Documento - Procuraduría General de la Nación

momento, la contratación con el Distrito y, en un segundo momento, para no
perjudicarlos en la contratación en Bogotá, lo que, en el contexto en que se dio, tuvo
la condición de una verdadera amenaza.
En cuanto a su ilegalidad de esta prueba el despacho debe hacer las siguientes
consideraciones. El artículo 15 de la Constitución Política dispone:
Todas las personas tienen derecho a su intimidad personal y familiar y a su buen
nombre, y el Estado debe respetarlos y hacerlos respetar […]
En la recolección, tratamiento y circulación de datos se respetarán la libertad y
demás garantías consagradas en la Constitución.
La correspondencia y demás formas de comunicación privada son inviolables. Sólo
podrán ser interceptadas o registradas mediante orden judicial, en los casos y con
las formalidades que establezca la ley […]
Derecho que también está consagrado en el Pacto Internacional de Derechos Civiles
y Políticos, en su artículo 17.1, instrumento internacional ratificado por el Congreso
de la República mediante Ley 74 de 1968. El artículo en mención señala: «Nadie será
objeto de injerencias arbitrarias o ilegales en su vida privada, su familia, su domicilio o su
correspondencia, ni de ataques ilegales a su honra y reputación. Toda persona tiene
derecho a la protección de ley contra esas injerencias o esos ataques».
También lo hace el Convenio para la Protección de los Derechos Humanos y las
Libertades Fundamentales, en su artículo 8.1, que indica: «Toda persona tiene
derecho al respeto de su vida privada y familiar, de su domicilio y de su correspondencia».
Y la Convención Americana sobre Derechos Humanos, Pacto de San José de Costa
Rica, ratificada por Colombia mediante Ley 16 de 1972, prevé en el artículo 11.2:
«Nadie puede ser objeto de injerencias arbitrarias o abusivas en su vida privada, en la de
su familia, en su domicilio o en su correspondencia, no de ataques ilegales a su honra o
reputación. Toda persona tiene derecho a la protección de la ley contra esas injerencias o
esos ataques».
En tal contexto, la jurisprudencia ha entendido que este derecho fundamental,
reconocido por la Constitución Política y los instrumentos internacionales antes
citados, implica:
exigir de los demás el respeto de un ámbito exclusivo que incumbe solamente al
individuo, que es resguardo de sus posesiones privadas, de sus propios gustos y de
aquellas conductas o actitudes personalísimas que no está dispuesto a exhibir, y en
el que no caben legítimamente las intromisiones externas. […] Adicionalmente,
puede decirse que el derecho a la intimidad es un derecho disponible. Ciertas
personas, según su criterio, pueden hacer públicas conductas que otros optarían por
mantener reservadas 527
Nuestra Corte Constitucional, respecto del derecho a la intimidad, ha considerado
que se vulnera de tres maneras:
527 Corte Constitucional, Sentencia T-552 de 1997, M. P. VLADIMIRO NARANJO MESA.
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