abrir volumen iii. iiiª parte - Biblioteca de la Universidad ...

ien sahido. ALFONSO XI no se detuvo en su empeño de someter a este noble a su autoridad, objetivo
que consiguió parcialmente en 1334 con la toma de varios castillos a ei pertenecientes en rehenes y.
definitivamente, en 1336 tras el cerco de Lerma, que se saldó con el alfanamirnfo de la mayor parte
de sus villas y fortificaciones. asunto que ya ha sido objeto de atención en otro capítulo.
Much,, m;ls nlwcdwa resulti, la ley dictada en las Cor-rc.~ de Burgos dc 1338 por la qur ALFONSO
XI asumid detinitivamente la guarda y custodia de todos los castillos del reino. Esta medida era la
única que podía ofrecer una soluci6n a las malfetrius a medio plazo”‘. El recurso al amparo real
de las f~uulrzas constituía un importantísimo refùerzo de la autoridad regia. pero también suponía el
cese provisional de los excesos y abusos en virtud de las normas lateralrs que se adjuntaron a la hase
principal de este precepto: los propietarios de castillos tenían terminantemente prohibido
cornhatírsclos. arr&kselr~s o derribárselos mútuamente: además, tampoco podían ni debían acoger
malhechwes; ulntravenir estos principios podría acarrearles graves castigos que iban desde la pena
capital hasta cl pago de fuertes multas pecuniarias o la pérdida de sus bienes. El Ordcnumiento dc
Alcalú de 1348 recogió de nuevo esta medida otorgándole un valor aún más significativo”‘.
Durante la segunda mitad del siglo XIV la normativa encaminada a sofocar la delincuencia
emanada desde las fortalezas descendió considerablemente, aunque durante todo este período siguieron
registrándose denuncias por parte de los procuradores contra los tenentes que se excedían en sus
atribuciones. Así, durante las Cortes de Toro de 1371 se puso de manifiesto el ahuso cometido por
algunw alcaides de fixtalczas reales encargados de recaudar en nombre del rey el ganado m»srren