DELEGACIÓN JUNÍN - CPBA

eferida a la emisión de una opinión profesional. La certificación literal es la
simple transcripción de lo que se expresa en uno o varios documentos o libros
contables, sin realizar trabajo profesional alguno, tal como lo estableció la VII
Asamblea Nacional de Graduados en Ciencias Económicas realizada en Ave-
llaneda en 1969.
Hecha esta primera salvedad semántica, se entiende que de la lectura de
los incisos es posible agregar grados de detalle a la información suministrada
por el deudor, que por la brevedad del presente trabajo, se remite a la lectura
del proyecto de reforma del APE elaborado por la Comisión de Actuación Profe-
sional en Procesos Concursales del C.P.C.E.C.A.B.A. 3 presentado en la Comisión
de Justicia de la H. Cámara de Diputados de la Nación.
De todas formas se puede afirmar que la brevedad del trámite del APE deja
de lado la etapa informativa individual y general y el control de la sindicatura,
subyacente en todo proceso concursal.
Consecuencias de la presentación
De la versión anterior al dictado de la Ley 25.589 y la lectura concor-
dante de los Artículos 69 y 76 se concluía que los acreedores no firmantes
del APE no quedaban sometidos a sus efectos y conservaban el ejercicio de
las acciones individuales contra el deudor – acciones que por contrapartida
no podían ejercer los firmantes del mismo -. A partir de la vigencia de la
Ley 25.589 el acuerdo además de ser oponible pasa a ser imponible al resto
de acreedores que no lo hubiesen firmado (salvo fraude) y además desde el
preciso momento de la presentación de la solicitud de su homologación judi-
cial, quedan suspendidas todas las acciones de contenido patrimonial contra
el deudor, en los términos previstos en los incisos 2) y 3) del Art.21. Con este
último agregado se asimilan los efectos de la apertura del concurso preventivo
con la presentación del pedido de homologación del APE.
De la forma que está implementada esta imposición se vulnera el dere-
cho de propiedad y el de la debida defensa de los acreedores no firmantes del
acuerdo.
Consecuencias de la homologación
Al eliminarse la última parte del Art. 76 del ordenamiento de la Ley 24.522,
convalidando que los efectos del APE homologado se infieren a todos los acree-
dores quirografarios con causa o título anterior a la presentación, aunque no
hayan participado en el proceso, se produce un menoscabo aquí también de la
adecuada defensa de los intereses del acreedor, limitando severamente la idea
de universalidad inherente a todos los procesos concursales.
La característica de universalidad es quizás la más relevante de todos los
procesos concursales en cuanto implica la doble concurrencia de todos los
acreedores (universalidad subjetiva) y de todo el patrimonio (universalidad
objetiva), en contraposición a los llamados procesos individuales.
Esta veda es solo invalidable si se demostrase que para la obtención del
acuerdo se ha incurrido en fraude.
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libertad de contenido
De acuerdo a la interpretación del Art. 71 LCQ, esta norma pueda colisionar
con la del Art 16 4 de nuestra Constitución. Es este el caso del ejemplo que se
ventila en queja ante la CSJN y que forma parte de los argumentos de la Fiscal
de Cámara cuando afirma sobre determinadas desigualdades de trato entre los
acreedores (que inclusive pueden no haber participado del proceso) y aun más,
se manifiesta sobre la arbitrariedad de la propuesta, por trato desigual, al proponer
el deudor el mismo tratamiento a acreedores de una misma categoría 5
(es el caso de discriminación en contra de acreedores en dólares excluidos de la
pesificación dispuesta por la Ley 25.561 y el Dto. 214/02 y otros en la misma
moneda incluídos en dicho ordenamiento, como así también para el de créditos
en pesos vs. créditos en dólares excluídos de la pesificación ya citada).
El vacío legal es suplido por decisiones pretorianas de los Jueces y puede
ser la vertiente para la potencial concreción de un sinfin de discrecionalidades,
reñidas con la equidad que debe privar en todo proceso judicial.
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En el APE los acreedores toman conocimiento del acuerdo a través de la
comunicación que prevé el Art. 74 LCQ, vía Edictos, a diferencia de lo que ocurre
en el proceso concursal, donde los mismos reciben la carta del Síndico (Art.29
LCQ).
Es evidente una vez más que no queda totalmente a salvo el derecho de
los acreedores.
Conclusiones
A modo de colofón digamos que esta herramienta debidamente mejorada
y acotada por una normativa coherente con los objetivos del régimen concursal
puede ser muy valiosa para ser utilizada negocialmente en forma temprana en
el abordaje de crisis empresarias.
Debería existir una legislación acorde a las necesidades operativas del ins-
tituto, por lo que se estima imprescindible una modificación legislativa del APE
a fin de incorporarle las normas necesarias para transformarlo en un articulado
compatible con la seguridad jurídica que todos anhelamos.
La crisis lentamente se va superando y la legislación para abordar la co-
yuntura permanece incólumne. El gran desafío es legislar para la posteridad.
Que así sea.
1Con fecha 6/10/06 el Dr. Esteban Righi, Procurador General de la Nación, habilitó con su dictamen a la
magistrada recurrente Gils Carbó a la acción de la instancia judicial plena ante la CSJN.
2Con fecha 31/10/05 la Cámara citada desestimó el planteo de inconstitucionalidad interpuesto por la
Fiscalía General en el caso “Romi SRL”.
3 www.consejo.org.ar/comisiones/com_52/com_52.htm#actividades
4 Art. 16: La Nación Argentina no admite prerrogativas de sangre ni de nacimiento: No hay en ella fueros
personales ni títulos de nobleza. Todos sus habitantes son iguales ante la ley, y admisibles en los empleos
sin otra condición que la idoneidad. La igualdad es la base del impuesto y de las cargas públicas.
5Art. 43 p.p.: “Las propuestas deben contener cláusulas iguales para los acreedores dentro de cada cate-
goría, pudiendo diferir entre ellas.”
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