abrir volumen iii. iiiª parte - Biblioteca de la Universidad ...

o favurahle a sus intereses, con el fin de agilizar los trámites59?. Una vez que se conseguían reunir
los datos requeridos se remitía el resultado de la averiguación ala autoridad competente: por ejemplo,
en 1494 el alcaide de Ponferrada recibió la orden de enviar al Consejo Real el informe que había
realizado acerca del conflicto que pesaba sohre el monasterio de San Miguel de las Dueñas, cuya
ahadcsa, 00u.A MARÍA DE MEZQUITA. había sido despojada del cargo por DOÑA ELVIRA OSORIO,
abadesa del monasterio de Santa Clara de TordesillassPs.
Estas actividades se complementaron con la recepción de testigos, a los cuales algunos alcaides.
especialmente diputados para este fin, tomaron declaración. Según se desprende de algunos testimonios
documentados, los tenentes escogidos para estas tareas eran, por lo general, buenos conocedores de
la realidad cn que se hallahan inmersas las personas llamadas a prestar su testimonio ante un
tl-ihLNlal“~.
C) La monarquía otorgi, a algunos alcaides la facultad de concluir pleitos y de dictar sentencias
con carácter definitivo. Para delimitar el verdadero alcance de esta prerrogativa y determinar el
número de titulares del oficio que la disfrutaron sería preciso consultar el contenido de los dictámenes
emitidos por estos personajes, aspecto sobre el que en un futuro prbximo se realizarán investigaciones
más detenidas, pero que, por el momento, escapa del objetivo de esta Tesis Doctoralm.
Mucho más habitual resultó ser la designación de alcaides para promover el cumplimiento de los
dictámenes definitivos. En 1485 los alcaides de León y de Valencia dr don Juan, ALFONSO DE
VALDERRÁBANO y PEDRO ORTIZ, respectivamente, fueron comisinnados para ejecutar una sentencia
dictada por la reina contra RAMIRO NÚÑEZ DE GUZMÁN. Su misi6n consistirfa en velar junto con el