La imperfecta regulación de las costas en la tercería de mejor ...

La imperfecta regulación de las costas en la tercería de mejor derecho
M.ª José ACHÓN BRUÑÉN
Doctora en Derecho Procesal
Diario La Ley, Nº 7623, Sección Doctrina, 5 May. 2011, Año XXXII, Editorial LA LEY
LA LEY 5876/2011
En este artículo se analizan las lagunas e imperfecciones existentes en materia de costas en el juicio
declarativo de tercería de mejor derecho, así como las repercusiones prácticas y la problemática que
plantea que el tercerista deba adelantar al ejecutante las 3/5 partes de las costas del proceso de
ejecución si sus pretensiones resultan estimadas
Normativa comentada
L 1/2000 de 7 Ene. (Ley de Enjuiciamiento Civil)
LIBRO III. De la ejecución forzosa y de las medidas cautelares
TÍTULO IV. De la ejecución dineraria
CAPÍTULO III. Del embargo de bienes
SECCIÓN 4.ª. DE LA
PRIORIDAD DEL EMBARGANTE
Y DE LA TERCERÍA DE MEJOR
DERECHO
Artículo 620.
Efectos de la
sentencia.
Costas de la
tercería y
participación del
tercerista en los
costes de la
ejecución.
I. INTRODUCCIÓN
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La interposición de una tercería de mejor derecho, y su ulterior estimación, constituye una
importante perturbación del proceso de ejecución, que repercute no sólo en el orden de pago de
lo obtenido en la enajenación forzosa sino también en el abono de las costas del proceso de
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ejecución en donde el legislador viene a involucrar al tercerista sin reparar en las consecuencias
prácticas de dicha previsión legal.
Las peculiaridades propias del juicio de tercería de mejor derecho se reflejan también en el
régimen de costas de dicho juicio declarativo que se separa en singulares aspectos de la
normativa general contenida en los arts. 394 y ss. LEC.
La problemática suscitada en la praxis justifica un análisis de estas cuestiones,
incomprensiblemente descuidadas por la doctrina, y que merecen un estudio detallado.
II. PECULIARIDADES EN MATERIA DE COSTAS EN EL JUICIO
DECLARATIVO DE TERCERÍA DE MEJOR DERECHO
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En sede de tercería de mejor derecho existe una regulación específica en materia de costas
contenida en el art. 620.1.II LEC, el cual predica que si la sentencia desestimara la tercería
condenará en todas las costas de ésta al tercerista, mientras que si la estimare las impondrá al
ejecutante que hubiera contestado a la demanda y, si el ejecutado hubiere intervenido
oponiéndose también a la tercería, las impondrá a éste, por mitad con el ejecutante, salvo
cuando, por haberse allanado el ejecutante, la tercería se hubiera sustanciado sólo con el
ejecutado, en cuyo caso las costas se impondrán a éste en su totalidad.
Dicho precepto incurre en omisiones e imprecisiones que van a ser objeto de nuestro estudio a
continuación:
1. Problemática acerca del reparto de las costas en caso de que haya varios
ejecutados y un ejecutante vencidos ¿por partes iguales o por mitad?
El art. 620.1.II LEC se limita a prescribir que en caso de estimarse totalmente la tercería se
impondrán las costas por mitad al ejecutante que hubiera contestado a la demanda y al ejecutado
que se hubiera opuesto (1) .
El ejecutado podrá oponerse cuando por constar el crédito del tercerista en título ejecutivo haya
sido demandado o cuando, no ostentando su crédito tal carácter, haya intervenido
voluntariamente en el proceso ex art. 13 LEC dado su interés legítimo en el resultado del pleito.
El problema que el texto legal suscita es que hubiere varios ejecutados que se hubieren opuesto
a la tercería y que ésta fuera estimada, planteándose la cuestión de si la condena en costas será
por partes iguales para todos los demandados o por mitad a la parte ejecutante y a la ejecutada
(con independencia del número de ejecutados). Una interpretación literal del mentado precepto
avala esta última tesis, pues resulta evidente que el art. 620.1.II señala que la mitad será a cargo
del ejecutante y la otra mitad del ejecutado, por lo que procede entender que el legislador no sólo
se pronuncia acerca del carácter mancomunado de la condena en costas sino también respecto
de cómo ha de ser el reparto entre los vencidos (2) .
2. Inexistencia de condena en costas al demandado con mala fe que se
allane o que no conteste a la demanda
El art. 395.1 LEC con carácter general dispone que si el demandado se allanare antes de
contestar la demanda, no se le impondrán las costas, salvo que el tribunal, razonándolo
debidamente, aprecie su mala fe, debiendo entenderse incluido en la ratio del precepto el
allanamiento efectuado en la propia contestación a la demanda aunque no el allanamiento del
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ebelde que sin haber contestado la demanda —y, por tanto, antes de la contestación— se
personare para allanarse (3) .
En sede de tercería de dominio existe similar previsión normativa en el art. 603.2 donde se
dispone la no imposición de costas a los demandados que no contesten la demanda, salvo que el
tribunal, razonándolo debidamente, aprecie mala fe en su actuación procesal.
Por el contrario, en la tercería de mejor derecho el art. 620.1.II LEC tan sólo contempla de modo
categórico, y sin excepción alguna, la condena en costas en caso de estimación de la tercería
cuando los demandados hubieran contestado a la misma o se hubiesen opuesto (4) , por lo que,
nos pese o no, de la literalidad legal se infiere que la ausencia de contestación —que a tenor del
art. 618 supone admisión de hechos— no merece la imposición de costas, ni siquiera en casos de
mala fe. Bien es cierto que alguna resolución se pronuncia en sentido contrario, considerando
aplicable por analogía lo previsto en el art. 603.2 LEC para la tercería de dominio (5) , pero con
carácter mayoritario se considera más adecuado entender que si el legislador hubiera pretendido
la condena en costas en caso de mala fe se hubiera pronunciado en similares términos que para
la tercería de dominio (6) .
El art. 620.1.II se considera lex specialis de aplicación preferente al art. 395.1.II LEC, el cual
establece, como presunción iuris et de iure, que se entenderá que, en todo caso, existe mala fe, si
antes de presentada la demanda se hubiese formulado al demandado requerimiento fehaciente y
justificado de pago, o si se hubiera dirigido contra él demanda de conciliación. No se puede
entender merecedor de la condena en costas al ejecutante que se hubiera allanado antes de
contestar la demanda aun cuando el tercerista le hubiere requerido con anterioridad a la
presentación de la tercería para que reconociera su preferencia, pues la conformidad de éste no
hubiera bastado para obtener un pronunciamiento de preferencia, ya que su aceptación unilateral
ocasionaría indefensión al ejecutado, al que se debe otorgar la posibilidad de oponerse al crédito
del tercerista aun en el caso de que conste en un título ejecutivo, no bastando con un acuerdo
extraprocesal de los dos acreedores para cambiar el destino inicial de la ejecución despachada.
En todo caso, cuando hubieran sido demandados en la tercería el ejecutante y el ejecutado, y
sólo uno no contestare la demanda o se allanare antes de contestar a la misma, en tanto que el
juicio seguirá con el otro, éste cargará con el total de las costas si se hubiere opuesto y la tercería
fuere estimada y lo propio puede predicarse cuando no habiéndose demandado al ejecutado por
constar el crédito del tercerista en título ejecutivo, éste hubiere intervenido en el proceso para
oponerse.
3. Indebida omisión de la posibilidad de apreciar dudas de hecho o de
derecho
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En la vigente LEC rige el principio del vencimiento objetivo, lo que conlleva la imposición de
costas a la parte que haya visto rechazadas todas sus pretensiones ( art. 394.1 LEC), expresión
legal que debe ser interpretada lato sensu, y no en su mera acepción técnico-jurídica, pues si así
fuere tan sólo podría ser condenado en costas el demandante o el demandado reconviniente que
son los que en puridad ejercitan pretensiones; sin embargo, también procede condenar en costas
al demandado si la sentencia es estimatoria de la demanda aunque ni siquiera haya comparecido
habiendo sido declarado en rebeldía (7) .
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El principio victus victori cuenta como criterio moderador la apreciación de serias dudas de hecho
o derecho, expresión que se halla subordinada a la discrecionalidad razonada del juzgador de
instancia (8) que deberá justificar la no imposición de las costas cuando el desarrollo de la
actividad probatoria practicada admita diferentes interpretaciones (dudas de hecho) (9) o cuando
exista jurisprudencia contradictoria o inexistencia de la misma en casos de normas de nueva
existencia (dudas de derecho) (10) .
En sede de tercería de mejor derecho no se contempla expresamente dicha matización, lo que
resulta criticable, suscitando el problema de si puede excepcionarse la imposición de costas al
vencido cuando se aprecien serias dudas de hecho o de derecho, lo que a nuestro juicio merece
una respuesta afirmativa siempre que se razone debidamente (11) , pues en otro caso se
perjudicaría indebidamente a aquel cuyas pretensiones han sido finalmente desestimadas a pesar
de las circunstancias fácticas o jurídicas dudosas que han rodeado al supuesto debatido, pues si
bien es cierto que estas dudas —especialmente las de derecho— repercuten en la propia
seguridad jurídica, ya que pudiera parecer que la solución del litigio proviene de una situación
alternativa o contingente, al menos no se debe causar un perjuicio añadido al que finalmente ha
resultado vencido imponiéndole las costas.
4. Olvido legal de los supuestos de estimación parcial
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El legislador parece no reparar en que la tercería de mejor derecho también puede ser estimada
parcialmente. Así, el tercerista ha podido alegar diversas preferencias especiales sobre los bienes
embargados y tan sólo estimarse algunas de ellas, en cuyo caso ante la omisión legal y dado que
en sede de tercería de mejor derecho no se establece disposición en contrario, no resta sino
acudir a la normativa general reguladora de las costas, en concreto al párrafo segundo del art.
394 LEC conforme al cual cada parte deberá abonar las costas causadas a su instancia y las
comunes por mitad a no ser que hubiere méritos para imponérselas a una de ellas por haber
obrado con temeridad (12) .
De todos modos, no se puede aplicar este mismo criterio cuando el tercerista hubiera alegado
una preferencia general sobre el patrimonio del deudor junto con otra especial respecto de alguno
de los bienes embargados y se estimare su preferencia general desestimando la especial, ya que
ello supondrá un vencimiento total al haberse producido una estimación sustancial de la demanda
y lo propio cuando se hubiera acumulado eventualmente a una tercería de dominio otra de mejor
derecho y fuere estimada una de ellas, al no ser posible conceder ambas peticiones al mismo
tiempo.
No obstante, parte de la doctrina (13) y de la jurisprudencia menor (14) considera que en estos
casos si bien puede entenderse como vencimiento total la estimación de la primera pretensión,
por el contrario, cuando se estima la subsidiaria nos encontramos ante una estimación parcial,
pues no resulta indiferente al actor cuál se acoja, debiendo entenderse que pretende que se
estime la pretensión invocada como principal, por lo que si se estimare la subsidiaria a nadie se
oculta que en puridad se ha producido una desestimación de la pretensión principal, lo que
permite, cuando menos, atemperar la automática aplicación del vencimiento total (15) .
5. Silencio acerca de las costas en caso de desistimiento del tercerista
El legislador tan sólo ha contemplado el desistimiento del ejecutante a la ejecución a
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consecuencia de la interposición de una tercería de mejor derecho, obviando el supuesto en que
el tercerista desista de la tercería, a lo que se asimilaría el sobreseimiento previsto en el art. 414.3
LEC por la no comparecencia en legal forma de la parte actora en la audiencia previa, a menos
que el demandado alegare interés legítimo en que continuare el procedimiento.
En estos supuestos, pudiera pensarse que la solución se encuentra en las disposiciones
generales en materia de costas, en concreto en el art. 396 LEC, el problema es que tampoco
dichas previsiones se muestran claras ni adecuadas.
En esta tesitura, lo único que no resulta discutible es que no se impondrán las costas al actor
cuando al conferir traslado a los demandados personados por diez días éstos lo consientan o no
se opusieren expresamente. No obstante, en caso de oposición del demandado el art. 396 no
contempla el pronunciamiento en costas, pues tan sólo prevé en su apartado primero la condena
en costas al actor en los casos en que el desistimiento no hubiera de ser consentido por el
demandado por no estar personado, previsión normativa que tampoco resulta adecuada, pues es
lógico pensar que si la parte demandada no se ha personado no habrá gasto alguno que
repercutir a la actora en concepto de costas.
En todo caso, estimamos que tampoco deberá existir pronunciamiento sobre costas cuando el
Juez repute legítima la voluntad de apartarse del proceso e infundada la oposición al
desistimiento (16) , ya que la oposición ha de ser fundamentada, de manera que la oposición
meramente formal ha de quedar equiparada al mero consentimiento con el efecto de no conllevar
imposición de costas, pues para que proceda la condena en costas del actor que desiste debe
darse no sólo una oposición del demandado o negativa a prestar su consentimiento a tal
desistimiento, sino también una razonabilidad de la negativa a prestar su conformidad al mismo
(17) .
Procede preguntarse si la oposición al desistimiento se puede fundar exclusivamente en las
costas (18) , no existiendo unanimidad en la jurisprudencia menor: por un lado, un sector se
muestra favorable, entendiendo que en estos casos procede la imposición de las costas al
desistido (19) ; por el contrario, otro sector sostiene que para que las costas puedan ser
impuestas es precisa la más clara, expresa y rotunda oposición al desistimiento, no pudiendo
oponerse el demandado a los solos efectos de que se impongan las costas al actor (20) ;
asimismo, algunas resoluciones adoptan una tesis ecléctica, lo que reconduce la decisión a la
discrecionalidad del Juez al amparo del art. 20.3 in fine, quien deberá resolver la cuestión en
función de las circunstancias de cada caso, atendiendo a los principios tradicionales trazados por
la jurisprudencia en materia de costas (causalidad, imputabilidad, lealtad, buena o mala fe
procesal) (21) .
El art. 396.2 tampoco contempla el caso de que sean varios los demandados —como puede
ocurrir en la tercería de mejor derecho— y uno se opusiere al desistimiento del actor y otro lo
consintiere, sino tan sólo el supuesto de que siendo varios los demandados todos consientan el
desistimiento («si el desistimiento que pusiere fin al proceso fuere consentido por el demandado o
demandados...»), obviando la diversidad de pareceres. En estas situaciones, estimamos que lo
más oportuno es que el Juez decida, ponderando las circunstancias concurrentes, sobre la
procedencia de la continuación del pleito.
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III. EFECTOS DE LA ESTIMACIÓN DE UNA TERCERÍA DE MEJOR
DERECHO EN LAS COSTAS DEL PROCESO DE EJECUCIÓN
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El art. 620.2 LEC prescribe que cuando la sentencia estimase la tercería de mejor derecho, no se
entregará al tercerista cantidad alguna procedente de la ejecución, mientras no se hayan
satisfecho al ejecutante las tres quintas partes de las costas causadas en ésta hasta el momento
en que recaiga en aquella sentencia.
En similares términos, el art. 619.1 dispone que cuando el crédito del tercerista conste en título
ejecutivo, si el ejecutante se allanase a la tercería de mejor derecho, se dictará, sin más trámites,
auto ordenando seguir adelante la ejecución para satisfacer en primer término al tercerista, pero
el Secretario judicial no le hará entrega de cantidad alguna sin haber antes satisfecho al
ejecutante las tres quintas partes de las costas y gastos originados por las actuaciones llevadas a
cabo a su instancia hasta la notificación de la demanda de tercería y lo propio cuando el crédito
del tercerista no conste en título ejecutivo y el ejecutado se mostrase conforme con el
allanamiento o dejara transcurrir el plazo de cinco días concedido al efecto sin expresar su
disconformidad.
La expresión que utiliza el art. 619.1 (tres quintas partes de las costas y gastos originados) es una
forma larga y equívoca de referirse a las costas causadas en la ejecución (22) que lleva a
confusión, pues en modo alguno se pueden tener en cuenta aquellos gastos o desembolsos
efectuados por el ejecutante que, aun teniendo su origen inmediato en la ejecución, no puedan
ser calificados como costas procesales de acuerdo con lo dispuesto en el art. 241 LEC (23) , por
lo que sería oportuno que el legislador modificara dicho precepto cambiando dicha expresión por
la utilizada en el art. 620.2 que se refiere sólo a las costas —sin mencionar los gastos— cuando
dispone que en caso de estimarse la demanda de tercería, el tercerista deberá satisfacer al
ejecutante las tres quintas partes de las costas causadas en la ejecución hasta el momento en
que recaiga en aquella sentencia.
Dichas costas pertenecen al proceso de ejecución, por lo que no resulta necesario que la
resolución acordando el allanamiento o la sentencia estimando la tercería haga mención expresa
a las mismas, pues aunque no las mencione, la exigencia de su adelanto previo por parte del
tercerista se impone ex lege (24) .
El abono al ejecutante del porcentaje de tres quintas partes de las costas y no de cualquier otro
fue una opción particular del legislador de la LEC 1/2000 (25) que optó por dicho porcentaje
intentando encontrar un equilibrio entre el provecho obtenido por el tercerista y los costes de las
actividades ejecutivas abonados por el ejecutante que van a repercutir en beneficio de aquél.
En principio, justo parece que si los beneficios de las actividades ejecutivas instadas por el
ejecutante revierten directamente en el tercerista cuyas pretensiones sean estimadas al menos
cargue con parte de dichas costas; no obstante, las previsiones legales no resultan del todo
satisfactorias por los motivos que van a ser objeto de nuestro análisis a continuación:
1. Establecimiento de un privilegio crediticio al margen de la normativa
reguladora de la prelación de créditos
La preferencia de un crédito es una condición, cualidad o atributo intrínseco del mismo que se
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atribuye por normas sustantivas en atención a criterios de política legislativa, cuyo objeto es la
anteposición en el cobro en caso de concurrencia con otros créditos, frente al criterio general de
la par conditio creditorum, no es un derecho real sino una cualidad del crédito de carácter
personal.
Resulta cuando menos paradójico que en el procedimiento de tercería de mejor derecho que es
un juicio que versa precisamente sobre la preferencia del crédito del tercerista frente al del
ejecutante, se establezca ex lege, en una norma de carácter procesal, una preferencia crediticia a
favor del ejecutante de carácter prioritario a cualquier norma de prelación de créditos, pues con
independencia del crédito invocado por el tercerista y reconocido al mismo, el ejecutante tendrá
un derecho de cobro preferente de las tres quintas partes de las costas de la ejecución sin
necesidad de solicitud de parte (26) .
Ha sido objeto de crítica que se intenten garantizar los derechos económicos del acreedor
ejecutante estableciendo un orden de prioridad en el pago a favor del ejecutante con carácter
excluyente respecto de parte de las costas, lo que se ha catalogado como una tercería dentro de
la tercería (27) , máxime cuando el abono previo de dicho porcentaje de costas va a alargar
indebidamente el cobro por parte del tercerista.
De todos modos, dicho pago se efectuará con lo obtenido en la ejecución, sin que el tercerista
deba adelantar su importe si no hubiera cobrado todavía (28) , lo que conlleva dos
consecuencias:
Por un lado, en el caso de que al tercerista se le reconozca un privilegio general, pero que por
inexistencia de bienes del ejecutado no pueda hacerlo efectivo por no haberse embargado ningún
bien, en modo alguno deberá abonar importe alguno en concepto de costas al ejecutante.
Por otro lado, cuando lo obtenido en la ejecución fuere suficiente no sólo para pagar al tercerista
sino también para cubrir todo el importe reclamado por el ejecutante incluidas las costas, no
resultará necesario que se detraiga de lo que se debe entregar al tercerista cantidad alguna.
En todo caso, el tercerista no debe soportar en último término el pago de las tres quintas
partes de las costas que debe adelantar al ejecutante sino que ulteriormente podrá
reclamarlas al ejecutado (a menos que éste tenga el beneficio de justicia gratuita y en tres
años no venga a mejor fortuna o de que termine la ejecución por revocarse la sentencia
ejecutada provisionalmente, supuesto que analizaremos infra), pero no tendrá respecto a
ellas la preferencia que le ha sido reconocida en relación a su crédito, sino que se
encontrarán subordinadas al previo pago al ejecutante de la cantidad debida, incluidas las
dos quintas partes restantes de las costas de la ejecución.
2. Dificultad de hallar el importe exacto de las 3/5 partes de las costas del
proceso de ejecución antes de su terminación y legitimación del tercerista
para impugnar la tasación
La tasación de costas se practica una vez finalizado el proceso de ejecución, por lo que el
legislador parece no reparar en la dificultad que supone que el tercerista deba adelantar al
ejecutante las tres quintas partes de las costas antes de su previa tasación, pues la ejecución
continuará hasta la total satisfacción del ejecutante aunque el pago a éste deba subordinarse al
del tercerista.
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A estos efectos, pudiera llegar a entenderse que se debe practicar una previa tasación de costas,
comprendiendo las devengadas en la ejecución hasta la notificación de la demanda de tercería al
ejecutante en caso de terminación de la tercería por allanamiento del mismo ( art. 619.1 LEC) o
hasta la sentencia estimatoria de la tercería (art. 620.2) a los solos efectos de que el tercerista
abone al ejecutante las tres quintas partes de las mismas antes de cobrarse su crédito, sin
perjuicio, en el caso de continuar el proceso de ejecución, de practicar una ulterior tasación de
costas cuando éste concluya.
En estos casos, se debería conceder al tercerista legitimación para impugnar la tasación de
costas ora por el concepto de indebidas ora por el de excesivas dado que cuanto menor sea su
importe menos cantidad deberá adelantar al ejecutante antes de cobrarse su crédito, pues
aunque bien es cierto que como regla general tan sólo las partes tienen legitimación para
impugnar la tasación de costas, a nadie se oculta que el tercerista ostenta un interés directo y
legítimo (29) y de hecho, el art. 616.2 LEC le permite intervenir en la ejecución desde que se
admita a trámite la tercería si su crédito consta en título ejecutivo o desde que se estime la
tercería si su crédito no ostenta tal carácter.
3. Ejecutado con asistencia jurídica gratuita: problemática acerca de si el
tercerista debe adelantar las 3/5 partes de las costas al ejecutante siendo
que éste no las hubiera podido cobrar del ejecutado
En los casos en que el ejecutado ostente el beneficio de asistencia jurídica gratuita, aunque
podrán tasarse las costas (30) , en modo alguno podrán ser objeto de reclamación (31) , a menos
que en los tres años siguientes el deudor viniere a mejor fortuna (32) , pues en otro caso el
ejecutado podrá oponerse a la ejecución alegando la inexigibilidad de dicha reclamación con base
en el art. 36.2 LAJG (33) . El problema es que este motivo de oposición no se encuentra
comprendido en las tasadas causas de oposición a la ejecución contempladas en la LEC; si bien,
lo más adecuado es reconducir esta impugnación a la vía de los defectos procesales por no
cumplir el documento presentado los requisitos legales para llevar aparejada ejecución ( art.
559.1.3.º), lo que confirma que se trata de un título por sí solo inejecutable (34) .
Procede preguntarse si dado que el ejecutante no puede reclamar las costas al ejecutado, tendrá
obligación el tercerista de mejor derecho de abonarle las tres quintas partes de éstas antes de
cobrarse su crédito. A nuestro juicio, dicha cuestión merece una respuesta positiva, sin perjuicio
del derecho del tercerista de recobrar dicho porcentaje de costas si el ejecutado viniere a mejor
fortuna en los tres años siguientes y así se acreditare.
4. Inexistencia de la obligación del tercerista de adelantar parte de las
costas al ejecutante si éste desistiere de la ejecución
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Cuando el ejecutante desista de la ejecución, el ejecutante no tendrá derecho a que el tercerista
le reembolse las tres quintas partes de las costas hasta la notificación de la demanda de tercería.
Asimismo, cuando la ejecución continúe con el tercerista tampoco tendrá derecho el ejecutante
desistido al sobrante existente tras pagar a aquél —a diferencia de si se allanare a la tercería y
continuara la ejecución para satisfacer primero al tercerista—, pues el desistimiento conlleva el
alzamiento de los embargos y de sus medidas de garantía, por lo que el ejecutante ya no tendrá
ningún derecho sobre los bienes del ejecutado.
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El apartado segundo del art. 619 LEC ha sido reformado por la Ley 13/2009, ya que con
anterioridad cuando el ejecutante desistía y el crédito del tercerista constaba en título ejecutivo
dicho apartado segundo remitía al anterior, donde se regula el allanamiento del ejecutante a la
tercería, de lo que se infería que se debía dictar auto mandando seguir adelante la ejecución para
satisfacer en primer término al tercerista, previa satisfacción por éste al ejecutante de las tres
quintas partes de las costas de la ejecución.
Asimismo, el legislador ha eliminado de dicho párrafo la referencia a que no es precisa la
audiencia del ejecutado para seguir la ejecución con el tercerista cuyo crédito conste en título
ejecutivo en caso de desistimiento del ejecutante, lo que no significa a sensu contrario que con la
actual regulación dicha audiencia se convierta en necesaria, pues en tal caso dicha exigencia se
debería haber establecido expresamente, lo que ocurre es que como ya no se remite al trámite
relativo al allanamiento del ejecutante, tampoco es necesario matizar dicho extremo.
En todo caso, cuando el tercerista cuyo crédito conste en título ejecutivo pase a subrogarse en la
posición del ejecutante en el proceso de ejecución entendemos que en aras de salvaguardar el
principio de contradicción, se deberá conceder al ejecutado la posibilidad de oponerse ex art. 556
y ss. LEC en los diez días siguientes a que se le notifique el decreto de continuación de la
ejecución para satisfacer al tercerista. En estos casos, se produce una modificación de la cuantía
de la ejecución, pues el tercerista pasa a reclamar el importe de su crédito, con independencia de
cuál haya sido la cantidad por la que en un principio se despachara ejecución.
Procede preguntarse si el ejecutado estará obligado al abono de las costas que se hayan
devengado en la ejecución hasta el desistimiento del ejecutante dado que el desistimiento nunca
conlleva la condena en costas al demandado. En nuestra opinión, no parece coherente que el
ejecutante que haya desistido pueda instar la tasación de costas hasta dicho momento en aras de
resarcirse de los gastos que haya tenido que sufragar aunque a nadie se oculta que deberá
cargar con unos gastos que van a aprovechar al tercerista dado que la ejecución en puridad no
concluye sino que continúa con éste.
A nuestro juicio, no es una buena decisión por parte del ejecutante optar por el desistimiento de la
ejecución ante la interposición de una tercería de mejor derecho porque ni tendrá derecho al
sobrante ni al reembolso de las tres quintas partes de las costas de la ejecución. Además, en
caso de que el título ejecutivo sea de carácter procesal o arbitral dicho desistimiento conlleva un
perjuicio añadido, pues se reanuda el cómputo del plazo de cinco años de caducidad de la acción
ejecutiva ( art. 518 LEC) (35) , por lo que si no interpone nueva demanda ejecutiva antes de que
expire dicho plazo, perderá el derecho a reclamar ejecutivamente su crédito, sin que tampoco
pueda acudir a un nuevo juicio declarativo porque operarán los efectos de la cosa juzgada. Sin
embargo, si no desiste del proceso de ejecución, aun cuando el ejecutado no tenga en ese
momento bienes con los que poder satisfacer al tercerista y al ejecutante, aunque la ejecución
quede paralizada durante años, nunca se podrá tener por caducada la instancia ( art. 239 LEC).
En el caso de que el crédito del tercerista no constare en título ejecutivo, resulta procesalmente
discutible que la ejecución pueda continuar con el tercerista en caso de desistimiento del
ejecutante si el ejecutado se mostrare de acuerdo en que prosiga (tal y como prevé el art. 619.2
LEC), pues se permite a un acreedor sin título ejecutivo ostentar la posición de ejecutante en un
proceso de ejecución. De todos modos, en la praxis no resulta habitual que el ejecutado otorgue
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dicho consentimiento, por lo que el Secretario Judicial dictará decreto de desistimiento dando por
finalizado el proceso de ejecución, sin que el ejecutado esté obligado al pago de las costas de la
misma.
5. Abono de las 3/5 partes de las costas hasta la notificación de la demanda
de tercería —y no hasta la sentencia— en caso de allanamiento del
ejecutante
De conformidad con lo previsto en el art. 619.1 LEC cuando el crédito del tercerista conste en
título ejecutivo, si el ejecutante se allanase a la tercería de mejor derecho, se dictará, sin más
trámites, auto ordenando seguir adelante la ejecución para satisfacer en primer término al
tercerista, pero el Secretario judicial no le hará entrega de cantidad alguna sin haber antes
satisfecho al ejecutante las tres quintas partes de las costas y gastos originados por las
actuaciones llevadas a cabo a su instancia hasta la notificación de la demanda de tercería.
El mentado precepto resulta impreciso, pues el proceso de ejecución sólo seguirá para satisfacer
primero al tercerista si su preferencia fuere general; en otro caso, es decir si fuere especial,
seguirá con el tercerista únicamente en cuanto al bien sobre el que ostenta dicha preferencia, y
respecto de los demás bienes del ejecutado conservará todos sus derechos el ejecutante.
Resulta criticable que en caso de allanamiento del ejecutante a la tercería no se conceda al
ejecutado la posibilidad de oponerse más que cuando el crédito del tercerista no conste en título
ejecutivo y se encontrare personado, en cuyo caso si se opusiere en los cinco días concedidos al
efecto, la tercería continuará sólo con dicho ejecutado.
El legislador parece no reparar en que aunque el crédito del tercerista conste en título ejecutivo se
ha de conceder al ejecutado la oportunidad de oponerse a la ejecución por las causas
contempladas legalmente ( arts. 556 y ss. LEC), puesto que si el tercerista hubiese iniciado contra
él un proceso de ejecución hubiera podido alegarlas (36) .
De todos modos, cuando el crédito del tercerista no constare en título ejecutivo no se vulnera el
derecho de defensa del ejecutado por el hecho de no concederle traslado del allanamiento del
ejecutante, pues siendo que en estos casos es obligatorio demandar al ejecutado en la tercería si
el mismo ha sido emplazado y ha expirado el plazo para contestar la demanda sin verificarlo, en
principio se deduce que no tiene intención de atacar la existencia del crédito del tercerista.
No obstante, cuando el ejecutante se allanare antes de que el ejecutado hubiera tenido
conocimiento del proceso, será oportuno que el juez no dicte resolución de allanamiento hasta
que expire el plazo para personarse el ejecutado.
En todo caso, procede reseñar que si el ejecutante se allana a la tercería sin oposición del
ejecutado y la ejecución continúa para satisfacer en primer término al tercerista, sólo se
reembolsarán al ejecutante las tres quintas partes de las costas del proceso de ejecución hasta la
notificación de la demanda de tercería de mejor derecho (y no hasta la sentencia estimatoria de la
tercería), lo que ha sido objeto de crítica por parte de la doctrina puesto que la decisión de
allanarse o no a la demanda no tiene por qué ser temeraria (37) , lo que se explica por otro sector
doctrinal (38) con el argumento de que dicha limitación temporal obedece a que a partir de la
notificación de la demanda de tercería el ejecutante cobra conciencia de que las actividades
ejecutivas pueden no beneficiarle directamente, por lo que si el ejecutante no desea incurrir en
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más costas puede omitir las actuaciones que las provocan, dejando que sea el tercerista quien las
inste.
No contempla la LEC el supuesto en que siendo el ejecutado demandado en la tercería, por no
constar el crédito del tercerista en título ejecutivo, se allane a la misma; si bien, dicha actuación
ningún efecto negativo ocasionará al ejecutante, que no sólo podrá defender la preferencia de su
crédito sino también, y como presupuesto previo de dicho carácter preferente, podrá discutir la
propia existencia del crédito del tercerista (39) .
6. Posibilidad de compensar el porcentaje de costas que debe abonar el
tercerista con los gastos que él mismo hubiera efectuado si hubiera
intervenido en el proceso de ejecución
El tercerista de mejor derecho podrá intervenir en la ejecución desde que se admita la demanda
de tercería si su crédito consta en título ejecutivo o desde que se dicte sentencia estimatoria si su
crédito no ostentare tal carácter a tenor de lo previsto en el art. 616.2 LEC (40) . En este último
caso, parte de la doctrina entiende (41) que el tercerista podrá intervenir aun cuando la sentencia
estimando la tercería haya sido recurrida, ya que al obtener un pronunciamiento —aunque no sea
firme— sobre su crédito, consigue un título ejecutivo para la ejecución provisional; sin embargo,
por nuestra parte, no comulgamos con dichos postulados, pues con base en el art. 517.2.1.º LEC
no se puede considerar que una sentencia que no ha adquirido firmeza pueda considerarse título
ejecutivo, máxime teniendo en cuenta que no es posible predicar la ejecución provisional de una
sentencia estimatoria de una tercería de mejor derecho.
De todos modos, cuando el crédito del tercerista figurare en título ejecutivo, el tercerista podrá
intervenir en el proceso de ejecución desde el mismo momento de la admisión a trámite de la
demanda de tercería, sin que a ello sea óbice el hecho de que el tercerista hubiera promovido
otra ejecución frente al mismo ejecutado, sin perjuicio de que si en ésta llegare a cobrar la
totalidad de su crédito o se estimare totalmente la oposición del ejecutado, la tercería de mejor
derecho terminare por carencia sobrevenida del objeto ( art. 22 LEC).
Cuando el privilegio alegado por el tercerista fuere especial las actuaciones ejecutivas que puede
interesar el tercerista se restringirán al bien sobre el que recaiga la preferencia mientras que si es
general se extenderán a todo el patrimonio del deudor.
En uno u otro caso, procede preguntarse si al tercerista que hubiera intervenido en la ejecución
instando diligencias y actuaciones, en caso de que la tercería fuere desestimada tendrá derecho
al reembolso de al menos las tres quintas partes de los gastos que hubiera sufragado, ya que
éstos van a redundar en provecho del ejecutante o, en el supuesto de que la tercería fuere
estimada, si dichas costas se compensarán con el porcentaje que debe adelantar al ejecutante.
La verdad es que el texto legal no contempla dicha posibilidad aunque resultaría oportuno (42) ,
en aras de conseguir la igualdad de derechos de las partes en el proceso.
7. Revocación de la sentencia ejecutada provisionalmente: problemática
acerca de si el tercerista deberá devolver lo cobrado y de si podrá
recuperar las costas adelantadas al ejecutante
Como norma general, el tercerista que haya adelantado al ejecutante las tres quintas partes de
las costas no deberá pechar con las mismas sino que podrá reclamarlas al ejecutado aunque sin
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prelación alguna frente al crédito del ejecutante. A nuestro juicio, el tercerista ostentará
preferencia a estos efectos frente a los acreedores cuyos derechos consten en el Registro
inscritos o anotados con posterioridad al del ejecutante, habida cuenta de que son costas
devengadas en la propia ejecución.
En el caso de que se reconozca al tercerista derecho preferente al ejecutante en una ejecución
provisional, surge el problema de que con posterioridad al cobro sea revocada la sentencia
ejecutada, en cuyo caso se plantean dos cuestiones: por un lado, si el tercerista deberá devolver
lo cobrado al ejecutado y, por otro, si tendrá derecho a recuperar las tres quintas partes de las
costas adelantadas.
A nuestro juicio, el tercerista no deberá devolver al ejecutado el crédito cobrado habida cuenta de
que la revocación de la sentencia no le afecta, ya que la preferencia y existencia de su crédito le
han sido reconocidas en una resolución distinta a la revocada; no obstante, no podrá reclamar al
ejecutado las tres quintas partes de las costas adelantadas al ejecutante y tampoco parece
oportuno que el ejecutante se vea obligado a devolver dicho porcentaje al tercerista dado que
éste ha conseguido cobrar su crédito.
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No se impondrán las costas al ejecutado que se hubiere personado en el juicio de tercería para cuestionar
exclusivamente la necesidad de haber sido demandado (SAP de Jaén, Sección 1.ª, de 15 de enero de
2004).
SAP Zamora, Sec. 1.ª, 236/2006, de 20 de octubre, Rec. 285/2006 (LA LEY 144575/2006): «el régimen
de pago de las costas por los demandados no sería la solidaridad, como argumenta la recurrente para que
se modifique dicho pronunciamiento, sino la mancomunidad simple, pues la solidaridad ha de pactarse
expresamente, según el art. 1137 CC por lo que el pago de las costas entre los deudores sería por partes
iguales, según dispone el art. 1138 CC, lo que no cabe duda es que es preciso modificar el contenido del
pronunciamiento de costas de la sentencia de primera instancia de acuerdo con lo pedido por la recurrente
y, aplicando el art. 620.1, párrafo segundo de la LEC, la mitad de las costas de primera instancia se
imponen al ejecutante, y la otra mitad a los ejecutados, pues de no modificarse el pronunciamiento sobre
costas de la sentencia de instancia, dado que rige la mancomunidad, aplicando el art. 1.138 CC, al existir
dos ejecutados y una ejecutante cabía interpretar que las costas se pagarían por terceras partes iguales,
cuando es evidente que el art. 620.1 párrafo segundo señala la mitad a cargo del ejecutante y la otra
mitad a los ejecutados, rigiendo entre cada uno de los grupos nuevamente la mancomunidad. Por todo lo
cual, la mitad de las costas de la primera instancia se imponen al ejecutante y la otra mitad a los
ejecutados...».
SAP de Cuenca, de 10 de abril de 2002.
Por el contrario, en las SSAP de Cáceres, Sección 1.ª, de 15 de febrero de 2002 y 24 de mayo de 2002 no
se imponen las costas al demandado rebelde que se allana en la audiencia previa por considerar que la
demanda no había sido contestada, entendiendo que mientras no se conteste efectivamente a la demanda
siempre se podrá producir el allanamiento con el eventual efecto jurídico de no imponer las costas.
SSAP de Baleares, Sección 5.ª, de 11 de marzo de 2005, recurso 18/2005 (LA LEY 58977/2005); de
Valencia, Sección 7.ª, de 23 de diciembre de 2008, recurso 810/2008.
SAP de Valladolid, Sección 3.ª, de 30 de septiembre de 2004, recurso 273/2004 (LA LEY 203541/2004).
AAP Toledo, Sección 1.ª, 67/2005, de 24 de noviembre, recurso 41/2005 (LA LEY 230062/2005). SAP
Burgos, Sección. 3.ª, 183/2007, de 27 de abril, recurso 146/2007 (LA LEY 103990/2007).
Cfr. LÓPEZ SIMÓ, F., «Sobre la condena en costas y la rebeldía. A propósito de la Sentencia de la
Audiencia Territorial de Palma de Mallorca de 18 de julio de 1987». Diario LA LEY. T. 4. 1988. Págs. 892 y
ss.
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(8) SSAP de Soria, 4 de abril de 2002; Alicante, Sección 6.ª, de 19 de julio de 2002.
La SAP de Baleares, Sección 3.ª, de 4 de diciembre de 2006 entiende que el carácter dudoso vendrá
determinado por las dificultades probatorias sobre la existencia de los hechos constitutivos de la
pretensión.
En el Acuerdo adoptado por los Magistrados de las Secciones Civiles de la Audiencia Provincial de
Madrid en fecha 4 de octubre de 2007 se determinó por mayoría y con un voto en contra y 11
abstenciones que:
«Se pueden adoptar —como criterios meramente orientativos y sin carácter exhaustivo— a la hora de
apreciar la existencia de dudas de hecho o de derecho en materia de imposición de costas los siguientes:
1) Existirán "serias dudas de hecho o de derecho", cuando por las cuestiones fácticas y/o jurídicas que se
den en el proceso quepa considerar que el resultado del litigio era imprevisible para las partes.
2) Las "serias dudas de hecho o de derecho" a las que se refiere el art. 394 LEC han de ser dudas que
asalten a las partes a la hora de afrontar sus escritos de demanda y contestación respectivamente, de
manera que el resultado del litigio pueda considerarse como imprevisible para las partes.
3) Existen dudas de derecho, siempre que exista jurisprudencia del Tribunal Supremo y/o doctrina de las
Audiencias Provinciales contradictoria sobre una misma cuestión o doctrina científica relevante diferente.»
SAP de Albacete, Sección 2.ª, de 20 de diciembre de 2005, recurso 259/2005. En esta sentencia al
apreciar la existencia de contradicciones en la jurisprudencia y en la doctrina, se considera procedente no
imponer las costas a pesar de desestimarse la demanda de tercería de mejor derecho.
SAP de Valencia, Sección 6.ª, de 4 de diciembre de 2002, recurso 645/2002 (LA LEY 203333/2002).
Cfr. GARCÍA MARTÍNEZ, A. «Las costas en los procesos declarativos». La Ley de Enjuiciamiento Civil
tras dos años de vigencia. Estudios de Derecho Judicial. 44. CGPJ. Núm. 273. 2000. Pág. 380.
ÁLVAREZ SÁNCHEZ, J. I. y MEDINA COLUNGA, C. «Las costas en el proceso civil. Especial referencia a
la Ley 1/2000». SP/DOCTR/66.
TORRES LÓPEZ, A. «Treinta cuestiones polémicas en materia de costas». Sepín Net Revista.
Enjuiciamiento Civil. Núm. 48. Enero. 2005. Pág. 15.
SSAP de Cantabria, Sección 1.ª, de 2 de marzo de 2005; Alicante, Sección 6.ª, de de 8 de marzo de
2006; A Coruña, Sección 6.ª, de 18 de julio de 2007.
Cfr. BONET NAVARRO, J., «Condena en costas y pretensiones al estilo "bola de cristal y/o ráfaga».
Revista internauta de práctica jurídica. Núm. 1. 1999. Págs. 5 y ss.
AAP de Ciudad Real, Sección 1.ª, de 23 de enero de 2002.
SAP Guadalajara, Sec. 1.ª, 99/2009, de 23 de abril (LA LEY 78794/2009).
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Cfr. VV.AA. «Encuesta Jurídica: ¿Basta con la solicitud de costas para que no se entienda consentido el
desistimiento a los efectos del art. 396.1 LEC? Sepín Net Revista. Enjuiciamiento Civil. Núm. 77.
Septiembre. 2007. Págs. 5 y ss. Dos de los encuestados dan una respuesta afirmativa, uno estima que es
necesaria una oposición sobre el interés de fondo y cuatro consideran que decidirá el juez valorando las
circunstancias.
ÁLVAREZ SÁNCHEZ, I. y MEDINA COLUNGA, C., «Las costas en el proceso civil. Especial referencia a
la Ley 1/2000». La LEC. Forum. Sepín. Núm. 3. Diciembre 2000. Pág. 11.
SSAP de Barcelona, Sección 13.ª, de 29 de marzo de 2005; Badajoz, Sección 3.ª, de 26 de julio de 2006;
Alicante, Sección 6.ª, 272/2008, de 2 de julio (LA LEY 189938/2008).
AAP Zaragoza, Sección 5.ª, 334/2009, de 12 de junio (LA LEY 112617/2009); Baleares, Sección 3.ª,
108/2009, de 17 de junio (LA LEY 105595/2009).
En este sentido: Jornada de unificación de criterios de los Magistrados de las Secciones civiles de la
Audiencia Provincial de Madrid de 28 septiembre 2006 en la que por unanimidad se acordó que para que
se entienda que hay verdadera oposición al desistimiento por parte del demandado, ésta debe ser
expresa, no siendo suficiente solicitar que se le impongan las costas al actor sin hacer referencia, o
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haciéndolo de forma evasiva o ambigua, al desistimiento instado de contrario. El mismo criterio se adoptó
en la reunión de unificación de criterios de los distintos Presidentes de las Secciones de la Audiencia
Provincial de Asturias en Acuerdo de 9 de octubre de 2008.
Asimismo, mantienen este criterio: SAP de A Coruña, Sección 4.ª, de 16 de noviembre de 2006. AAAP
Asturias, Sección 1.ª, 38/2009, de 3 de abril (LA LEY 55082/2009); Valladolid, Sección 1.ª, 99/2009, de 26
de junio, recurso 160/2009 (LA LEY 111876/2009); Asturias, Gijón, Sección 7.ª, 92/2009, de 22 de julio,
recurso 269/2009 (LA LEY 193192/2009); Valladolid, Sección 1.ª, 118/2009, de 18 de septiembre, recurso
228/2009 (LA LEY 195807/2009); A Coruña, Sección 4.ª, 49/2010, de 22 de marzo, recurso 690/2009 (LA
LEY 135372/2010); Barcelona, Sección 19.ª, 181/2009, de 28 de diciembre, recurso 307/2009 (LA LEY
308600/2009); Asturias, Sección 1.ª, 45/2010, de 29 de marzo, recurso 101/2010 (LA LEY 65576/2010);
Madrid, Sección 20.ª, 111/2010, de 9 de abril, recurso 70/2009 (LA LEY 72467/2010); Madrid, Sección
25.ª, 64/2010, de 12 de abril, recurso 400/2009 (LA LEY 73021/2010); Madrid, Sección 10.ª, 163/2010, de
9 de junio, recurso 836/2009 (LA LEY 126503/2010); Madrid, Sección 14.ª, 153/2010, de 16 de junio,
recurso 269/2010 (LA LEY 146402/2010); A Coruña, Sección 5.ª, 135/2010, de 16 de septiembre, recurso
6/2010 (LA LEY 159139/2010).
AAAP Santa Cruz de Tenerife, Sección 1.ª, 123/2009, de 1 de junio (LA LEY 136640/2009); Las Palmas,
Sección 5.ª, 182/2009, de 28 de julio, recurso 306/2008 (LA LEY 193974/2009); Pontevedra, Sección 1.ª,
41/2010, de 4 de marzo, recurso 94/2010 (LA LEY 31779/2010).
Cfr. FERNÁNDEZ-BALLESTEROS, M. A. «Comentario al Art. 619». Comentarios a la nueva Ley de
Enjuiciamiento Civil. Coordinadores FERNÁNDEZ BALLESTEROS, M. A; RIFÁ SOLER, J. M.; VALLS
GOMBÁU, J. F. Iurgium editores atelier. Barcelona. 2000. Pág. 2952.
SAP de Asturias, Sección 7.ª, de 10 de marzo de 2006.
SAP de Las Palmas, Sección 3.ª, de 23 de marzo de 2007 (recurso 589/2006).
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Véase con la anterior LEC: STS de 3 de marzo de 1887, AAP de Valencia, Sección 6.ª, de 26 de
septiembre de 1994 y TÉLLEZ LAPEIRA, A., «Costas procesales y tercería de mejor derecho». Revista
Jurídica La Ley. T. 5. 1988. Págs. 1658 y ss.
Cfr. REVILLA GONZÁLEZ, J. A., «La tercería de dominio. La tercería de mejor derecho». La ejecución
provisional. La ejecución de títulos extrajudiciales y la ejecución de sentencias de la Nueva Ley de
Enjuiciamiento Civil. Cuadernos de Derecho Judicial. XIV. Madrid. 2003. Pág. 238.
RIVES SEVA, J. M., «Condena en costas en la tercería de mejor derecho». Práctica de Tribunales. Núm.
39. Junio 2007. Pág. 62.
Cfr. SORIA FERNÁNDEZ-MAYORALAS, P., «El Fondo de Garantía Salarial y la Tercería de Mejor
Derecho». Sentencias del TSJ, AP y otros Tribunales. Núm. 4/2003. BIB 2003/548. Westlaw.es.
AAP de Madrid, Sección 20.ª, de 6 de junio de 2006. SAP Las Palmas, Sección 3.ª, 27/2007, de 23 de
enero, recurso 589/2006 (LA LEY 39212/2007).
Cfr. GARCIANDÍA GONZÁLEZ, P. M. La tasación de costas en el procedimiento civil. Ed. Aranzadi.
Navarra. 2001. Pág. 194. De todos modos, este autor reseña que dicho criterio no resulta aceptado de
manera unánime y a tal efecto menciona la SAP de Huesca; Sección 1.ª, de 30 de enero de 1998 en la
cual se consideró que aunque al tercerista le afecte la tasación de costas del proceso de ejecución de
manera refleja o indirecta, carece de legitimación para actuar en los autos principales mediando en los
pronunciamientos que, como la tasación de costas, sólo conciernen a las partes en el proceso de
ejecución principal.
A nuestro juicio, el criterio mantenido por esta sentencia no puede mantenerse con la vigente regulación,
teniendo en cuenta la intervención que el art. 616.2 LEC concede al tercerista en la ejecución.
SSTS de 9 de febrero de 2000 (LA LEY 5683/2000), 27 de noviembre de 2000 (LA LEY 4739/2001), 30
de noviembre de 2000 (LA LEY 4729/2001), 13 de diciembre de 2000 (LA LEY 4730/2001), 30 de octubre
de 2001 (LA LEY 507/2002), 30 de abril de 2002 (LA LEY 5528/ 2002); de 11 de noviembre de 2008,
recurso 4804/2000. (LA LEY 164135/2008).
Cfr. CADENAS FERNÁNDEZ, A., «¿Ha de practicarse la tasación de costas cuando el litigante tiene
reconocido el derecho de asistencia jurídica gratuita? Análisis jurisprudencial». Revista del Consejo
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General de Procuradores. Núm. 48. Diciembre. 2003. Págs. 46 y ss.
Cfr. VV.AA. «Del momento en que se formula la solicitud de concesión del derecho a la asistencia jurídica
gratuita». Otrosí. Mayo-junio. 2001. Pág. 19.
Discrepa de esta tesis. Cfr. TORRES LÓPEZ, A., «Treinta cuestiones polémicas en materia de costas».
Op. cit. Pág. 16. Este autor considera que el ejecutado no puede ampararse en el beneficio de justicia
gratuita para eludir el pago de las costas en el proceso de ejecución dado que dicho proceso es
consecuencia del incumplimiento de sus obligaciones.
A estos efectos, no se podrá considerar como mejor fortuna la percepción de una indemnización por
accidente, dado que no se trata de un ingreso que la parte incorpore a su patrimonio sino de una cantidad
que intenta reparar el daño causado (AAP de Barcelona, Sección 1.ª, de 15 de enero de 2005).
Un beneficiario de Justicia Gratuita no puede oponerse a la práctica de la tasación de costas, pero puede
oponerse a su pago [SAP Barcelona, Sec. 4.ª, 749/2003, de 3 de noviembre, recurso 338/2003 (LA LEY
177033/2003)].
Cfr. ÁVILA DE ENCIO, J. M., «Tasación de costas. Medidas cautelares. Procesos especiales en materia
de protección del crédito: cambiario y monetario». Estudios Jurídicos. Secretarios Judiciales. I- 2003. Pág.
932.
En contra: AAP Tarragona, Sec. 3.ª, 195/2007, de 12 de julio, recurso 466/2006 (LA LEY 138163/2007).
En esta resolución se considera que la titularidad del beneficio de justicia gratuita no puede alegarse como
oposición al despacho de ejecución de la tasación de costas.
AAP Málaga, Sec. 6.ª, 43/2005, de 14 de febrero, recurso 178/2004. En esta resolución se declara la
nulidad de actuaciones al estimarse la oposición a la ejecución por motivo no alegado por el ejecutado. El
Juzgador de instancia había acordado estimar la oposición por la falta de ejecutividad de la resolución que
se pretendía ejecutar al entender que la ejecutada era beneficiaria de asistencia jurídica gratuita.
Cfr. ACHÓN BRUÑÉN, M. J., «La caducidad de la acción ejecutiva». Diario La Ley. Núm. 7022. 29 de
septiembre de 2008. Págs. 1 a 6.
Cfr. VEGAS TORRES, J., «Comentario al art. 620».Comentarios a la Ley de Enjuiciamiento Civil. Ed.
Civitas. 2001. Pág. 1084. En opinión de este autor para permitir al ejecutado ejercitar su derecho de
defensa se debe continuar la tercería a estos solos efectos o al menos si ésta concluye y prosigue la
ejecución para satisfacer en primer lugar al tercerista se le debe conceder un plazo de diez días en la
misma para formular oposición desde que se dicte el auto de allanamiento a que se refiere el art. 619.1
LEC.
Cfr. FERNÁNDEZ-BALLESTEROS, M. A., «Comentario al Art. 619». Comentarios a la nueva Ley de
Enjuiciamiento Civil. Op. cit. pág. 2952.
Cfr. ORTELLS RAMOS, M., Proceso Civil Práctico. T. IV. 2002. Pág. 2-1267.
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Cfr. CORDÓN MORENO, F., El proceso de ejecución. Ed. Aranzadi A Thomson Company. Pamplona.
2002. Pág. 303. Este autor defiende que el allanamiento del ejecutado a la tercería de mejor derecho no
podrá perjudicar al ejecutante que pretenda discutir la propia existencia del crédito del tercerista como
presupuesto previo de su pretensión de preferencia, en cuyo caso el tribunal deberá continuar el proceso y
el allanamiento ni siquiera perjudicará a la parte que se allanó.
La intervención del tercerista dará lugar a una acumulación de ejecuciones: dos ejecutantes distintos en
un mismo proceso de ejecución conforme prevé el art. 555 LEC (cfr. BONET NAVARRO, J. y MARTÍN
PASTOR, J., Derecho Procesal Civil. Coordinador ORTELLS RAMOS, M. 9.ª edición Aranzadi. Navarra.
2009. Pág. 827).
Cfr. CACHÓN CADENAS, M. J., «Comentario al art. 616». Comentarios a la nueva Ley de Enjuiciamiento
Civil». T. III. Director LORCA NAVARRETE, A. M. Coordinador GUILARTE GUTIÉRREZ, V. Ed. Lex Nova.
Valladolid. 2000. Pág. 3134.
ORTELLS RAMOS, M., «Comentario al Art. 616». Proceso Civil Práctico. Op. cit. Pág. 2-1255.
Cfr. CACHÓN CADENAS, M. J., «Comentario al art. 616». Comentarios a la nueva Ley de Enjuiciamiento
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DIARIO LA LEY
Civil. Op. cit. pág. 3133.
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