abrir volumen iii. iiiª parte - Biblioteca de la Universidad ...

por el monarca para emprender acciones judiciales contra ellos. Asimismo, debían permitir el acceso
de estos oficiales a la fortaleza en caso de que se sospechase la existencia de malhechores en su
interior. Esta misma obligación se extendió a los tenentes de las fortificaciones nobiliarias, quienes
también debían facilitar el desarrollo de la justicia regia en aras de la pacificación del reino5w; no
en vano, los castillos y casas fuertes de la nobleza se convirtieron a menudo en el hogar de numerosos
delincuentes que, amparados por los propietarios, ejercieron todo tipo de abusos contra la tierra y los
hombres’“.
A SU va. ENRIQUE II se comprometió en las Cones de Toro de 1369 a asumir los daños
ocasionados por los malhechores que se acogiesen al amparo de las fortalezas realengas y de sus
alcaides, quirnes recibirían una fuerte sanción por contravenir una de sus máximas responsabilidades.
En cl caso de las fortificaciones de la nobleza laica o eclesiástica, el rey estableció que los dueños sc
encargasen de reparar el menoscabo provocado por estos individuos. Asimismo, antes de proceder
contra los sospechosos se incoaría una pesquisa para esclarecer la verdad de los hechos”‘. Esta
medida se reiteró en otra reunión de Cortes celebrada también en la ciudad de Toro en 13715’1. El
contenido de estas disposiciones iba más allå de la esfera judicial; en realidad, poma de relieve cl
incumplimiento de la normativa por parte de los tenentes de los castillos, quienes a menudo
participaron y promovieron de diversas formas la realización de delitos y abusos, según podrá