pretensión ordenadora en la proclamación formal de los
derechos de las personas, sino que se configura a partir de su efectiva realización;
sobre este tema la Corte Constitucional dijo:
El derecho fundamental de acceso efectivo a la administración de justicia comprende
en su ámbito las sucesivas fases de tramitación de las peticiones de actuación que
se formulan al órgano de justicia y la respuesta que éste en cada caso dé a las
mismas. Por fuerza de las cosas el mencionado derecho cubre los dos ―tramos‖ que
corresponden respectivamente a los momentos de tramitación de peticiones.
Bajo esta perspectiva, la norma o el funcionario que impida a un ciudadano acudir
ante la administración de justicia o que desconociera sus derechos fundamentales
dentro de una actuación judicial, estaría trasgrediendo los artículos 2 y 229 de la
Constitución Política, tal violación se podría dar, por ejemplo, porque no existieran
acciones procesales que permitieran la defensa de los derechos, a porque en las
formas propias del juicio existieran omisiones legislativas relativas en desmedro de
las garantías de las partes o porque dentro del proceso se desconocieran los
derechos fundamentales del procesado, como por ejemplo la presunción de
inocencia o el in dubio pro reo.
El artículo 29 de nuestra Constitución Política consagra el derecho fundamental al
debido proceso, el cual a su vez está conformado por una serie de subprincipios.
Desde este punto de vista, como se repitió a través del proceso, las normas
procesales que se refieren a los derechos fundamentales que conforman el debido
proceso no pueden ser tenidas como normas adjetivas, sino que ellas son, sin lugar
a dudas, normas sustanciales. El debido proceso en materia disciplinaria constituye
una limitación al poder punitivo del Estado, en tanto que, como lo ha señalado la
Corte Constitucional:
[...] Comprende el conjunto de garantías sustanciales y procesales especialmente
diseñadas para asegurar la legalidad, regularidad y eficacia de la actividad
jurisdiccional en la investigación y juzgamiento de los hechos punibles, con miras a la
protección de la libertad de las personas, u otros derechos que puedan verse
afectados. Las aludidas garantías configuran los siguientes principios medulares que
integran su núcleo esencial: legalidad, juez natural o legal, favorabilidad, presunción
de inocencia, derecho a la defensa (derecho a la asistencia de un abogado, a
presentar y controvertir pruebas, a oponer la nulidad de las obtenidas con violación
del debido proceso, y a impugnar la sentencia condenatoria), debido proceso público
sin dilaciones injustificadas, y a no ser juzgado dos veces por el mismo hecho 40
En el anterior fallo, la Corte Constitucional puntualizó los derechos fundamentales
que constituyen el núcleo esencial del debido proceso, y estos son: I. Legalidad, que
en materia procesal debe entenderse como las formas propias de cada juicio, II. Juez
40 Sentencia T-039/96 M.P. Antonio Barrera Carbonell.
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