De la sociedad del riesgo a la seguridad ciudadana: Un ... - Criminet

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José L. Díez Ripollés
último término, cuestiona igualmente su efectividad a medio y largo plazo 95 . La
concentración de los esfuerzos políticocriminales en un expeditivo abordaje de las
manifestaciones delictivas, descuidando las causas sociales y políticas que las generan,
pone de forma poco realista las esperanzas en los efectos del aislamiento social de
colectivos cada vez más amplios 96 , así como en los efectos comunicativos de una
política de ley y orden que tarde o temprano mostrará sus endebles capacidades para la
erradicación de las raíces de la delincuencia.
Esa búsqueda de la efectividad a corto plazo no sólo deja sin satisfacer sus objetivos
pragmáticos declarados, sino que produce unos efectos devastadores en la estructura
de racionalidad del derecho penal 97 . Referencias claves de la racionalidad ética,
fuertemente arraigadas en nuestro sistema de creencias, deben ser manipuladas para
simular que el nuevo modelo de derecho penal las respeta, lo que se hace necesario
sobre todo entre los principios de la responsabilidad y la sanción: Se desplaza el énfasis
del principio de certeza o seguridad jurídica desde una precisa determinación legal de
los hechos a una nítida precisión legal de las cualidades que debe poseer el autor de
tales hechos; ello, por otra parte, conlleva una renovación de las tendencias, siempre
latentes en torno a los conceptos de habitualidad o reincidencia, favorables a interpretaciones
amplias del principio de responsabilidad por el hecho en su variante de impunidad
del plan de vida; el principio de reprochabilidad o culpabilidad sufre tensiones
cada vez más fuertes para adaptar sus contenidos a los de un concepto que nació,
discutiblemente, como su complementario, el de peligrosidad; en el marco del megaprincipio
de jurisdiccionalidad, atento a las bases de las garantías procesales, está claro
que el modelo penal de la seguridad ciudadana tiene interés en socavar subprincipios
tales como el monopolio estatal del ius puniendi, otorgando un protagonismo creciente
a las demandas de las víctimas, o el del proceder contradictorio, mediante el acentuamiento
de la desigualdad entre las partes procesales; ni qué decir tiene que los principios
de humanidad o proporcionalidad de las penas, o el aseguramiento de su componente
resocializador, reciben unos embates que, por lo que se refiere al último de ellos,
parece ya apoyarse en una vacilación de las creencias sociales en su pertinencia.
Por no alargar más este argumento, baste recordar que principios bien arraigados en
la racionalidad teleológica del derecho penal, como el principio de subsidiariedad, el
diverso contenido de injusto entre conductas lesivas y peligrosas, o el de preservación
de la formalización del procedimiento, entre otros, son objeto de directo cuestionamiento
98 .
95 Sobre el uso que hago de estos conceptos, véase Díez Ripollés (2003). 95.
96 Véanse las últimas cifras suministradas por el Departamento de Justicia de Estados Unidos sobre el elevado
número de ciudadanos sometidos directamente a los órganos de ejecución penal en 2003 –casi siete millones de
personas adultas entre reclusos y sometidos a condena o libertad condicionales-, en Diario El País. (28 de julio de
2004).
97 Llaman la atención sobre el necesario equilibrio entre la racionalidad valorativa y la pragmática, Muñoz
Conde. (2004). 175; Gómez Martín. (2004). 84-85.
98 Destacan la significativa inobservancia de principios básicos del derecho penal moderno que ocasiona este
modelo de derecho penal, entre otros, Laurenzo Copello. (2003). 455-456; Maqueda Abreu. (2003). 10-11; Muñoz
Conde. (2003); (2004). 175-177, 179-180; González Cussac. (2003). 22, 25; Portilla Contreras. (2004). 43;
Martínez-Buján Pérez. (2004).
Revista Electrónica de Ciencia Penal y Criminología. 2005, núm. 07-01, p. 01:1 -01:37 ISSN 1695-0194