Documento - Procuraduría General de la Nación

Constitución Política. En lo no previsto en esta ley se aplicarán los tratados internacionales
sobre derechos humanos». Para el despacho es claro entonces que el límite del ius
puniendi, del cual el derecho disciplinario es una de sus emanaciones, viene dado
por los derechos fundamentales, entendidos estos como aquellos que son
consustanciales a la naturaleza de la persona. Lo que hace a una legislación justa es
reconocer la preexistencia de estos derechos y crear mecanismos idóneos para que
se hagan efectivos, solo así se logra que un orden jurídico sea justo.
La finalidad del derecho, entre ellos el derecho disciplinario, se repite, es lo justo, es
decir la voluntas ius suum cuique tribuendi, el darle a cada uno lo suyo, por eso el
artículo 20 del Código Disciplinario Único dispuso: «En la interpretación y aplicación de
la ley disciplinaria el funcionario competente debe tener en cuenta que la finalidad del
proceso es la prevalencia de la justicia […]». Para el caso del derecho disciplinario, esa
relación de dar a cada uno lo que corresponde se da entre la infracción al deber
funcional y la sanción. Quien infringe su deber le corresponde una sanción. Una
visión así de la justicia es contraria a la justicia utilitarista que hoy se ha venido a
llamar justicia premial.
Pero ante una situación tan grave como la imposición de una sanción, el legislador,
reconociendo derechos fundamentales del ajusticiado, le ha impuesto unos límites al
juez. Límites que procesalmente se han llamado garantías. No se puede aplicar
justicia con violación de los derechos fundamentales del ajusticiado, por la sencilla
razón de que no sería justicia. Uno de esos derechos fundamentales, a los que se
refirió la defensa en sus descargos y alegaciones finales, es el del debido proceso,
que es una derivación de uno más general que es el de tutela judicial efectiva.
La tutela judicial efectiva es una garantía que permite a cualquier persona, natural o
jurídica, acudir ante un juez en demanda de justicia, dentro de estas personas está
el disciplinado, quien acudirá ante el juez esperando que se le respeten sus
derechos fundamentales, de aquí que estos sean límites del ius puniendi. Para hacer
operativo este derecho, el Estado debe crear los instrumentos idóneos para permitir
a sus asociados el acceso a la jurisdicción, sin ningún tipo de trabas o dificultades; la
concreción de estos medios es una cuestión que deben definir los Estados dentro de
su soberanía y que da lugar al subprincipio de las formas propias de cada juicio.
Nuestra Constitución, en su artículo 229, dispuso que todas las personas tienen
derecho a acceder a la administración de justicia, bien sea a través de abogado o
directamente, cuando así lo señale la ley, e, igualmente, el artículo 2.º de la
Constitución precisó que las autoridades de la República están instituidas para
proteger a todas las personas residentes en Colombia, en su vida, honra, bienes,
creencias y demás derechos y libertades. Se quiere, con estas normas, que el
ciudadano, dentro del ámbito de un Estado democrático y participativo, tenga la
oportunidad, cuando lo considere necesario y oportuno, de acudir a la administración
de justicia en cualquiera de sus expresiones o manifestaciones para lograr que se le
dé lo suyo, es decir que haya justicia.
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