abrir volumen iii. iiiª parte - Biblioteca de la Universidad ...

pastores”‘. Un ati» más tarde, los reyes dictaron una sentencia contra el señor de Alconchel, tras
la cual éste se comprometió a acatar la orden regia, aunque recordó a los monarcas como sus
antepasados disfrutahan de la capacidad de imponer estas tasasw. A su vez, los REYES C.kT6LICOs
dictaron una sentencia para que los condes de Miranda, señores de Cojezes e kcar, no cohrasrn a los
ganados que transitahan por lo términos de ambos lugares ningún impuestc de paso ni tampoco el
casfelkzjr que acostumhraha a llevar el alcaide de la fortaleza de kcar, consistente en dos reales de
los rehakrs a la entrada y un cordero a la salida; asimismo, se les orden6 contribuir al mantenimiento
de las cañadas en huen estadcYx’.
No obstante. antes de pronunciar una sentencia la Corona siempre procuraba ohtcner la
inl’ormacilin precisa sobre los hechos acaecidos. Generalmente. estas pesquisas se encomendaban a los
corregidmu, que recibían facultades especiales para llevar a cabo su cometido y dictaminar, según
su criterio, el veredicto más adecuadtr, cuyo resultado remitirían al Cunsejo, donde, en última
instancia, se rewlvería el procedimiento a seguirPxs. Una de las máximas preocupaciones de la
monarquía consistía averiguar si los alcaides de las fortalezas tenían realmente el derecho de percihit
c~us~ellerius y otros impuestos de tránsito; por ello insistieron constantemente en la obligatoriedad de
presentar documentos acreditativos de tales prerrogativas, pues era la condicii,n indispensable para
determinar la legalidad o ilegalidad de las actuaciones de los trnentes, según estahlecia la legislacik
castellana’“