Lugares visitados - Procuraduría General de la Nación

Procuraduría General de la Nación
Procuraduría delegada para la prevención en materia de
derechos humanos y asuntos étnicos
Las personas privadas de libertad en las salas de retención de la Policía
Metropolitana de Bogotá están sometidas a condiciones que pueden acarrear graves
violaciones a sus derechos fundamentales.
La mayoría de las salas de retenidos de la Policía Nacional en Bogotá presentan
condiciones de vida indignas que atentan contra la salud de las personas. Muchas de estas
salas experimentan condiciones de hacinamiento que exacerban los efectos de las ya
deterioradas condiciones físicas de reclusión. Además estas salas no son utilizadas
exclusivamente para la retención transitoria de personas, en muchas de ellas se registraron
casos de detenciones prolongadas que sobrepasan varios meses, incluyendo la detención
de personas condenadas.
Como resultado de un ejercicio de seguimiento a las condiciones de vida que se
experimentan en las salas de retención en Bogotá, la Secretaría Distrital de Salud –SDS-
de la Alcaldía Mayor de Bogotá, Empresa Social del Estado Hospital San Cristóbal y el
Grupo de Asuntos Penitenciarios y Carcelarios de la Delegada preventiva en materia de
Derechos Humanos y Asuntos Étnicos de la Procuraduría General de la Nación (PGN),
presentan a continuación sus principales preocupaciones y observaciones sobre estas
salas con el fin de promover soluciones y mejoras en las condiciones de vida de las
personas privadas de libertad.
Procedimiento de verificación
La Secretaría de Salud y la PGN convinieron un plan de trabajo de seguimiento e
inspección a las salas de retenidos que se ejecutó entre diciembre de 2004 y febrero de
2005. El plan de trabajo combinó la experiencia y el conocimiento específico de las dos
entidades, principalmente en el control técnico y efectivo de condiciones de detención
mediante inspecciones de vigilancia para verificar condiciones higiénico-sanitarias y de
derechos humanos.
Durante dos meses, las entidades visitaron de manera conjunta un total de 30 salas de
retención en Bogotá 1 . Del total de los lugares de reclusión visitados, veintiséis
corresponden a estaciones y subestaciones de Policía bajo custodia de la Policía
Metropolitana de Bogotá (MEBOG) 2 .
1 Véase Anexo. Tabla No. 1. Listado de visitas de inspección practicadas a salas de retenidos en Bogotá
2 Las salas de retenidos restantes se encuentran distribuidas así: dos salas de retenidos bajo custodia de la
Fiscalía General de la Nación, una bajo custodia del DAS, una bajo la custodia del GAULA Urbano de Bogota
que corresponde a la Dirección de Anti Secuestro y Extorsión de la Policía Nacional, y una bajo custodia de la

Cada sala de retenidos de la Policía Nacional fue visitada de manera conjunta por
miembros de la SDS y de la PGN. Durante las visitas, las comisiones recibieron el apoyo de
un asesor de la PGN en materia carcelaria de la Oficina del Alto Comisionado de las
Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH).
En cada una de las visitas de inspección, fueron entrevistados los encargados del manejo
de los lugares de detención (oficiales, suboficiales o agentes de la Policía Nacional). Como
parte del control ejercido fueron revisados los registros oficiales de las salas de detención y
consultados los procedimientos institucionales para el manejo de estos lugares.
Adicionalmente, fueron físicamente inspeccionados todos los lugares de detención (tanto
de personas judicializadas como de personas sometidas a detención administrativa) y se
sostuvieron entrevistas con las personas detenidas en estos lugares. Se mantuvo un
registro escrito y fotográfico de todas las visitas.
Por su lado, y de acuerdo con sus procedimientos institucionales, la SDS verificó las
condiciones higiénico sanitarias del establecimiento y procedió a diligenciar un acta de
visita en la cual quedaron consignadas las exigencias sanitarias para cada establecimiento,
dejando copia de la misma al encargado de turno. De manera complementaria se realizó
seguimiento sanitario a la empresa contratista del INPEC, encargada del suministro de
alimentos a los retenidos que se encuentran bajo custodia del Instituto.
Los lugares de detención visitados son muy variados; a manera de ejemplo, se puede
destacar la diferencia evidente entre la sala de retenidos de la Seccional de Policía Judicial
(SIJIN) en la sede de la MEBOG y la Unidad Permanente de Justicia (UPJ). Además de las
diferencias físicas, su propósito institucional es muy variado. Sin embargo, el procedimiento
de inspección aplicado en los lugares de detención inspeccionados no varió y las
conclusiones ofrecidas pretenden abarcar el universo total de los lugares de detención bajo
la administración de la MEBOG.
Este informe presenta conclusiones generales sobre las condiciones higiénico-sanitarias y
de protección de los derechos humanos en los veintiséis (26) lugares de detención y
retención bajo la responsabilidad directa de la MEBOG. Presentadas las observaciones, se
ofrecen algunas recomendaciones – a la Policía Nacional, al Instituto Nacional Penitenciario
y Carcelario (INPEC) y demás autoridades responsables – orientadas a la superación de la
crítica situación observada.
Colaboración de las autoridades de policía
La colaboración recibida de las autoridades de policía para la realización de las visitas de
inspección fue, en general, positiva y los agentes de la institución mostraron un grado de
apertura adecuado frente a los órganos de control. No se presentaron obstáculos que se
consideren de naturaleza institucional.
Dirección Central de Policía Judicial (DIJIN). Si bien estos lugares de detención presentan algunos
problemas, estos han sido formulados directamente a las autoridades correspondientes.
2

Es de anotar que, en la Estación de Usme se presentó una demora para el ingreso de los
funcionarios, originada en la autorización solicitada por los agentes de Policía a su
inmediato superior. Para evitar este tipo de comportamiento, se sugiere a la Policía
Nacional, impartir una directriz clara sobre la colaboración que se debe brindar a cualquier
órgano de control adecuadamente facultado e identificado para la realización de este tipo
de inspección.
La naturaleza de los lugares de reclusión administrados por la Policía Nacional
Las salas de retenidos administradas por la Policía Nacional deben estar habilitadas
exclusivamente para la detención transitoria de personas; en ningún caso, la retención de
personas en estas instalaciones administrativas debe sobrepasar las treinta y seis (36)
horas, de acuerdo con lo dispuesto en la Constitución Política (artículos 28 a 30).
En general, los lugares de detención deben ser lugares bien organizados, regidos por un
marco jurídico (para garantizar el principio de legalidad y evitar arbitrariedades), y seguros,
con el fin de garantizar la integridad de las personas privadas de libertad. De igual forma,
todos los lugares de detención y el trato proporcionado por los funcionarios a las personas
privadas de libertad deben cumplir con un estándar mínimo de dignidad. En el momento de
privar a una persona de libertad (sea por vía judicial o vía administrativa), y mientras dure
esa privación, las autoridades asumen el deber de cuidado sobre esa persona.
En este sentido, las salas de retenidos administradas por la Policía Nacional están sujetas
al cumplimiento de las obligaciones contenidas en la Constitución y en el Derecho
Internacional de los Derechos Humanos. Todos los lugares de reclusión deben cumplir
como mínimo con las obligaciones establecidas en las Reglas Mínimas para el tratamiento
de los reclusos (ONU, 1977) y el Conjunto de Principios para la protección de todas las
personas sometidas a cualquier forma de detención o prisión (ONU, 1988). Cabe recordar
que el contenido de estas normas representa solamente el mínimo aceptable que es
aplicable a todos los lugares de reclusión en sentido amplio, incluyendo las salas de
retenidos y los lugares utilizados por la Policía Nacional para la detención administrativa de
personas. De igual manera, los estándares higiénico sanitarios aplicados por la Secretaría
de Salud del Distrito a los lugares de reclusión de personas son extensibles a las
condiciones de habitabilidad de estas salas y otros espacios utilizados para la privación de
libertad de las personas.
Personas que se encuentran detenidas en lugares de reclusión de la Policía
Metropolitana
Durante las visitas de inspección, la PGN y la Secretaría de Salud detectaron tres grupos
de personas que son detenidas en las estaciones de policía: 1) personas judicializadas
(incluyen, personas sindicadas con orden de detención preventiva y condenadas a pena
privativa de libertad); 2) personas detenidas por judicializar (incluyen, personas capturadas
en flagrancia y personas detenidas por antecedentes o comprobación de identidad; la
detención es transitoria y no mayor a 36 horas); y 3) personas bajo una modalidad de
3

detención administrativa (denominada “conducción” en el Código de policía de Bogotá y no
debe ser mayor a 24 horas).
A continuación, de manera breve, se reseñan algunas preocupaciones en relación con las
personas privadas de libertad en lugares de reclusión de la policía según su condición
jurídica.
1. Situación de personas sindicadas y condenadas en las salas de retenidos.
Entre diciembre de 2004 y febrero de 2005, la Secretaria de Salud y la PGN lograron
constatar una presencia generalizada y, en algunos casos prolongada, de personas
condenadas y sindicadas en salas de retenidos de la Policía Metropolitana de Bogotá.
La detención de estas personas en salas de la policía es irregular. Las salas de retenidos
“no cuentan con las facilidades requeridas para atender a las condiciones mínimas de vida
que deben garantizarse en las cárceles: alimentación, visitas, sanidad, seguridad interna
para los detenidos con distintas calidades, etc. 3 ” La medida precautelativa y la pena
privativa de libertad deben cumplirse en establecimientos carcelarios y penitenciarios que
cumplan la ley y garanticen estándares mínimos de humanidad.
Actualmente se presentan dos situaciones:
a. A partir de la entrada en vigencia del nuevo Código de Procedimiento Penal ha
disminuido la presión sobre las salas de retenidos, pues la gran mayoría de las personas
que son capturadas en flagrancia son llevadas de manera inmediata ante la autoridad
competente y, si es dictada una orden de detención preventiva, la autoridad carcelaria
asume de manera inmediata la custodia de la persona 4 .
Sin embargo, el nivel actual de hacinamiento del Establecimiento Carcelario Modelo de
Bogotá, así como el crecimiento de la demanda sobre este centro para albergar personas
procesadas, generan una preocupación fundada en relación con la capacidad del
establecimiento para responder a las necesidades progresivas del sistema penal en la
3
Corte Constitucional, Sentencia T-847/2000. Magistrado Ponente: Carlos Gaviria Díaz. Bogotá, 6
de julio de 2000.
4
A manera de excepción a esta práctica, se detectó el caso de un hombre que después de habérsele
impuesto una medida preventiva privativa de libertad fue dejado transitoriamente a disposición de la Policía
Metropolitana. Al segundo día, el hombre fue conducido a una cárcel del orden nacional por agentes de la
policía. Visita de inspección a CAI Quinta Paredes: 28 de enero de 2005 y 2 de febrero de 2005. En entrevista
con el encargado de derechos humanos de la MEBOG, el suboficial confirmó que esta situación fue
excepcional y que respondió a una interrupción temporal de la obligación del INPEC de asumir la custodia de
los detenidos a partir del momento que es dictada la orden de detención en las Unidades de Reacción
Inmediata (URI) de la capital. El suboficial relató que este impasse fue superado y que en la actualidad el
INPEC continúa asumiendo la custodia de las personas a quien se les dicta una orden de captura. Entrevista:
Intendente Edgar Omar Rodríguez, Bogotá, 7 de febrero de 2005.
4

capital 5 . Es decir, surge un riesgo cierto de que la Policía vuelva a asumir la custodia de las
personas detenidas preventivamente bajo el nuevo sistema procesal penal.
b. Por otro lado, el comportamiento de las instituciones penales y penitenciarias en relación
con los presuntos infractores de la ley penal que han cometido la falta con anterioridad a la
vigencia del sistema acusatorio es diferente. Para estas personas, sean sindicados o
condenados, los cupos en las cárceles y penitenciarías son limitados y, por lo tanto, están
siendo sometidos a detenciones prolongadas en salas de retenidos.
Buscando recuperar el carácter transitorio de las salas de retenidos, el comando de la
MEBOG impartió a finales de enero de 2005, una orden que obliga a concentrar a todos los
detenidos con orden de captura del sistema penal anterior en tres estaciones de policía,
correspondientes a los tres departamentos de policía del Distrito Capital. Por lo tanto, al
finalizar el período de visitas de inspección, la Secretaría de Salud y la PGN constataron
que las salas de retenidos de las Estaciones de Policía de Los Mártires, Chapinero y
Tunjuelito concentraban a las personas detenidas con orden de captura vigentes,
expedidas bajo el sistema anterior. Dada la cantidad de órdenes de captura vigentes y
pendientes de hacer efectivas y los promedios de capturas de este tipo en la capital
nacional, existe un alto riesgo de desbordamiento absoluto de estas tres salas de retenidos.
Para el momento de las visitas de inspección y al concluir este informe, las tres salas de
retenidos estas salas ya se encontraban bajo presión. Es de destacar que la sala de
retenidos de Los Mártires se encontraba operando bajo niveles de hacinamiento extremo.
Teniendo una capacidad instalada para la detención 26 personas (correspondiente a 13
celdas dobles), el pasado 2 de febrero se encontraban detenidos 41 hombres. En algunas
de las celdas que no tienen cisternas, estaban encerrados hasta cinco hombres.
Adicionalmente en esta estación, estaban detenidas dos mujeres que se encontraban en un
cuarto aislado (con baño), pero no apto para la reclusión prolongada de las mismas.
Con el transcurso del tiempo, esta situación tenderá a empeorar si se mantienen estables
variables tales como el promedio de detención de personas con orden de captura del
sistema procesal penal antiguo y los cupos ofrecidos por las cárceles y penitenciarías que
funcionan en el distrito capital.
2. Situación de personas por judicializar: respeto al plazo máximo y perentorio de 36
horas.
La privación de libertad de una persona tiene un estricto marco de regulación para evitar
arbitrariedades. Reiterando el carácter excepcional y transitorio de la privación de libertad
por parte de la autoridad de policía, la Corte Constitucional advierte que “(e)n sus salas de
retenidos sólo deben permanecer las personas hasta por un máximo de treinta y seis (36)
5 Entrevistas directas y telefónicas con las autoridades carcelarias y penitenciarias de los establecimientos del
distrito capital (EC Modelo Bogotá, EPC Picota Bogotá, RM Buen Pastor Bogotá y Cárcel Distrital): sostenidas
entre el 16 y 17 de febrero de 2004. .
5

horas, mientras son puestas nuevamente en libertad o se ponen a disposición de la
autoridad judicial competente” 6 .
El plazo de 36 horas es de obligatorio cumplimiento y la detención continuada de una
persona se torna en arbitraria e ilegal una vez transcurrido este plazo de tiempo. Las
autoridades de policía deben justificar las razones que autorizan la retención inicial de la
persona, y documentarla de manera formal a partir del momento de la retención, asegurar
los derechos del retenido y formalizar su detención o liberar a la persona en las 36 horas
siguientes. Como garantía frente al ejercicio de poder, toda persona retenida tiene derecho
a conocer de manera plena los motivos de su detención y sus derechos (incluyendo la
manera de ejercerlos) 7 .
En varios casos, se constató la privación de la libertas por más de 36 horas – de acuerdo
con los registros de las respectivas salas de retenidos y los testimonios de los agentes
encargados-. Los encargados argumentan que el cumplimiento del plazo de 36 horas es
muy difícil, dada la falta de recursos con que cuentan para verificar la existencia formal de
órdenes de captura contra las personas.
El cumplimiento del principio de legalidad por parte de las autoridades de policía es
indispensable para evitar detenciones arbitrarias. Cabe destacar, que “La persona detenida
o su abogado tendrá derecho a interponer en cualquier momento una acción, con arreglo al
derecho interno, ante un juez u otra autoridad a fin de impugnar la legalidad de su
detención y, si ésta no fuese legal, obtener su inmediata liberación” 8 . En este sentido es
necesario garantizarle al retenido el acceso a los recursos legales, en especial al habeas
corpus, además de fortalecer los mecanismos de control interno y externo. De esta manera,
se evitarán las detenciones arbitrarias.
Finalmente, es de destacar que, en varias de las salas – por ejemplo en Chapinero y en
Rafael Uribe – se comprobó la falta de separación efectiva de las personas por judicializar
de las personas condenadas y sindicadas, situación que vulnera los derechos de las
personas privadas de la libertad.
3. Detenciones administrativas: ¿protección o castigo?
El Código de Policía de Bogotá (Acuerdo 079 de 2003) establece que en “el Distrito Capital
de Bogotá no habrá medidas correctivas que impliquen la privación de la libertad personal”
(artículo 164, parágrafo). Además, establece que los miembros de la MEBOG podrán, como
medida de protección, efectuar la conducción de una persona “ante una autoridad, a un
centro asistencial o de salud, a su domicilio y si ello no fuere posible a la Unidad
Permanente de Justicia (UPJ) de la Policía Metropolitana de Bogotá”, cuando ésta
“deambule en estado de indefensión o de grave excitación con peligro para su integridad o
la de otras personas”. (Artículo 147, énfasis fuera del texto original.)
6 Corte Constitucional, T-847/00. Anteriormente citada.
7 Conjunto de Principios para la protección de todas las personas sometidas a cualquier forma de detención o
prisión (ONU, 1988), Principios 13 y 32.
8 Id. Principio 32.1.
6

Solamente, “en caso de estado de indefensión o de grave excitación con peligro para su
integridad o la de otras personas, si quien va a ser conducido se niega a dar la dirección de
su domicilio, como medida de protección, podrá ser conducido a la Unidad Permanente de
Justicia, donde podrá permanecer hasta veinticuatro (24) horas, bajo la responsabilidad y
cuidado estricto de la autoridad encargada de dicha unidad”. (Artículo 147, énfasis fuera del
texto original.) Cuando esta privación de libertad ocurra, exige el Código de Policía que, las
personas con medida de protección sean separadas de aquellas detenidas por estar
presuntamente comprometidas por causas penales.
En la práctica, el sentido y el espíritu consignado en esta norma es desconocido por
muchos de los agentes de policía. La conducción se utiliza como una sanción sutil que
permite demostrar el poder que tiene la autoridad de policía sobre ciertos ciudadanos. Los
agentes entrevistados confirman que la detención de 24 horas se utiliza, de acuerdo con
sus propias expresiones, como un mecanismo de “control social”, “para castigar a los que
andan indocumentados”, o “para neutralizar a un delincuente”.
Si bien este tipo de intervención, adecuadamente aplicada, puede tener un efecto protector
y preventivo, la práctica demuestra que se aplica, en muchas ocasiones, de manera
selectiva y represiva. A manera de ejemplo, se constataron varios casos en los cuales la
persona en custodia había manifestado el lugar de su domicilio y de trabajo, ofrecía sus
documentos de identidad, sin encontrarse en estado de alteración y era obligado a
permanecer 24 horas en custodia porque “esa era la sanción”. En vez de contribuir a
fomentar la función de preventiva de policía, este tipo de contacto exacerba los conflictos
que puedan existir entre los ciudadanos y los agentes de policía.
Otro punto de preocupación es el referido a los incidentes narrados, tanto por detenidos
como por agentes de policía, en los cuales se evidencia que “la excitación” que motiva la
detención administrativa surge a partir del contacto con la policía y no de una situación que
lo anteceda. Si bien, algunos ciudadanos pueden ser agresivos con la policía, se debe
evitar que el contacto policía – ciudadano aumente el conflicto existente o que el
agravamiento de la situación se produzca por una actitud desafiante del agente de policía.
Si bien la detención de las personas que son “conducidas” a una estación de policía o a la
UPJ, es de sólo 24 horas (o menos), las condiciones a las cuales son sometidas son, en
muchos casos, exageradas y pueden acarrear tratos crueles, inhumanos y degradantes.
No todas las personas que son retenidas invocando las disposiciones del Código de Policía
son conducidas a la UPJ, algunas permanecen el total de las 24 horas en las estaciones de
policía. En algunas de las estaciones o subestaciones de policía, estas personas son
recluidas en lugares de condiciones infrahumanas. Por ejemplo, en Bosa y Ciudad
Kennedy, estas personas son recluidas en una lugares que denominan “jaulas”, sin acceso
a un baño ni a agua potable y en condiciones higiénicas perjudiciales para su salud.
Durante la estadía de 24 horas, estas personas no reciben alimentos y, aun en estado
grave de salud, no son atendidos por personal médico. En otras estaciones, las personas
son detenidas en encierros improvisados y expuestos a la intemperie, algunos siendo
7

esposados a barrotes; este es el caso de la estación de Rafael Uribe Uribe. Finalmente,
cabe advertir la existencia de espacios con pésima higiene, sin ventilación y con poca o
ninguna luz natural para la retención transitoria de hombres en la estación de Barrios
Unidos y la subestación de Perdomo.
Las condiciones de retención verificadas en las estaciones o subestaciones de policía son
aún más dramáticas en las bodegas de la Unidad Permanente de Justicia, donde, en
principio, deben ser conducidas todas las personas retenidas transitoriamente en Bogotá.
En la UPJ, los olores nauseabundos son la principal evidencia del desaseo y de los graves
riesgos para la salud de las personas que allí laboran o se encuentran detenidas. La falta
de aseo y de mantenimiento a las instalaciones es manifiesta. No sólo es palpable la
indignidad y la inhumanidad del lugar, sino que es manifiesto el sinsentido de la retención
transitoria de personas sin estar acompañado de una oferta general de servicios sociales
para las mismas. La falta de seguridad y control ejercido por la policía en el lugar central de
reclusión de hombres es evidente, entre otras cosas, por el consumo de droga al interior de
la UPJ.
Aunque se trate de una detención corta, las condiciones a las cuales se encuentran
sometidas las personas privadas de libertad como resultado de una decisión policiva,
atentan contra la dignidad y salud de los seres humanos.
Antes de concluir la consideración del uso de la detención administrativa como medida
policiva, es preciso hacer una anotación en relación con la práctica de algunos agentes de
policía en Bogotá en el marco de la aplicación del nuevo sistema acusatorio: Este sistema
particularmente demanda una actuación decidida y comprometida de los agentes de policía
en desarrollo de una causa penal. Sin embargo, se recibieron informaciones sobre la
sustitución, en algunos casos, de la formalización de una causa penal por una detención
administrativa de 24 horas. La labor de prevención de la policía, en efecto, está orientada a
evitar la sobrecriminalización de muchas conductas. Sin embargo, la no formalización de la
causa o la desincentivación de la formalización de la misma frente a la eventual comisión
de delitos, además de vulnerar los derechos de la víctima tiene consecuencias negativas
sobre la administración de la justicia y el aumento de la impunidad.
Es necesario que la MEBOG y, correspondientemente, la comandancia de los distintos
departamentos de policía del distrito capital, impartan directrices a sus agentes sobre este
punto y ejerzan el control respectivo. Igualmente, debe examinarse la distribución de
responsabilidades de los agentes de policía en las diferentes estaciones y la racionalización
de los turnos para promover la participación decidida de los agentes en un proceso penal
cuando esta sea requerida.
Observaciones generales sobre las condiciones de vida y los derechos
fundamentales de las personas privadas de libertad en estaciones de policía de
Bogotá
8

Explicadas algunas de las situaciones particulares que viven los distintos tipos de detenidos
bajo la custodia de la Policía Nacional en Bogotá y con el fin de ilustrar mejor sus
condiciones de vida, a continuación se presentan las conclusiones generales que se
desprenden de las visitas de inspección realizadas por la Secretaría de Salud y la PGN a
los veintiséis lugares de reclusión bajo la administración o supervisión de la MEBOG. Estas
se agrupan en siete ejes temáticos.
1. Falta de procedimientos estandarizados.
En el curso de las visitas se observó que no existen procedimientos unificados para la
administración y la gestión diaria de los lugares de reclusión de la Policía Nacional en
Bogotá. En general, la respuesta dada por los funcionarios responsables de esos lugares,
es que no conocen los reglamentos y que su administración depende de los criterios
personales del comandante de la estación.
Los procedimientos para la administración de cualquier lugar de reclusión no sólo deben
ser expresos sino que además deben tener sustento legal y ser públicos. Sólo de esta
manera se puede garantizar la formalidad y publicidad que debe caracterizar cualquier
privación de libertad por parte de una autoridad. En relación con la publicidad de los
reglamentos, cabe destacar como buena práctica, aunque no se trate de una dependencia
de la MEBOG, la publicidad de los procedimientos y el reglamento en la sala de retenidos
de la DIJIN 9 . Si bien en la sala de la SIJIN-MEBOG existe un documento denominado
“reglamento interno”, éste no cumple con condiciones mínimas de especificidad. Ninguna
de las otras salas cuenta con un reglamento interno asequible a los retenidos.
La falta de procedimientos y reglamentos unificados es evidente al examinar la práctica de
las distintas salas en relación con los artículos de tenencia permitida 10 , los procedimientos
observados en la realización de las visitas 11 , el acceso a la comunicación y contacto con el
mundo exterior 12 , entre otros.
Preocupa especialmente la ausencia de procedimientos estandarizados para el registro de
retenidos, el cual habitualmente se lleva a cabo en libros que consignan la información que
considere pertinente el jefe de la sala. Es necesario particularmente consignar los datos de
identificación del retenido, la fecha y hora de la detención, y la causa de la misma. Además
de unificar estos procedimientos y ejercer un control sobre los mismos, el adecuado registro
contribuye a evitar detenciones arbitrarias y eventualmente, desapariciones forzadas. Sirve
para ilustrar este punto, el caso de un hombre retenido para la búsqueda de antecedentes
penales en la Subestación (o CAI) del Guavio cuya presencia no había sido registrada en el
libro, sólo existía una mención a este en el libro de cambio de guardia. El no registro,
eventualmente hubiera permitido la prolongación de la retención más allá del término legal
9 Este ejemplo solo se utiliza como muestra de buena práctica en relación con la publicidad de los
reglamentos y los procedimientos. La comisión no estudió el contenido de los mismos, por lo tanto se reserva
cualquier opinión sobre el fondo de los mismos, sea esta positiva o negativa.
10 Por ejemplo, en algunas salas está prohibida la tenencia de cepillos de dientes con cabos.
11 La manera y la duración de las visitas varían drásticamente en las distintas localidades de la ciudad.
12 En algunas salas se limita el uso del teléfono a una llamada por día, en otras sólo se permite ciertos días.
9

y configurado la responsabilidad administrativa de quienes lo retuvieron sin informar sobre
la misma 13 .
2. Derecho a la comunicación y a informar sobre la detención.
La persona detenida tiene derecho a realizar una llamada para informar sobre su detención.
Tanto el derecho interno como el derecho internacional de los derechos humanos
consagran esta garantía 14 . La satisfacción de este derecho no debe estar condicionada; se
trata de una garantía básica para evitar el ejercicio arbitrario del poder.
Sin embargo, las autoridades de policía manifiestan que se le informa a la persona detenida
que tiene el derecho de realizar una llamada y condicionan su realización al hecho de que
la persona tenga en su poder suficiente dinero para comprar una tarjeta de 1.000 pesos
para llamar por teléfono público. El Jefe de Derechos Humanos de la MEBOG confirmó que
la Policía Nacional carece de recursos para asumir el costo de la llamada, por ello, los
detenidos deben acudir a un teléfono público 15 . Muchas de las personas detenidas no
tienen el dinero para poder realizar estas llamadas y sencillamente no logran informar sobre
su detención. Esta situación puede dar lugar a un ejercicio arbitrario del poder por parte de
la autoridad que tiene bajo su potestad permitir la realización de la llamada y contribuir al
ejercicio de poderes entre los detenidos que eventualmente pueden traficar con las tarjetas
telefónicas.
3. Condiciones sanitarias y de infraestructura
Las condiciones sanitarias de las salas de retenidos han sido documentadas de manera
sistemática por la Secretaría de Salud del Distrito y se han proferido de manera reiterada
exigencias para mejorar el estado de esos establecimientos.
El resultado de estas intervenciones concluye con la expedición de un concepto sanitario,
el cual puede ser: favorable cuando el establecimiento cumple a cabalidad con la
normatividad sanitaria vigente y por ende no pone en riesgo la salud de la población que en
ellos confluye; pendiente si el cumplimento de la normatividad sanitaria es parcial, pero no
está en riesgo la salud; concepto que debe ser transitorio e implica que se corrijan en el
menor tiempo posible las deficiencias encontradas; o desfavorable cuando el
establecimiento no cumple con la legislación sanitaria vigente y por ende está en riesgo la
13
Durante la verificación hubo un reconocimiento explícito de los agentes involucrados de la violación de
procedimiento en el caso y los funcionarios de la levantaron un acta sobre el particular y dieron traslado al
competente disciplinario.
14
Conjunto de Principios para la protección de todas las personas sometidas a cualquier forma de detención
o prisión (ONU, 1988), Principio 16.1.
15
Es de destacar que en la sala de retenidos de la Estación de Fontibón, se constató que la autoridad de
policía garantizaba el uso de un teléfono gratuito a la persona que se encontraba detenido en el momento de
la visita.
10

salud pública, por esta razón la autoridad sanitaria debe aplicar las medidas sanitarias tanto
de orden preventivo como de seguridad a que haya lugar 16 .
Como resultado de la inspección a estos establecimientos se puede concluir que sin
excepción, la infraestructura de los lugares de retención de la Policía Metropolitana se
encuentra deteriorada y, en muchos casos, ésta es inadecuada y deficiente.
El deterioro de las instalaciones y las deficiencias en el diseño de las estructuras o la
improvisación en la construcción de las salas de retención de la MEBOG traen como
consecuencia que las personas privadas de la libertad no tengan protección contra factores
climáticos como la lluvia o el exceso de frío. De igual forma, las condiciones de aseo e
higiene de las salas de retenidos son deficientes y generan factores de riesgo para la salud
de las personas. La falta de un espacio saludable atenta contra la dignidad de las personas
y puede contribuir al deterioro de su estado de salud.
Durante el período de verificación de las condiciones de reclusión en las salas de retenidos
de Bogotá y la elaboración de este informe, la PGN y la Secretaría de Salud constataron la
existencia de un proyecto de inversión del Fondo de Vigilancia y de Seguridad de Bogotá,
orientado a mejorar las instalaciones locativas de las salas de retenidos. La ejecución del
proyecto se inició el 17 de febrero de 2005, está dirigido a mejorar las condiciones de 17
salas de retenidos en Bogotá, tiene un presupuesto de $797.000.000.oo y debe estar
terminado en julio de 2005 17 .
En entrevista con funcionarios del Fondo 18 , se informó que el proyecto contempla el
mejoramiento de las áreas de las salas de retenidos, en especial de las baterías sanitarias
y el recubrimiento de pisos y enchapes. En algunos casos, habrá una ampliación de las
estaciones de policia (En San Cristóbal se pasará de 40 mts cuadrados a 200 mts
cuadrados). De otra parte, el proyecto contempla la instalación de bancas de 35 cms de
ancho, sin que se considerara necesario la construcción de planchas para dormir.
Igualmente se señaló que al proyecto inicial se le realizarían algunos cambios para
ajustarlo a lo observado durante los primeros meses del funcionamiento del sistema
acusatorio.
La PGN y la Secretaría de Salud valoran favorablemente el interés manifestado por los
funcionarios del Fondo y la Policía Metropolitana para mejorar las condiciones físicas de las
salas de retenidos. No obstante, las dos entidades continúan observando con preocupación
que el problema de las condiciones sanitarias y de infraestructura de las salas de retenidos
se continúa atendiendo de manera coyuntural, sin haber examinado previamente las
necesidades reales y los parámetros legales pertinentes para garantizar lugares de
16 En la actualidad, todas las salas de retenidos de la MEBOG tienen un concepto sanitario desfavorable con
la excepción de la Policía Aeroportuaria y la E-22 (Terminal de Transporte) que tienen concepto sanitario
pendiente.
17 Calculando que el total de inversión sea distribuido de manera equitativa entre los 17 lugares de reclusión,
el monto total de inversión por sala de retenidos es inferior a 50 millones de pesos.
18 Entrevista: Liliana Pardo Gaona (Gerente del Fondo de Vigilancia y de Seguridad de Bogotá) Napoleón
Posada (Fondo de Vigilancia) y Sandra Vaca (asesora de la Secretaría de Gobierno del Distrito), Bogotá, 21
de febrero de 2005.
11

etención que cumplan con el deber de brindar un trato humano y digno a cualquier persona
privada de libertad 19 . En este sentido, es ilustrativa la ausencia de planificación de lugares
para dormir: las salas de retenidos pueden albergar a una persona por espacio de 36
horas, caso en el cual, aún con las adecuaciones realizadas, se vería obligada a dormir en
el suelo, situación que vulnera la dignidad humana. Por otro lado, también se advierte que
no se ha previsto la reparación de lugares de reclusión en extrema necesidad de arreglos
locativos – como lo es la UPJ –.
Se resalta que a raíz de las observaciones formuladas por la PGN y la Secretaría de Salud
se constituyó una mesa de trabajo que pretende contribuir a definir los ajustes para que las
reparaciones que se realizarán cumplan con los estándares higiénico-sanitarios y de trato
humano y digno que requieren las personas privadas de la libertad.
Con el fin de incidir en el plan de refracciones que se realiza actualmente y velar por el
establecimiento de condiciones dignas y humanas al interior de los lugares de reclusión
bajo la responsabilidad de la MEBPG, se dan a conocer las diferentes dimensiones de los
problemas de infraestructura y condiciones sanitarias que fueron observadas por la PGN y
la Secretaría de Salud en el desarrollo de las visitas practicadas entre diciembre de 2004 y
febrero de 2005. Cabe advertir que la garantía de las condiciones higiénico-sanitarias aptas
para la reclusión de personas no se limita a la realización de arreglos locativos, sino que
requiere una acción decidida y constante por parte de la autoridad de policía (que puede
implicar gastos sostenidos y no solamente una inversión puntual).
a. Espacios reducidos, falta de ventilación y luz natural.
La mayoría de los lugares de reclusión presentan ambientes húmedos y oscuros, que
pueden poner en riesgo la salud física de las personas. Adicionalmente, muy pocas de las
salas ofrecen separación de espacios comunes y dormitorios; obligando a que las personas
permanezcan en un mismo espacio sin acceso al sol durante días e incluso meses 20 .
Igualmente la mayoría de las salas no garantizan condiciones de ventilación e iluminación
suficiente y adecuada.
Adicionalmente la falta de personal de la policía dificulta, en la mayoría de los casos, que
los retenidos tengan acceso diario al sol y al aire fresco, agravando la privación de libertad
y aumentando el riesgo de enfermedades en esta población. La ventilación y el acceso a la
19 La naturaleza cíclica de las crisis de superpoblación en las salas de retenidos de Bogotá y la presencia
prolongada de condenados y sindicados en estos lugares de reclusión son pruebas fehacientes de la
necesidad de atender el problema desde una lógica programática que no puede reducirse a la readecuación
de los lugares físicos de reclusión. La atención a este problema requiere la definición de políticas y prácticas
sobre la destinación y uso de estos lugares de reclusión, ponderación y definición de una política sobre la
utilización de la medida preventiva de privación de libertad y establecimiento de plazas aceptables para la
ejecución de este tipo de medidas judiciales. En la actualidad, al no contar con los cupos carcelarios que
demanda el sistema de justicia penal en Bogotá, la posibilidad ya conocida y practicada de utilizar las
estaciones de policía como centros de detención preventiva o para la ejecución penal se puede convertir
nuevamente en una salida fácil a un problema estructural.
20 Como se examinará en el acápite respectivo, el hacinamiento – que es frecuente en estos lugares – agrava
el déficit de espacio físico.
12

luz natural no cumplen con los niveles mínimos establecidos por el derecho internacional 21 .
La situación descrita se agrava en aquellas salas donde existe hacinamiento, en estos
casos las personas retenidas son sometidas a condiciones indignas que eventualmente
pueden constituir tratos crueles, inhumanos y degradantes.
Algunas estaciones y subestaciones presentan situaciones de mayor gravedad en relación
con la falta de luz natural y ventilación. Se destacan de manera negativa los lugares de
reclusión de Usme, Ciudad Bolívar, CAI de Guavio, Subestación de San Cristóbal (Sur),
Barrios Unidos, Antonio Nariño, CAI de Bello Horizonte, Subestación de Perdomo (área
para retención de hombres), SIJIN-MEBOG, Quinta Paredes, Terminal de transportes y
Chapinero 22 .
b. Deficiencias en recubrimiento higiénico sanitario de pisos y paredes.
Los materiales en que están construidas las salas de retenidos presentan serias
deficiencias en recubrimiento. Los materiales porosos y las superficies irregulares no
garantizan procesos de limpieza y desinfección, lo cual aumenta la proliferación de malos
olores y favorecen la concentración de hongos, bacterias y microorganismos que generan
enfermedades dérmicas.
c. Falta de dormitorios y lugares para el descanso.
Salvo escasas excepciones 23 , las salas de retenidos no cuentan con espacios aptos para el
descanso de las personas. En la gran mayoría de las salas, las personas privadas de
libertad están obligadas a dormir sobre el suelo frío y húmedo, aumentando el riesgo de
contraer enfermedades. Con el fin de mitigar estas condiciones, las personas extienden
periódicos, cartones o icopor sobre el suelo. Las condiciones descritas atentan contra el
respeto de la dignidad humana.
d. Redes eléctricas e instalaciones sanitarias.
El deterioro de las redes eléctricas, la exposición de los cables y las conexiones
artesanales aumenta el riesgo de incendio en todas las salas de retenidos. La PGN y la
SDS detectaron redes eléctricas descubiertas, y deficiencias en el cableado, las tomas y los
enchufes al interior de estas salas.
Actualmente las instalaciones sanitarias habilitadas para uso de los retenidos son
deficientes tanto en número como en funcionalidad; las duchas no funcionan y se han
improvisado mangueras o tomas de agua, el desaseo es generalizado y no se utilizan
21 Reglas mínimas para el tratamiento de los reclusos (ONU, 1977) Regla 11.
22 Aunque la sala de retenidos del GAULA-Urbano no es responsabilidad directa de la MEBOG, la falta de
espacio, ventilación y luz observada se destaca con el fin de que se adopten los correctivos en este lugar de
reclusión. Es particularmente grave la situación de las mujeres. (Ver Anexo II. Anexo fotográfico.)
23 Podrían incluirse las salas de retenidos de la SIJIN-MEBOG y la estación de Antonio Nariño en la medida
en que ofrecen planchas o camarotes para que las personas puedan dormir.
13

ejillas para protección de los sifones aumentando proliferación de vectores plaga, olores
ofensivos y obstrucción de tuberías.
Las unidades sanitarias no reciben el mantenimiento preventivo y correctivo y en muchos
casos no sólo están taponados sino que se encuentran destruidos, la acumulación de orina
y materia fecal es evidente en las baterías sanitarias y el suministro de agua no es
permanente y continuo. Una de las salas de retenidos que evidencia las condiciones
anteriormente descritas es la Estación de Tunjuelito, que actualmente está siendo utilizada
como uno de los tres “centros de acopio” de las personas sindicadas y condenadas bajo el
sistema anterior.
La PGN y la Secretaría de Salud notaron con preocupación las dificultades de acceso a las
instalaciones sanitarias que experimentan los detenidos en algunas salas de retenidos 24 . El
caso más dramático – y no el único – fue observado en la Estación de Los Mártires en
donde los retenidos son encerrados en unos pequeños calabozos que no cuentan con
servicio sanitario y en horas de la noche son obligados a realizar sus necesidades
fisiológicas en botellas desechables de bebidas gaseosas. Es tan generalizado el uso de
este sistema que tanto agentes de policía como detenidos llaman a las botellas “los
chicheros”. Además de ser indigno, este método atenta contra la salud de las personas
debido a que estos “chicheros” son de uso colectivo aumentando el riesgo de adquirir
infecciones urinarias.
Finalmente, en muchas de las salas no existen unidades sanitarias discriminadas por sexo,
violentando un principio básico de la separación de hombres y mujeres, al igual que
incumpliendo la legislación sanitaria vigente.
e. Planes de saneamiento
Las autoridades tienen el deber de garantizar la limpieza y la higiene del lugar de reclusión.
En contravía de los principios básicos del ejercicio del poder y la autoridad, la Policía
Metropolitana ha trasladado el costo y la responsabilidad del aseo de las salas de retenidos
a las personas privadas de libertad.
Se detectó la ausencia del suministro de implementos adecuados para la realización de
labores de limpieza y desinfección de las instalaciones. En algunos casos, se detectó la
insuficiencia de agua para la realización de estas labores. Actualmente no se implementan
programas de limpieza y desinfección y no existen los respectivos protocolos.
En casi todas las salas se observó la acumulación de basuras mayor a la de un día,
produciendo la concentración de mosquitos y otros insectos. No existen protocolos para el
24 Establece el Manual de buena práctica penitenciaria que: “Ser capaz de satisfacer las necesidades físicas
en privado y en forma decente, es extremadamente importante para cada persona pero especialmente para
los presos cuyo sentido de auto-estima y dignidad pueden ya haber sido perturbados por otros factores
relacionados al encarcelamiento. Es particularmente importante que los presos tengan acceso a un retrete en
todo momento. No se debe exponer a nadie a una situación en que la posibilidad de satisfacer la necesidad
más básica dependa de un guardia y su disponibilidad o voluntad para abrir la puerta y llevar al preso al
baño”. Manual de buena práctica penitenciaria, p. 65.
14

manejo de desechos. Hay deficiencias en la ubicación de contenedores para recolección y
almacenamiento de residuos al interior de celdas, patios y pasillos. La disposición de los
residuos sólidos no respeta las normas mínimas sanitarias. Todos los lugares de retención
deben contar con un área de almacenamiento central de residuos que sea externo y
suficientemente separado de los lugares en donde deben habitar los detenidos.
Las fumigaciones esporádicas realizadas en las distintas salas de retenidos en Bogotá han
respondido a situaciones críticas. En ausencia de la implementación de un plan
programático y periódico, la fumigación esporádica atenúa de manera transitoria el
problema, pero no proporciona una solución de fondo. La Secretaría de Salud y la PGN
notan con preocupación la proliferación de vectores plaga en muchas de las salas de
retenidos de la MEBOG.
Bajo este marco es necesaria la implementación de planes de saneamiento básico que
sean específicos a cada una de las salas de retenidos. Estos deben incluir control y calidad
de agua potable, el manejo y la disposición sanitaria de residuos sólidos, el programa de
control vectorial, y los protocolos de limpieza y desinfección de instalaciones.
f. Higiene personal.
Como parte del deber de cuidado, las autoridades deben asegurar que las personas
puedan mantener un estado de higiene personal apropiado. Es deber de las autoridades
proporcionar los elementos esenciales para el aseo personal. En ninguna sala de retenidos,
se le proporciona a las personas los útiles y elementos básicos para su aseo personal 25 .
Frente a esta deficiencia, el costo de los útiles de aseo debe ser asumido por los familiares
o amigos de las personas privadas de libertad. Esta situación puede facilitar el surgimiento
de relaciones de dominación entre los retenidos y el tráfico de implementos de aseo.
Además de afectar la dignidad de las personas y las condiciones generales de
habitabilidad, la falta de higiene personal puede desencadenar en la proliferación de
enfermedades.
3. Condiciones de salud y el derecho a la salud.
Las deficientes condiciones físicas de las salas de retenidos y la crítica situación higiénico
sanitaria de estos lugares son factores que afectan negativamente el estado de salud de las
personas detenidas. Adicionalmente, las autoridades no han tomado las medidas de salud
ocupacional necesarias para afrontar posibles situaciones de emergencia y la atención en
salud prestada a los detenidos es deficitaria.
a. Salud ocupacional
Durante las visitas de inspección realizadas se logró constatar la inexistencia de planes de
atención y prevención de emergencias. Además, las salas de retenidos no cuentan con una
25 En la UPJ, se tomó nota de un programa de la Alcaldía Mayor dirigido a los habitantes de la calle que
promueve el aseo personal de estas personas. Sin embargo, el programa tiene una cobertura ínfima frente al
universo total de personas retenidas.
15

dotación suficiente de elementos para prestación de primeros auxilios. Todas las salas
deberían contar con botiquines adecuadamente dotados y con personal que tenga los
conocimientos básicos para la prestación de primeros auxilios.
De manera relacionada y como se notó al destacar el riesgo de incendio que existe como
resultado del precario estado de las redes eléctricas, en muchos lugares de reclusión no se
cuenta con extintores o equipos para el control de incendios.
b. Atención en salud
El acceso y la calidad del servicio de salud de las personas detenidas en estaciones de
policía de Bogotá son deficitarios. El servicio de urgencias es prestado directamente por los
hospitales de las localidades de las estaciones y está en manos de los agentes
responsables de las salas de retenidos conducir a las personas que requieran este servicio
a la institución de salud. En el curso de las visitas, se documentaron varios casos de
omisión por parte de los responsables frente a personas que requerían atención urgente.
En algunas ocasiones, los agentes argumentaron que no daban la atención porque la
persona estaba enferma antes de la detención. Sin importar la naturaleza o la causa de la
enfermedad, las autoridades de policía deben garantizar la atención de urgencias si esta es
requerida.
El servicio de salud que se presta directamente en las salas de retenidos es brindado
mediante un contrato de prestación de servicios a cargo del INPEC y, por lo tanto, sólo
cubre a las personas sindicadas y condenadas 26 . En relación con la prestación del servicio,
se observa que no se encuentran establecidas las frecuencias de atención en salud para
cada una de las salas de retenidos. Tampoco existen áreas adecuadas para la atención y
prestación de servicios de salud al interior de las salas de retenidos. Adicionalmente, se
detectó una deficiencia en la formulación y entrega de medicamentos por parte de la firma
contratista (formulación de clotrimazol de uso vaginal para personal masculino). Los
problemas anotados son aun más graves en el caso de las mujeres detenidas que
requieren atención en salud. Los procedimientos de atención parecen concentrarse en la
prestación del servicio a los detenidos dejando de lado necesidades de atención especial
de las mujeres.
4. Servicio de alimentación
En relación con la alimentación, debe destacarse que la Policía no garantiza una
alimentación básica a las personas que tiene bajo su custodia 27 . Las personas que son
detenidas durante 24 o 36 horas no cuentan con un sustento alimentario básico. Este
26 El contratista actual es MEGASALUD IPS.
27 El estándar internacional es claro y preciso. “Todo recluso recibirá de la administración, a las horas
acostumbradas, una alimentación de buena calidad, bien preparada y servida, cuyo valor nutritivo sea
suficiente para el mantenimiento de su salud y de sus fuerzas”. Reglas mínimas, Regla 20.
16

incumplimiento genera un grave perjuicio a las personas detenidas y acarrea una violación
de las condiciones mínimas de reclusión.
Por su lado las personas sindicadas y condenadas que se encuentran en estaciones de
policía, reciben una alimentación básica por medio de un contratista del Instituto Nacional
Penitenciario y Carcelario (INPEC) 28 . En relación con este servicio, la Secretaría de Salud
ha realizado un seguimiento permanente que le permite concluir que: existen deficiencias
en el suministro y reparto de alimentos; no existen horarios establecidos para el suministro
de alimentos por parte de la firma contratista; faltan instalaciones al interior de las salas de
retenidos para el reparto y consumo de alimentos; los alimentos son entregados fríos; y el
personal a cargo del reparto de alimentos al interior de las salas de retenidos no cuenta con
elementos de protección personal necesarios para realizar esta actividad y no se
encuentran capacitados en manipulación de alimentos. Los detenidos, adicionalmente, se
quejan sobre la calidad y la variedad de los alimentos.
Actualmente, la planta de producción de la firma contratista Santiago Murcia mantiene
concepto sanitario pendiente debido a que no se garantiza la inocuidad de los alimentos
preparados, tal como se evidencia a través de los resultados de los muestreos realizados
durante los meses de enero, septiembre y diciembre del 2004, así como el realizado en el
mes de febrero de 2005 29 .
5. El hacinamiento agrava las condiciones higiénico sanitarias de las salas de
retenidos y atenta contra la dignidad de las personas.
El hacinamiento humano es una condición que exacerba el mal estado de las situaciones
higiénico sanitarias resaltadas y pone en riesgo el estado de salud de las personas
privadas de libertad. El hacinamiento agrava los niveles de morbilidad humana y de igual
forma entorpece el buen funcionamiento de las salas y degrada el orden y control que
deben existir en estos lugares de reclusión, aún poniendo en riesgo a los funcionarios que
se desempeñan en estos lugares.
Dado el espacio tan limitado de algunas de las salas, las situaciones de hacinamiento
observadas son particularmente críticas generando condiciones absolutamente insalubres
que atentan contra la vida humana.
El caso más dramático fue observado, en diciembre de 2004, en la subestación de Guavio.
En un cuarto, que ya de por sí presenta una estructura inadecuada para la detención de
cualquier persona, se encontraban detenidos 38 hombres. El cuarto tiene una altura menor
a 1.70 metros y un área aproximada de 20 metros cuadrados. El espacio no cuenta con
ventilación y estaba impregnado de olores nauseabundos. El lugar no cuenta con una
cisterna sino con una letrina resultado del deterioro de estas unidades sanitarias.
Adicionalmente no hay una fuente de agua potable dentro del sitio de retención. Todos los
detenidos presentaban múltiples picaduras de insectos. Además el consumo de droga fue
28 El contrato para la prestación del servicio de alimentación de los sindicados y condenados recluidos en las
Estaciones de Policía es realizado por la firma contratista Santiago Murcia.
29 Ver Anexo II. Resultados del Laboratorio de Salud Publica.
17

notable durante la visita. Por falta de funcionarios disponibles, los detenidos no eran
sacados al sol ni a tomar un baño en el curso del día. Esta situación es aún más grave se
considera que muchos de los detenidos habían permanecido bajo estas condiciones
durante un período prolongado. Después de la visita, en respuesta a acciones adelantadas
por la PGN y la Secretaría de Salud, la mayoría de estas personas fueron trasladadas de
este lugar. Sin embargo se resalta que situaciones como la observada en diciembre de
2004 en el lugar de reclusión del Guavio constituyen un trato cruel, inhumano y degradante.
Situaciones de hacinamiento critico también fueron observadas, en diciembre de 2004, en
la sala de retenidos de Ciudad Bolívar y, en febrero de 2005, en las celdas individuales de
la sala de retenidos de la Estación de Los Mártires. En otras salas, si bien no se observó
hacinamiento critico, las condiciones de sobrepoblación son inaceptables, por ejemplo, en
la sala de retenidos de Chapinero.
Como se mencionó anteriormente, a raíz de una decisión administrativa de la MEBOG, la
mayoría de las personas sindicadas y condenadas que todavía se encuentran en
estaciones de policía fueron concentradas en tres salas de retenidos, correspondientes a
las siguientes estaciones: Estación de Los Mártires, Estación de Chapinero y Estación de
Tunjuelito. En el momento de las visitas de inspección estas salas ya se encontraban bajo
presión y algunas operando bajo niveles de hacinamiento grave. La sala de retenidos de
Los Mártires ya se encuentra operando bajo niveles de hacinamiento extremo. Teniendo
una capacidad instalada para la detención 26 personas (correspondiente a 13 celdas
dobles), el pasado 2 de febrero se encontraban detenidos 41 hombres. En algunas de las
celdas que no tienen cisternas, estaban encerrados hasta cinco hombres. Adicionalmente
en esta estación, estaban detenidas dos mujeres que se encontraban en un cuarto aislado
(con baño), pero no apto para la reclusión prolongada de las mismas.
6. Documentación y prevención de casos de tortura y tratos crueles, inhumanos o
degradantes: un desafío para las autoridades de policía.
El contacto de la policía con algunos ciudadanos puede degenerar y producir situaciones
de violencia. En estos casos deben desplegarse todos los esfuerzos para evitar el uso
inadecuado de la fuerza y, por otro lado, poner en marcha todos los mecanismos de
protección y control para evitar la impunidad frente a posibles casos de abuso o maltrato.
Además de la producción intencional de maltrato, la detención de una persona que resiste
el arresto puede generar una situación de mucha violencia. En todos los casos deben
existir los procedimientos y recursos formales para garantizar la integridad de los
aprehendidos y controlar el exceso de las autoridades.
Es necesario alertar sobre algunos riesgos derivados de la ausencia de procedimientos
claros para prevenir o sancionar cualquier acto de tortura o maltrato que pueda ser
perpetrado en el momento de la captura o durante la detención de una persona.
En primer lugar, ante la existencia manifiesta de lesiones las personas deben ser
conducidas a un médico para recibir el tratamiento necesario y documentar el grado del
daño causado. En varias ocasiones se identificaron personas con hematomas o heridas
18

abiertas que argumentaron haber sido golpeadas en el momento de la captura y que no
recibieron atención médica. Sin entrar a probar la veracidad de las alegaciones de maltrato,
si se pudo confirmar que las personas no habían recibido la atención médica.
En segundo lugar, no se logró constatar un procedimiento claro que indique el rumbo que
debe seguir un agente encargado de la sala de retenidos sí una de las personas que es
conducida a la sala presenta señales de haber sufrido una agresión. El procedimiento no
debe producir un enfrentamiento entre los agentes de policía; este debe diseñarse de tal
manera que permita la confidencialidad pero que no permita un margen de discrecionalidad
que conduzca a la ocultación de los casos.
En tercer lugar, el estado de los detenidos no se consigna en un registro común. Si bien los
detenidos son contados después de cada turno, su estado físico no es verificado. La
constatación del estado de los detenidos – sobre todo tratándose de lugares tan reducidos
– debería ser parte de una rutina de observación y cuidado.
Estas y otras medidas son mecanismos necesarios para prevenir y sancionar cualquier acto
de tortura o maltrato.
7. Casos especiales.
La Secretaría de Salud y la PGN encontraron que las autoridades de policía no han
adoptado medidas efectivas necesarias para garantizar la protección especial debida a los
menores de edad y a las mujeres que se encuentran recluidas en las estaciones de policía.
a. Menores en estaciones o subestaciones de policía: protección especial.
La permanencia de los niños y las niñas en las estaciones de policía es transitoria. No
obstante, alcanzan a permanecer en estas instalaciones suficiente tiempo para que sea
necesario adoptar medidas especiales de protección.
De manera esencial, debe garantizarse la separación entre adultos y menores de edad. En
casos de duda sobre la edad de la persona, la autoridad de policía debería tomar la medida
de separación como medida preventiva.
En la Estación de Barrios Unidos, la comisión de inspección detectó un menor de edad con
documentos que acreditaban su edad que estaba detenido en un calabozo junto a
personas adultas. Sin embargo, la situación más común es el joven indocumentado que
argumenta ser menor de edad y se encuentra recluido junto con adultos. Esta situación se
observó en Rafael Uribe, Bosa, Barrios Unidos, Suba, Ciudad Bolívar y Bello Horizonte. En
estos casos se evidenció la reticencia de la autoridad de policía a verificar la situación y a
brindar las garantías necesarias para la protección de la persona menor de edad. En
algunos casos, se logró constatar que la autoridad de policía se negó a realizar la llamada
telefónica necesaria para comunicar a los padres del menor de edad su detención.
19

La mayoría de las Estaciones de Policía de Bogotá no cuentan con las instalaciones
necesarias para garantizar la separación por edades de las personas detenidas. Las
autoridades de policía deben proceder a establecer arreglos de coordinación fluidos con las
autoridades para la protección del menor con el fin de garantizar la protección especial que
requiere esta población.
b. Mujeres privadas de libertad en estaciones de policía: protección especial
Las instalaciones de muchas de las salas de retenidos no garantizan la debida separación
de hombres y mujeres. No existen las mínimas condiciones de privacidad para estas
personas. Esta situación se agrava en la medida en que no hay disponibilidad de unidades
femeninas para su custodia. Los espacios de dormitorios y los baños para las mujeres se
encuentran, como regla general, en peor estado de deterioro que los de los hombres. En
algunos casos, no existen instalaciones separadas y las mujeres deben compartir espacios
comunes y sanitarios con los hombres. Estas condiciones generan una alta situación de
vulnerabilidad y de riesgo para las mujeres. Como casos críticos se destacan: los lugares
de reclusión para las mujeres en Ciudad Kennedy, Fontibón, Guavio, Usme, Tunjuelito, CAI
Guacamayas, Chapinero, y Engativá. En estos lugares, las condiciones de reclusión de las
mujeres son más intensas y más graves que las de los hombres, que de por sí fueron
establecidas como críticas.
Recomendaciones
Varias recomendaciones han sido enunciadas en la medida en que se han relevado las
observaciones de las visitas de inspección practicadas por la Secretaría de Salud y la PGN.
No obstante, y con el fin de promover la acción efectiva de la autoridad competente frente a
los problemas más urgentes, a continuación se desglosan una serie de recomendaciones
específicas, dirigidas de manera directa a las distintas autoridades competentes y
concernidas con la crítica situación observada en los lugares de reclusión bajo la
administración o supervisión de la Policía Metropolitana de Bogotá.
A la Policía Nacional
• Definir y garantizar la publicidad de los procedimientos institucionales para la
administración y conducción de todas las salas de retenidos.
• Garantizar la transitoriedad de cualquier privación de libertad de una persona en una
sala de reclusión de la Policía Nacional. De acuerdo con el caso, ninguna persona debe
durar más de 24 o 36 horas privada de libertad en estos lugares.
• La Policía Nacional debe asegurar que las personas sindicadas o condenadas que
estén o puedan llegar a estar bajo su custodia no permanezcan en salas de retenidos o
cualquier otro lugar de reclusión bajo su responsabilidad durante un plazo mayor a 36
horas.
20

• Definir los lugares aptos para la reclusión de personas, incluyendo la determinación
respectiva de su capacidad, y ejercer controles periódicos para asegurar el
cumplimiento con los estándares establecidos. De manera correspondiente, se deberá
ajustar la población retenida a la capacidad instalada de cada una de los
establecimientos.
• Unificar los procedimientos de registro utilizados para documentar la privación de
libertad de las personas privadas de libertad en las salas de retenidos o cualquier otro
lugar bajo su responsabilidad y efectuar revistas de control interno – de manera
sorpresiva – a los distintos lugares de reclusión para asegurar su respectiva aplicación.
• Garantizar, de manera gratuita, la comunicación de la persona privada de libertad con
una persona de su escogencia (familiar, amigo o abogado) para efectos de poner en
conocimiento dicha privación de libertad. Garantizada esta comunicación inicial, la
Policía debe facilitar la comunicación de las personas detenidas con el mundo exterior.
• Garantizar y facilitar, por parte de las personas privadas de libertad, el recurso a las
garantías de control de legalidad de la privación de libertad, entre otros, el habeas
corpus.
• La Policía Nacional debe expedir pautas claras sobre la colaboración que los diferentes
agentes de la institución deben brindar a las autoridades que ejercen el control de las
condiciones de reclusión en las salas de retenidos.
• La Policía Nacional debe garantizar el servicio de salud a todas esas personas que
estando bajo su custodia requieran atención de urgencias.
• Garantizar condiciones mínimas de reclusión – según las Reglas mínimas – en
cualquier lugar que sea o vaya a ser utilizado para la privación de libertad de personas.
Entre otras cosas, aún tratándose de una retención de 24 horas, la autoridad de policía
debe garantizar el suministro de alimentos adecuados a las horas acostumbradas en la
comunidad, acceso permanente a agua potable, espacio, ventilación y luz suficientes, y
condiciones de aseo de las instalaciones e higiene de las personas.
• Realizar las obras de infraestructura física necesarias para garantizar condiciones de
reclusión que respeten los estándares básicos del trato humano y digno. Entre otras se
deben:
1. Remodelar las áreas de retención, para lo cual los pisos y paredes deben estar
recubiertas en material higiénico sanitario, liso, no poroso, no absorbente
que faciliten limpieza y desinfección. De igual forma es necesario adecuar áreas
para el consumo de alimentos, prestación de servicios de salud y sitio de
almacenamiento central de residuos.
2. Ubicar unidades sanitarias discriminadas por sexo, para lo cual se recomienda
ubicar baterías sanitarias (ducha, cisterna y lavamanos) de acuerdo con la
capacidad instalada de cada uno de los establecimientos.
21

3. Finalmente, implementar planes de saneamiento básico específico para cada una de
los establecimientos, los cuales deben contemplar acciones de control en la calidad
del agua potable, programa de limpieza y desinfecciones de instalaciones y control
vectorial.
Al INPEC
• El INPEC debe garantizar la privación de libertad de todas las personas sindicadas o
condenadas en condiciones dignas y humanas. La prestación de servicios (como la
salud y la alimentación) a las personas privadas de libertad en dependencias de la
policía no regulariza la situación de irregularidad. Toda persona privada de libertad bajo
orden judicial tiene el derecho a cumplir la pena o la medida preventiva de acuerdo a lo
establecido en el Código carcelario y penitenciario.
• Mientras se cumple con la anterior recomendación, y de manera excepcional, se insta al
INPEC a mejorar controles y auditorias de seguimiento a contratistas prestadores del
servicio de alimentación y salud. Se recomienda realizar análisis de calidad
microbiológica a los alimentos suministrados por la firma contratista, al igual que
solicitar copia de los conceptos sanitarios emitidos por la Secretaria Distrital de Salud.
La Secretaría de Salud y la PGN se comprometen a mantener un diálogo abierto con las
autoridades competentes en relación con la superación de los problemas consignados en
este documento. Las dos entidades, desde sus respectivos mandatos, continuarán
ejerciendo un control preventivo de las situaciones que afectan o que puedan afectar los
derechos de las personas privadas de libertad. Esta labor preventiva en materia de
derechos humanos y la garantía de condiciones higiénico-sanitarias se realiza sin obviar el
mandato respectivo de las dos entidades de vigilar y sancionar los actos que puedan
resultar contrarios al ordenamiento legal o constitucional.
22

Anexo I
ANEXOS
Tabla. Listado de visitas de inspección practicadas a lugares de retención en Bogotá
Fecha
Sala de retenidos
inspeccionadas
10 de diciembre de 2004 • Usme (E-5)
• Ciudad Bolívar (E-19)
• Ciudad Kennedy (E-8)
• Bosa (E-7)
23 de diciembre de 2004 • Subestación Guavio
• Mártires (E-14)
• San Cristóbal (E-4)
18 de enero de 2005 • Usaquén (E1)
• Suba (E-11)
• Barrios Unidos (E-12)
• Engativá (E-10)
21 de enero de 2005 • Candelaria (E-17)
• Antonio Nariño (E-15)
• Rafael Uribe (E-18)
• CAI Guacamayas
• CAI Bello Horizonte
• DIJIN Antonio Nariño
24 de enero de 2005 • Ciudad Bolívar (E-19)
• CAI Perdomo
• Tunjuelito (E-6)
• GAULA Urbano
• SIJIN-MEBOG
28 de enero de 2005 • CAI Quinta Paredes
(Teusaquillo E-13)
• Puente Aranda (E-16)
• UPJ
• CTI-Paloquemao
• DAS-Paloquemao
2 de febrero de 2005 • Chapinero (E-2)
• Terminal de transporte
(E-22)
• Estación de Fontibón
(E-9)
• Estación de Mártires
(E-14)
• Celdas de la Fiscalía
General de la Nación.
Sede Central.
Funcionarios que realizaron la visita de
inspección
Giovanny G. Rodríguez, Secretaría Distrital de
Salud (SDS). Hospital San Cristobal (HSC).
Javier Valero, Procuraduría General de la Nación
(PGN)
María Teresa Duque, PGN
Michael Reed, Asesor de la PGN, OACNUDH
Germán Pianeta, SDS HSC
María Teresa Duque, PGN
Michael Reed, Asesor de la PGN, OACNUDH
Leonardo Mier, OACNUDH
Giovanny G. Rodríguez, SDS HSC
Mariela Salamanca, PGN
María Teresa Duque, PGN
Michael Reed, Asesor de la PGN, OACNUDH
Germán Pianeta, SDS HSC
Margarita Páramo, PGN
Michael Reed, Asesor de la PGN, OACNUDH
Giovanny G. Rodríguez, SDS HSC
Mariela Salamanca, PGN
María Teresa Duque, PGN
Michael Reed, Asesor de la PGN, OACNUDH
Giovanny G. Rodríguez, SDS HSC
Javier Valero, PGN
Michael Reed, Asesor de la PGN, OACNUDH
Giovanny G. Rodríguez, SDS HSC
Rómulo Murillo, PGN
Michael Reed, Asesor de la PGN, OACNUDH
1

Anexo II
Resultados de laboratorio de la Secretaría de Salud del Distrito Capital
2

Anexo III
Registro fotográfico de algunas situaciones violatorias de los derechos de las
personas detenidas en estaciones de policía del Distrito Capital
Hacinamiento crítico
Lugares de detención administrativa: condiciones inhumanas
Infraestructura inadecuada y deteriorada
Condiciones sanitarias e higiene
Reclusión de mujeres: discriminación y condiciones indignas
Anexo IV
Conceptos Sanitarios Salas de Retenidos
ESTABLECIMIENTO CONCEPTO
ESTACION XVII-CANDELARIA DESFAVORABLE
CAI PERDOMO DESFAVORABLE
ESTACION XV-ANTONIO NARIÑO DESFAVORABLE
ESTACION IV- SAN CRISTOBAL DESFAVORABLE
SUBESTACION GUAVIO DESFAVORABLE
CAI GUACAMAYAS DESFAVORABLE
CAI BELLO HORIZONTE DESFAVORABLE
ESTACION II-CHAPINERO DESFAVORABLE
ESTACION I-USAQUEN DESFAVORABLE
ESTACION VI-TUNJUELITO DESFAVORABLE
GAULA URBANO BOGOTA PENDIENTE
SIJIN-MEBOG DESFAVORABLE
ESTACION XI-SUBA DESFAVORABLE
ESTACION VII-BOSA DESFAVORABLE
ESTACION XIX-CIUDAD BOLIVAR DESFAVORABLE
ESTACION VIII-KENNEDY DESFAVORABLE
ESTACION IX-FONTIBON DESFAVORABLE
ESTACION XXII-TERMINAL DE TRANSPORTE PENDIENTE
ESTACION XIII-TEUSAQUILLO-CAI QUINTA PAREDES DESFAVORABLE
ESTACION XVIII-RAFAEL URIBE DESFAVORABLE
DIJIN ANTONIO NARIÑO FAVORABLE
ESTACION V-USME DESFAVORABLE
UNIDAD PERMANENTE DE JUSTICIA DESFAVORABLE
DAS-PALOQUEMAO DESFAVORABLE
ESTACION XVI- P. ARANDA DESFAVORABLE
ESTACION XII-BARRIOS UNIDOS DESFAVORABLE
ESTACION X-ENGATIVA DESFAVORABLE
CTI-FISCALIA-PALOQUEMAO FAVORABLE
ESTACION XIV-MARTIRES DESFAVORABLE
CTI - FISCALIA NIVEL CENTRAL PENDIENTE
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